Nacional

domingo 17 oct 2021 | Actualizado a 10:37

Iglesia y APDHB: 30 de 36 comunidades del TIPNIS rechazaron construcción de carretera

La Comisión de la Iglesia Católica y de Derechos Humanos estableció que la consulta desarrollada por el Gobierno en las comunidades del TIPNIS  no puede ser considerada un proceso de consulta, sino solamente reuniones comunales.

/ 17 de diciembre de 2012 / 19:07

La Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) y la dirigencia del TIPNIS presentaron, este lunes, los resultados del estudio realizado a 36 comunidades indígenas donde se realizó la consulta gubernamental. De éstas, 30 habrían rechazado la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, lo cual contradice los datos del Ministerio de Obras Públicas, que señala que el 80 % de esas comunidades aceptó la edificación de esa vía.  

En conferencia de prensa brindada desde la Conferencia Episcopal, que contó con la presencia de Monseñor Jesús Juarez, los dirigentes indígenas Fernando Vargas, Bertha Bejarano y la presidenta del APDHB, Yolanda Herrera, se estableció que la consulta desarrollada en el TIPNIS por parte del Gobierno no puede ser considerada como un proceso de consulta, sino solamente como reuniones comunales, considerando que en algunas comunidades se realizaron sólo reuniones con algunas familias sin la presencia de corregidores y, en el peor de los casos, reuniones fuera de las comunidades.

«De las 36 comunidades que hemos visitado 30 de ellas han referido que no quieren la carretera, tres han aceptado la carretera y las otras tres han condicionado a estudios y cambios de ruta, eso es lo que nosotros hemos levantado de información de las propias comunidades a las que hemos visitado, no se han apegado a toda la verdad que estaba dicha… hemos visto que en algunos casos han hecho algunas insistencias, iban dos veces, tres veces, hasta lograr que les acepten en la reunión», manifestó Herrera a la agencia ANF.

«No podemos denominar un proceso de consulta lo que se ha desarrollado en el TIPNIS, sino podemos indicar que han sido reuniones comunales y esto lo decimos porque de las 36 comunidades que hemos visitado en algunas de ellas se han realizado reuniones fuera de sus instancias propias como es el cabildo, en algunos casos no estaban corregidores, solo con una abuelita y el corregidor, hemos visto varias anomalías que nos han preocupado seriamente», agregó.  

ENGAÑO

Por su parte, el dirigente de la Sub central TIPNIS, Fernando Vargas, afirmó que la consulta que realizaron las brigadas del Gobierno «engañaron» a las comunidades ofreciéndoles desarrollo y progreso, sin consultarles en ningún momento si estaban de acuerdo con la construcción de una carretera por el medio de su territorio.

«Las comunidades visitadas han manifestado el rechazo de la carretera y si han recibido la consulta, es justamente por la promesas que han venido a ofrecerle por parte del Gobierno y los han chantajeado con el tema de la intangibilidad que no se puede tocar absolutamente nada y si aceptaban los proyectos tenían que obligatoriamente que la ley se anule, creo que la Ley que el gobierno está pretendiendo anular es un favor que se está haciendo asimismo, porque la Ley (180) establece que cualquier carretera no pasará por el TIPNIS, eso es la espina en su zapato», señaló el dirigente.  

CONCLUSIONES:

Estas son las 6 conclusiones que establecieron la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en su visita al TIPNIS:

1. El proceso de «consulta» del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales.

2. La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de «libre» y «buena fe».

3. No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS.

4. La consulta giró en torno a la disyuntiva «intangibilidad o desarrollo», presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas.

5. Tampoco se cumplió la condición de «Informada», porque no se les presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS.

6. La mayoría de las comunidades visitadas rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari -San Ignacio de Moxos, por medio del TIPNIS, a la que históricamente se opusieron desde los años 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena.

La comisión que ingresó a las comunidades estaba conformada por 15 personas, divididas en personal de la Iglesia Católica, la APDHB y un dirigente indígena. Esta comisión trabajó en el TIPNIS del 28 de noviembre al 13 de diciembre visitando a 36 comunidades de las 69 que existen en el territorio.  

Se prevé que el informe final será concluido hasta fin de mes y presentado a principios de enero para ser difundido a nivel nacional, posteriormente se presentará el informe en el ámbito internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «como un informe de la sociedad civil».

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Bloque de oposición política y cívica se une a exigencia de gremiales y suma demandas

Los partidos políticos del expresidente Carlos Mesa y del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, además del Comité pro Santa Cruz y el Conade, se suman al paro

/ 16 de octubre de 2021 / 19:45

Como lo hizo el anterior lunes, el bloque de unidad político-cívico decidió sumarse a la demanda de los gremiales para anulación de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y su anexo, así como otro paquete de normas vigentes o en trámite que, sostiene un comunicado, afecten los derechos ciudadanos.

Este bloque fue constituido en Santa Cruz y lo conforman comités cívicos, expresidentes, partidos políticos de oposición y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade). Este sábado emitieron el comunicado que lleva la firma de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, el Conade y el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Los gremiales exigen la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, además de su anexo. Para ello, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno, que corre desde el lunes; caso contrario, se realizará un paro desde el jueves.

El bloque decide “sumarse de forma pacífica, activa y movilizada a esta protesta contra el gobierno nacional, hasta lograr la abrogación de la Ley N° 1386 y su Anexo, así como la anulación de los oficios e instructivos que han anticipado la aplicación del proyecto de Ley N° 218, que fue retirado por el gobierno de su tratamiento legislativo” (sic), establece el documento.

El Gobierno retiró el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, como exigían los gremiales, a los que se sumó este bloque de oposición. Sin embargo, como lo hicieron el lunes, reiteraron que hay un paquete de leyes en vigencia o en proceso que deben ser anuladas, además exigen el cese de la persecución política, la libertad de “presos políticos” y la renovación de autoridades de judiciales y fiscales.

“Alertamos a la ciudadanía que existen otras leyes, algunas promulgadas y otras en proyecto, que contienen disposiciones para la instauración por parte del gobierno nacional de un Estado policiaco, que quiere que la represión contra los ciudadanos sea la regla y el ejercicio de nuestros derechos y libertades la excepción. Dichas leyes son: ‘Ley de Emergencia Sanitaria’, ‘Ley del Registro de Comercio’, ‘Ley de Ascensos de la Policía Boliviana’, ‘Ley de Estadísticas Oficiales’, ‘Anteproyecto de Ley de Ascensos en las Fuerzas Armadas’, ‘Anteproyecto de Ley de Derechos Reales’, entre las más importantes”, enumera el documento.

También exigen la “restitución de los dos tercios en todos aquellos artículos de los reglamentos de las dos Cámaras que fueron suprimidos”.

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Áñez le dice a Arce que su gobierno fue constitucional con una ley de la Asamblea y una declaración del TCP

La expresidenta Jeanine Áñez se declaró presa “de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada”.

La expresidenta Jeanine Áñez está detenida desde marzo. Foto: APG

/ 16 de octubre de 2021 / 12:59

En una carta dirigida al presidente Luis Arce, la expresidenta Jeanine Áñez defiende la constitucionalidad de su mandato transitorio sobre la base de una ley y la Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró constitucional la ampliación del mandato de las autoridades electas.

“Las arbitrariedades de su Gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como Presidenta Constitucional, un absurdo inconcebible porque mi mandato se ejerció en estricto apego a lo dispuesto en la Constitución respecto a la sucesión constitucional, además refrendado por la Declaración Constitucional Plurinacional Nº 001/2020 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 15 de enero de 2020 y la Ley Nº 1270 de 20 de enero de 2020. Mediante la cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional –integrada en más de dos tercios de sus miembros por parlamentarios de su partido- ratificó la constitucionalidad de mi mandato”, se lee en la nota manuscrita y también transcrita en computadora.

El control constitucional declaró constitucional la ley excepcional de prórroga de mandato de la presidenta, de los asambleístas nacionales y de autoridades electas de las entidades territoriales autónomas. 

Este viernes, a través de la Sentencia Constitucional 052/2021 del 29 de septiembre de este año, determinó que la sucesión presidencial ipso facto no alcanza a los titulares de las cámaras legislativas. Así, puso en cuestión la legalidad de la presidencia de Áñez.

El tribunal consideró que en la crisis poselectoral de 2019, tras las renuncias del entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García y de los titulares de las cámaras de Diputados, Víctor Borda y Senadores, Adriana Salvatierra, no hubo la figura de vacío de poder.

Áñez está detenida de manera preventiva desde hace siete meses a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, en el caso conocido como golpe de Estado.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” del alto mando de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez.

En la carta publicada por su familia en sus redes sociales, la expresidenta denunció que personeros del Ministerio de la Presidencia, de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado, “junto a los administradores de justicia, cometen abuso de autoridad a través de continuas y reiteradas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, con el único afán de humillarme y maltratarme de las formas más bajas y crueles”.

Hace un llamado a la reflexión a Arce y a “la reconducción de las acciones ilegítimas e ilegales, abusivas y tortuosas”.

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Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo Wilfredo Chávez

El procurador Wilfredo Chávez durante el acto de este viernes.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:14

La Procuraduría General del Estado concluyó este viernes la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en 2019 no existió fraude electoral. El informe final será puesto a disposición de la ciudadanía, informó el procurador Wilfredo Chávez.

“En conclusión final, podemos decir al pueblo boliviano que el único engañado de todo ese proceso ha sido infelizmente el pueblo, la única burlada ha sido la democracia que la hemos recuperado en las elecciones de 2020”, afirmó Chávez, en el acto de cierre de la revisión de las actas, cuyo trabajo comenzó el lunes y estuvo a cargo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, puntualizó.

Fueron revisadas 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales de 2019. Chávez afirmó que criticará y observará el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que existió “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo y criticó la ausencia de la oposición en la verificación de las actas.

La OEA denunció que la “manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Observó también irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. “El informe detalla además un significativo número de errores e indicios”.

Chávez precisó que la revisión de las actas arrojó “datos interesantes” sobre la participación de delegados de mesa, sobre todo porque éstos podrían haber denunciado alteración de datos u otras irregularidades, “eso no lo han hecho porque no era cierto”, indicó.

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El Gobierno llama a ‘cerrar’ debate sobre fraude o golpe tras fallo del TCP y resolución fiscal

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el fallo del TCP estableció que en Bolivia hubo un golpe de Estado y recordó que la Fiscalía archivó el caso fraude electoral por falta de pruebas

El ministro de Justicia Iván Lima.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:03

Para el Gobierno, el cierre del caso fraude electoral y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la presidencia de Jeanine Áñez demuestran que en Bolivia hubo un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a “cerrar esta página de discusión y debate jurídico”.

“El Tribunal ha hablado, en el país ha habido un golpe de Estado, la Fiscalía también ha hablado, no existe ningún fraude electoral, el llamado del gobierno nacional es a cerrar esta página de discusión y debate jurídico, porque ya han hablado en su última instancia la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Lima aseguró que el control constitucional emitió una sentencia en la que establece que en la crisis de 2019 no hubo un vacío de poder, que no correspondía la sucesión ‘ipso facto’ porque está reservado solo para el Vicepresidente y que las renuncias de las presidencias de Diputados y Senadores debieron ser formales y aceptadas en el pleno y por el ente electoral, como mandan las normas.

Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado, y en una sesión sin quorum se autoproclamó Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Una reunión de líderes cívicos y políticos en la Universidad Católica Boliviana, a convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea, definió el curso de la sucesión.

“La decisión del Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión. Lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, e s una vulneración flagrante al artículo 169 (de sucesión) de la Constitución”, insistió y anticipó que la oposición, por falta de argumentos, dirá que es un fallo de un “tribunal azul”.

Por su parte, la Fiscalía archivó el proceso por fraude electoral activado contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lima aseguró que el control constitucional también rechazó un recurso contra el archivo del caso.

Contrario al Gobierno y a las ahora decisiones de la Fiscalía y del TCP, la oposición aseguró que en 2019 hubo un golpe de Estado, apoyado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), puesto en duda por diferentes estudios externos. De hecho, la protesta cívica de ese entonces estuvo alentada por la denuncia de fraude electoral.

Lima espera que se acelere el proceso contra Áñez por la toma de la presidencia del Senado y se emita la sentencia respectiva.

Sobre la normativa aprobada en un gobierno que el control constitucional lo declaró fuera de la legalidad, explicó que serán revisadas las normas emitidas en esa administración y enviada al control constitucional, aunque aclaró que por seguridad jurídica otras permanecerán vigentes

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Gremiales ratifican paro de 48 horas y ahora piden la abrogación de la Ley 1386

La propuesta de abrogación de parte de los gremialistas coincide con el proyecto que este viernes anunció el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC).

Gremiales en Cochabamba anuncian un paro de 48 a partir del lunes 18 de octubre.

Por Mauricio Diaz

/ 15 de octubre de 2021 / 17:39

El sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir del lunes 18 de octubre, ahora en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En una reunión en esa capital, dirigentes gremiales de al menos cinco departamentos aprobaron la medida para la siguiente semana.

“La primera ley que han aprobado es exactamente la misma que han retirado, pero la ley, que es la madre y la clave para arruinar al comercio minorista, está ahí”, explicó el dirigente Francisco Figueroa.

Afirmó que la medida de protesta será replicada por los sectores gremiales de todo el país y amenazó con que sumar piquetes de huelga de hambre, marchas y el cierre de fronteras si sus exigencias no son atendidas por el Gobierno.

La protesta coincide con la demanda planteada este viernes por Comunidad Ciudadana (CC). El diputado Carlos Alarcón presentó la mañana de este viernes un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1386, que consideró que es “atentatoria contra el sector informal de la economía”.

El jueves, el Gobierno retiró el polémico proyecto de ley contra las ganancias ilícitas, que en las últimas semanas generó molestia y movilizaciones por varios sectores que se sentían perjudicados por esa norma, incluso hubo la convocatoria de cívicos de varios departamentos a un paro nacional en rechazo a esa medida.

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