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Thursday 6 Feb 2025 | Actualizado a 08:57 AM

La Asamblea Legislativa sufre los efectos de la crisis de sus tres fuerzas

El senador del MAS Rubén Gutiérrez advirtió de parálisis de la agenda de la Asamblea Legislativa.

Los bochornos durante la sesión legislativa

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de abril de 2024 / 08:00

La agenda urgente de la Asamblea Legislativa quedó estancada debido a las disputas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente, y la oposición. Créditos y leyes se encuentran postergados sin fecha en razón de las divergencias.

El miércoles, la Cámara de Senadores rechazó uno de los créditos pendientes de resolución, de $us 62 millones; fue otorgado el 24 de noviembre de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ampliación de la Línea Café del teleférico hacia la zona de Pampahasi, en La Paz.

De los nueve créditos derivados por la Cámara de Diputados, que hacen un total de $us 970 millones, Senadores aprobó cuatro (vía de ocho carriles Senkata-Apacheta, carretera Faja Norte y dos programas de electrificación rural), dos los devolvió y uno lo rechazó el miércoles.

Algunos proyectos de ley datan de enero de 2023 y tuvieron que ser encaminados, sin mucho éxito, por el acuerdo bicameral y tripartidario del 2 de febrero.

Debate

Dicho acuerdo señalaba que, una vez aprobada la Ley de Elecciones Judiciales (ahora Ley 1549), inmediatamente la Cámara de Diputados debía aprobar “al menos cuatro créditos” antes de “tratar” los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cesación de funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados a través de Declaración Constitucional 049/2023, de diciembre de 2023.

Todo ese trámite debió ser resuelto en ambas cámaras hasta el 9 de febrero. Sin embargo, desde esa fecha poco se ha movido, incluso los créditos fueron aprobados en medio de bochorno y escándalo en Diputados.

Otro proyecto de ley que no pasó la prueba de las disputas entre las facciones arcista y evista del MAS fue el de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, enviado por el presidente Luis Arce el 12 de mayo de 2023 al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de titular nato de la Asamblea Legislativa.

Asamblea Legislativa

Sin embargo, la decisión más compleja que enfrentó la Asamblea Legislativa fue la convocatoria a elecciones judiciales que, en 2023 fracasó en dos ocasiones debido a sendos recursos y las disputas en el MAS y la oposición. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Declaración Constitucional 049/2023, tuvo la palabra final del proceso.

En la Cámara de Diputados, algunos legisladores cuestionaron la parálisis de sus tareas respecto de asuntos complejos. “En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes.”; denunció Cristina Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba; no es conveniente”, justificó el martes el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari.

Agenda

En esa cámara legislativa se encuentra paralizado el debate de los proyectos de ley 073 y 075; la Comisión de Constitución los había rechazado. El ala evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El senador arcista del MAS Rubén Gutiérrez atribuyó el estancamiento de la agenda legislativa a las pugnas internas en su partido y también en la oposición; además, a la temprana “electoralización” del debate político.

“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos); ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, lamentó ayer en La Razón Radio.

Bajo esa situación, las elecciones judiciales están de nuevo en vilo debido a los plazos.

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El Consejo de la Magistratura inspecciona oficinas de Derechos Reales en La Paz y El Alto

Los operativos en las ciudades de La Paz y El Alto son parte de un plan de supervisión nacional impulsado por el Consejo de la Magistratura.

Consejeros del Consejo de la Magistratura visitan las oficinas de Derechos Reales de La Paz y El Alto.

Por Boris Góngora

/ 5 de febrero de 2025 / 21:40

Los consejeros del Consejo de la Magistratura inspeccionaron este miércoles las oficinas de Derechos Reales de las ciudades de La Paz y El Alto con el objetivo de evaluar la calidad del servicio, verificar el cumplimiento de normativas y detectar posibles irregularidades en su funcionamiento.

El presidente de esta máxima instancia del Órgano Judicial, Manuel Baptista, y los consejeros destacaron la importancia de estas acciones para garantizar mayor eficiencia y transparencia en el sistema registral.

“La labor de inspección que desarrollamos responde a nuestras atribuciones de control y fiscalización. Nuestro objetivo es garantizar un servicio eficiente, transparente y accesible para la ciudadanía”, destacó Baptista.

Lea más: El Supremo y la Magistratura alistan la implementación de un sistema único de gestión de causa

Los operativos en las ciudades de La Paz y El Alto son parte de un plan de supervisión nacional impulsado por el Consejo de la Magistratura para fortalecer la modernización y el control del sistema registral en Bolivia.

Se prevé que, tras la inspección, se elabore un informe detallado con hallazgos y recomendaciones para optimizar el servicio en estas oficinas.

La institución decidió implementar una política anticorrupción en todo el territorio nacional, esto con el objetivo de evitar más posibles hechos de corrupción sobre todo en las oficinas de Derechos Reales. 

“Queremos comunicar a toda Bolivia, que el Consejo de la Magistratura viene implementando una política anticorrupción y de transparencia (…) vamos a empezar con fiscalizar a todas las oficinas de Derechos Reales de todo el país” afirmó Baptistas, la semana pasada.

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TED La Paz presenta la papeleta de sufragio para el referendo en Coripata y La Asunta

El proceso electoral busca resolver el conflicto territorial que afecta a 14 comunidades de los municipios de Coripata y La Asunta.

Vocales del TED La Paz presenta la papelera para el referéndum de límite.

Por Boris Góngora

/ 5 de febrero de 2025 / 21:10

Los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) presentaron este miércoles la papeleta de sufragio para el referendo intradepartamental correspondiente al “límite/tramo” de los municipios de Coripata y La Asunta.

El proceso electoral busca resolver el conflicto territorial que afecta a 14 comunidades de esos municipios, quienes deberán decidir a qué municipio desean pertenecer.

Las comunidades en conflicto son Siete Lomas, San Juan, Alto San Juan, Inca Pucara, Santiago Siete Lomas, Santiago Chico, Santiago Tocoroni, Alto Santiago, Centro Tocoroni, Villa Barrientos, Conchita Grande, Centro Conchitas, Conchita Chico y Tres Ríos.

La presidenta del TED La Paz, Zonia Yujra, destacó que en el marco del calendario electoral sala plena de esa instancia electoral aprobó el diseño de la papeleta de sufragio para el referendo intradepartamental entre los municipios de Coripata y La Asunta que será utilizada el 30 de marzo, día del referendo.

Lea más: El TED La Paz atenderá desde las 08.30 hasta las 16.30 para recepción de excusas

En tanto, el vocal electoral Sabino Chávez aseguró que se cumple a cabalidad todas y cada una de las actividades contempladas en el calendario electoral para este referendo que se llevará a fines de marzo.

“Ahí se determinará si las 14 comunidades de la región desean pertenecer al municipio de Coripata o al de La Asunta. La papeleta de sufragio ha sido aprobada en Sala Plena, incluyendo su diseño gráfico, y el proceso contará con una inversión de 35.000 bolivianos”, detalló Chávez.

El evento reunió a vocales del TED la Paz y representantes de las comunidades en conflicto de los municipios de Coripata y La Asunta.

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Proyecto de ley de debate obligatorio pasa a Comité de Régimen Electoral para su tratamiento

Guachalla consideró que el proyecto debe ser aprobado, “porque es un derecho democrático de la población”.

La presidenta de la Comisión de Constitución en Diputados, Olivia Guachalla.

Por Boris Góngora

/ 5 de febrero de 2025 / 20:42

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla (MAS), informó este miércoles que el Proyecto de Ley de Obligatoriedad de Debate entre Candidatos Presidenciales fue remitido al Comité de Democracia y Régimen Electoral para su tratamiento.

“Esperemos que nos devuelva lo antes posible con un informe y a partir de eso lo tratamos en comisión para su aprobación o rechazo. Estamos cumpliendo con el procedimiento legislativo (…), todo el mundo se cree presidenciable y es por eso que deben socializar su propuesta, de cómo solucionar el tema económico del país y otros”, explicó la legisladora.

Lea más: Empresarios y el TSE coordinan acciones para socializar proyecto de ley de debate presidencial

En noviembre del 2024, el TSE remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.

Este proyecto busca modificar la Ley del Régimen Electoral (Ley 026) para que se instituya el debate electoral público y obligatorio de los candidatos a presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes.

La iniciativa propone que los debates deban celebrarse dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de la elección, además establece que sean públicos y obligatorios para todos los asistentes.

En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados también deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

Guachalla consideró que el proyecto debe ser aprobado, “porque es un derecho democrático de la población” y así se pueda conocer las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones nacionales.

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Mesa dice que el candidato del bloque de unidad será elegido a través de una encuesta

Mesa indicó que el bloque opositor está trabajando en “algunas” demandas ante TSE para garantizar la transparencia de las elecciones generales.

Efraín Suárez, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Samuel Doria, en la firma del pacto opositor.

/ 5 de febrero de 2025 / 20:21

El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló este miércoles que el bloque de unidad de la oposición elegirá a su candidato a través de una encuesta.

“Es un hecho objetivo, será a través de una encuesta que tenemos que definir la fecha de su realización (y) que tiene que ser concertada por todos creíble, seria, coherente con la participación de los miembros del bloque de unidad”, dijo Mesa.

En diciembre de 2024, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además del empresario Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho firmaron un acuerdo de unidad para garantizar una candidatura única de la posición y hacerle frente al MAS.

A ellos, se sumaron la economista Amparo Ballivián y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, quienes también expresaron el interés de participar en las elecciones generales.

Lea más: Mesa reitera que Evo está inhabilitado y dice que una candidatura no se trata de marchas, si no de cumplir la ley

Entonces, los líderes de oposición se comprometieron a garantizar la unidad, elegir una sola candidatura de oposición y estar dispuestos a renunciar a sus aspiraciones individuales.

Mesa también indicó que el bloque opositor está trabajando en “algunas” demandas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la transparencia de las elecciones generales en el ámbito de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el padrón electoral y la garantía de los servidores públicos.

Agregó que el TSE tiene que garantizar la aplicación del TREP y que su aplicación no necesita de una ley, por el contrario, dijo que este sistema es parte de los mecanismos de derecho que tiene la posibilidad de decidir el Órgano Electoral para garantizar un recuento de votos adecuado.

Expresó además su preocupación sobre el acuerdo firmado entre el TSE y Tribunal Constitucional Plurinacional, principalmente porque en esa instancia la mayoría de los magistrados son prorrogados.

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Empresarios y el TSE coordinan acciones para socializar proyecto de ley de debate presidencial

Vargas saludó la iniciativa de los privados, que, en su criterio, fortalece “nuestra democracia”.

Los vocales del TSE y el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño.

Por Boris Góngora

/ 5 de febrero de 2025 / 20:08

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunieron este miércoles para socializar el proyecto de ley de debate presidencial que busca garantizar el voto informado en las elecciones generales del 17 de agosto.

“Fructífera reunión con el TSE para socializar el proyecto de debate presidencial 2025 que realizaremos conjuntamente, y que aportará a escuchar de los candidatos sus propuestas para enfrentar los problemas económicos y fortalecer al empresariado privado boliviano” escribió la CEPB desde su cuenta de X.

Quien también se pronunció sobre este encuentro fue el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas. El vocal electoral saludó la iniciativa de los privados, que, en su criterio, fortalece “nuestra democracia» y «es un aporte para garantizar el voto informado”.

“Hoy recibimos al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Giovanni Ortuño quien nos expresó su interés de coordinar la celebración de debates electorales con candidat@s a la presidencia del país en el marco de las Elecciones Generales 2025” (sic), escribió Vargas en su cuenta de X.

El empresariado se reunió además de Vargas con los vocales Gustavo Ávila, Nelly Arista y Nancy Gutiérrez, promotora del proyecto de ley.

Lea más: TSE envía invitaciones al encuentro del 17 de febrero para ‘garantizar’ las elecciones

En noviembre del 2024, el TSE remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.

Este proyecto busca modificar la Ley del Régimen Electoral (Ley 026) para que se instituya el debate electoral público y obligatorio de los candidatos a presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes.

La iniciativa propone que los debates deban celebrarse dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de la elección, además establece que sean públicos y obligatorios para todos los asistentes.

En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados también deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

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