Goni y nueve de sus ministros permanecen en al exterior y sin responder a la Justicia por octubre 2003
El 17 de octubre de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió al cargo ante la presión social, decenas de muertos y cientos de heridos de bala por la acción militar-policial. El abogado de las víctimas ve difícil que Estados Unidos viabilice la extradición del expresidente
Un viernes como hoy, hace 11 años, el presidente Gonzalo ‘Goni’ Sánchez de Lozada ya lleva sobre su espalda decenas de muertos y su permanencia en el poder es insostenible. Las calles están atestadas de protestas encolerizadas por las bajas debido a la acción militar que al final no logró contener la presión social que acabó con la dimisión de quien poco antes asumió su segundo mandato. Nueve de sus ministros huyeron y permanecen en silencio ante lo ocurrido.
Envió su carta de dimisión al exCongreso cuando huía de Bolivia rumbo a Estados Unidos, donde el empresario minero pasó gran parte de su vida, al punto de tener la nacionalidad estadounidense. Intentó sin resultados, en las últimas horas de su mandato, permanecer en el poder aceptando la demanda de convocar a una Asamblea Constituyente y dejar de lado cualquier proyecto de venta de gas al país del norte vía Chile.
Más de 60 muertos y un número mayor a 400 heridos de bala dejó la revuelta social que representó un cambio en Bolivia. Asumió la presidencia el vicepresidente Carlos Mesa, quien meses después renunció al cargo por los conflictos sociales que lo agobiaban. Dimitieron a la sucesión constitucional los presidentes del Senado Hormando Vaca Diez y Mario Cossio, y habilitaron asuma el mando de Bolivia el presidente de la Corte Supremo de Justicia Eduardo Rodríguez, quien convocó a elecciones generales que ganó el hoy presidente Evo Morales, con más del 50% de la preferencia electoral.
El gabinete de 2003 estaba conformado por 15 ministros, quienes fueron acusados por delitos como genocidio, aunque los ministros Javier Comboni; Saavedra Bruno y José Guillermo Justiniano, quien falleció en 2007, no encararon procesos porque no firmaron el decreto que disponía la movilización de tropas militares en El Alto.
En Perú estarían los ministros Javier Torres Goitia; Mirtha Quevedo; Dante Pinto, y Jorge Torres, mientras que en España Hugo Carvajal, de quien se conoce es propietario de un restaurante. Sobre Carlos Morales, quien fuera de Servicios y Obras Públicas, se desconoce su paradero. En junio de 2011, perdió la vida Yerko Kukoc.
Sánchez de Lozada, junto a sus ministros Carlos Sánchez Berzaín Jorge Berindoague, permanece en Estados Unidos. Bolivia tramita la extradición de las tres exautoridades en un segundo intento, ya que la primera solicitud fue rechazada por el Departamento de Estado de EEUU con el argumento de que algunos de los delitos por los que se los acusa no están en su legislación. Guido Añez también estaría en el país del norte.
El abogado del Comité Impulsor del Juicio a Goni, Rogelio Mayta, admitió que “es remota” la posibilidad de que el expresidente retorna para sumir defensa por los hechos de 2003. Existe “una determinación política” del Gobierno de Washington para proteger a la exautoridad, que asumió el cargo el 6 de agosto de 2002 y renunció el 17 de octubre de 2003.
Sánchez de Lozada ordenó la salida de los militares para enfrentar una revuelta social en las ciudades de El Alto y La Paz.
Elena Cullawa, presidenta de la Asociación de Heridos de Octubre 2003 (Ashoc), recordó que de los 400 heridos al menos 15 fallecieron entre principios de 2004 y 2014. Otros migraron al interior para olvidar lo sucedido.
“Yo logró comunicarme con mis compañeros a través del celular, tengo sus números y los requiero siempre que hay reuniones de emergencia”, explicó la dirigente que recuerda que muchos niños quedaron huérfanos a raíz de la violenta intervención policial y militares.
En agosto de 2011, la exCorte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a dos exministros de Sánchez de Lozada y a cinco exmiembros del alto mando militar a penas de entre tres y cinco años de cárcel.
El 9 de noviembre de 2013, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida abrió la posibilidad de instaurar un juicio civil a Sánchez de Lozada como resultado de una demanda presentada por Eloy Rojas Madani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años murió en el dormitorio víctima de un disparo que penetró por la ventana del dormitorio.
Mayta recordó que varios corresponsables políticos de la masacre de octubre huyeron a distintos países y que para buscarlos, detenerlos y traerlos a Bolivia se emitieron órdenes de captura internacional a la Policía Internacional (Interpol), sin resultados. Solo los ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara asumieron defensa, mientras que ocho huyeron de Bolivia.
“Lastimosamente esas órdenes no han podido ser cumplidas. En el caso de los exministros de Estado que están en el Perú se les otorgó asilo político, y en el caso de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, esa orden no ha sido efectivizada, prácticamente por la protección que les ha brinda el Gobierno de los Estados Unidos desde octubre de 2003”, recordó.
El 10 de julio, el Gobierno presentó el segundo exhortó de extradición de Goni y dos de sus exministros. Fernando Díaz, de la Fiscalía General de Bolivia, explicó a la agencia EFE en esa ocasión que la traducción del exhortó y las gestiones le costó al Estado un millón de bolivianos.
En protesta por los 11 años de impunidad, la Ashoc se movilizará hoy en la ciudad de El Alto, junto a representantes de los 10 distritos alteños. La protesta se centrará en inmediaciones del peaje de la Autopista que une la urbe alteña con el centro de La Paz.
En el juicio de responsabilidades instaurado, fueron condenados los exjefes militares Roberto Claros y Juan Veliz Herrera a 15 años y seis meses de reclusión; el general José Quiroga y el almirante Luis Alberto Aranda a 11 años de presidio y el general Gonzalo Mercado a 10 años de cárcel.
