Nacional

jueves 17 jun 2021 | Actualizado a 16:07

Legisladora de Convergencia se queja de ser discriminada

Norma Piérola quiere la jefatura de bancada y denuncia a la actual

Por R.A.

/ 15 de enero de 2014 / 08:00

La asambleísta opositora Norma Piérola denunció que es discriminada por el actual jefe de Bancada de Convergencia, Adrián Oliva, por exigir como uno de los requisitos la presentación de “notas de respaldo” para postular al puesto.

Según la legisladora opositora, éste sería un impedimento para su postulación y la de otras colegas como Adriana Gil, puesto que Oliva habría tramitado sus cartas de respaldo desde el año pasado. “Me parece un atropello que ahora nos quieran imponer a título de elección, primero acompañar firmas. Nosotros queremos que haya una elección democrática”, señaló la asambleísta.

El documento de convocatoria reseña en uno de sus incisos que para ser electo como jefe de bancada los diputados postulantes deberán “contar con el apoyo de la mayoría simple  (…) con sus respectivas notas de respaldo y adhesiones”. 

Por tal motivo anunció que presentará un recurso de amparo al Tribunal Supremo de Justicia contra Oliva si es que no se revierte la medida. El plazo para la presentación de las cartas de respaldo vence hoy a las 18.30.

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Murillo sale libre bajo fianza y es ‘testigo clave’ de EEUU

El periodista Junior Arias, desde Florida, informó que Murillo logró su objetivo en una nueva audiencia a la que “esta vez ni los medios de comunicación ni las autoridades del Gobierno” tuvieron acceso.

Por Edwin Condori

/ 17 de junio de 2021 / 15:02

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, que estaba detenido en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez, fue liberado y se convirtió en “testigo protegido” de ese país, reportó este jueves el periodista Junior Arias desde Florida. 

“El exministro (…) está ya nuevamente en las calles de la Florida. Los abogados del Gobierno boliviano parecen no haberse enterado de la disposición de un juez del Sur de la Florida, que ha dispuesto la libertad de Arturo Murillo, quien a partir de la disposición judicial se convierte en un testigo protegido de los Estados Unidos”, aseguró.

El periodista agregó que, de acuerdo a la información a la cual accedió, Murillo logró su liberación bajo “una fianza de $us 500.000, sin embargo, en los Estados Unidos se tiene que hacer efectivo solo el depósito del 10%”, por lo que habría vuelto a las calles cancelando solamente ese porcentaje. 

Ahora la exautoridad ya “está en las calles, está nuevamente libre y será un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos. (Pero) la gran interrogante es qué información le va a brindar Arturo Murillo al gobierno norteamericano, qué ha negociado, qué ha logrado para que el gobierno de Estados Unidos lo vaya a considerar un testigo protegido y se haya dispuesto su libertad la semana pasada”, cuestionó.

Asimismo, recordó que Murillo, a través de sus abogados, logró hábilmente que se suspenda su audiencia el pasado lunes 7 de junio.

Y algunos días “después, sus abogados (también) lograron una nueva audiencia, donde (finalmente) consiguió su libertad, (aunque) esta vez ni los medios de comunicación ni las autoridades del Gobierno (de Bolivia) tuvimos acceso o conocimiento de esa audiencia que ha permitido y ha posibilitado que Murillo salga”, apuntó Arias.

Según investigaciones realizadas en Estados Unidos, durante el gobierno de Áñez se compró gases lacrimógenos con un sobreprecio de $us 2,3 millones a través de una empresa intermediaria.

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Teresa Morales tilda de ‘calumnia’ el informe de la Iglesia y ve al menos tres ‘falsedades’

Mientras avanzan las investigaciones en la Fiscalía sobre el supuesto golpe de Estado de 2019, también continúan surgiendo nuevas versiones de algunos actores que presenciaron el cuestionado proceso de transición tras la renuncia de Evo Morales.

Por Edwin Condori

/ 17 de junio de 2021 / 13:34

La exministra de Desarrollo Productivo y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales calificó este jueves de “calumnia e infamia” el informe de la Iglesia Católica sobre la crisis de 2019 y advirtió al menos tres “falsedades” en ese documento publicado hace un par de días. 

La exautoridad, inicialmente, dijo que es “falso” que Adriana Salvatierra y Susana Rivero (exlegisladoras del MAS) aceptaran la presidencia de Jeanine Áñez, tal como indica el informe.

“Debo decir directo y claro que eso es absolutamente falso, es más, es una infamia decir que Adriana y Susana aceptaron que Áñez fuera la presidenta (…), en ningún momento le dijeron a Adriana y Susana que aceptaran o que Áñez fuera presidenta; Carlos Mesa le preguntó a Adriana: qué les parecería a ustedes si la señora Jeanine Áñez fuera presidenta del Estado para convocar a elecciones; y ella les dijo a toda la mesa (de reunión) y en particular a él: no sé por qué me preguntan eso si la señora Áñez ya se está moviendo en la cápsula presidencial en estos momentos”, relató en una entrevista con La Razón Radio.

La exministra es una de las personas del MAS que participó en reuniones previas a la posesión de Áñez como presidenta, que se concretó el 12 de noviembre de 2019 en medio de un cuestionado proceso de transición, es decir, dos días después de la renuncia de Evo Morales, que dejó la jefatura del Estado agobiado por un movimiento cívico que protestaba por un supuesto fraude electoral, un motín policial e incluso una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Por tanto, “todo (previamente) ya estaba armado (para la reunión del 12 de noviembre), mal pueden decir que Adriana hubiera dicho que sí, cuando en realidad lo que Adriana les dijo es que ‘ya está todo hecho y ustedes ya la están manejando (a Áñez) con cápsula presidencial’. (Además en su reciente declaración) la misma (Áñez) dice: no sé en qué momento, no entiendo cómo, aparecieron los autos y las motos, etc. Entonces es una calumnia, una infamia, (…) la Iglesia está faltando a la verdad, está confundiendo las cosas o lo está haciendo de mala fe; no ha sucedido (ninguna) propuesta ni a Adriana ni a Susana (para que asumieran la presidencia como también dice la Iglesia), menos todavía que ellas hubieran aceptado que Jeanine Áñez fuera presidenta, es absolutamente falso, doy fe (de eso porque) soy la testigo presencial”, insistió.

En ese sentido, la exautoridad también cuestionó que la Iglesia haya asegurado en su informe que esas reuniones no eran para la toma de decisiones. Pues “el día 10 (ya habían) tomado la decisión  (de que Áñez sea presidenta y la llamaron por teléfono para proponerla) y después de que la señora aceptó activaron fuerzas militares y policiales (para su traslado desde Trinidad a La Paz), entonces es falso que no haya (existido) decisiones”, subrayó.

Asimismo, indicó que otra “falsedad” del cuestionado informe es el hecho de que se “dice que el día 10 (de noviembre) habían renunciado Adriana Salvatierra y Susana Rivero, pero eso es falso, Susana Rivero no había renunciado”.

Incluso, “cuando Áñez ya se puso la banda (presidencial), Susana (seguía sin) renunciar, ella seguía firmando documentos, seguía despachando correspondencia (y finalmente dejó sus funciones) mucho después, (por tanto) es falso lo que la Iglesia dice, que demuestre que Susana ha renunciado (en ese momento)”, conminó.

Rivero entonces era la primera vicepresidenta de Diputados y en la línea de sucesión presidencial —después de la cadena de renuncias que provocó la dimisión de Evo Morales— estaba antes que Ánez, quien ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta del Senado.

Además, la exministra indicó que otra “inconsistencia” del informe de la Iglesia es que ignoró que el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga ordenó a la Fuerza Aérea permitir que ingrese un avión mexicano al territorio nacional para recoger al expresidente Evo Morales sin ser en esa oportunidad ninguna autoridad ni legislador.

Porque en “la reunión del lunes (11 de noviembre) que fue cortita (a diferencia del encuentro del día siguiente),  Adriana dijo: antes de comenzar a discutir en la lógica de la pacificación que ustedes han convocado, Evo Morales tiene que salir lo antes posible del territorio (nacional porque) lo están amenazando de muerte y en ese momento Tuto Quiroga nos miró a todos y dijo: bueno, eso se resuelve, no hay problema, ¿les parece? Y todos asintieron con la cabeza”, contó.

Después, según su misma versión, Tuto llamó por teléfono al comando de la Fuerza Aérea y delante de todos los que asistían a la reunión “dio la instrucción de que despegara el avión (para el traslado) de Evo Morales” a México.

“Incluso aparentemente el comandante le preguntó (a Tuto) si solo Evo o con Álvaro (García Linera) y con Gabriela (Montaño), y él dijo que están autorizados a despegar los tres y quien quiera acompañarlos; (luego) colgó (el teléfono) y dijo: Adriana está hecho, entonces ya va a despegar el vuelo, continuaremos con la reunión; y Adriana dijo: no, vamos a esperar que despegue (por lo que después se suspendió la reunión de ese día)”, detalló.

Entonces, en conclusión, en criterio de la exministra, solo “un nadie, con otro nadie y otro nadie” decidieron “poner a Áñez como presidenta, mientras los militares le hacían caso a esos ‘nadies’”.

Así, mientras avanzan las investigaciones en la Fiscalía sobre el supuesto golpe de Estado de 2019, también continúan surgiendo nuevas versiones de algunos actores que presenciaron el cuestionado proceso de transición tras la renuncia de Evo Morales.

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The Intercept: Exministro López buscó a mercenarios para impedir la posesión de Arce en noviembre de 2020

La revista electrónica publicó un reportaje en el cual, mediante grabaciones filtradas, documentos, correos electrónicos, indica que López hizo gestiones para que mercenarios de Estados Unidos provoquen zozobra en el país, con apoyo de militares y policías.

Foto: APG

/ 17 de junio de 2021 / 13:10

La revista electrónica The Intercept apuntó a Luis Fernando López, ministro de Defensa en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que mercenarios de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Luis Arce tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre del año pasado.

Las “pruebas” son grabaciones de llamadas, correos electrónicos, documentos y entrevistas a las cuales accedió este medio dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la NSA de Estados Unidos, con el exanalista Edward Snowden como fuente.

Según la publicación de este jueves, “en una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba ‘trabajando para evitar la aniquilación del país’. Las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que ‘levantarse’, agregó, ‘y bloquear una administración de Arce… Las próximas 72 horas son cruciales’”.

Firmada por Laurence Blair y Ryan Grim, la nota añade que “los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia o fueron arrestados”.

The Intercept afirma que este complot fue confirmado por dos fuentes militares estadounidenses, “que los comandos de Operaciones Especiales para los que trabajan se habían enterado del complot golpista en Bolivia. Pero nunca salió nada de eso… Una fuente de operaciones especiales agregó: ‘Hasta donde yo sé, nadie los tomó en serio’”.

Una de las grabaciones filtradas, de 15 minutos de duración, por la cual se identificó a López, según la revista, devela su contacto con Joe Pereira, exadministrador civil del Ejército de Estados Unidos que en ese momento tenía su base en Bolivia y estuvo detenidos en una cárcel de territorio boliviano por una acusación de fraude.

El texto de los correos, señala el portal de investigación, lo describen como organizador principal de la misión con mercenarios. “Dos de las personas incluidas en los correos electrónicos confirmaron a The Intercept que los correos electrónicos son auténticos y que Pereira es el organizador principal”. Su voz fue reconocida por varias fuentes.

“Las referencias a la victoria de Arce en las elecciones indican que la convocatoria se realizó después del 18 de octubre, y parece que se hizo antes del 5 de noviembre, cuando López huyó de Bolivia al vecino Brasil, tres días antes de la toma de posesión de Arce”. Las investigaciones policiales apuntan a que López huyó con su colega Arturo Murillo.

“Los armamentos y otros equipos militares obviamente son muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo”, se escucha en la grabación atribuida a López. “El Alto Mando militar ya está en conversaciones preliminares”, agrega, “la lucha, el grito de guerra, es que (el MAS) quieren reemplazar a las Fuerzas Armadas y policías bolivianos por milicias, cubanos y venezolanos. Ese es el punto clave”.

Y sigue que “ellos (la Policía y las Fuerzas Armadas) van a permitir que Bolivia se levante de nuevo y bloquee una administración de Arce. Esa es la realidad”. Según The Intercept, “sugiere además que el comandante de las Fuerzas Armadas ‘ya’ está reflexionando sobre un golpe de Estado preventivo y será quien ‘inicie la operación militar’”.

En la conversación, el exministro garantiza a su interlocutor el apoyo interno de militares. “Les garantizo que el 95, 98% son súper patriotas y no quieren desaparecer… Llevo 11 meses trabajando para que las Fuerzas Armadas tengan dignidad, moral, sean probas y piensen en la patria por encima de todo. Te garantizo que esto no fallará”.

Mediante un traductor, siempre según la publicación, Pereira indica que “las tropas serán recolectadas ‘de tal manera como si fueran contratistas privados, sin representación del Estado estadounidense. ‘Vamos a poner todas esas personas bajo contratos fantasma para empresas bolivianas que ya operan en el país’”.

Y da un número de los mercenarios que puede reclutar. “Puedo conseguir hasta 10.000 hombres sin problema. No creo que necesitemos 10.000. Todas las fuerzas especiales. También puedo traer alrededor de 350 de lo que llamamos LEP, Profesionales de la Aplicación de la Ley, para guiar a la Policía… Conmigo (en Bolivia) tengo una plantilla de personal que puede manejar varios trabajos diferentes… Si hay algo más que necesito, los haré volar como encubiertos, como si fueran fotógrafos, pastores, médicos, turistas”.

El director del Programa de Supervisión de la Defensa en la Oficina de Washington para América Latina, Adam Isaacson, indicó a The Intercept que “si la operación boliviana de corta duración fuera financiada por el gobierno de Estados Unidos, o disfrutara de su ‘aprobación tácita o explícita’, mostraría cuán profundo se habría adentrado en ‘territorio de vaqueros imprudentes’ la política de la administración Trump en América Latina”.

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Mesa se negó a declarar como testigo porque insiste que el caso ‘Golpe’ es un invento

“Para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales es para que este proceso se convierta en el martirio fiscal y judicial” de muchos involucrados, aseguró el expresidente y líder de CC.

Por Edwin Condori

/ 17 de junio de 2021 / 12:23

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se presentó este jueves en la Fiscalía de La Paz, pero, según informó, se negó a declarar como testigo en el llamado caso “Golpe de Estado” porque considera que es un proceso inventado y falso.

“He asistido a la convocatoria de la Fiscalía en este caso falso inventado con viso político y mi declaración tiene que ver con el documento exacto que le presenté y le leí a los fiscales (…), declaración que me negué por las razones que ahora explico”, dijo Mesa al salir de la Fiscalía.

Luego leyó un documento que denominó “razones por las que ejerzo mi derecho constitucional a no declarar como testigo en el falso caso golpe de Estado” y citó como la primera de sus razones el hecho de que sería “un proceso penal que no tiene ninguna base de legalidad (porque) se fundamenta en hechos falsos y la manipulación de pruebas aparentes”.

“Segundo, no tiene ninguna base de legalidad porque están vigentes dos leyes: la 1266, Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales del 24 de noviembre de 2019, y la 1270, Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas del 20 de enero de 2020”, detalló.

Remarcó que ambas leyes “reconocen como constitucionales” los mandatos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y de la anterior Asamblea Legislativa. “Leyes que se presumen plenamente constitucionales mientras no exista una sentencia en contrario del Tribunal Constitucional”, añadió.

Además, como su tercera razón, dijo que este proceso, iniciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty, se fundamenta en hechos falsos porque en Bolivia el 2019 se produjo un “fraude electoral” documentado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue respaldada por la Unión Europea y fue pedida expresamente por el gobierno de Evo Morales.

Ahora “esa evidencia del fraude quiere taparse con la construcción del caso por el que he sido convocado y que pretende falsear la verdad histórica despreciando a millones de ciudadanos bolivianos, cuando está demostrado que la única manipulación que hubo para vulnerar el orden constitucional intentó hacerla el expresidente (Evo) Morales el 10 de noviembre de 2019, cuando, como lo ha declarado públicamente la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra: Evo Morales, ella, Álvaro García Linera y el señor (Víctor) Borda hicieron un acuerdo político para la renuncia de esas cuatro máximas autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo con la clara intención de romper la línea de sucesión constitucional ”, subrayó.

Además, en alusión a la reciente declaración ampliatoria de Áñez que lo mencionó en una serie de ocasiones como uno de los protagonistas de la crisis de 2019, Mesa indicó que el proceso se basa en la “manipulación de pruebas aparentes sobre declaraciones de personas que están sometidas a la presión carcelaria y fiscal y dan relatos extraídos de la lectura de libros, no como testimonios directos de hechos que protagonizaron o a los que asistieron”.

Asimismo, “este proceso penal, con las declaraciones de testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y quiere convertirse en un elemento de manipulación de pruebas y forzar autoincriminaciones para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio  de oposición”, manifestó.

Del mismo modo consideró que “para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales es para que este proceso se convierta en el martirio fiscal y judicial contra muchos ciudadanos y sus familias” que defendieron la democracia, la paz, la Constitución y la libertad. “Situación que ya se produjo con el procesamiento y detención inconstitucionales e ilegales de la expresidenta (Jeanine) Añez, dos de sus exministros y otras exautoridades”, afirmó.

Por tanto, Mesa no tiene “la menor duda” de que en este proceso investigativo se usará cualquier declaración testifical, incluida la suya, solo para “manipular e inventar auto incriminaciones”.

Entonces, “no me voy a convertir en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente, cuyo único objetivo es respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la presidencia y tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo”, señaló.

Por otro lado, indicó que “desde la comisión del gigantesco fraude de Evo Morales” actuó como ciudadano respetuoso de la ley y de la Constitución y que todas sus acciones respondieron a esos principios.

Y finalmente remarcó que por todas “esas razones ejerció su derecho al silencio, reconocido en las normas vigentes en el país”.

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Mesa se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante la Fiscalía: No voy a contestar porque me puedo incriminar

Explicó cómo conoció a Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Aclaró que hay dos leyes que deberían ser declaradas inconstitucionales para abrir un caso sobre un supuesto “golpe de Estado”. Y dijo que no reconoce la legitimidad de este “montaje político”.

Carlos Mesa, al salir de la Fiscalía. Foto: Rodwy Cazón

/ 17 de junio de 2021 / 11:48

Tal como anunció, de que no iba a dar explicaciones sobre lo sucedido en la crisis de 2019, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se acogió a su derecho al silencio en su declaración, en calidad de testigo, en el caso denominado Golpe de Estado.

Seguidores lo acompañaron y corearon su nombre cuando ingresó a las oficinas de la Fiscalía las 08.15. Había adelantado que no daría declaraciones a la prensa y convocó a una conferencia a las 09.30 en el Hotel Presidente, la que se dio una hora después.

Según la declaración a la que accedió La Razón, el exmandatario se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante las preguntas del fiscal; asimismo, indicó en una de sus respuestas que “no voy a contestar la preguntas porque me puedo incriminar”.

El caso Golpe de Estado fue abierto por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS). La Fiscalía investiga el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, tras lo cual Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado.

Morales dimitió acorralado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude” en los comicios que Morales ganó ese año.

Con carácter previo, este jueves, Mesa hizo notar a la Fiscalía que su silencio está garantizado por la Constitución. “La razón fundamental por la que no voy a declarar tiene que ver con el hecho de que no reconozco la legitimidad o legalidad de este proceso”.

Añadió que este caso “se basa en hechos falsos y en la manipulación de pruebas, el elemento principal que demuestra lo que estoy diciendo, es la vigencia plena de dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, remarcó el expresidente.

“La Ley 1166 de anulación de elecciones de 2019 y la Ley 1270, ley excepcional de prórroga del mandato constitucional y autoridades electas, de 20 de enero del 2020”, continuó, “ambas leyes reconocen la inconstitucionalidad (sic) del gobierno transitorio, y la constitucionalidad de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional”, dice el documento.

El político opositor subrayó que “no hay elemento, hecho o acción que esté por encima de una ley cuya constitucionalidad se presume de hecho. Solamente si el Tribunal Constitucional Plurinacional declarase inconstitucional ambas leyes, recién es ese contexto y en ese caso podría iniciarse un proceso por golpe de Estado”.

Además, Mesa dijo que otro argumento por el cual rechaza este caso es que se trata de “un proceso de carácter político impulsado por el propio expresidente Evo Morales y el actual presidente (Luis Arce). Es un hecho incuestionable que el Ministerio Público y el Órgano Judicial responden a las órdenes del Poder Ejecutivo, por lo tanto, la credibilidad de los procesos como este se ha perdido completamente. Por todo ello, no reconozco la legitimidad de este juicio que es un montaje político”.

Desde su detención preventiva en la cárcel de Miraflores, la expresidenta transitoria Áñez provocó un remezón por su declaración al Ministerio Público, ya que afirmó que Mesa bloqueó la sucesión de Adriana Salvatierra (MAS) en la crisis de noviembre de 2019.

Más aún, se apunta a Mesa por haber declarado el 10 de noviembre de ese año, en la plaza Murillo y ante los medios (día que renunció el expresidente Evo Morales), que ningún político del Movimiento Al Socialismo (MAS) podía tomar las riendas del país.

Ante la pregunta sobre si conoce a Áñez, Mesa respondió lo siguiente ante la Fiscalía: “Conozco a la señora Jeanine Áñez, no recuerdo las circunstancias, me invitó cuando ya era presidenta, quizá un mes o dos meses después, fue en un almuerzo”.

En cuanto a si conoce al excívico cruceño Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho, el líder de CC sostuvo que “al señor Camacho lo conozco personalmente, no recuerdo, en una reunión del comité cívico de Santa Cruz, mucho antes, y al otro señor no lo conozco, no recuerdo la fecha” (sic), según el documento del Ministerio Público.

Camacho es el principal acusado en este caso, al haber liderado la movilización cívica que derivó en la dimisión de Morales. Incluso, el actual gobernador cruceño reveló que su progenitor pactó en noviembre de 2019 con las Fuerzas Armadas y la Policía.

En su última respuesta ante el fiscal, Mesa remarcó que “la insistencia de los señores fiscales en no aceptar mi derecho constitucional hizo que yo respondiera presionado por esa situación cuatro preguntas, porque es un principio general de carácter moral de mi parte el establecer una posición clara de repudio a la manipulación y al uso instrumental del Ministerio Público, que la va a convertir (a la investigación) en una persecución política a los miembros de la oposición”.

“Ratifico mi postura de desconocer lo que se está haciendo y lamentar lo que se está utilizando al Ministerio Público. Asimismo adjunto en fojas 3 una declaración previa que leí al comenzar el acto, que explica las razones por las que no declaré”, concluyó.

Posteriormente, ya en su conferencia en el Hotel Presidente, Mesa confirmó que se acogió a su derecho constitucional, y subrayó que esa determinación no puede ser considerada un indicio de culpabilidad.

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