Nacional

martes 26 oct 2021 | Actualizado a 14:42

Bolivia activa acciones para convocatoria del G77+China

Cumbre. A fines de febrero se reunirán los representantes de los 133 países para definir la agenda

Reunión. Montaño y Llorenti conversan sobre la participación del Legislativo en el G77 China.

/ 12 de febrero de 2014 / 07:33

El Estado boliviano intensificó, desde ayer, las acciones destinadas a garantizar la presencia de una mayor cantidad de presidentes y delegaciones de alto nivel en la Cumbre de los Países en Vías de Desarrollo y China (G77+China) que se desarrollará entre  el 14 y 15 de junio en Santa Cruz.

En este marco, la senadora Gabriela Montaño y la diputada Betty Tejada, presidentas de la Comisión de Política Internacional de ambas cámaras, viajarán, si fuera necesario, a los países miembros del G77+China para coordinar la llegada de los mandatarios invitados al encuentro, informó la misma legisladora Montaño antes de reunirse con el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, con quien coordinó estas actividades. “Tenemos la posibilidad de gestionar (…) para que la cumbre sea un éxito, que la participación de diferentes delegaciones sea con la mayor cantidad de primeros mandatarios o de las más altas autoridades posibles”, dijo Gabriela Montaño.

El presidente Evo Morales, según refirió anteriormente el coordinador de la cumbre, Reymi Ferreira, se había fijado como meta la convocatoria de al menos 20 mandatarios y 100 delegados de alto nivel en la cumbre de Santa Cruz.

Además, a fines de febrero, está programada la reunión de los 133 representantes diplomáticos de los países miembros del G77+China en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para coordinar todos los aspectos relacionados con la organización del encuentro. “Tendremos una reunión (…) para establecer los mecanismos y modalidades de discusión y debate para el o los documentos que serán aprobados por la cumbre”, indicó Llorenti. Además, la Asamblea Legislativa tiene como prioridad el tratamiento de la Ley de Inversiones para generar una imagen adecuada del país en el ámbito mundial, por ser una de las normas que el sector empresarial internacional espera que se promulgue, ya que define las políticas de inversión y los aspectos relacionados con la política de nacionalización, entre otros aspectos.

Montaño también indicó que gestionará encuentros y contactos necesarios, a través de sus colegas legisladores de los congresos de los países miembros de este grupo, para que la cumbre tenga el éxito que espera el Jefe del Estado. Llorenti además detalló que se llevan a cabo debates que están relacionados con temas vinculados al Consejo Económico Social, el Foro Político de alto nivel y el cambio climático.

Se prevé organizar foros previos a la realización del cónclave para que la ciudadanía tome conocimiento de éste. “Se pueden canalizar al menos tres foros que puedan darse tanto en la ciudad de Santa Cruz como en La Paz, para que la población pueda participar, ser parte de esta construcción”, sostuvo Montaño. La diputada Tejada, que acompaña a Montaño en este cometido, inició, junto a un equipo técnico, la difusión de la información del evento a través de medios digitales. La Asamblea Legislativa garantizó los recursos económicos para emprender las tareas asignadas a una comisión especial.

El Comité de Organización de la cumbre está compuesto por los ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno, de la Presidencia y Obras Públicas; además participan los gobiernos locales de Santa Cruz, a los que se suma la comisión del Legislativo. 

El gobierno y la cumbre de los 77

Foros

La coordinación organizará eventos paralelos a la cumbre.

Expertos

Se prevé llevar expertos bolivianos a Estados Unidos con el fin de exponer los éxitos de la gestión gubernamental de Evo Morales.

Asistentes

Los presidentes de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) confirmaron su asistencia al evento.

El Legislativo apura la Ley  de Inversiones como una señal

La Asamblea Legislativa pretende aprobar la Ley de Inversiones hasta abril para dar “una señal clara de la economía nacional” antes del desarrollo de la Cumbre de los Países en Vías de Desarrollo y China (G77+China) de Santa Cruz.

“Es importante dar una señal sobre todo cuando vienen el G77+China, para dar señales afuera de que Bolivia tiene la soberanía en inversiones y que se respeta la inversión”, manifestó el senador oficialista David Sánchez. Por su parte, el presidente de Diputados, Marcelo Elío, explicó que comenzó el debate en esta instancia, que solo un par de artículos están en discusión y que la norma se “socializará” con el sector empresarial. “En Bolivia se garantiza la inversión”, declaró”. La bancada del MAS se reunió ayer con la ministra de Planificación, Viviana Caro, para definir la aprobación de la norma.

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Régimen Penitenciario coadyuva acciones con instituciones por casos de tortura al interior de cárceles

El Sepret informó que en cinco meses se identificaron al menos 23 casos de tortura en estos recintos.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en conferencia de prensa.

/ 26 de octubre de 2021 / 13:55

Luego de conocerse un informe sobre 23 casos de tortura identificados en centros penitenciarios, entre mayo y octubre de este año, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó este martes que se realizan las acciones recomendadas por instituciones tutelares de derechos humanos de los privados de libertad.

“Lo estamos haciendo, tenemos reuniones constantes con estas instituciones tutelares de los derechos. Ellos regresan a los centros y corroboran que nosotros hemos tomado las acciones correspondientes”, explicó en una entrevista con La Razón Radio.

El Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) informó el lunes que en cinco meses de este año se identificaron al menos 23 casos de tortura al interior de cárceles, y que el más reciente es el ocurrido en el penal de Chonchocoro de La Paz, con la muerte de Cristofer Q.P.

Limpias sostuvo que además del Sepret, el Defensor del Pueblo y otras instituciones, que velan por el respeto de los derechos humanos de privados de libertad, realizan visitas contantes a los recintos y hacen llegar sus observaciones para que, en un tiempo pertinente, Régimen Penitenciario asuman las acciones respectivas.

“Nosotros estamos atendiendo esas denuncias para que se puedan esclarecer”, indicó.

En junio de este año, el Sepret informó que realiza el seguimiento a 180 casos de tortura y violencia de Estado registrados entre 2019 y 2020. La directora de esta instancia, Nadeshda Guevara, aclaró entonces que la tortura se comete siempre y cuando el autor sea un funcionario público.

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Régimen Penitenciario se sumará a proceso por la muerte de Cristofer Quispe en Chonchocoro

Juan Carlos Limpias afirmó que se está disponiendo de todo lo necesario para que la Fiscalía realice las investigaciones del hecho.

El Penal de Chonchocoro

/ 26 de octubre de 2021 / 13:41

A tiempo de comprometerse que no se encubrirá a ningún funcionario policial implicado en la muerte por torturas de Cristofer Quispe en el penal de Chonchocoro de La Paz, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció este martes que su despacho se sumará a la querella por este hecho.

“No vamos a encubrir a nadie y creo que es una muestra clara, estamos poniendo absolutamente todo a disposición del Ministerio Público para que los que han estado implicados sean sancionados como corresponde. Es más, hemos anunciado que nos vamos a sumar al proceso, al igual que la dirección Nacional de Seguridad, el Defensor del Pueblo y el Sepret (Servicio de Prevención de la Tortura)”, informó Limpias en entrevista con La Razón Radio.

Sostuvo que se trata de una cadena de instituciones que demandan una “sanción ejemplarizadora” para los responsables de este hecho. “Lo que ha pasado con este privado de libertad, más allá de la situación del delito, son temas que tocan la sensibilidad de la administración penitenciaria de estas instituciones y sobre todo de la opinión pública”.

Aunque la autoridad evitó dar datos sobre las circunstancias de la muerte de Cristofer, quien apareció muerto y con signos de tortura en su cuerpo el domingo 17 de octubre, afirmó que se deja en manos del Ministerio Público la investigación y la acusación de los implicados.
“No queremos entorpecer las investigaciones, sería irresponsable de mi parte dar información que está en manos de la Fiscalía”.

Los familiares de Cristofer denunciaron que el interno sufrió torturas por parte de efectivos policiales de Chonchocoro con anterioridad y que estas se intensificaron tres días antes de su deceso.

El lunes, la Fiscalía informó que el teniente de Policía Wilson P. fue aprehendido por estar supuestamente involucrado en la muerte de Cristofer. El fiscal Ruddy Terrazas explicó que, por testimonios recolectados y registros al lugar del hecho, existen indicios de que el efectivo policial “tuviera una participación de autoría”.

El viernes, la Dirección de Régimen Penitenciario informó que el gobernador, el jefe de seguridad y dos efectivos de seguridad interna de Chonchocoro fueron cambiados para evitar su injerencia en las investigaciones.

Limpias también se refirió al bus en desuso donde su puestamente se aplicaban torturas. Admitió que allí se hacía la “contención” de reclusos de alto riesgo, aunque negó antecedentes de denuncias sobre torturas realizadas al interior de este motorizado.

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Régimen Penitenciario justifica operativo de traslado de Yassir Molina a penal de Oruro

“No nos olvidemos que ha sido encontrado con celulares en el penal de San Roque, con un objeto punzocortante artesanal, que también se ha encontrado en su celda; las mismas denuncias se repitieron en Cantumarca”, afirmó Juan Carlos Limpias.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en una entrevista con La Razón Radio.

/ 26 de octubre de 2021 / 13:32

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este martes que el operativo de traslado del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, del penal de Cantumarca, en Potosí, al de San Pedro, en Oruro, tenía el objetivo de garantizar y preservar su vida.
“Nos han hablado de que se ha montado un operativo grande, no es así. Nosotros creemos que, si se estaba yendo a la ciudad de Oruro, tenemos que precautelar su integridad (física), qué pasa si yo lo llevo con dos policías para entregarlo con la orden judicial y pasa alguna turba, lo quiere maltratar o algo, la responsabilidad recae sobre nosotros”, explicó en La Razón Radio.
El ingreso de Molina al penal de Oruro se realizó la madrugada del lunes, en medio de un fuerte contingente policial. Un grupo reducido de mujeres se encontraba en las cercanías con pedidos de libertad para el acusado.
Limpias agregó que los antecedentes que se están generando por la presencia de Molina en los centros penitenciarios dan lugar a que se trataría de un privado de libertad con características “de alta peligrosidad”.
“No nos olvidemos que ha sido encontrado con celulares en el penal de San Roque, con un objeto punzocortante artesanal, que también se ha encontrado en su celda; las mismas denuncias se repitieron en Cantumarca. Los mismos privados de libertad han afirmado que Cantumarca es tranquilo, productivo, y no quieren tener este tipo de elementos, por eso la manifestación que realizaron. Esperemos que ese comportamiento vaya a ser cambiado en el centro penitenciario de San Pedro de Oruro”.
El cambio de prisión se debió a un motín de los reclusos de Cantumarca, en Potosí, donde se acusó a Molina de conformar grupos de poder con el fin de extorsionar a la población carcelaria.
En septiembre, los privados de libertad de San Roque, en Chuquisaca, hicieron lo mismo, por lo que el cabecilla del grupo fue llevado a Cantumarca.
La RJC participó en al menos nueve hechos de violencia y hostigamiento, según las investigaciones que desarrolló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia en la crisis poselectoral de 2019.
Molina y otros integrantes de la Resistencia enfrentan procesos, uno de ellos por destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado cuando protagonizaron una revuelta exigiendo la renuncia del titular, Juan Lanchipa, en octubre del año pasado.
La Embajada de Estados Unidos pidió al Gobierno boliviano el desmantelamiento de grupos como la RJC, a los cuales el informe del GIEI catalogó como paraestatales o parapoliciales, luego de las denuncias de acoso por parte de activistas estadounidenses en derechos humanos.

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Puerto de Ilo y río Mauri, temas estratégicos en el VI Gabinete Ministerial Bolivia-Perú

El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, aseguró que ese encuentro será guiado por cuatreo ejes temáticos.

El vicecanciller Freddy Mamani, en La Razón. Foto: Rodwy Cazón

/ 26 de octubre de 2021 / 13:13

En el marco del VI Gabinete Biministerial Bolivia-Perú, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, anunció este martes que entre los temas estratégicos que serán tratados en dicho encuentro están el uso del puerto de Ilo y el desvío de aguas del río Mauri.
“Uno de los temas estratégicos es el puerto de Ilo”, afirmó la autoridad en una entrevista con La Razón Radio y aclaró que en el tema de desvío de aguas del río Mauri, “hay avances significativos” para encontrar una solución.
El VI Gabinete Biministerial, que se desarrollará el 29 y 30 de octubre en La Paz, abordará además el tema del contrabando que afecta a ambos países, pero sobre todo a Bolivia por la internación de productos alimenticios.
En esta versión de la reunión entre ambos países se trabajarán cuatro ejes temáticos: medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos; seguridad y defensa; desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional, e infraestructura para la integración y el desarrollo.
Desde su primera versión, que se realizó en junio de 2015 en la Isla de Estévez, en Perú, ambos países definen acciones en beneficio de ambos países.
El segundo encuentro entre ambos países ocurrió en 2016 en Sucre, Bolivia. La tercera reunión se dio en 2017 en Lima, Perú, mientras que la cuarta versión se realizó en Cobija, Bolivia. Ante las restricciones por la pandemia generada por el COVID-19, la última vez que se realizó esa reunión fue en junio de 2019 en la ciudad de Ilo, Perú.

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Se instala el diálogo entre el Gobierno y las víctimas de las masacres de 2019

David Inca, antes de ingresar al encuentro, dijo que el diálogo será por “tiempo y materia”.

El comienzo del diálogo. Foto: Álvaro Valero-La Razón.

/ 26 de octubre de 2021 / 12:24

Una comisión de las autoridades del Gobierno y los marchistas de las organizaciones que agrupan a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata instalaron pasado el mediodía de este martes una mesa de diálogo en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ubicada en El Prado de la ciudad de La Paz.

David Inca, activista de derechos humanos de El Alto que participó de la marcha y que apoya de manera permanente a las víctimas de 2019, anticipó que el diálogo será por “tiempo y materia”.

“No vamos a salir del ambiente, nos vamos a quedar ahí, no habrán cuartos intermedios y se tiene que dilucidar todos los puntos (de nuestro pliego petitorio) y también todas las personas van a participar, todas las que han marchado”, dijo Inca en un breve contacto con La Razón.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que lidera la comisión del Gobierno, afirmó que no es la primera vez que las autoridades se reúnen con las víctimas de 2019. 

“Hay distintos grupos de víctimas y nosotros como Gobierno hemos sostenido varias reuniones (…), hemos estado varias veces con ellos y avanzando en todo el tratamiento integral que tiene como base la (demanda de) justicia, como lo han expresado nuestros hermanos”, sostuvo Prada.

En ese sentido, la ministra aseguró que ya se avanzó en varios puntos, como una “ayuda humanitaria” económica, la devolución de gastos médicos y otros temas.

“Ahora, ante la (nueva) solicitud de los hermanos, estamos nuevamente aquí y por supuesto estaremos siempre las veces que sean necesarias”, enfatizó.

La marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez,  partió el 19 de octubre desde la localidad de Cararollo, departamento de Oruro, e ingresó el lunes al centro de la ciudad de La Paz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –donde se registraron 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

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