Al ser consultado por los medios por las últimas declaraciones de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, el gobernador en suplencia, Mario Aguilera, dudó de que sea él quien escribe las publicaciones de sus redes sociales.

“Son tuits (publicaciones en X, antes Twitter) que sabemos que él no hace (…); entonces, si alguien escribe un tuit usando el nombre del gobernador, a mí me gustaría que tenga el valor y venir a decirlo de frente. Porque hasta donde yo entiendo, el gobernador desde su secuestro no escribe tuits”, cuestionó Aguilera el miércoles en conferencia de prensa.

Acusación

Es que, la mañana del miércoles, Camacho hizo uso de sus redes sociales para denunciar que “Aguilera entrega la autonomía” de Santa Cruz. En su publicación, el jefe de Creemos señalaba que existe un acuerdo entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Aguilera.

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“Hay gente a la que le molestará, porque yo lo defiendo al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en las cosas que he dicho; desde las falsificaciones de firmas, desde el abuso del nombre y del cargo”, afirmó Aguilera, seguro de que Camacho no maneja sus redes sociales.

Caso firma

En las últimas semanas, el gobernador electo se vio implicado en un caso de falsificación de firmas e incumplimiento de deberes. La notaria de Gobernación debe declarar el jueves ante la Fiscalía de Santa Cruz, pues dio fe de una firma de Camacho sin haber estado presente. Así lo confirmó Efraín Suarez, vicepresidente de Creemos y asesor del gobernador electo, por lo que no hay constancia de que sea su firma.

El miércoles, en su publicación, Camacho criticó que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz ahora tenga cuatro comisiones presididas por el MAS. En su criterio, esto se dio por el ‘acuerdo entre el masismo y Aguilera’.

En tanto, el gobernador suplente negó que tal acuerdo exista.

“Si se trata de llevarlo a la arena de la construcción de acuerdos, de convenios (…), alguien les ofreció (a Creemos) más comisiones y eso también es público. Seis comisiones”, cuestionó, pero aseguró que trabajará con todas las bancadas de la Asamblea y con las 15 provincias.

El lunes, la Asamblea Departamental de Santa Cruz eligió a las nuevas directivas de las comisiones legislativas. De las 11, cuatro estarán presididas por el MAS, cuatro por Creemos, dos por pueblos originarios y una por Alianza Solidaria Popular (ASIP).

Conocido el pedido de David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que acelere la revisión del fallo que paralizó las elecciones judiciales, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia (2005-2006), cuestionó que la autoridad recurra a un “autoprorrogado” y no a la Asamblea Legislativa.

“Curioso, en lugar de convocar a la Asamblea, que refleja la pluralidad política ciudadana para debatir y resolver temas de Estado en consenso, manda a anunciar el envío de notas de atención a TCP autoprorrogado”, escribió el exmandatario el miércoles en su cuenta de X.

TCP

El martes, el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, informó que Choquehuanca presionó al TCP. Le pidió que acelere su revisión del fallo que detuvo el proceso de preselección de postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial.

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“Se presentó al TCP un memorial solicitando el adelanto del sorteo de causa para que una sala constitucional resuelva la revisión del fallo de la sala constitucional de Cobija. Teniendo en cuenta la coyuntura nacional, la trascendencia y la importancia respecto al cumplimiento de las reglas del proceso democrático de elección de altas autoridades jurisdiccionales”, informó Alurralde.

Fallo

El 30 de abril, una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, falló a favor de una acción popular. Esta acción denunció que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las postulantes mujeres indígena originario campesinas.

Desde entonces, observada la ley, el proceso quedó paralizado. Los postulantes se encontraban en la etapa de evaluación oral y escrita.

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se reunió con los representantes de las tres fuerzas políticas de la Asamblea. Se acordó elaborar una ley corta para que todo el proceso avanzado desde el 16 de febrero no quede en foja cero.

Debido a la complicada situación que atraviesa Brasil, afectado por insistentes lluvias, el Gobierno de Bolivia se solidarizó y acordó enviar ayuda humanitaria para colaborar a los afectados por las inundaciones. 

“En el marco de la complementariedad, de la reciprocidad y solidaridad (…), el decreto ha sido aprobado para poder enviar ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria se va a recolectar a partir del apoyo que todos los ministerios van a proporcionar”, afirmó Edmundo Novillo, ministro de Defensa.

De acuerdo con Novillo, el primer ministerio que se manifestó fue el de la Presidencia.

“Ha comprometido (…), la donación de 10.000 kilogramos de leche en polvo, 10.000 kilogramos de arroz, 2.500 kilogramos de frijol, 1.500 unidades de carpas de lona, 1.000 unidades de tiendas de campaña y 2.000 unidades de mantas”, informó el ministro.

Inundaciones

Brasil atraviesa una de las crisis climáticas más fuertes de su historia. Desde el 29 de abril las lluvias persisten con fuerza en el estado de Río Grande. Varias zonas de esta región se encuentran completamente inundadas.

Según el más reciente balance de Defensa Civil de Brasil, 76.483 personas fueron rescatadas. Sin embargo, se registran 148 fallecidos hasta el momento. Las precipitaciones también afectan a los animales; más de 11.000 animales, entre salvajes y mascotas, se rescataron de las inundaciones.

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Novillo espera que, en los próximos días, los demás ministerios hagan conocer el aporte que enviarán.

Envío

El envío está programado para el martes 21, desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, aunque todavía no se sabe en qué zona de Brasil se lo recibirá.

“Nuestro presidente (Luis Arce) se comunicó con el presidente del Brasil (Lula Da Silva) y le expresó su solidaridad por la grave situación de emergencia y desastres (…), el presidente del Brasil agradeció el gesto de solidaridad”, afirmó Novillo.

Las relaciones entre Brasil y Bolivia mejoraron bastante con la llegada de Lula a la presidencia del país vecino, a inicios de enero de 2023. Más allá de la ayuda bilateral entre ambos países en conflictos climáticos, ambos mandatarios tienen prevista una reunión en Bolivia, a mediados de julio, para tratar temas como la agroindustria y la producción de fertilizantes.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, afirmó que hubo “desinformación e información malintencionada” sobre el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, como decir que la norma obligaba a expropiar viviendas. “Es falso”.

El martes, el presidente Luis Arce abrogó la norma luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades privadas.

La decisión fue asumida luego de una solicitud del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB, Juan Carlos Huarachi, quien señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información” de algunos actores políticos.

Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva explicó que el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre alcaldías, Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí).

“Este decreto (consignaba) ordenar y señalizar sobre cuál era el camino para seguir y ponerle un alto a un desorden en el diseño institucional de Derechos Reales”, añadió.

Aseveró que el ahora abrogado decreto modificaba el Decreto 27967, firmado por el expresidente Carlos Mesa en 2004, que no implementaba la tecnología actual, los pagos en línea y la interoperabilidad.

“Hace 20 años no había tecnología. Nadie pensaba sobre la ciudadanía digital. La interoperabilidad le ayuda a Derechos Reales a garantizar la legalidad y legitimidad”, cuestionó Silva.

Admitió que la decisión de abrogar la norma fue política y tuvo el objetivo de evitar la desestabilización del Gobierno del presidente Luis Arce. “Fue una decisión política para prever un mal mayor”.

Asimismo, aseguró que “es falso» decir que Derechos Reales sea un registro discreto para los ciudadanos. “Derechos reales es un registro público al igual que el Serecí y Segip”.

El viceministro desafió a actores políticos y a algunos analistas a debatir sobre la norma. «Quisiera que nos digan qué artículo del Decreto 5143 es inconstitucional»

Advirtió que existen “intereses políticos y delincuenciales” por parte de políticos, estafadores y avasalladores para que no prosperen ciertos decretos, como el Decreto 4732, que señala que su objetivo es “la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles”.

Los gremiales del país advirtieron que se movilizarán este viernes en demanda de la anulación de otras normas y de una solución a la escasez de dólares.

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El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez auguró que la Cámara de Diputados apruebe la ley corta para continuar con el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales que fue suspendido el mes pasado.

El martes, los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para destrabar las judiciales.

Las elecciones judiciales fueron suspendidas el 30 de abril luego de que la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó en fojas cero el proceso.

Desde entonces, la Asamblea Legislativa no ha presentado una posición institucional y los legisladores tampoco han podido consensuar salidas al entrampamiento por las fracturas dentro de las bancadas.

La semana pasada, la bancada arcista del MAS en Diputados, encabezada por Jerges Mercado, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, solicitó al TCP, a través de un memorial, adelantar la revisión del fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que anuló la preselección de los candidatos judiciales y ordenó un nuevo proceso.

Ninguna de las propuestas fue consensuada entre las bancadas y tampoco se convocó al pleno. Por ende, las judiciales continúan en el limbo y cada vez se acercan más las elecciones primarias, cuyo proceso también está en debate.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez defendió el proyecto de ley corta del Senado que permite la ampliación de los plazos para las elecciones judiciales y espera que sea aprobada en el pleno del Senado y, posteriormente, en Diputados.

“La preselección va a continuar más allá de que el Gobierno intente evitar que este proceso continúe”, dijo.

Responsabilizó al Gobierno del presidente Luis Arce y al ministro de Justicia, Iván Lima, de impulsar la suspensión de las elecciones judiciales; aunque no presentó pruebas. “Creo que manifestaciones públicas de Lima sobre las judiciales son elementos probatorios de que el gobierno frena el proceso”.

Cuestionó el silencio de Choquehuanca y aseveró que el vicepresidente tiene la obligación de convocar al pleno de la Asamblea. “Es un imperativo de la Constitución”. Afirmó que ese comportamiento motivará a presentar una acción de incumplimiento en contra de Choquehuanca. 

“Tarde o temprano estarán sentados en el banquillo de los acusados los que cometan acciones omisivas. Reitero vamos a interponer esa acción de incumplimiento hoy. Esto no puede quedarse ahí”, advirtió.

A su vez, consideró que la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 “es monstruosa, deleznable” y que “han vulnerado la Constitución” al ampliar sus funciones. “Incurren en un grave delito”.

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