Con el objetivo de priorizar las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se propuso la opción de buscar la anulación de las elecciones primarias, prevista para agosto o septiembre de este año.

“Aún no se ha debatido (el proyecto de ley), vamos a analizar precisamente con nuestra Dirección Jurídica los alcances del artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral, que establece que no se podrán ejecutar dos calendarios electorales que se superpongan”, informó este jueves en la red Unitel Francisco Vargas, vicepresidente del TSE.

Debido a que el martes un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando dejó como inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, existe la posibilidad de que con una nueva ley y una nueva convocatoria las judiciales coincidan con las elecciones primarias.

En ese caso, se presume una sobreposición de elecciones y no se podrían realizar las judiciales.

“Sin embargo, hay un elemento que se debe analizar, esto corresponde a procesos electorales convocados por ley. Tanto la elección judicial como la elección primaria van a ser convocados por el TSE; en sesión de Sala Plena lo analizaremos”, explicó Vargas en relación a una posible modificación o interpretación del artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral.

Propuesta

Hace dos semanas, el vocal Tahuichi Tahuichi presentó un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias. Así, los binomios de los partidos se presentarían directamente a las elecciones generales de 2025.

El miércoles, conocido el fallo a favor de la acción popular que deja inaplicable la Ley 1549, Tahuichi indicó a La Razón que ahora con más contundencia se debe insistir en la suspensión de primarias y priorizar las judiciales.

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“En el marco de la atribución vinculada a la legislación, vamos a ver la pertinencia o no de remitir dicho proyecto de manera institucional a la Asamblea Legislativa”, informó Vargas.

Sin embargo, recordó la obligación que tienen las organizaciones políticas de elegir mediante un congreso los binomios presidenciales.

Calendario electoral

Vargas afirmó que se analizará todo el calendario electoral, no solo respecto de 2024, sino planificar con tiempo las actividades electorales hasta 2026. 

“Es en la elección del año 2025 en la que el Órgano Electoral va a tener que centrar toda su capacidad técnica. Para garantizar que las bolivianos y bolivianos acudamos a votar en elecciones limpias, justas y transparentes”, explicó.

Vargas enfatizó en “la voluntad, la predisposición y la capacidad técnica” del TSE para llevar a cabo las elecciones judiciales. Sin embargo, indicó que sin una lista de candidatos preseleccionados no pueden continuar con el proceso.

La Asamblea Legislativa tenía 80 días para aprobar la lista de 192 postulantes y enviarla al TSE. Una vez conocidos los postulantes, el TSE tiene un plazo de 150 días para organizar el proceso electoral.

Desahuciado todo el proceso para las elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, lamentó este hecho y advirtió que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se está convirtiendo en un “suprapoder” estatal.

Además, responsabilizó al Órgano Ejecutivo del desfase de las elecciones judiciales que, en su criterio, están en riesgo de no consolidarse este año.

“A partir de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional y las salas se está constituyendo convirtiendo en un suprapoder por encima de los órganos de Estado. Eso es algo que puede generar una total erosión de la institucionalidad en nuestro país”, criticó el miércoles en conferencia de prensa.

Acción popular

El martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando atendió una acción popular presentada por la postulante inhabilitada Yeni Duri. Dejó de esta manera sin efecto todo el proceso que se había realizado. Los postulantes se encontraban en la recta final: evaluaciones orales y escritas.

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A diferencia de un amparo constitucional, que enfatiza en una violación a los derechos del postulante, una acción popular observa la propia ley, en este caso, la 1549, de Elecciones Judiciales, lo que la deja inaplicable y se debe promulgar una nueva.

En el caso de la acción presentada en Pando, se argumentó que los derechos de las mujeres indígena originario campesinas no se contemplaban en la ley y no tenían igualdad de condiciones con las postulantes de otros departamentos.

“Lamentamos que la Justicia esté tomando decisiones políticas y muy dirigidas. Lamentamos este accionar que no es de hoy”, cuestionó Rodríguez.

“Hemos hecho los máximos esfuerzos para que se lleven las elecciones judiciales, pero otros parlamentarios y otros órganos como el Ejecutivo, y por supuesto el Órgano Judicial, han hecho esfuerzos para que no se lleve las elecciones judiciales y eso es muy evidente”, apuntó.

Apenas se conoció la resolución de la sala del Tribunal de Justicia en Pando la oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron un “golpe” al Legislativo y criticaron ampliamente esta decisión. Otros apuntaron directamente al ministro de Justicia, Iván Lima, como principal responsable.

Reuniones

“Vamos a tener reuniones con las comisiones y veremos alguna vía o posibilidad. Si todavía tenemos tiempo, plazos, dependiendo qué disposición pondrá el Órgano Electoral (…), ya no hay mucho tiempo lamentablemente”, informó Rodríguez.

Paralelamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) analiza sus propios mecanismos para responder a las elecciones judiciales. Entre el 6 y 7 de mayo debería recibir la lista de 192 postulantes preseleccionados por la Asamblea Legislativa.

El calendario ya quedó desfasado. Emitir una nueva ley e iniciar todo el proceso de nuevo provocaría que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para agosto o septiembre.

El artículo 87 de la Ley de Régimen Electoral establece: “El Órgano Electoral Plurinacional no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato convocados por Ley”.

Entonces, el TSE se plantea la posibilidad de suspender las elecciones primarias con el objetivo de priorizar las judiciales. El vocal Tahuichi Tahuichi presentó ese proyecto hace dos semanas y lo reafirmó el miércoles a La Razón.

“Un cirujano no puede operar al mismo tiempo a dos pacientes; tal vez sí se pueda, pero es bien difícil”, ejemplificó. El TSE aún debe analizar en el pleno la viabilidad del proyecto de ley del vocal Tahuichi.

El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez anunció que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa analizarán los alcances de la resolución que ponen en foja cero las elecciones judiciales.

El martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán. La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

En entrevista con La Razón Radio, el senador Gutiérrez dijo que, “de manera inmediata”, las comisiones tendrán que tomar una decisión sobre la resolución y someterla al Pleno de la Asamblea Legislativa.

“Tenemos que garantizar las elecciones judiciales”, añadió el legislador.

Reiteró que la ejecución de las elecciones judiciales es un mandato de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, cuya norma responde a un acuerdo multipartidario firmado el 2 de febrero entre representantes del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. “Esto se tiene que cumplir”.

Lamentó que varios postulantes hayan acudido a la Justicia, lo que derivó en la paralización de comicios judiciales. Admitió que, si bien la Justicia pudo aceptar los amparos, no debió paralizar el proceso con medidas cautelares. 

“Los jueces deberían admitir, pero no suspender las labores de la Asamblea, ahí se extralimitaron. Rechazamos y de mostramos que los postulantes incumplieron con los requisitos”, argumentó.

Al ser consultado sobre que la Justicia somete al Órgano Legislativo, afirmó que “no hay sometimiento de carácter político a ninguna instancia”. Además, aseguró que la Asamblea garantizó la doble instancia de impugnaciones en el proceso de preselección de candidatos.

“Las resoluciones son factores ajenos a la Asamblea. Ningún legislador observó el proceso. Los actores que acudieron a la Justicia (fueron) los postulantes que forman parte de la convocatoria”, dijo.

No obstante, admitió que la Asamblea no tuvo eficacia en el último año debido a la falta de consensos en las bancadas de las tres fuerzas políticas. “Desde la tercera gestión hay una debilidad por las divisiones internas del oficialismo y oposición”, comentó.

Aseguró que antes las dificultades se resolvían fácilmente, pero los problemas comenzaron luego de la elección al Defensor del Pueblo. “Nos costó sacar adelante la elección del Defensor, pero ahí recibimos el apoyo institucional”.

“No ocurre ahora porque hay peleas, intereses, factores políticos y la temprana electrolización ha ganado terreno”, lamentó.

Las elecciones judiciales están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y se conocía la ausencia de mujeres e indígenas.

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Pese a no contar con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la facción arcista de del Movimiento Al Socialismo (MAS) insiste en que “sí o sí” inaugurará su congreso este viernes en El Alto. La inauguración será en puertas del Polideportivo “Héroes de Octubre”, en la avenida Juan Pablo Segundo.

En entrevista con La Razón Radio, Milán Berna, de la Comisión Política del Pacto de Unidad, explicó que luego de la inauguración se conformarán las comisiones de poderes y el presídium para abordar temas legales y jurídicos.

Se prevé presentar a la nueva directiva del MAS el 5 de mayo, plazo fatal establecido por el TSE. “Tenemos un equipo legal que hará seguimiento”, afirmó Berna.

Exhortó al TSE, a través de una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), a supervisar y acompañar el congreso convocado por las organizaciones sociales afines al presidente Luis Arce.

“Si el TSE desconoce estas actividades, estaría (incurriendo) en actos de irresponsabilidad contra miles de personas militantes y organizaciones sociales legalmente constituidas”, advirtió el dirigente.

Asimismo, anunció que agotarán todas las instancias, entre ellas, la jurídica administrativa, para “dar derecho” y decidir sobre el acompañamiento del TSE.

Ratificó que se presentó la documentación con los respaldos correspondientes ante el TSE para que la instancia avale las decisiones del encuentro. “El TSE ya tiene conocimiento de los aspectos legales. No nos puede, debe respeta la democracia interna”.

La Secretaría de Cámara del TSE archivó la solicitud de acompañamiento al congreso debido a que, tanto la facción arcista y evista, incumplen con el artículo 13 del estatuto orgánico del partido.

Dicha norma establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

Sin embargo, en criterio de Berna, su facción cumplió con el artículo, debido a que presentó la convocatoria firmada por algunos miembros de la dirección nacional y en consenso con las organizaciones matrices: confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

“Esta convocatoria es (realizada) por la dirección nacional, por la Comisión Orgánica y otros cuatro miembros en consenso con las organizaciones matrices en el plazo establecido. La expresión mayoritaria está”, añadió.

Recordó que, en cuatro ocasiones, enviaron notas y cartas de invitación al jefe del MAS y expresidente Evo Morales para que firme la convocatoria y participe del encuentro; no obstante, el Pacto de Unidad no obtuvo respuesta.

“Se ha cerrado en sus caprichos y ha hecho caso omiso a esta invitación”, dijo.

El miércoles, el TSE rechazó su supervisión al congreso arcista una vez más. La Sala Plena basó su decisión en un informe de la Secretaría de Cámara, que hizo cuatro observaciones a la convocatoria, entre ellas que la solicitud no fue presentada ante el TSE por los delegados políticos de ese partido acreditados por el Órgano Electoral.

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Debido a los plazos y recursos que arriesgan el desarrollo de las elecciones judiciales este año, existe riesgo de que dichos comicios colisionen con las primarias, según advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi.

“Queda desfasado (el proceso) y ahora existe grave riesgo de que no se pueda realizar elecciones judiciales porque se van a sobreponer dos procesos electorales; por un lado, las elecciones primarias y, por otro, las elecciones judiciales, si es que éstas prosiguen”, explicó ayer a La Razón.

“Y eso es difícil en lo técnico”, insistió el vocal del TSE.

El martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Cobija anuló el proceso de preselección de postulantes y dejó en fojas cero la convocatoria a elecciones judiciales. Atendió la acción popular de la dirigente indígena Yeni Duri, que cuestionó la ausencia de postulantes mujeres e indígenas.

“Se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (de Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, explicó a medios locales la vocal Celsa Salazar Rodas, que firmó el fallo junto con su colega Jorge Luis Sotelo Beltrán.

“Este riesgo siempre estuvo latente”, afirmó Tahuichi, que expuso los mismos motivos que, en su criterio, no consideró una de las dos comisiones de la Asamblea Legislativa.

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Elecciones

Según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el plazo de preselección de postulantes debía terminar el 5 de mayo, considerando los 80 días calendario fijados para el trabajo legislativo. Dos días después, debía entregar la lista de 192 postulantes al TSE que, de paso, tiene 150 días para organizar los comicios.

Con esos plazos, se preveía elecciones judiciales para mediados de septiembre. Además, el TSE sopesaba la posibilidad de convocar a elecciones primarias —para que las organizaciones políticas elijan su binomio para la votación presidencial de 2025— en agosto o septiembre.

“Un cirujano no puede operar al mismo tiempo a dos pacientes; tal vez sí se pueda, pero es bien difícil”, alertó Tahuichi.

Hace dos semanas, el vocal propuso la anulación de las elecciones primarias, en razón de que, en su criterio, era un gasto insulso. Recordó que, en 2019, el Estado erogó Bs 29 millones para el proceso, cuando solo había un solo binomio en juego, el del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ayer, en una opinión “personalísima”, puso a colación la propuesta a propósito del vencimiento de los plazos para las elecciones judiciales.

Proyecto

“Se puede, ahora sí con mayor contundencia, atender esa sugerencia, esa idea, ese proyecto de ley: anular las elecciones primarias”, afirmó.

“Si se anulara, daría lugar a que tengamos un tiempo suficiente; nos olvidamos de las primarias este año y tengamos tiempo y espacio para poder cumplir con las elecciones judiciales”, explicó Tahuichi.

En su criterio, las fuerzas políticas tendrían que presentarse “directamente” en abril de 2024 para las elecciones generales y, con la anulación de las primarias, se distenderían las tensiones.