Nacional

miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 19:14

Guerrero denuncia conspiración interna en el Ministerio Público

El fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez está preso por ese caso y el exfiscal Edward Mollinedo también es investigado por posible extorsión.

Institucionalización. Los nueve fiscales departamentales toman juramento ante Ramiro Guerrero. El acto se realizó el 12 de noviembre. Foto: La Razón-archivo

/ 19 de febrero de 2013 / 06:15

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, denunció que en el Ministerio Público existe una conspiración de algunos funcionarios que se niegan a asumir los cambios, por lo que anunció que hoy dará a conocer los nombres de los funcionarios con procesos disciplinarios y penales.

“Yo quiero decirles, con la más absoluta claridad, que no vamos a tolerar procesos de conspiración dentro de nuestro Ministerio Público. Toda la gente que tiene que irse con procesos disciplinarios, penales, con sanciones producto de su mal trabajo, se tendrá que ir en esta semana”, expresó el Fiscal General.

Guerrero, quien lleva tres meses con 25 días en el cargo, tomó la decisión de comenzar una depuración interna en el Ministerio Público.
Para ello, realizó evaluaciones de los funcionarios y el resultado de ese trabajo será conocido hoy, cuando se revele la cantidad de fiscales con procesos disciplinarios y penales.

La autoridad afirmó que se ha tenido el tiempo suficiente para evaluar y ver el trabajo de cada uno de los servidores y servidoras públicos a su cargo, no sólo de fiscales sino también de los asistentes y otros funcionarios del Ministerio Público, pero muchos de ellos no han respondido a los nuevos retos, por lo cual dijo que se tomarán decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad y del Estado.

Explicó que en algunos departamentos existen fiscales que están actuando con cierta negligencia, que no responden ni siquiera a las llamadas telefónicas ni acatan órdenes.

“A pesar de estar de turno, no aparecen en ningún lado y menos en su fuente de trabajo; además, otros se resisten a cumplir con el proceso de rotación”, precisó.

Dijo también que se identificó a algunos fiscales con privilegios que están por más de 15 años cumpliendo sus funciones en las capitales de departamento y, en el marco de la nueva política institucional, muchos de ellos deberán desplazarse a las provincias para servir a la población.

“He instruido a los fiscales, como manda la ley, que nuestro trabajo son las 24 horas del día; nuestros fiscales departamentales, nuestros fiscales de materia tendrán prohibido apagar sus celulares, tendrán prohibido no contestar sus teléfonos particulares, porque el trabajo nuestro es de 24 horas, siete días a la semana y 365 días al año”, advirtió la autoridad.

Desde que asumió la conducción del Ministerio Público, Guerrero reconoció que tuvo muchos problemas para plantear una reingeniería de la institución; sin embargo, reafirmó su compromiso de limpiar la imagen de la Fiscalía y mejorar su labor. Para cumplir su objetivo, instruyó una auditoría a los nueve asientos fiscales del país y espera financiamiento.

Además de la reforma necesaria para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, en los últimos meses se conoció que algunos fiscales están involucrados en la red de extorsión denunciada por el estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas. 

El fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez está preso por ese caso y el exfiscal Edward Mollinedo también es investigado por posible extorsión.

Los cambios urgentes y necesarios

Ramiro Guerrero precisó que ha solicitado Bs 90 millones para crear más asientos fiscales, asistentes, ítems para médicos forenses. En ese presupuesto se incluye una partida para llevar a cabo la auditoría jurídica y contratar a gente especializada para revisar los procesos que llevan adelante los fiscales en todo el país.

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Proyecto de ley de ascensos a generales en la Policía pasa al pleno de Diputados

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

/ 16 de junio de 2021 / 19:13

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Magalí Gómez informó este miércoles que la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas aprobó en grande y detalle el proyecto de ley de ascenso a generales de la Policía Boliviana, por lo que fue derivada al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

«Hemos aprobado en grande y detalle, por tanto vamos a proceder a enviar al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento correspondiente», informó.

La iniciativa legal busca «generar los espacios necesarios y respeto a la institucionalidad de la Policía».

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, explicó que el objetivo es que en la carrera de los uniformados prevalezca su formación académica y la recomendación de alguna autoridad.

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La Fiscalía acusa y pasa a juicio interno a ocho policías por el motín de 2019

El fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera, informó de la decisión tomada al final de un proceso de investigación a denuncia, en enero, del Viceministerio de Descolonización

El motín policial en Cochabamba, en 2019, es un casos de investigación judicial. Foto: La Razón-archivo

/ 16 de junio de 2021 / 19:06

Por el motín policial de 2019 ocho policías fueron acusados formalmente en La Paz por la Fiscalía e irán a un juicio disciplinario, informó el fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera.

Los policías están procesados como consecuencia de la denuncia interpuesta en enero por el Viceministerio de Descolonización contra 26 policías por faltas graves cometidas al haber participado en el motín de noviembre de 2019 que agravó la crisis y derivó en la dimisión de Evo Morales.

Rivera informó que se presentó la acusación fiscal como resultado de la investigación, colección de indicios y declaraciones.

Se acusó a ocho policías de diferentes grados en el proceso disciplinario por el motín policial de 2019, explicó, según citó Detrás de la Verdad en su muro de Facebook.

En la denuncia se asegura que los uniformados incurrieron en faltas como formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno; hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; fomentar la organización o formar parte de logias, incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial; instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión; agresión física y/o sexual por motivos racistas o discriminatorios.

Por este proceso hay al menos dos otros procesos en etapa de juicio. A principios de este mes fue suspendido en Sucre el juicio oral en el Tribunal Disciplinario de la Policía contra la sargento Cecilia Calani porque tres de los miembros del tribunal juzgador habrían contraído el COVID-19.

Otro suboficial está en juicio.

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Defensora le dice al papa Francisco que la Conferencia Episcopal ‘miente’ sobre noviembre 2019

La defensora del Pueblo, Nadie Cruz, cuestionó el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana sobre su rol y versión en torno a lo ocurrido en las reuniones extralegislativas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez

Nadia Cruz, defensora del Pueblo.

/ 16 de junio de 2021 / 18:01

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le advierte al papa Francisco que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) “miente” en su informe en el que hace conocer su accionar y versión de los hechos de noviembre de 2019. Además, aseguró que es una “falta de respeto a la memoria de las víctimas”, porque busca deslindar responsabilidad de las fuerzas conjuntas en las muertes de Sacaba y Senkata.

La falsedad genera injusticia. Querido @Pontifex¬_es la CEB miente y humilla a dignidad y memoria de 20 hombres que fueron MASACRADOS en Sacaba y Senkata por un Gobierno que junto a policías y militares a título de darnos paz, solo dieron muerte. La CEB poco hizo por ese Pueblo”, expresó en un mensaje citando al papa Francisco en Twitter.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegisaltivas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, cuestionó Cruz.

El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.

“Ese día también se suscita un hecho muy lamentable: los enfrentamientos violentos en sacaba”, refiere parte de la página 17. Cruz critica esos términos porque, sostuvo, no hubo un enfrentamiento sino “actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata”.

Sobre Senkata, donde también actuaron fuerzas policiales y militares el 19 de noviembre con el saldo de 10 muertos a bala, el informe de la Iglesia Católica habla de “violencia”. Las protestas en ambas zonas, una en Cochabamba y la otra en El Alto, eran en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había renunciado presionado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

El informe de la CEB fue enviada al papa Francisco y a otras autoridades de la Iglesia Católica.

“Esta posición (de la Iglesia Católica) pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, afirmó Cruz, según un boletín institucional.

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Asambleísta Leopoldo Chui dona parte de su sueldo a niños necesitados

El asambleísta departamental y presidente de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, cumplió con su compromiso de entregar parte de su sueldo a organizaciones como de niños. Entregó cerca de Bs 10.00.

Leopoldo Chui, jefe de Jallalla, en la transmisión La Razón Radio.

/ 16 de junio de 2021 / 17:08

El asambleísta departamental y presidente de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, confirmó a La Razón que la mañana de este miércoles entregó Bs 10.000, parte de su remuneración, en beneficio de niños necesitados. Similar actividad realizará este jueves en El Alto.

“Hoy hemos entregado alrededor de Bs 10.000 a entidades de niños y mañana entregaremos otra parte en El Alto y así sucesivamente”, declaró.

En abril pasado, Chui se comprometió a bajar su sueldo al mínimo nacional Bs 2.122 y dijo que Bs 9.800 irá a sectores necesitados como los lustrabotas.

Chui dijo en aquella oportunidad que “esta determinación es el inicio del cumplimiento a las promesas electorales y una de las primeras medidas del partido ganador de la Gobernación paceña Jallalla los Pueblos”.

Asimismo, en abril, pidió que sus correligionarios, la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, concejales y asambleístas de su partido, hagan lo mismo. Copa lo descartó.

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Exministro Díaz dice que Áñez tenía un minigabinete y ‘seguro trabajaba mucho más de cerca con ellos’

El exministro de Planificación para el Desarrollo Carlos Díaz afirmó que Arturo Murillo era una persona muy allegada a Jeanine Áñez y que siempre se mostró dinámico y activo dentro del gabinete

El exministro Carlos Melchor Díaz Villavicencio después de declarar ante el Ministerio Público en La Paz

Por Ghilka Sanabria

/ 16 de junio de 2021 / 16:56

El exministro de Planificación para el Desarrollo, Carlos Díaz, declaró este miércoles en la Fiscalía en el marco del caso “Gases lacrimógenos” y confirmó que en el gobierno de Jeanine Áñez «existía» “un minigabinete” formado por el entorno de confianza de la expresidenta.

“La presidenta tenía un grupo de ministros de confianza y seguramente ella trabajaba mucho más de cerca con ellos. En lo personal yo no me sentí excluido porque estaba desarrollando mi trabajo, mis funciones dentro de lo que mandaba el ministerio de Planificación para el Desarrollo”, explicó.

Exministros como de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Fernando López y de la Presidencia, Yerko Núñez, formaron parte del círculo de confianza de Áñez. López y Murillo son citados como los principales responsables en la denuncia de sobreprecio de $us 2,3 millones en la compra de gases lacrimógenos en 2020.

El Ministerio Público investiga desde diciembre la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio, tras denuncias de los hoy exdiputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Elvira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Ayda Villarroel, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores.

El exministro en la calle Potosí tras declarar en la Fiscalía. Foto: Álvaro Valero

Murillo fue detenido en Estados Unidos por la corrupción vinculada a la compra de la munición no letal y López se encuentra en Brasil.

El fiscal Alexis Vilela citó en el caso como testigos a los exministros de Desarrollo Rural Mauricio Ordoñez; de Minería Carlos Fernando Huallpa; de la Presidencia Yerko Núñez; de Deportes Milton Navarro; de Trabajo Oscar Mercado; de Salud Aníbal Cruz; de Desarrollo Productivo Wilfredo Rojo; de Medio Ambiente María Pinckert; de Economía José Luis Parada; y de Planificación Carlos Díaz. Y en la víspera también fue incluida la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga.

“Murillo era el ministro de Gobierno, una persona muy allegada a la presidenta y era una persona bastante activa”, refirió Díaz.

“La Fiscalía me preguntó cómo se trataron los decretos (que viabilizaron la compra de los gases lacrimógenos) y luego si es que sabía yo cómo se habían hecho las compras que son de estricta responsabilidad de los entes que las realizan, por lo tanto yo desconocía cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de acciones que se hubiera hecho en el proceso de adquisición”, sostuvo en un contacto con la prensa a la conclusión de su declaración.

Respecto a la firma de los tres decretos para la compra de material no letal para la Policía, Díaz aseguró que solo participó en la firma de dos.

“Yo no percibí en su momento ningún tipo de presión para la firma de los decretos que autorizaban la compra, simplemente se presentaron en el gabinete por la vía rápida y estos decretos solicitaban que el material se lo debía comprar en el exterior dado que no existía en el país, de acuerdo a la información del Ministro de Defensa”, relató.

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