Cada quien por su lado, la Asamblea Legislativa se encuentra atada de manos para reencauzar las elecciones judiciales, cuyo proceso está suspendido desde hace 44 días. A la vista, no hay iniciativa viable y las posiciones políticas se hallan parapetadas.

Cuando se preveía la continuidad del proceso de preselección de postulantes en su fase de evaluación oral y escrita como consecuencia de la Sentencia Constitucional 0191/2024-S2, del 23 de mayo, las tensiones y desacuerdos siguen latentes entre, especialmente, las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Esa sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a instancias de la presidencia de la Asamblea Legislativa, revocó la resolución 004/2024 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando, que dejó en fojas cero el proceso de preselección de postulantes y declaró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales. Sin embargo, no otorgó la tutela del proceso a los legisladores recurrentes.

Con este miércoles, el proceso de preselección de postulantes se encuentra paralizado 44 días.

El 16 de abril, a solicitud de la abogada Margarita Medrano, que resultó inhabilitada como postulante a las elecciones, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz dispuso la suspensión de las tareas de las comisiones de Constitución y Justicia Plural. Y el 30 de abril, a instancias de la abogada Yeny Dury, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando frenó el proceso.

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Asamblea

A una semana de la última sentencia del TCP, no hay forma cómo se reencauce el proceso de evaluación oral y escrita de los postulantes, fase en la que había quedado suspendido.

La mañana de ayer, en la transmisión digital La Razón Radio, la senadora de Chuquisaca Silvia Salame consideró que, si bien la sentencia del TCP es “solo una opinión” de magistrados “autoprorrogados” de la que hay que hacer “abstracción”, las comisiones mixtas deberían continuar con su trabajo desde la fase que fue suspendida. “Al impedido por causa justa, no le corresponde término”.

Similar criterio expresó la semana pasada en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado. Esos días de suspensión del proceso “es tiempo muerto”, afirmó.

Sin embargo, Salame sugirió la aprobación, en la Asamblea Legislativa, de una resolución de interpretación de la Ley 1539 para reencaminar el proceso. Desahució cualquier posibilidad de que las comisiones puedan tomar una decisión por su cuenta.

El sábado, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador evista Roberto Padilla, negó la posibilidad de continuar con la fase de preselección pendiente. Afirmó que, ante los plazos vencidos el 5 de mayo, la Asamblea Legislativa perdió competencia sobre los comicios.

Parálisis

Ante el estado de parálisis legislativo sobre las elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, demandó ayer la reanudación del trabajo de comisiones.

Similar posición fue expresada el lunes por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.

En respuesta, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador evista Miguel Rejas, instó ayer a Choquehuanca a convocar a sesión bicameral.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos”, afirmó.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, propuso el lunes un “diálogo judicial” bicameral y tripartidario. Como Salame, consideró que la última sentencia del TCP “no tiene efecto jurídico”.

Pese a que ya se absolvió a Gabriela Zapata del caso en el que presuntamente tuvo un hijo con el expresidente Evo Morales, todavía surge nueva información en relación al caso.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz, el hijo entre Morales y Zapata nació vivo y no existen pruebas de un presunto fallecimiento.

“De las pruebas del Ministerio Publico y de las declaraciones efectuadas por la procesada como medio de defensa, se ha podido establecer que el hijo de Juan Evo Morales Ayma y la imputada ha nacido vivo y ha sido registrado por el propio padre ante el Oficial de Registro Civil, sin que hasta la fecha se haya presentado alguna probanza de que este menor haya fallecido”, señala la sentencia.

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Caso Zapata

El caso inició hace ocho años, en 2016, cuando el periodista cruceño Carlos Valverde denunció la existencia de un hijo no reconocido, pero registrado civilmente, entre Morales y Zapata, quien desempeñaba la función de gerente comercial de la empresa china CAMC.

El hecho despertó polémica y reacciones en la opinión pública. Además, se denunció un tráfico de influencias entre el exmandatario y la empresaria.

Morales admitió públicamente en 2016 que tuvo un hijo con Zapata, pero afirmó que el niño había fallecido. Denunció que se usaba el caso con el objetivo de desacreditarlo. En ese entonces, Morales debía enfrentar el referéndum que determinaría si podía ir a una tercera repostulación o no.

Debido a que Zapata sostenía que esto era falso, se inició un caso en su contra por el delito de trata y tráfico de personas. Durante ocho años se la investigó, a quien se acusó de haber suplantado al hijo que tuvo con Morales.

Las acusaciones señalaban que Zapata pretendía presentar a otro niño ante un juez como el hijo legítimo de Morales.

Además, el documento señala que Zapata declaró que el niño estaba bajo la tutela del expresidente desde su nacimiento; con el argumento de que le haría tratar una enfermedad.

El pasado 30 de abril se absolvió a Zapata del caso, junto a otras 10 personas, y festejó que ‘se hizo justicia’. Esa oportunidad, calificó al caso de ‘armado y político’.

La sentencia determinó que las acusaciones carecían de fundamentos para considerarse válidas y no se logró probar la suplantación de algún menor.

El presidente Luis Arce recibió este martes las cartas credenciales de seis embajadores que iniciarán desde la fecha su misión diplomática ante el Estado Plurinacional de Bolivia.

La ceremonia se desarrolló en el piso 21 de Casa Grande del Pueblo, sede de la presidencia boliviana, y contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa.

Los nuevos diplomáticos que presentaron sus cartas credenciales son; Vishvas Sapkal, embajador de India; Pisanu Sobhon, embajadora de Tailandia; Gustaaf Rasiman, de Surinam; Mateja Kracun, embajadora de Eslovenia; Meshack Kitchen, embajador de la república de Zimbabue; y Faisal Ibraim Ghulam, de Arabia Saudita.

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Ninguno de los nuevos embajadores es residente en Bolivia, todos están bajo la figura de ‘concurridos’.

Ibraim, Kitchen, Rasiman y Ghulam concurren en Brasil, específicamente en la ciudad de Brasilia, capital del país vecino.

Mientras que Sobhon y Sapkal concurren en Lima, Perú.  

Es decir, ninguno de los seis países posee una embajada en territorio boliviano, sino que se ubican en otro país; Brasil y Perú en este caso.

Se espera que, con los nuevos diplomáticos, las relaciones internacionales con estos países puedan verse reforzadas para que, a futuro, los embajadores puedan volverse residentes y de esta manera tener un contacto más próximo con la realidad del Estado Plurinacional.

Sosa felicitó a los seis diplomáticos y deseó que las relaciones sean favorables para todos los pueblos.

«A tiempo de darles una cálida bienvenida al Estado Plurinacional de Bolivia, deseamos que nuestras relaciones con cada país sean estrechas y fructíferas, trabajando por el bien de nuestros pueblos», escribió en sus redes sociales.

Una vez concluido el acto, los embajadores comenzarán a ejercer inmediatamente sus funciones diplomáticas.

El presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, desahució convocar a sesión del pleno para reencaminar el proceso de las judiciales e indicó que la responsabilidad de reanudar y continuar con la preselección de las altas autoridades del Tribunal Constitucional y demás instancias del Órgano Judicial corresponde a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.

Mientras que el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición insistieron en que debe llamar a la sesión por mandato constitucional y le dieron un plazo de 72 horas, para así aprobar una ley interpretativa que permita continuar con el proceso de preselección.

«Responsabilizar al vicepresidente David Choquehuanca como causante de la desinstitucionalización de la Asamblea Legislativa y exigirle que de manera inmediata, en el plazo de 72 horas, a partir de la suscripción del presente, convoque a sesión para que sean considerados por el pleno los informes de conclusiones y recomendaciones de las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución y sea sólo mediante esa instancia legislativa… garantizar la continuidad del proceso de elecciones judiciales 2024», señaló el senador William Torrez (MAS), quien leyó uno de los puntos de las conclusiones del encuentro entre el presidente de la Cámara de Senadores, jefes de bancada y presidentes de las comisiones mixtas.

El presidente del Senado señaló que para continuar con la etapa de evaluación de méritos y la preselección de las elecciones judiciales se necesita de una ley interpretativa aprobada en el pleno de la Asamblea, de lo contrario, por recomendación técnica jurídica de los propios presidentes de ambas comisiones mixtas «esto no puede avanzar».

«Vamos a pedir a los presidentes de ambas comisiones convocar de manera inmediata a la sesión de ambas comisiones para ratificar el informe que ellos ya derivaron al Presidente de la Asamblea. En esa misma línea, prácticamente están fuera de plazos y perdieron competencias para continuar con el tratamiento de las etapas o fases de la preselección», dijo Rodríguez.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, acusó este martes de la crisis de las elecciones judiciales al “extremismo” evista y mesista.

“La oposición que opera en el escenario preelectoral del país magnetiza dos extremos, el extremismo evista y el extremismo mesista. Se sabe que los extremos se necesitan, se apoyan como lo han demostrado en los últimos tiempos (Carlos) Mesa, Evo (Morales) y Andrónico (Rodríguez)”, dijo Choquehuanca en conferencia de prensa.

Indicó que la política del extremismo está desautorizada en el país porque el abuso de los extremistas de renunciar y oír “siguen siendo impunes”. “El extremismo evista y mesista necesita un estado colonial y patriarcal con una democracia piramidal y jerárquica para garantizarse el culto a su personalidad”.

Añadió “sabemos que las causas de los desperfectos del sistema democrático y en ellos los poderes del Estado ha ocasionado el colonialismo y el patriarcado, es aquí que el Gobierno no ha renunciado ni ha huido ante la adversidad y está sanando las heridas del pasado, corrigiendo los errores”.

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La autoridad también indicó que la responsabilidad de reanudar y continuar la preselección de las altas autoridades para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial está en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural y no así la necesidad de convocar a sesión del pleno de la Asamblea para tratar este tema. 

Desde mediados de abril, la preselección en las comisiones mixtas fue paralizada, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.