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Wednesday 1 May 2024 | Actualizado a 11:12 AM

Soza todavía es fiscal y le inician otros dos procesos

Requerimiento. La Fiscalía General analizará su renuncia después de que presente informes que le solicita

/ 3 de abril de 2013 / 06:38

Marcelo Soza todavía es fiscal de materia y director funcional del caso Terrorismo porque su renuncia no fue aceptada ni rechazada. No obstante, desde ayer enfrenta otros dos procesos, uno disciplinario y otro penal por incumplimiento de deberes.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, aclaró ayer que tras la reaparición de Soza, el lunes, esperará a que en el transcurso de esta semana presente el informe, el inventario del caso también conocido como Rózsa y la estrategia, “y a partir de eso se considerará si se acepta o no la renuncia del doctor Soza al cargo de fiscal de materia”.

“Él (Soza) hasta ahora no ha presentado ese documento que se le ha pedido, a través de un instructivo, como director funcional de la investigación (del caso Terrorismo); por lo tanto, estamos esperando”, explicó.

El fiscal Genaro Quenta, que investiga a Soza por un audio que se le atribuye, confirmó que en su declaración, a la pregunta sobre el trabajo que de-sempeña, éste respondió “que sigue siendo fiscal y que forma parte de la comisión del caso por Terrorismo”.

Soza renunció al cargo de fiscal de materia el 19 de marzo y alegó amenazas en su contra a raíz de un audio que se le atribuye y en el que se vincula a ex y actuales autoridades con los casos Rózsa y Extorsión. Además se difundió unas fotos en las que aparece con acusados de formar una red de extorsión. Esas dos denuncias, que fueron presentadas por la senadora Carmen Eva Gonzales (CN), derivaron en dos investigaciones penales.

A esas indagaciones se sumaron otros dos procesos, uno disciplinario y otro penal. El primero, según fuentes de la Fiscalía de La Paz, se sustancia en Régimen Disciplinario de la Fiscalía General, en Sucre; y el segundo fue derivado a la fiscal analista del distrito paceño para que se asigne a un fiscal.

Guerrero reiteró ayer que el proceso disciplinario es por faltas graves porque no presentó un informe sobre el caso Terrorismo y la investigación penal es por incumplimiento de deberes porque no asistió a la audiencia del citado juicio, el 18 de marzo.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, celebró que Soza haya reaparecido para declarar sobre la grabación, pues él lo convocó públicamente a presentarse porque estaba seguro de que estaba en el país.

Reiteró que el audio fue montado porque en él se hace referencia a elementos que no concuerdan. Mencionó, por ejemplo, que en el audio se diga que Raúl García Linera, hermano del Vicepresidente, hubiera sido encontrado con droga, lo que sería noticia “interplanetaria”. También se dice, afirmó, que desaparecieron pruebas del caso Terrorismo, pero los fiscales dijeron que éstas están completas.

El fiscal Quenta dijo ayer que independientemente del peritaje, la investigación proseguirá con la toma de declaraciones a investigadores y a los asistentes del su colega Soza. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, pidió al Gobierno protección para ese fiscal porque es testigo clave del caso de Terrorismo.

Piden un plazo mayor

Indagación

El fiscal Genaro Quenta explicó que mañana vence el plazo de 20 días para que presente resultados de la investigación del audio que se atribuye a su colega Marcelo Soza. Anunció que pedirá que ese término se amplíe a 60 días porque aún falta concluir la labor.

Capacidad policial de estudio crea 2 posiciones

La capacidad que tendría el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para el análisis de audios hizo entrar en contradicciones al jefe de esa repartición con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el Comandante de la Policía, coronel Alberto Aracena.

Mientras el coronel Iván Rojas, director del IITCUP, informó al fiscal Genero Quenta, a través de una carta, que “no se encuentra en la capacidad de realizar el trabajo por falta de personal y equipo especializado”, respecto al pedido que le hizo para investigar el audio que  —según la senadora Eva Gonzales— corresponde al fiscal Marcelo Soza, Romero y Aracena afirmaron que la Universidad Policial sí cuenta con los equipos y el personal respectivo para este tipo de tareas. Rojas se ratificó ayer en la misiva que envió a Quenta e indicó que declarará sobre este caso sólo si tiene una instrucción superior.

“La Policía entiendo que tiene posibilidades técnicas de hacer el estudio, pero también se lo puede hacer fuera del país”, sostuvo Romero al referirse al tema. “La Policía tiene un laboratorio científico para resolver, más allá de un simple desdoblamiento (de sonido), lo hemos hecho en muchas oportunidades”, afirmó por su lado Aracena.

En Sucre, el fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que esperan la respuesta de la Policía sobre esta grabación —en la que Soza implicaría a ex y actuales autoridades del Ejecutivo con los casos Terrorismo y Extorsión—, y no descartó enviarla al exterior para su análisis.

Difunden audios contra Soza y Gonzales

Ayer se difundieron dos nuevos audios. Uno de ellos supuestamente corresponde al fiscal Marcelo Soza, el cual fue difundido por la senadora Carmen Eva Gonzales (CN), y otro es atribuido a la legisladora por el abogado defensor de Soza. En el primer audio, que tiene una duración de 45 minutos, la persona que habla, supuestamente Soza, dice que recibió llamadas de Ignacio Villa El Viejo, testigo del caso Terrorismo, referido a la de-sarticulación de un presunto grupo separatista en 2009.

También se señala que no había “muchos elementos” que impliquen a Ronald Castedo y a Branko Marinkovic con el caso Terrorismo, por lo que de llegarse a una condena, en el caso del primero, “sería forzado”. En el caso de Marinkovic dice que fue implicado porque era un “visible opositor”.

Además afirma que en la intervención al hotel Las Américas, donde la Policía desarticuló al grupo y donde murieron tres personas, no hubo cruce de fuego, que los agujeros fueron hechos por el perito. El ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, criticó la acción de Gonzales y dijo que es una “teatralización” que tiene el fin de paralizar el juicio del caso Terrorismo.

El abogado de Soza, Moisés Ponce de León, presentó otro audio y asegura que la voz se relaciona con la senadora Carmen Eva Gonzales. En esa grabación —indicó a la red ATB— se dice que se contrató a personas para que puedan “proporcionarnos un resultado evidente respecto al audio y a las fotografías contra Marcelo Soza”. Una voz distorsionada pregunta sobre el montaje y se responde que los resultados llegarán en los próximos días.

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En su visita a La Paz, Aguilera intentó visitar a Camacho en Chonchocoro, pero no fue recibido

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz llegó el martes a la sede de gobierno para participar en el Consejo de Autonomías, convocada por el Gobierno nacional.

El gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, intentó visitar a Luis Fernando Camacho en Chonchocoro.

Por Rosío Flores

/ 1 de mayo de 2024 / 10:36

Luego de su arribo a la ciudad de La Paz, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, se dirigió a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para visitar a Luis Fernando Camacho, sin embargo, la autoridad afirmó que se le negó el ingreso.

«Saliendo del aeropuerto, fui directo para Chonchocoro, pero no tuve la oportunidad de conversar con el gobernador. Llegué hasta la malla, presenté mi carnet de identidad, hice la solicitud. Esperé la comunicación desde el interior de Chonchocoro para ver si pasaba o no pasaba. En una ocasión llegué a pasar hasta la garita de control para hacerme el registro. Hoy (martes) no, no conseguí pasar”, dijo Aguilera en contacto con los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre el impedimento para ingresar al penal responde a una disposición de la dirección de ese recinto carcelario o de Camacho, la autoridad respondió “no sabría decir”.

Aguilera reemplaza a Camacho en sus funciones desde el 26 de enero de este año. Fue por decisión del Tribunal Constitucional que, a través de la Sentencia Constitucional 1021/2023-S4, revindicó el Estatuto de Santa Cruz en relación a la suplencia temporal.

ENCARCELADO

Encarcelado Camacho por el caso Golpe de Estado I, de hechos que antecedieron al derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019, ejerció su mandato desde prisión hasta esa fecha. El artículo 25 del estatuto departamental prevé la suplencia temporal ante la ausencia del gobernador.

Lea también: A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

Aguilera llegó el martes a la sede de gobierno para participar en el Consejo de Autonomías, convocada por el Gobierno nacional. Desde que juró a sus funciones, Camacho no se había presentado a las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías.

El encuentro contó con la participación de autoridades subnacionales, alcaldes y gobernadores de todo el país. Allí se evaluó el avance de la etapa poscensal, entre otros.

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A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:20

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

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Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La Sala de Pando determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:01

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Sala Constitucional obliga a la Asamblea a lanzar otra convocatoria para las elecciones judiciales

La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 18:47

Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

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La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 17:36

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

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Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

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