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Cristina Mamani: ‘Los jueces civiles van a ser insuficientes’

La Presidenta del Consejo de la Magistratura dice que se cumple plazos para la implementación del nuevo Código Procesal Civil desde el 7 de agosto.

/ 29 de junio de 2014 / 04:00

Advierte que falta recursos económicos para poner en marcha la nueva normativa. Indicó que en el país trabajarán 358 jueces, la mayoría en las provincias. Los 153 conciliadores a ser seleccionados deben ser profesionales del área social y hablar un idioma nativo. Ellos podrán evitar que un conflicto acabe en juicio

— ¿Está lista la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPC) desde el 7 de agosto?

— El Consejo de la Magistratura trabajó para la implementación del Código Procesal Civil dentro de los plazos. Se difundió los planes de presentación y se los publicó oportunamente.

— ¿Qué ventajas tiene el CPC?

— Se pasará de un sistema judicial escrito a uno oral. El CPC implementa las notificaciones electrónicas, a la par de otros países. Se trabaja para que una notificación pueda ir a un correo electrónico, vía mensaje al celular, fax o llamada telefónica. Esto ayuda a luchar contra la corrupción y el trabajo recargado de los oficiales de diligencia.

Otro tema es la implementación de 153 conciliadores, claro que la ley determina qué procesos irán a este sistema. Los que concilian no pagarán nada porque será gratuito.

Desde el 7 de agosto desaparecerán los jueces de Instrucción y de Partido en lo Civil, éstos se convierten en jueces públicos en materia civil y comercial.

— ¿Cuántos jueces habrá?

— Serán 358 jueces públicos en el país: 161 trabajarán en las nueve capitales y 197 en provincias.
    Los conciliadores serán 153, la Ley 025 establece que se debe contar con uno por juzgado, pero no es posible por la falta de recursos.

— ¿Serán suficientes?

— Quizá no es el momento de hablar si son suficientes o insuficientes, haremos la evaluación respectiva hasta el próximo año. Sé que va a ser insuficiente, pero esto no impide que implementemos el CPC. Lo propio para los conciliadores, ellos tienen que cubrir cuatro a cinco juzgados y en las provincias el trabajo va a ser tedioso, porque deben ir de un asiento judicial a otro. Van a ser conciliadores itinerantes.

— ¿Se reducirá la duración de los juicios y la carga procesal?

— Los procesos en materia civil duran años, hay procesos de cuatro hasta siete años, por las chicanas constantes que existen. Vemos que en un año los procesos estarían concluidos. En el tema de conciliación es más rápido; en una o dos audiencia se resuelve. La carga procesal está en fase de sistematización y se verá cuánto más bajará el número de juicios.

— ¿Hay sanciones para jueces que dilaten los procesos?

— No habría lugar para dilaciones porque son juicios orales. La Dirección de Control y Fiscalización hará un seguimiento a los juicios.

— ¿Se capacitó a los jueces?

— Eso está a cargo de la escuela de jueces, hasta el 2 de agosto estarán totalmente capacitados.

— ¿Hay ambientes adecuados para los juicios orales?

— Vamos a readecuarlos, no en todos los distritos tenemos ambientes; en algunos distritos sí tenemos, como en Sucre, tenemos espacio incluso para los conciliadores. En La Paz tenemos algunas dificultades. Veremos dónde habilitar espacio hasta el 15 de julio.

— ¿Cómo debe ser el ambiente?

— Nos gustaría contar con el sistema de Canadá, con pantallas grandes en las que el demandado ofrece sus pruebas y se los puede leer en los monitores, pero por la limitación vemos que habrá un ambiente para el juez, para el demandado, demandante y para la gente. Nos gustaría tener salas como las de materia penal, sería excelente, pero no contamos con estos ambientes, quizá vamos a ir adecuando las salas.

— ¿Se capacitó a abogados?

— En la mayoría de los colegios de abogados se abrió diplomados sobre esta temática, pero es un tema independiente.

— ¿Cuánto se invirtió?

— Alrededor de Bs 10 millones con recursos propios, además de  cooperaciones de Dinamarca y Cosude. El Tesoro General de la Nación no nos dio recursos económicos adicionales.

— ¿Qué características deben tener los conciliadores?

— Deben ser profesionales en ciencias sociales, pueden ser trabajadores sociales, comunicadores, psicólogos o también egresados de las normales. Ingresarán  por examen de competencia y serán designados por el Consejo de la Magistratura. Recibirán un curso intenso de capacitación, de un mes, en habilidades, destrezas y en la capacidad de convencimiento que deben poseer. Es una oportunidad para profesionales del área rural porque la Ley 025 establece que debe hablar el idioma originario, para entrar en confianza con las partes y después resolver el conflicto que tienen.

— ¿Qué procesos podrán atender los conciliadores?

— Temas que ya están previstos en la ley, pero no aquellas causas  de interés superior, como del menor, por ejemplo. Más van a atender los procesos de familia, como la asistencia familiar. No se lo debe entender que, por ejemplo, se pedirá a la pareja volver a convivir, sino que se hablará del monto de asistencia, las deudas o los pagos pendientes, que de repente no podían arreglar.

Defensora del derecho indígena

Nombre: Cristina Mamani Aguilar

Nació: 14-09-1.965

Profesión: Abogada

Cargo: Presidenta del Consejo de la Magistratura

Defensora del derecho indígena

Licenciada de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomados en Derecho Civil, Proceso Civil Oral y Educación Superior.

Escribió las cartillas Violencia intrafamiliar-doméstica, Vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y No a la violencia. Sí a la familia. Fue oficial de diligencias del Juzgado de Instrucción de Familia El Alto y del Juzgado Agrario de Sorata y responsable de Área de Asesoría y Consultoría de CDIMA. Estuvo en la Formación y Capacitación de Mujeres Líderes aymaras y quechuas en temas de Desarrollo y otros. Fue secretaria de Hacienda de la Asociación de Maquinarias Agrícolas de Guaqui y Secretaria de Actas del Comité de Saneamiento de Tierras de Kassa Santa Rosa, Guaqui.

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En 9 días aumentan 11 casos de coronavirus en Palmasola y ya suman 36

La cifra de reos que padecen COVID-19 sube a 36. En el penal cruceño hay 103 privados de libertad aislados por sospecha de estar contagiados por el virus

/ 25 de mayo de 2020 / 19:56

En nueve días, el número de internos del penal de Palmasola que padecen coronavirus (COVID-19) aumentó de 25 a 36, según informó este lunes el director general de Régimen Penitenciario, Clemente Silva. En el recinto penitenciario hay otros 103 privados de libertad que están aislados bajo sospecha de portar la enfermedad.

Un informe emitido desde el Ministerio de Gobierno precisa que, de los 103 privados de libertad aislados, 50 se encuentran en la denominada Casa Blanca, 33 están en la Guardería y 20 en el Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP).

Al margen de ellos, 18 reclusos que estaban hospitalizados por coronavirus obtuvieron su alta respectiva. Hay cerca de 70 pruebas de laboratorio que están en curso para definir si es que hay más reos que estén infectados por el virus.

El penal de Palmasola, el más poblado del país, es el único recinto penitenciario del país que tiene reclusos que padecen COVID-19.

En esa cárcel cruceña, todos los policías, personal administrativo, bolsas y paquetes, antes de ingresar son fumigados, paralelamente se realiza el desinfectado de todos los pabellones y ambientes, se informa desde el Ministerio de Gobierno.

Hasta ahora seis internos del penal de Palmasola fallecieron desde hace tres semanas. Se confirmó que tres de ellos perdieron la vida por causa del coronavirus. Aún falta establecer la causa de los otros tres decesos.

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Comisión del Senado vuelve a postergar análisis del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres

La asambleísta Sonia Chiri afirmó que el tema es complejo. Hay sectores que hicieron llegar sus observaciones a la Comisión de Planificación y Finanzas, las mismas que son analizadas

/ 22 de mayo de 2020 / 16:30

El tratamiento del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres se complica en la Asamblea. La Comisión de Planificación y Finanzas del Senado postergó de nuevo el tratamiento de esta norma, esta vez hasta la próxima semana, luego de que esta instancia recibió cartas de sectores que emitieron sus observaciones a la normativa, informó este viernes la senadora Sonia Chiri.

El proyecto de ley fue aprobado a fines de abril por la Cámara de Diputados y ordena principalmente la condonación del 50% de los alquileres, entre el 15 de marzo y el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, siendo que el restante 50% sea reprogramado en cuotas amortizables. Este beneficio deberá llegar a aquellas personas que no tengan un sueldo fijo del sector público o privado.

Chiri, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que el proyecto de ley es complejo, debido a que tiene que ver con contratos privados, el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con autonomías. Por ese motivo ya se suspendió su tratamiento en dos oportunidades, el lunes y martes de esta semana.

La asambleaísta prevé que este tema podrá ser tratado hasta el viernes de la próxima semana, con la emisión de su respectivo informe.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la norma fue rechazada por representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de La Paz (Aprobin), por considerar que vulnera la Constitución Política del Estado y por “ser un robo”.

“Si una normativa no funciona de nada sirve aprobar, debemos aprobarla en la comisión y luego pasará al pleno del Senado para que allí también lo analicen”, sostuvo Chiri.

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Ascensos: Senado resta validez a documento entregado por las FFAA, espera propuesta del Ejecutivo

Eva Copa dice que la documentación presentada por el general Orellana será remitida a la Comisión de Defensa

/ 21 de mayo de 2020 / 23:56

Para la Cámara de Senadores no tiene validez el documento con las modificaciones a la nómina de ascensos de generales y vicealmirantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) que fue entregado, este jueves, por su comandante en jefe, Sergio Orellana. La instancia legislativa informó que esperará que el Ejecutivo remita el documento con las enmiendas.

“La nota que ha llegado hoy a nuestro despacho, (dejado por Orellana), será remitida a la comisión (de Defensa), como corresponde, pero seguiremos esperando la nota del Ejecutivo para que esto (ascensos en las FFAA) pueda ser tratado”, indicó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, en una conferencia de prensa.

Cerca del mediodía, el Comandante en Jefe de las FFAA, vestido con traje de campaña (camuflado), se presentó en la Asamblea Legislativa para entregar el documento con las «subsanaciones» a las observaciones realizadas por la Cámara Alta a la nómina de asensos. Allí conminó al Senado ratificar la propuesta en el lapso de una semana, de lo contrario que se regirán conforme a su normativa y darán curso a los ascensos.

Al respecto, Copa calificó la visita de Orellana como sorpresiva porque no había ninguna coordinación previa, “esperamos que esto no vuelva a pasar, pues tiene que haber una coordinación para que ellos hagan su ingreso a la Asamblea y respetar la independencia de las instituciones como corresponde”.

Citó el artículo 172, numeral 19, de la Constitución Política del Estado que establece que los asensos pueden ser propuestos únicamente por la presidenta o presidente del país y no así por algún miembro de las FFAA. Que según el artículo 160, numeral 8 de la Carta Magna, son atribuciones del Senado ratificar los ascensos a propuesta del Ejecutivo; y que de acuerdo con el artículo 168, inciso c, del reglamento del Senado, el pleno puede ratificar los ascensos o devolver los antecedentes al Ejecutivo para que cumpla o subsane las sugerencias.

Sostuvo que se cumplió con la normativa y que se seguirá en la misma línea, por lo que la Cámara Alta no trabajará bajo presión o ultimátums.

En una  entrevista con Bolivia TV, , Orellana afirmó que no tenía conocimiento de que se debía pedir permiso para ingresar a una institución pública, “nosotros solo hemos ingresado para dejar una correspondencia, el uniforme es el que habitualmente usamos, cualquier otra aseveración carece de fundamento”.

Esta situación fue criticada por el expresidente Evo Morales, quien, a través de su cuenta de Twitter calificó como “inédito y altamente preocupante” el hecho y que Orellana haya conminado a la Asamblea Legislativa a que ratifique en una semana el ascenso a generales y vicealmirantes de las FFAA. “Es inédito y altamente preocupante que un comandante en jefe de las FFAA se presente, en uniforme de campaña, para imponer plazos a la Asamblea Legislativa, incluso sobrepasando autoridad del Órgano Ejecutivo; y luego declare a la prensa congregada en Plaza Murillo”, escribió.

La acción de jefes militares también fue criticada por el expresidente Eduardo Rodríguez. «Inaceptable intolerancia, una muestra más de la necesidad de abrir diálogos sin exclusiones ni cálculos electorales para avanzar en la transformación del Estado frente a las crisis», escribió.

El viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, informó a radio Panamericana, que una vez recibida las observaciones a los ascensos de parte del Senado, se remitió al Ministerio de Defensa para que las FFAA subsanen las mismas; y este jueves, ya se presentaron a la Cámara Alta, “ahora estamos a la espera de que sesionen y puedan ratificar la nómina”.

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La Asamblea creará comisiones para investigar irregularidades en empresas estatales y compra de respiradores

La sesión fue convocada para las 09.00. El expresidente Evo Morales pidió el fin de semana formar una comisión mixta de asambleístas para indagar irregularidades en empresas públicas

/ 21 de mayo de 2020 / 21:25

La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a sesionar este viernes con el objetivo de conformar dos comisiones especiales mixtas para investigar manejos irregulares de empresas públicas del nivel central del Estado y el presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores artificiales por parte del Ministerio de Salud.

La vigésima quinta sesión de la Asamblea fue convocada para las 09.00 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

La intención de crear las comisiones de asambleístas para la labor de fiscalización coincide con el pedido que hizo el expresidente Evo Morales el 17 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, cuando escribió: “es responsabilidad de la Asamblea Legislativa conformar Comisión Mixta para investigar, al menos, 35 casos de corrupción del gobierno de facto en 6 meses de gestión, según reporta la prensa, sobre todo en casos de YPFB, ENTEL y BOA, empresas estratégicas que van a la quiebra”.

El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata (UD), dijo que solicitará ser parte de la comisión especial que investigará la compra irregular de 170 respiradores, acción de presunta corrupción que criticó duramente.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los 170 respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Además, en los últimos meses se denunció hechos de corrupción que habrían protagonizado Elio Montes, ahora exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), y Herland Soliz, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

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Vicepresidente del Senado advierte que la Asamblea no autorizó crédito del BID para compra de respiradores

Omar Aguilar pidió un informe escrito al Ejecutivo. El BID indicó que “redireccionó” recursos por $us 82 millones para la lucha contra el coronavirus. Aguilar indica que se vulneró el artículo 322 de la CPE

/ 21 de mayo de 2020 / 19:05

A la serie de irregularidades que de descubren en la adquisición irregular de 170 respiradores por parte del Ministerio de Salud se suma otra, la Asamblea, según el vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, no aprobó ninguna norma para el uso de un crédito internacional, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la compra de esos equipos.

Por ese motivo, Aguilar, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitó un informe escrito al Órgano Ejecutivo para que explique qué recursos económicos fueron utilizados para la adquisición de dichos equipos.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Aguilar indicó que desde que asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, no se aprobó ningún crédito del BID, por lo que no se explica de dónde salieron los recursos destinados a los respiradores.

No obstante, el 14 de mayo, en una nota de prensa difundida desde el BID, se indica que este organismo “redireccionó, como parte de su estrategia de respuesta rápida frente al COVID-19, recursos por hasta $us 82 millones para provisión de equipamiento médico y adquisición de insumos a utilizar en la lucha contra la pandemia en Bolivia. La adquisición de los respiradores con un costo aproximado de $us 5 millones, se realiza con cargo a dichos recursos”.

Este diario conoció que la “redirección” de recursos citada significa el uso de dinero de anteriores créditos para destinarlos a la emergencia por la pandemia.

Sin embargo, Aguilar cuestionó este “redireccionamiento” porque, según dice, vulnera el artículo 322 de la Constitución Política del Estado que en su numeral I estipula “La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias” y en su numeral II complementa “la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

En una página virtual del BID se indica que en 2019 el Estado boliviano aprobó dos proyectos entre agosto y noviembre, uno por $us 456.062 y el otro de cooperación técnica.

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