Ministerio Público paceño, el más observado del país
La Paz aparece como el departamento con mayor número de procesos disciplinarios y penales abiertos contra los 120 fiscales que trabajan en esta región del país, según un informe que fue presentado por el fiscal general, Ramiro Guerrero.
De acuerdo con los datos revelados ayer, en el Ministerio Público del Estado Plurinacional se han abierto un total de 769 procesos penales contra fiscales y exfiscales. La relación es la siguiente: La Paz tiene 225 procesos, Santa Cruz 195, Tarija cuenta con 111, en Cochabamba son 77, en Oruro 53, en Chuquisaca 21, en Pando 20, en Potosí son 11 y en Beni 10.
Aunque los datos por departamento proporcionados por Guerrero no coinciden con el total porque suman 723, al detallar la situación procesal sí alcanza la cifra de 769; es así que 434 están en etapa preliminar, 203 fueron rechazados, 99 tienen imputación formal, seis fiscales fueron sobreseídos y 27 con acusaciones sin sentencia.
Disciplina. En materia disciplinaria —en aplicación de la nueva Ley del Ministerio Público que entrará plenamente en vigencia en enero de 2014— se tienen en todo el país 477 casos, de los cuales La Paz también registra la mayoría, 219 procesos, luego Santa Cruz 64, Cochabamba 60, Tarija 58, Chuquisaca 33, Oruro 19, Potosí 10, Beni 9 y Pando 5.
Con la anterior norma —la Ley 2175, que todavía está vigente hasta enero— se tiene la siguiente relación: La Paz 71 procesos, Santa Cruz 10, Cochabamba 4, Oruro 4, Tarija 3, Potosí y Pando 2 cada uno, mientras que en Chuquisaca y Beni ya no hay procesos disciplinarios abiertos.
Tomando en cuenta los procesos bajo ambas normas disciplinarias, en total existen 573 procesos. Guerrero estimó que hasta septiembre se concluirán los procesos antiguos, pese a que la Asamblea Legislativa Plurinacional amplió el plazo hasta enero.
Además, la nueva norma establece que los funcionarios del Ministerio Público sólo pueden ser removidos de sus cargos cuando tienen una sentencia ejecutoriada, mientras deben permanecer en sus cargos pese a las denuncias y procesos en su contra.
La unidad disciplinaria de la Fiscalía General del Estado estableció que los delitos de corrupción en los que incurrieron los fiscales y exfiscalesson: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución Política de Estado (CPE) y a las leyes, peculado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio, malversación y concusión. Todos esos delitos están tipificados en el Código Penal, pero además incurrieron en retardación de justicia.
El jefe del Ministerio Público dijo que, a partir de la sistematización de los datos, se dará mayor celeridad a la resolución de los procesos y, además, se tomarán decisiones para depurar la Fiscalía y sacar de sus cargos a algunos malos funcionarios.
La agencia ANF reporta que el máximo responsable del Ministerio Público anunció el comienzo de un proceso de “depuración” el cual pretende “sacar” de servicio a los “malos servidores y servidoras”, los cuales, en su criterio, estarían entorpeciendo el propósito de su administración que comenzó en octubre tras su designación en la Asamblea Legislativa. El lunes, el Fiscal General denunció la supuesta “conspiración” interna por parte de funcionarios de la misma institución.
Sin embargo, garantizó que el Ministerio Público no va a ser cuoteado y aseguró que no va a ceder a presiones de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones para designar; y, en el marco de la ley, se nombrará a profesionales por su trayectoria académica y por sus antecedentes.
Un caso emblemático
Aunque evitó dar el detalle de nombres, el Fiscal General del Estado reconoció que muchos de los funcionarios enfrentan varias denuncias. “El caso típico (es) del exfiscal Isabelino Gómez, que tiene siete procesos, cuatro disciplinarios y tres penales”, dijo al referirse al detenido por el caso Extorsión.
Fiscal Rodríguez niega conspiración
Elisa Medrano
El fiscal de materia Marco Antonio Rodríguez negó que exista una conspiración al interior del Ministerio Público en contra del fiscal general, Ramiro Guerrero, tal como éste denunció el lunes en Sucre.
Guerrero, quien comenzó un proceso de depuración en la Fiscalía, reveló que algunos funcionarios de esa institución se niegan a asumir algunos cambios y acatar las decisiones superiores.
“Lo que tengo entendido de esa declaración es que no se trata de una conspiración, sino de un no acatamiento a las disposiciones de la autoridad superior”, manifestó ayer Rodríguez y aseguró que desconoce si alguno de sus colegas se negó a obedecer mandatos de la autoridad.
En todo caso, explicó que no sería posible que se hubieran negado a acatar órdenes porque el Fiscal General aún no reasignó los cargos ni procedió con el cambio de algunos asientos fiscales en el Distrito de La Paz.
De todas formas, dijo, en caso de que algún colega se negara a obedecer, puede ser procesado por faltas disciplinarias.
“Los servidores públicos estamos bajo sujeción de un principio de unidad y jerarquía, en el cual la autoridad tiene la facultad de disponer los desplazamientos pertinentes”, agregó.
