Juez separa del caso Rózsa al abogado de Gary Prado
Terrorismo. La corte también le impuso una multa a Otto Ritter
El Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, apartó del juicio oral del caso Rózsa o Terrorismo al abogado Otto Ritter que patrocina al coimputado Gary Prado Salmón, por abandonar la audiencia el 26 de abril, cuando esta corte ratificó su competencia sobre el juicio.
Los jueces también impusieron a Ritter una multa de Bs 9.900, lo que representa el sueldo mensual de un juez técnico. El jurista sancionado expresó su disconformidad con la resolución y pidió a los integrantes de la corte que aclaren su situación en este proceso.
El conflicto se desató el 26 de abril, después que el tribunal paceño resolviera, a través de la Resolución 20/2013, mantener su tuición sobre el proceso del caso Terrorismo en la ciudad de Santa Cruz. Esta determinación fue asumida después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera el fallo 130/2013, en el que revocó la declaración en rebeldía de Prado y dio la tutela para que la causa pase a manos de jueces naturales, o sea cruceños.
Abandono. Tras esa acción, el abogado Ritter rechazó las medidas adoptadas por el Tribunal 1° de Sentencia y abandonó la sala de audiencia junto a su patrocinado Prado, quien se encuentra con detención domiciliaria.
El caso Terrorismo se refiere a la desarticulación, en abril de 2009, de un grupo acusado de querer separar al país al mando de Eduardo Rózsa, quien murió en el operativo policial que desbarató a la agrupación en Santa Cruz de la Sierra. Por este caso hay 39 imputados, de los que 24 están detenidos y 15 fueron declarados en rebeldía.
Tras presenciar el abandono de Prado y Ritter de la sala de audiencias, el Ministerio Público interpuso una resolución en la que pide a los jueces revocar la medida sustitutiva que goza Prado y que este coimputado pase a ser detenido en la cárcel. Además, demanda apartar del caso a Ritter e imponerle una multa económica.
El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia, resolvió que se aparte del proceso al abogado defensor y se imponga una multa económica, al considerar que es una falta grave el abandono arbitrario de una audiencia judicial.
En esa misma resolución, Fernández dispuso que Prado sea asistido por un abogado de oficio, debido a que Ritter fue suspendido. Este hecho fue refutado por el jurista Gary Prado (hijo), que también participa como copatrocinante en el proceso.
La determinación del tribunal de La Paz tuvo interpretaciones diferentes. Por ejemplo, Ritter sostuvo que una vez que pague la multa económica impuesta por la autoridad jurisdiccional, él volverá a patrocinar a Prado. Sin embargo, en contraposición, el fiscal Iván Ortiz, que sigue este juicio, indicó que el jurisconsulto no podrá volver a ser patrocinador de ningún coimputado dentro del caso Terrorismo.
Durante la audiencia también se resolvió que la corte paceña continúe con el litigio, después de conocer la Sentencia Constitucional 2468/2012, que revocó la Resolución 024/2012 del 2 de octubre, que trasladó el juicio oral a Tarija y concedió la tutela a Ronald Castedo, uno de los 39 procesados.
El abogado de Castedo, José Hoffman, anunció que impugnará la Resolución 26/2013 emitida por el tribunal que determinó que el caso continuará bajo su jurisdicción, al igual que en el caso de Prado. Según el defensor, los jueces debieron declinar competencia.
En la reinstalación de este juicio oral, después de un receso de 10 días, además se dio a conocer el informe oral del inventario de las pruebas periciales presentadas durante este proceso. El informe fue cuestionado por los abogados Alberto Morales, Marta Requena y Verónica Suárez, quienes pidieron la ampliación del informe, solicitud aceptada por el juez Fernández.
El 15 definirán la situación de Soza
El jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, adelantó que una vez que concluya la vacación del fiscal de materia y director funcional del caso Terrorismo o Rózsa, Marcelo Soza, el 15 de mayo tomará una decisión respecto al futuro de la autoridad en esa institución.
Afirmó que la Fiscalía es independiente y que, en ese marco, tomará una decisión. Así hizo referencia a las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien sostuvo que Soza debe ser apartado del citado proceso.
El 19 de marzo, Soza renunció irrevocablemente al cargo de fiscal y al juicio por Terrorismo, con el argumento de que recibió amenazas en contra de él y de su familia. Días antes de esa renuncia, la senadora Eva Gonzales presentó un audio que atribuye a Soza y en el que se implica a ex y actuales autoridades del Gobierno con el caso Rózsa.
Además, allí se dice que se perdieron algunas pruebas recolectadas en este proceso y que se buscó implicar a personas. El fiscal Guerrero ordenó la apertura de un proceso disciplinario en contra de Soza por no ir a una audiencia del juicio por Terrorismo y otro penal por incumplimiento de deberes porque no entregó informes del proceso. La primera investigación tiene prevista concluir el 15 de este mes.
