Bolivia informa ante CIDH avances en reparación de derechos a víctimas de las dictaduras
a Ministra de Justicia remarcó que en 2014, el Ministerio Público, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), exhumaron restos de personas del mausoleo de ASOFAMD.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, defendió este jueves en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), los avances del Estado boliviano en la reparación de los derechos a las víctimas de las dictaduras.
Informó que uno de los aspectos relevantes en ese trabajo fue la creación del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF), que tiene como atribución realizar un seguimiento a las decisiones de la CIDH o de otros organismos internacionales en el que el Estado boliviano sea parte, y procesar información para buscar y descubrir restos de personas «víctimas de desaparición forzada».
«El Ministerio de Justicia, en calidad de Presidencia del CIEDEF, resalta la predisposición del Estado Plurinacional de Bolivia de continuar con la labor de esclarecimiento y reparación de los hechos acontecidos, a favor de las víctimas de violencia política», explicó Velasco desde Washington.
Informó que en esa audiencia, estuvieron también el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary; y el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho.
La Ministra de Justicia remarcó que en 2014, el Ministerio Público, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), exhumaron restos de personas del mausoleo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) y se convocó a familiares de personas desaparecidas en los años 1964 a 1982 para la toma de muestras y posterior análisis de comparación con los restos que se encuentran bajo su custodia.
Informó también que se realizó la prospección arqueológica en distintos lugares del país, desde 2011, para encontrar restos óseos de víctimas de las dictaduras y en 2013 se suscribió un acuerdo interinstitucional con la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas (UMSA-IIAA), para desarrollar acciones conjuntas para la coordinación, organización y ejecución de investigaciones y recuperación de restos de personas desaparecidas, mediante excavaciones especializadas, análisis e identificación en Antropológica Forense.
Por otra parte, Velasco informó que el CIEDEF solicitó a la Fiscalía General del Estado la constitución de cuatro grupos de investigación para el esclarecimiento de víctimas de desapariciones forzadas ocurridas entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.
«De la misma forma, el Ministerio de Justicia remitió a la Fiscalía General del Estado el documento sobre la situación de los detenidos y desaparecidos en Bolivia 1964 a 1982, que contiene información que podría contribuir a la ubicación de restos de personas desaparecidas durante esos años para la investigación y esclarecimiento de los casos», añadió, citado en un boletín institucional.
Velasco explicó que en las gestiones 2012 y 2013, el Ministerio de Justicia trabajó de manera conjunta el Anteproyecto de Ley de «Comisión de la Verdad», que en julio de 2013 fue remitido al Ministerio de la Presidencia.
Agregó que la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley y dijo que actualmente el documento se encuentra en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, por tanto, solicitó conformar una Mesa Técnica y la reposición del documento.
Informó también que la Ley 2640, del 11 de marzo de 2004, estableció el procedimiento para el resarcimiento a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, por los hechos resarcibles de: detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificada, muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada y persecución por razones político sindicales.
«Se ha concluido el proceso de calificación de resarcimiento a víctimas de violencia política, conforme el procedimiento establecido en la Ley 2640 y sus Decretos Supremos Reglamentarios; asimismo, se dio cumplimiento a la Ley 238 de 30 de abril de 2012, de asignación de recursos y al Decreto Supremo 1211 de 1 de mayo de 2012, de aprobación de listado de beneficiarios, dando como resultado el número de 1.714 resoluciones que los declaran víctimas de violencia política», complementó.
Respecto al pago de resarcimiento, aseguró que a través de la Ley 238, de 30 de abril de 2012, se autorizó al Tesoro General del Estado el desembolso del 20% correspondiente a 3,6 millones de dólares destinados al pago único y definitivo, del monto total del resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política, que fueron comprometidos por el Estado boliviano.
