Partidos piden que se reponga financiamiento en la nueva ley
Entre agosto y diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral socializó las bases para diseñar una nueva Ley de Organizaciones Políticas, que es una de las prioridades en la agenda de la entidad.
Durante la etapa de socialización de las bases para la elaboración de una Ley de Organizaciones Políticas, partidos nacionales y agrupaciones ciudadanas demandaron que la nueva normativa considere reponer el financiamiento por parte del Estado para las actividades de estos frentes.
El anteproyecto del cuerpo legal es una de las prioridades de la agenda de este año del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que impulsó la etapa de socialización entre agosto y diciembre del año pasado. En ésta, según el vocal Ramiro Paredes, el elemento común que resaltó en las intervenciones fue el financiamiento.
La autoridad comentó que la reposición de recursos económicos estatales en favor de las tiendas políticas tuvo una corriente de opinión mayoritaria, lo cual “generará mucho debate en la sociedad civil y las organizaciones políticas”, con miras al diseño de la propuesta, que pretende ser puesta a consideración de la Asamblea Legislativa hasta abril.
En 2008, la Ley 3925 eliminó el financiamiento a los partidos tanto en años electorales como no electorales. Con ese dinero proveniente del Tesoro General de la Nación (TGN), aproximadamente Bs 40 millones por año, se creó el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad en favor de los discapacitados.
Sin embargo, desde entonces representantes de los frentes no oficialistas manifestaron sentirse “en desventaja” con relación al Movimiento Al Socialismo (MAS), al no contar con ingresos para financiar sus campañas y otros actos proselitistas en los comicios nacionales o regionales.
El diputado opositor Jaime Navarro (UN) solicitó que la reposición sea tomada en cuenta y criticó al Gobierno por utilizar recursos públicos y los medios de comunicación estatales para sus campañas políticas.
“Los partidos no esperamos dinero de libre disponibilidad, como en el pasado; pero si los frentes no son financiados por el Estado, por quién lo serán: ¿por organismos internacionales?, eso no es coherente”, cuestionó.
No obstante, desde el oficialismo, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, descartó la reposición. “La función política no tiene que ser un hecho lucrativo, las agrupaciones deben tener militantes y no empleados, por eso no estamos de acuerdo con reponer el financiamiento”, afirmó.
Sin embargo, el vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando, dejó abierta la posibilidad al indicar que en la elaboración del anteproyecto de ley se incluirá las sugerencias de organizaciones políticas y de la sociedad civil.
“Lo que se vaya a establecer en la socialización, en temas como el financiamiento, lo vamos a implementar en este anteproyecto; sin embargo, hay propuestas variadas, hay sectores que dicen que sí se debería financiar y otros dicen que no”, explicó.
En consonancia, Wilma Velasco, presidenta del máximo ente electoral, ratificó que hubo posiciones “polarizadas” durante el proceso de socialización y que, inclusive, hubo frentes políticos que propusieron un financiamiento “en especie” y no en recursos económicos estatales.
“En la discusión han surgido propuestas novedosas, no siempre un financiamiento económico, sino en especie, como espacios en los medios de comunicación para propaganda electoral, afiches u otros materiales”, para el desarrollo de la actividad proselitista de los frentes, señaló.
La autoridad electoral comentó que otro punto que debe incluirse en el futuro plantamiento legal es la incorporación de las organizaciones indígenas en procesos electorales grandes. “Hay que trabajar en los requisitos para que ellos puedan participar en comicios nacionales”.
Se fiscalizará el patrimonio
En el marco de la nueva Ley de Organizaciones Políticas se busca profundizar el control y la fiscalización de los recursos económicos que manejan los partidos, agrupaciones ciudadanas e instancias indígenas. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, aseguró que así se evitará que el dinero tenga orígenes ilícitos como el narcotráfico.
“Lo que se busca es profundizar el área de la fiscalización del patrimonio de las organizaciones políticas. Esto es para evitar que el origen (del dinero) tenga carácter ilícito, para que no vengan (esos recursos), por ejemplo, del narcotráfico”, explicó, y además aclaró que, por ahora, no llegó al Órgano Electoral ninguna denuncia contra alguna tienda política sobre el origen de su presupuesto; por el contrario, subrayó que no existe oposición de los partidos para ser fiscalizados. “En la fiscalización no hay actitudes negativas o de rechazo, la mayoría de los frentes está de acuerdo. No es una traba, es por el bien de las organizaciones políticas para saber que no están contaminadas con dinero ilícito”.
Mientras que la presidenta del TSE, Wilma Velasco, remarcó que ya existe una unidad de fiscalización en esa entidad que desde la gestión pasada ha iniciado el proceso de control a los recursos económicos de las tiendas políticas, empero, aún se enmarca en la actual Ley de Partidos Políticos. “Se adecuará el funcionamiento de esa unidad de fiscalización a la nueva normativa; obviamente habrá un desarrollo más amplio sobre sus atribuciones”, en comparación con lo que estipula el cuerpo legal vigente, explicó.
Desechan elección en 2 casos de revocatoria
Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que en caso de que un alcalde o un gobernador sean revocados, no habrá elecciones para elegir a los sustitutos, sino que, de acuerdo con mecanismos internos, las asambleas departamentales y los concejos municipales elegirán a las nuevas autoridades.
“En este caso no hay proceso electoral, sino que se aplican sus normas internas. En las gobernaciones son los asambleístas departamentales los que eligen al sustituto y en el caso de los municipios, son los concejales”, señaló.
Sin embargo, aclaró que si los revocados son los asambleístas o concejales municipales, en ese caso sí se convocará a comicios para elegir a los nuevos titulares y suplentes que sustituirán a las autoridades observadas, hasta finalizar el periodo constitucional.
“Si pasados los 15 días de la revocatoria la Asamblea Legislativa no convoca a elecciones, automáticamente el TSE está facultado para hacerlo de manera inmediata. Las elecciones deben realizarse en un plazo no mayor a los 90 días a partir de la convocatoria”.
El proceso de revocatoria se activa para las autoridades electas por voto popular, mediante el registro de nombres, firmas y huellas dactilares de por lo menos el 25% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, al momento de la iniciativa, en la circunscripción de la autoridad sometida a revocatoria. La única excepción, por norma, son las autoridades del Órgano Judicial.
Solicitan revocar a 89 legisladores
Entre noviembre y diciembre de 2012, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 19 solicitudes de revocatoria de mandato. Los pedidos incluyen la salida de 89 legisladores, sobre todo concejales y asambleístas departamentales, y nacionales. Las solicitudes incluyen a siete alcaldes, entre ellos Percy Fernández (Santa Cruz) y el gobernador de Tarija, Mario Cossío, quien se encuentra asilado en Paraguay.
En la lista de legisladores nacionales figura la senadora Zonia Guardia (Beni) y el diputado Juan Carlos Cejas (Potosí), ambos del MAS; asimismo, está el diputado David Cortez (Potosí), de la agrupación ciudadana Alianza Social. “De los 19 pedidos, el 95% está orientado a la revocatoria de mandato de legisladores regionales, es decir concejales y asambleístas departamentales”, explicó Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Señaló que en el caso de los legisladores potosinos, ya se habilitó y autorizó a los promotores de la revocatoria para que en un plazo de 90 días realicen el llenado de libros con huellas y firmas para dar curso al cambio de la autoridad. Algo peculiar del informe oficial sobre el tema es que al Tribunal Electoral de Chuquisaca llegaron tres distintas solicitudes para la salida de los concejales titulares del municipio de la capital del país, Sucre.
Paredes remarcó que los demás pedidos están siendo procesados y que el plazo para que la población envíe las demandas de revocatoria fenece el 22 de febrero. “Eso no quiere decir que el Órgano Electoral esperará ese plazo para dar curso a las solicitudes; a medida que lleguen y cumplan los requisitos se dará la autorización para el llenado de libros y recepción de firmas”.
Agregó que hasta fines de mayo, los solicitantes deberán hacer llegar al Órgano Electoral los libros firmados y que el proceso de verificación concluirá en julio; tras esa etapa, y si se cumplen todos los requisitos, en agosto se enviarán las peticiones a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley de convocatoria a elecciones en una sola fecha. “Se prevé que la elección sea la primera quincena de diciembre para no invadir el último año de gestión de las autoridades, ya que según la Constitución no puede haber ninguna revocatoria”, dijo.
