La relación bilateral entre Bolivia y Rusia concluyó con el encuentro que sostuvo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con el jefe del Consejo de Seguridad Rusa, Nikolai Patrushev, ayer en Moscú.

Quintana, quien encabezó la misión boliviana en Europa, arribó a la capital rusa procedente de Minsk, Bielorrusia, donde participó en la primera sesión de la Comisión Conjunta Bolivia-Bielorrusia de Comercio y Cooperación Económica que culminó con la firma de un protocolo de cooperación bilateral.

La reunión de autoridades en Moscú fue para abordar temas de cooperación en materia de exploración petrolera con empresas rusas, educación técnica, educación superior e industrialización, en el marco de las iniciativas y acuerdos bilaterales suscritos en julio por los presidentes de Bolivia y Rusia, Evo Morales y Vladimir Putin.

Para los departamentos que no logren contar con sus estatutos autonómicos aprobados antes de las elecciones departamentales en 2015, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emitirá una ley especial que corrija el vacío jurídico que generará el retraso.

Considerando que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene un lapso establecido para revisar los estatutos, resulta importante que cada Asamblea de departamento prevea tiempos de entrega, ya que existen riesgos en caso de demora. La solución final será la emisión de una ley especial.

En el Ministerio de Autonomías se explicó que en el Estatuto Autonómico se debe establecer no sólo el número de asambleístas departamentales, sino también la forma de estructurar los entes deliberativos; de ahí que la existencia del Estatuto sea una condición imprescindible para la institucionalización de los regímenes departamentales.

Es importante que cada departamento cuente con sus estatutos antes de los comicios.
De presentarse esta falta de Carta Magna en un departamento, “se abren otras puertas, es la Asamblea la que va a tener que intervenir y sacar una norma que corrija esta situación, porque se va a generar un vacío legal; se deberá actuar con una ley especial”, adelantó Alejandro Vargas, director general de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas del Ministerio de Autonomías.

El despacho de Autonomías evalúa el avance de los procesos autonómicos departamentales, tanto de los de adecuación a la Constitución (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) como aquellos que aún deberán elaborarse (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca).

avance. Para el ministerio, es una preocupación el escaso avance de la adecuación en Santa Cruz. “Han conformado un comisión que todavía no ha entregado un informe, no hay propuestas de adecuación y se han llevado a cabo 15 audiencias fallidas; lo evaluamos de forma preocupante porque es el departamento más estancado y el más rezagado en el tema de las autonomías”, manifestó Gisela López, viceministra de Autonomías Departamentales y Municipales.

Wilson Áñez, primer vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, sostuvo: “Creo que hay un avance importante del trabajo porque se tiene una base de Estatuto; (pero) todavía no se ha adecuado ningún artículo”. La autoridad reveló que en el Estatuto cruceño se debe adecuar a la Constitución cerca del 40% de los artículos.

Otros departamentos se espera que concluyan sus estatutos autonómicos a más tardar en los primeros meses del próximo año.
Pando, que trabajó en la adecuación y fue el primer departamento en presentar su documento al TCP para su revisión, recibió el 11 de octubre una notificación que certificaba el 99% de aprobación. Sólo seis artículos del documento fueron observados. “Estamos a la espera del detalle de los artículos, no los conocemos, sin embargo, creemos que son fáciles de resolver, será una coma o algún término”, explicó Sebastián Texeira, presidente de la Asamblea Legislativa pandina. El texto tiene 100 artículos y cinco disposiciones finales.

En septiembre, el TCP devolvió a La Paz su Estatuto por falta de documentación administrativa. “Este tema lo resolvimos en menos de 48 horas”, explicó Nelson Guarachi, presidente de la Asamblea paceña. El departamento fue el segundo en presentar su texto al TCP. El Estatuto paceño tiene 107 artículos y cuatro disposiciones transitorias.

El documento de Potosí fue culminado el 30 de septiembre, con 103 artículos, dos disposiciones transitorias y dos finales; actualmente se encuentra en el TCP para su revisión.

Tarija, que trabajó en la adecuación de su Estatuto, presentó el texto al Tribunal el 30 de septiembre; cuenta con 97 artículos, dos disposiciones transitorias y una final.

La Asamblea de Chuquisaca prevé aprobar su documento hasta la primera quincena de diciembre; el texto es analizado en detalle y cuenta con 141 artículos y nueve disposiciones finales. La elaboración del Estatuto de Oruro está en el 80% de avance. La Asamblea espera culminar el 20 de noviembre con los 160 artículos.

En Cochabamba, el trabajo autonómico entró en la fase de análisis en detalle; se prevé culminar antes de fin de año; el texto tiene 101 artículos y una disposición transitoria.

Beni está en relativa demora; un avance es la elaboración de la metodología de adecuación; mediante resolución de la Asamblea, se fijaron un plazo de 90 días para aprobar el documento. Según la asambleísta Hilda Rea, “se tienen dos propuestas, la primera tarea será sacar un solo documento; existen inconvenientes en la búsqueda de consenso”.

Autonomía regional del chaco

revisión
El departamento de Tarija es un caso excepcional que presenta cuatro tipos de autonomías: departamental, municipal, regional e indígena. En el caso del Estatuto Autonómico del Chaco, éste fue aprobado el 29 de agosto y remitido al TCP el 10 de septiembre. La región chaqueña está conformada por tres regiones municipales:

Yacuiba, Villamontes y Caraparí, además de tres tierras comunitarias de origen: Weenhayek, Guaraní y Tapieté.

Asamblea paceña pedirá audiencia

Quiere explicar el proceso autonómico al Tribunal Constitucional

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Nelson Guarachi, se encuentra en Sucre para solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una audiencia informativa. En la reunión, aún sin fecha, una comisión de asambleístas paceños informará a los miembros del TCP, a través de documentación escrita y audiovisual, sobre la elaboración del Estatuto Autonómico de La Paz.

“La idea de audiencia nace porque siempre es bueno poner al tanto con la documentación pertinente a los magistrados, para que puedan entender mejor lo que se ha trabajado, lo que dice la Constitución; todos estos elementos se han cumplido a cabalidad”, sostuvo Guarachi. El 19 de septiembre, el TCP devolvió el Estatuto a la Asamblea paceña, argumentando la falta de actas que acrediten la construcción participativa de este documento, como manda la Constitución.

“Faltaba legalizar algunos documentos, pero  (esta carencia) ha sido subsanada en menos de 48 horas; luego ya se admitió nuestro Estatuto”, manifestó la primera autoridad de la Asamblea paceña.

La Paz fue el segundo departamento después de Pando en culminar el trabajo de elaboración de su Estatuto Autonómico.  
En una sesión de honor del Legislativo paceño, el 15 de julio los asambleístas entregaron de modo simbólico el Estatuto (107 artículos) al TCP. El acto contó con la presencia del presidente Evo Morales; dos días después, el texto fue remitido a Sucre, para su control de constitucionalidad.

Los tres dirigentes del TIPNIS implicados en el caso Pradel pidieron asilo político en algunas embajadas radicadas en el país. Con este recurso, informó el dirigente indígena Rafael Quispe, se pretende evitar que sean detenidos por la Fiscalía.

“Ya hemos enviado las solicitudes; hasta que no haya una respuesta no vamos a decir el nombre de ninguna embajada”, informó Rafael Quispe, responsable de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

El dirigente indígena aseguró que la medida protegerá a los dirigentes de las órdenes de aprehensión que tienen en contra.
“Hasta el momento (los dirigentes) están en Trinidad protegidos por los pueblos y no van a salir; parece que el Gobierno quiere jugar al desgaste y esto se ve en la persecución política que hacen con ellos; por eso vamos a ver que los hermanos se asilen en alguna embajada”, afirmó el representante indígena.

Si alguna embajada acepta el asilo a los dirigentes, apunta Quispe, se afectará la imagen política de la administración del presidente Morales. “Si aceptan el asilo, puede ser un gran golpe al gobierno del MAS,  la imagen internacional puede caer”.

En julio, la Fiscalía de Beni emitió órdenes de aprehensión contra Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas, acusados de haber golpeado al también dirigente Gumercindo Pradel en la comunidad San Pablo, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El miércoles 14 está prevista una nueva audiencia en el caso. “Tenemos entendido que la próxima audiencia va a ser el miércoles en la ciudad de Trinidad”, anunció Melva Hurtado, dirigente de un sector de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). Espera que en esta  cita se avance sobre el caso.

Justicia. Sobre la audiencia, Quispe reiteró la posición de los dirigentes acusados de no acudir a dicha convocatoria,  “no van a asistir a ninguna audiencia, ellos van a seguir ahí dentro del TIPNIS”.

El representante indígena sostiene que los dirigentes del TIPNIS estarán refugiados en Trinidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la jurisdicción correcta a la cual deban someterse.

“Pedimos el recurso de incompetencia, porque la justicia ordinaria es la que ha emitido el mandamiento de aprehensión; (cuando) creemos que es competencia de la justicia originaria, este tema lo resolverá el Tribunal Constitucional”, añadió.

Para definir la jurisdicción adecuada, la Ley 073, de Deslinde Jurisdiccional, determina los mecanismos de coordinación entre la justicia indígena originaria y la justicia ordinaria.

Los tres dirigentes del TIPNIS implicados en el caso Pradel pidieron asilo político en algunas embajadas radicadas en el país. Con este recurso, informó el dirigente indígena Rafael Quispe, se pretende evitar que sean detenidos por la Fiscalía.

“Ya hemos enviado las solicitudes; hasta que no haya una respuesta no vamos a decir el nombre de ninguna embajada”, informó Rafael Quispe, responsable de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

El dirigente indígena aseguró que la medida protegerá a los dirigentes de las órdenes de aprehensión que tienen en contra.
“Hasta el momento (los dirigentes) están en Trinidad protegidos por los pueblos y no van a salir; parece que el Gobierno quiere jugar al desgaste y esto se ve en la persecución política que hacen con ellos; por eso vamos a ver que los hermanos se asilen en alguna embajada”, afirmó el representante indígena.

Si alguna embajada acepta el asilo a los dirigentes, apunta Quispe, se afectará la imagen política de la administración del presidente Morales. “Si aceptan el asilo, puede ser un gran golpe al gobierno del MAS,  la imagen internacional puede caer”.

En julio, la Fiscalía de Beni emitió órdenes de aprehensión contra Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas, acusados de haber golpeado al también dirigente Gumercindo Pradel en la comunidad San Pablo, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El miércoles 14 está prevista una nueva audiencia en el caso. “Tenemos entendido que la próxima audiencia va a ser el miércoles en la ciudad de Trinidad”, anunció Melva Hurtado, dirigente de un sector de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). Espera que en esta  cita se avance sobre el caso.

Justicia. Sobre la audiencia, Quispe reiteró la posición de los dirigentes acusados de no acudir a dicha convocatoria,  “no van a asistir a ninguna audiencia, ellos van a seguir ahí dentro del TIPNIS”.

El representante indígena sostiene que los dirigentes del TIPNIS estarán refugiados en Trinidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la jurisdicción correcta a la cual deban someterse.

“Pedimos el recurso de incompetencia, porque la justicia ordinaria es la que ha emitido el mandamiento de aprehensión; (cuando) creemos que es competencia de la justicia originaria, este tema lo resolverá el Tribunal Constitucional”, añadió.

Para definir la jurisdicción adecuada, la Ley 073, de Deslinde Jurisdiccional, determina los mecanismos de coordinación entre la justicia indígena originaria y la justicia ordinaria.