Los fiscales de La Paz son los más denunciados en el país
Procesos. La mayoría de las causas se da por incumplimiento de plazos
La Paz se constituye en el departamento que registra el mayor número de procesos disciplinarios abiertos en contra de la actuación de fiscales, con el 58,5% de los casos, que en cifras absolutas representan 496 de los 848 denunciados en el país. Similar comportamiento elevado se presenta en el caso de las autoridades del Ministerio Público que fueron destituidos, ya que alcanza a 14 (el 70%) de los 20 retirados en lo que va del año.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que el comportamiento observado en La Paz se da al menos por tres factores. El primero, señaló, por ser el departamento que tiene mayor cantidad de fiscales, con relación a las demás regiones del país. Segundo, añadió, porque es el distrito con mayor número de procesos; y, tercero, por la cantidad de población que, en este caso, se suman en las ciudades de La Paz y El Alto.
Procesos. Al margen de esas causas, Guerrero identificó a otro elemento que influye en la elevada demanda en contra de fiscales y que está ligada a la naturaleza de los procesos. Sostuvo que en La Paz, al ser sede de gobierno, se presentan más casos que están vinculados con la administración del Estado y, además, destacó que se debe tomar en cuenta que los fiscales atienden las zonas Central y Sud de la hoyada y El Alto.
De acuerdo con los datos difundidos por el director nacional de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, en La Paz se registraron un total de 496 causas en lo que va del año; de ellas, 215 se encuentran en trámite y 205 han sido concluidas. Además, 15 fiscales han recibido una multa económica, 14 han sido destituidos y 47 fueron absueltos.
En total, la citada dirección ha recibido 848 procesos de todo el país, de los cuales 377 se encuentran en la fase de trámites, 323 concluidos, 29 recibieron una multa económica, 20 fiscales destituidos, uno suspendido y 98 procesos fueron declarados absueltos.
Según el director nacional de Régimen Disciplinario del Ministerio Público, Guido Claure, las faltas disciplinarias más comunes en las que incurren los fiscales son el incumplimiento a plazos dentro de una investigación o un proceso judicial, establecidos en las normas vigentes, y la desobediencia a instrucciones emitidas por autoridades superiores.
Claure dijo que en algunos casos, dependiendo de su importancia, otros procesos pasan a la Justicia Ordinaria. Hasta la fecha, de acuerdo con Claure, se enviaron a tres fiscales al Ministerio Público para ser investigados, dos de La Paz y uno de Cochabamba, por delitos como el cohecho.
Evaluación. Guerrero dijo que esos datos demuestran la lucha que se desplegó para erradicar la corrupción en el Ministerio Público, aspecto que fue destacado cuando hizo la evaluación de sus dos años de trabajo, el jueves. “En estos dos años de gestión, lo que hemos hecho es una reflexión de cuánto hemos avanzado y qué tareas tenemos todavía pendientes por realizar, somos conscientes de que la justicia está atravesando un difícil momento, está en una profunda crisis, pero también asumimos ese reto y compromiso de trabajar por un nuevo Ministerio Público, por una nueva justicia que está esperando el pueblo, ese es nuestro compromiso”, manifestó la autoridad.
El 23 de julio, Guerrero recibió de manos de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, un fólder con documentos que contenían denuncias en contra de fiscales que recolectó desde 2007. La autoridad gubernamental señaló que las irregularidades dadas a conocer eran por incumplimiento de deberes, en su mayoría.
“Hemos hecho aquí una carpeta, departamento por departamento, de todas las denuncias que tenemos contra los fiscales con nombres, con casos, con temas muy puntuales, y quiero entregarle esta carpeta para que usted tome las acciones necesarias”, le dijo Suxo a Guerrero, cuando representantes del Ministerio Público sostenían un encuentro internacional en la ciudad de Cochabamba. El Fiscal General, en esa ocasión, anunció “ajustes”.
Ministerio Público y procesos
Carga
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que hasta diciembre de 2013 lograron resolver 87.000 casos de los 160.000 que estaban pendientes desde 2005, una carga procesal que la calificó de “herencia” del anterior Poder Judicial.
Comisiones
Para dar seguimiento al avance en la atención de los juicios pendientes, el Fiscal General designó comisiones de su despacho con el objetivo de que verifiquen el trabajo que se realiza en los ministerios públicos departamentales.
Personal de apoyo judicial, el más procesado
Los procesos disciplinarios abiertos por el Consejo de la Magistratura en contra de funcionarios tribunales de justicia establecen que el mayor número de amonestados, multados, suspendidos y destituidos de sus cargos es el personal de apoyo jurisdiccional, con un total de 280, frente a 227 casos de jueces y a 13 vocales, aunque los dos últimos tienen en su contra juicios penales.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, tomados en el periodo de junio de 2012 a octubre de 2014, nueve vocales fueron amonestados, uno suspendido y tres destituidos. Con referencia a los jueces, tomando en cuenta el mismo periodo, 44 fueron amonestados, 65 multados, 109 suspendidos y nueve resultaron destituidos del Órgano Judicial.
En contraposición, según los mismos datos estadísticos, esas cifras suben cuando dan cuenta del personal de apoyo jurisdiccional. Durante ese mismo periodo de tiempo, amonestaron a 97 personas, multaron a 65, suspendieron a 109 y retiraron de sus cargos a nueve funcionarios. Respecto a los funcionarios administrativos, diez fueron amonestados.
En total, 438 servidores judiciales fueron sancionados; de ellos, 160 con una amonestación, 90 con una multa, 170 con su suspensión y 18 con la destitución, entre vocales, jueces, personal de apoyo jurisdiccional y administrativo.
En cuanto a procesos penales seguidos por el Consejo de la Magistratura en contra de servidores jurisdiccionales y administrativos, se establece que en el país 209 jueces, 41 vocales, 48 funcionarios de apoyo jurisdiccional y 23 administrativos han sido denunciados penalmente por supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones.
