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Unos 120.000 indígenas viven invisibilizados en Santa Cruz

La capital está orientada a la modernidad, no toma en cuenta a la población rural, dice un análisis.

/ 6 de enero de 2014 / 04:24

Al menos 120.000 indígenas guaraníes, guarayos, ayoreos, chiquitanos y juracaré-mojeños viven invisibilizados en la periferie de Santa Cruz de la Sierra, desarraigados de sus tierras debido al hambre, la falta de empleo y las condiciones climáticas adversas en sus comunidades.

Las familias nativas habitan precarias viviendas construidas de barro, madera y calamina, en pequeños espacios situados en Virgen de Luján de la zona de Pampa de la Isla, el barrio Bolívar en Villa Primero de Mayo, el Plan Tres Mil y la zona norte de ciudad capital, en Vallecito I y II.

Habitantes citadinos son víctimas de la segregación y el olvido, que invisibilizan su presencia en la ciudad. A diario enfrentan discriminación, falta de acceso a empleos y servicios básicos. Muchos de ellos, especialmente jóvenes, limpian parabrisas o son albañiles, vendedores ambulantes, o mujeres y niños mendigos.

El titular de la Alianza de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (Apisat), Marcelino Posiva, informó a este diario que ese número se deriva de un monitoreo y el Censo de Población y Vivienda 2012. “No tenemos representación política en los municipios y a ello se suma la falta de espacios de empleo en las instituciones públicas y privadas”, reclamó.

La coordinadora del Apoyo al Campesino Indígena del Oriente Boliviano (Apcob), Leny Rodríguez, explicó que el campo está expulsando a los indígenas hacia las zonas urbanas. “Vienen en busca de salud, educación, trabajo, aunque una minoría lo hace por curiosidad”.

La socióloga e investigadora Irene Roca dijo que Santa Cruz se ha constituido como una ciudad orientada hacia la modernidad, sin tomar en cuenta a la población indígena.

“La presencia indígena ha sido históricamente invisibilizada, como la mano de obra chiquitana en el servicio doméstico y las estancias. Otras veces, como en el caso de los ayoreos, los indígenas han sido estigmatizados como un problema social ajeno a la ciudad, con un discurso que combina asistencialismo y etnocentrismo”, reflexionaba en junio en un encuentro con indígenas de la ciudad.

Para el viceministro de Autonomía Indígena Campesina Originaria, Gonzalo Vargas, que los indígenas hayan migrado a las ciudades no implica la pérdida de su calidad de pueblos indígenas. “En la ciudad no se pierden los derechos primarios colectivos, pero siguen ejerciendo sus derechos ciudadanos, con la particularidad de que tienen distinto modo de pensar”.

La socióloga e investigadora de pueblos indígenas Norma Casanova dijo a La Razón que en las ciudades capitales es complicado ser pobre y la situación se agrava cuando se es indígena. Recordó la existencia de una carta mundial por el derecho a la ciudad que establece que las urbes deben ser garantistas de los derechos y oportunidades para todos sus habitantes.

En criterio de Casanova, para un indígena es complicado entrar en la dinámica de la ciudad y el drama es mayor por la superficie amplia.  
Además de la carencia de servicios, los indígenas no pueden acceder a una escuela porque las clases no se dictan en su lengua nativa. La situación es similar en los hospitales, donde a veces se les impide la atención.

La socióloga Irene Roca, en un encuentro de indígenas, indicó que el fenómeno migratorio campo-ciudad, estacional y permanente, afecta cada vez más a los indígenas en el mundo.

Inversión en la población

  • Empleos

La Gobernación promoverá la creación de microempresas para generar fuentes de empleo para los pueblos indígenas de las zonas urbanas.

  • Dinero

Se ha dispuesto Bs 2,5 millones para la estrategia a favor del sector, según el secretario de Pueblos Indígenas, Ronald Gómez.

Nosotros ‘valemos menos que la basura’

Iván Condori

 “Para las autoridades, la basura tiene más valor que los pueblos indígenas que habitamos en la ciudad de Santa Cruz. A esa conclusión llegó Justa Cabrera, exsubalcaldesa del Distrito de Paurito, después que la Alcaldía se resistiera a trasladar la laguna de oxidación instalada en las inmediaciones de la comunidad nativa Jorori.

“Las autoridades ediles descartaron cualquier posibilidad de retirar la laguna de oxidación de Paurito y, al contrario, abrieron la posibilidad de trasladar al pueblo indígena guaraní asentado en la comunidad Jorori”, contó a La Razón.

Para la exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), vivir en la ciudad es muy complicado. “Hay un choque cultural porque venimos del chaco y las comunidades donde no hay sistema económico, ni racismo ni discriminación”.

A decir de Cabrera, para subsistir en las zonas urbanas hay que ser muy fuertes, para resistir a los embates de la tecnología, la política y el lujo.

“Es muy difícil, nunca terminamos de adaptarnos a la ciudad porque va creciendo de manera acelerada y sin control e invisibilizando a los pueblos indígenas”, comentó.

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Gandarillas responsabiliza a exfuncionaria Celia Castedo de autorizar el vuelo de LaMia

"Castedo aceptó la salida del avión al firmar y sellar el plan de vuelo que había presentado la aerolínea”, denunció Gandarillas, quien adelantó que coadyuvará con la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz.

/ 20 de enero de 2017 / 00:13

El suspendido ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Tito Gandarillas, responsabilizó a la exfuncionaria Celia Castedo de haber autorizado el vuelo del aviòn de LaMia que se estrelló el 28 de noviembre de 2016, en Colombia, con el saldo de 71 muertos y seis sobrevivientes.

Gandarillas fue suspendido del cargo de responsable de AASANA el 1 de diciembre del año pasado. La tarde de este jueves se presentó a declarar en la Fiscalía del Distrito Santa Cruz en calidad de investigado.

«He vuelto a presentar mis descargos ante la comisión de fiscales a cargo de las pesquisas», afirmó tras la audiencia.

Al salir del Ministerio Público, Gandarillas señaló que la responsabilidad de la salida del avión CP – 2933 recae sobre Castedo, quien actualmente se encuentra en Brasil con refugio temporal.

«Castedo aceptó la salida del avión al firmar y sellar el plan de vuelo que había presentado la aerolínea”, denunció Gandarillas, quien adelantó que coadyuvará con la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz. 

Según el suspendido ejecutivo de AASANA, Castedo tenía la facultad para aceptar o rechazar el vuelo, ya que de haber informado a su inmediato superior sobre los problemas el piloto hubiera sido obligado a cambiar el plan de vuelo inicial.

Además, explicó, la funcionaria que salió del país debió presentar el informe antes que el avión saliera de la terminal aérea de Viru Viru, y no al día siguiente, como ella lo hizo.

El viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, manifestó que se viene haciendo seguimiento a todo el proceso investigativo sobre el caso LaMia. «Se ha pedido a la Fiscalía mayor celeridad en las pesquisas».

Gandarillas indicó que para el vuelo del avión no existió la supervisión respectiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) porque los inspectores no se encontraban para ese vuelo.

Dentro de este caso, el gerente general de LaMia Gustavo Vargas y el director de DGAC Gustavo Vargas Villegas se encuentran encarcelados. Mientras que el accionista de aerolínea Marco Antonio Rocha y Castedo son investigados por los delitos de homicidio culposo, desastres en medios de transporte, lesiones gravísimas e incumplimiento de deberes.

En el accidente 19 jugadores, de una delegación de 23, del club brasileño de fútbol Chapecoense fallecieron. El Club jugaría el 29 de noviembre la primera final de la Copa Sudamericana con el Atlético Medellín de Colombia. (19/01/2017)

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Cuatro regiones dejarán de recibir más de Bs 60 MM por regalías hidrocarburíferas mes

Los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, productoras de petróleo, son los afectados por la reducción de las regalías debido a la caída en las exportaciones de gas natural a Brasil

/ 17 de enero de 2017 / 19:14

El Concejo Departamental de Productores de Hidrocarburos de Bolivia (CODEPHI), reunidos en la ciudad de Santa Cruz, reveló que la reducción de la venta de gas natural a Brasil de 29 MMmcd a 12,2 MMmcd generará una reducción mensual de más de Bs 60,61 millones para los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.

El secretario de hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, calificó de preocupante el panorama para las regiones, ya que la reducción de los recursos económicos afectará de manera directa a la población.

“En caso de Santa Cruz anteriormente recibía de manera mensual cerca de Bs 49,15 millones por concepto de regalías, ahora solo percibe Bs 31,95 millones, sufriendo una pérdida de Bs 18,92 millones”, indicó.

Boris Santos, secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Tarija, declaró que el departamento es el más afectado debido a que perderá al menos Bs 37,31 millones al mes por concepto de las regalías, ya que bajarán de Bs 92,61 millones a Bs 61,28 millones por mes.

“Este es fruto de la falta de apertura de nuevos mercados para el gas natural, de incentivos al sector para la inversión privada y la dependencia de un solo comprador como es Brasil”, sostuvo.

De acuerdo a CODEPHI, el departamento de Chuquisaca dejará de recibir cerca de Bs 3,78 millones, pues que antes se le asignaba Bs 49,15 millones y ahora Bs 15,08 millones.

Cochabamba verá mermado sus ingresos en más de Bs 590 mil. También sufrirán los efectos de la reducción los departamentos de Beni y Pando, que participan de la distribución de las regalías petroleras. (17/01/2017)

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Cuatro regiones dejarán de recibir más de Bs 60 MM por regalías hidrocarburíferas mes

Los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, productoras de petróleo, son los afectados por la reducción de las regalías debido a la caída en las exportaciones de gas natural a Brasil

/ 17 de enero de 2017 / 19:14

El Concejo Departamental de Productores de Hidrocarburos de Bolivia (CODEPHI), reunidos en la ciudad de Santa Cruz, reveló que la reducción de la venta de gas natural a Brasil de 29 MMmcd a 12,2 MMmcd generará una reducción mensual de más de Bs 60,61 millones para los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.

El secretario de hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, calificó de preocupante el panorama para las regiones, ya que la reducción de los recursos económicos afectará de manera directa a la población.

“En caso de Santa Cruz anteriormente recibía de manera mensual cerca de Bs 49,15 millones por concepto de regalías, ahora solo percibe Bs 31,95 millones, sufriendo una pérdida de Bs 18,92 millones”, indicó.

Boris Santos, secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Tarija, declaró que el departamento es el más afectado debido a que perderá al menos Bs 37,31 millones al mes por concepto de las regalías, ya que bajarán de Bs 92,61 millones a Bs 61,28 millones por mes.

“Este es fruto de la falta de apertura de nuevos mercados para el gas natural, de incentivos al sector para la inversión privada y la dependencia de un solo comprador como es Brasil”, sostuvo.

De acuerdo a CODEPHI, el departamento de Chuquisaca dejará de recibir cerca de Bs 3,78 millones, pues que antes se le asignaba Bs 49,15 millones y ahora Bs 15,08 millones.

Cochabamba verá mermado sus ingresos en más de Bs 590 mil. También sufrirán los efectos de la reducción los departamentos de Beni y Pando, que participan de la distribución de las regalías petroleras. (17/01/2017)

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Sancionan a firma Sinohydro por desmonte ilegal con suspensión de obras y multa

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) fijó la sanción por el desmonte ilegal de 6,8 hectáreas en el río Surutú, en el municipio de Santa Fe.

/ 13 de enero de 2017 / 19:19

La empresa asiática Sinohydro fue sancionada con una multa de Bs 15.000 , la paralización de la obra de construcción que se adjudicó y la obligación de reforestación por haber deforestado 6,8 hectáreas en el río Surutú, a la altura del municipio de Santa Fe, informó la autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Rolf Köhler.

“Se le ha aplicado una multa económica de Bs 15.000, la paralización de la obra y la obligatoriedad de la reforestación en la zona”, insistió tras que se denunciara que la firma china desmontó una amplia zona para construir instalaciones que apoyen la construcción de una carretera.

El diputado Tomas Monasterio interpuso una demanda penal en el Ministerio Público contra la empresa Sinohydro por el supuesto desmonte ilegal realizado por la compañía en las riberas del río Surutú.

Köhler pidió a la población boliviana denunciar cualquier tala de árboles. “Nosotros no contamos con un sistema que nos pueda mostrar en tiempo real el daño ambiental y por ello recurrimos a los ciudadanos para que puedan alertarnos en caso de percibir algún caso de desforestación”.

El fiscal General del Estado Ramiro Guerrero confirmó que el Ministerio Público recibió la querella penal interpuesta por Monasterios. “La demanda viene siendo analizada si la misma contiene los elementos y fundamentos que el procedimiento requiere para que la causa sea aperturada”, dijo.

Desde la firma, Luis Fernando Rivero, representante legal, admitió que la empresa cometió un error al realizar el desmonte sin autorización por desconocimiento de la norma. (13/01/2017)

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Sancionan a firma Sinohydro por desmonte ilegal con suspensión de obras y multa

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) fijó la sanción por el desmonte ilegal de 6,8 hectáreas en el río Surutú, en el municipio de Santa Fe.

/ 13 de enero de 2017 / 19:19

La empresa asiática Sinohydro fue sancionada con una multa de Bs 15.000 , la paralización de la obra de construcción que se adjudicó y la obligación de reforestación por haber deforestado 6,8 hectáreas en el río Surutú, a la altura del municipio de Santa Fe, informó la autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Rolf Köhler.

“Se le ha aplicado una multa económica de Bs 15.000, la paralización de la obra y la obligatoriedad de la reforestación en la zona”, insistió tras que se denunciara que la firma china desmontó una amplia zona para construir instalaciones que apoyen la construcción de una carretera.

El diputado Tomas Monasterio interpuso una demanda penal en el Ministerio Público contra la empresa Sinohydro por el supuesto desmonte ilegal realizado por la compañía en las riberas del río Surutú.

Köhler pidió a la población boliviana denunciar cualquier tala de árboles. “Nosotros no contamos con un sistema que nos pueda mostrar en tiempo real el daño ambiental y por ello recurrimos a los ciudadanos para que puedan alertarnos en caso de percibir algún caso de desforestación”.

El fiscal General del Estado Ramiro Guerrero confirmó que el Ministerio Público recibió la querella penal interpuesta por Monasterios. “La demanda viene siendo analizada si la misma contiene los elementos y fundamentos que el procedimiento requiere para que la causa sea aperturada”, dijo.

Desde la firma, Luis Fernando Rivero, representante legal, admitió que la empresa cometió un error al realizar el desmonte sin autorización por desconocimiento de la norma. (13/01/2017)

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