Tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre para continuar con el proceso de preselección, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, del ala arcista del MAS, señaló que existe toda la predisposición para dar continuidad a las judiciales.

“Nosotros desde el principio habíamos indicado que tienen que proseguir las elecciones judiciales. Sin embargo, creo que ya hay un resultado del TCP, ya la comisión mixta debe analizar y proceder de acuerdo a procedimiento. Eso dejamos (en manos) de las comisiones mixtas para que puedan trabajar en este caso. No podemos quedar indiferentes. Este trabajo tiene que continuar”, remarcó Huaytari.

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Desde mediados de abril, la preselección en las comisiones mixtas fue paralizada, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

A través de un comunicado, la Presidencia de la Asamblea instó a las comisiones mixtas a seguir con el proceso hacia los comicios.

La canciller Celinda Sosa exigió este lunes el «cese inmediato al fuego» y expresó su profunda indignación por el ataque de un campamento de desplazados en Rafah, en el sur del territorio palestino, que dejó decenas de fallecidos y varios heridos.

“Esta acción es una grave violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario. Desde Bolivia exigimos a Israel el cese inmediato al fuego y al genocidio que está cometiendo en territorio palestino”, escribió Sosa en sus redes sociales.

La autoridad hizo un llamado a garantizar “una solución amplia, justa y duradera a este conflicto, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación”.

Además, ratificó su solidaridad y apoyo inquebrantable a la causa palestina.

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Israel se enfrenta a una ola de condenas internacionales por un bombardeo que, según las autoridades de Gaza, mató a 45 personas en un campo de desplazados en Rafah, según AFP.

El bombardeo se llevó a cabo en la noche del domingo en el marco de la ofensiva emprendida por Israel contra Hamás hace más de siete meses, a raíz del mortífero ataque de comandos islamistas de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó de que “la masacre” en Rafah había dejado “45 muertos” y “249 heridos”.

Según el ejército israelí, el bombardeo tenía como objetivo a milicianos de Hamás y los aviones lograron golpear “una instalación” del grupo islamista, matando a dos altos cargos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a Israel llevar a cabo una investigación “exhaustiva y transparente” sobre el bombardeo y Estados Unidos urgió al país a “tomar todas las precauciones para proteger a los civiles”.

Los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Lucy Escobar y William Torrez presentaron una nueva acción de cumplimento contra el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pero esta vez, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para que convoque a sesión del legislativo y se pueda tratar los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.

Además, los legisladores acompañados de dirigentes de organizaciones sociales de esa facción determinaron instalar un piquete de huelga en puertas de la Sala Constitucional en demanda de la admisión de acción constitucional. 

“Hemos presentado una nueva acción de cumplimiento contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), quien incumplió el mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado” dijo Torrez.

El senador explicó que la disposición establece que cuando la sala revisora (Cámara de Diputados) después de haber recibido el proyecto de ley deja transcurrir 30 días y dentro ella no ha tratado el proyecto de ley en forma automática pierde competencia. “Es el presidente nato de la Asamblea que tiene la obligación de convocar de forma inmediata al pleno para que ahí se defina el curso de ambos proyectos de ley”.

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El legislador también reprochó la “instrucción de manipular el sistema informático” que derivó la asignación de la acción de cumplimiento presentada en la Sala Constitucional Primera de La Paz, del “cuestionado vocal Israel Campero” y otro vocal, motivo por el cual retiraron el recurso presentado.

“Estamos en este Tribunal Departamental (de Cochabamba), convencidos de que acá los jueces y vocales son más éticos, y esperamos no llevarnos otro chasco, porque de hacerlo sería una nueva burla a todo el pueblo de Bolivia (…). Ellos tienen 24 horas para dictar el auto de admisión en la que ya tiene que ir señalado la hora y la fecha de la Audiencia del verificativo de la Acción de Cumplimiento y esta Audiencia tiene que estar dentro las siguientes 48 horas”.

En tanto, la senadora Escobar señaló que se entró a este primer piquete de huelga para que la Sala Constitucional “falle correctamente y de manera imparcial”.

“No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino solamente que den cumplimiento al artículo 163, numeral 7 de la Constitución. Necesitamos que esto sea de la manera más rápida, estamos con nuestras organizaciones sociales, no nos vamos a mover hasta que salga la admisión y luego se pueda fijar la audiencia correspondiente”, declaró.

La presidencia de la Asamblea Legislativa, con David Choquehuanca a la cabeza, instó a las comisiones mixtas seguir con el proceso de preselección para las elecciones judiciales, luego de la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de revocar el fallo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando a favor de una acción popular que paralizó todo el proceso el pasado 30 de abril.

“La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (…), instamos a las Comisiones Mixtas (…) retomar de manera inmediata dicho proceso de preselección; asimismo, dichas comisiones deberán garantizar el derecho de la mujeres y Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a participar en los órganos e instituciones del sistema de justicia”, reza el comunicado que emitió la Vicepresidencia la mañana de este lunes.

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TCP

La misiva se realizó luego de que la Asamblea tomara conocimiento formal de la disposición del TCP, que revocó el falló a favor de la acción popular en Pando que paralizó la preselección de candidatos.

El 30 de abril, una Sala Constitucional en Pando determinó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, debía quedar inaplicable. Debido a la denuncia que esta ley violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Desde entonces, el proceso, que se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de 404 postulantes, quedó desahuciado.

Los actores políticos intentaron encontrar una solución, aunque no encontraron una única postura. Por ello, Choquehuanca decidió pedir al TCP que revise el fallo del Tribunal Departamental de Pando.

El TCP priorizó la revisión del fallo, ante la posibilidad de que las elecciones judiciales no se realicen este año. Debido a que podían coincidir con las elecciones primarias y el Órgano Electoral no puede realizar dos procesos electorales en forma simultánea. 

Así, el jueves 23 de mayo el TCP determinó mediante la Sentencia Constitucional N°0191/2024 revocar la resolución de la Sala en Pando y dar continuidad al proceso de preselección.

‘Continuidad’

“Permite (la sentencia) dar curso y continuar con el proceso de preselección de candidatas y candidatos a los cargos de magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, recalca el comunicado de la Vicepresidencia.

Conocida la decisión del TCP, varios actores cuestionaron la postura de un ‘Órgano prorrogado’.

Los presidentes de las comisiones mixtas, encargadas del proceso, cuestionaron qué competencia les quedaba. De acuerdo a la Ley 1549, la Asamblea tenía un plazo hasta el 6 de mayo para remitir la lista de precandidatos; pero ahora el calendario quedó completamente desfasado.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que la postura del TCP no tenía ningún efecto y pidió un diálogo con Choquehuanca, Israel Huaytari, presidente de Diputados, y los representantes de las fuerzas políticas: Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.  

Igualdad y paridad

En la misiva, la presidencia de la Asamblea pide a las comisiones mixtas respetar y garantizar “la igualdad, equidad y paridad de género en el proceso de preselección y elección de autoridades” de los postulantes.

Sin embargo, son justamente estos factores los que determinaron que el proceso de preselección sea detenido. Primero por amparos constitucionales y luego por la acción popular. Existen departamentos donde la cantidad de postulantes mujeres y autoidentificados como indígenas es muy baja.

Es el caso de los postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por parte de Pando solo hay cuatro mujeres, sin representatividad de “plurinacionalidad”.

Por ello, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que, aunque continúen de manera ilegal con el proceso, ahora que no tienen competencia constitucional, el TCP observará el proceso. Ya que la falta de paridad de género y de representatividad siguen siendo problemas que no se han solucionado.

El presidente Luis Arce pidió al mando militar de las Fuerzas Armadas “reflexionar” respecto del marco normativo del Servicio Militar, con una adecuación de algunos contenidos.

“Exhorto al mando militar de nuestras Fuerzas Armadas a reflexionar sobre el marco normativo que regula nuestro servicio militar, que debe promover la cultura de defensa del pueblo boliviano, en el marco de la doctrina de patriotas, el respeto a los derechos humanos”, dijo el Mandatario en el acto de conmemoración por los 215 años del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia.

Arce dijo que deberán diversificarse los programas de formación técnica ya instituidos en las unidades militares, “estimulando el desarrollo de la historia y las ramas técnicas y la instrucción”.

Incluso, pidió al mando del Ejército que se otorgue incentivos profesionales, con valor curricular, como la asignación de puntaje extra al personal militar de esa unidad por “la excelente y exigente labor que realizan como escolta presidencial”.

“El servicio militar, en nuestro Estado, es la más sublime expresión de amor a la patria, en el que nuestros soldados y marineros están depuestos a ofrecer la vida misma para defender los intereses vitales y estratégicos de nuestro país”, agregó.

Asimismo, el Jefe de Estado recordó al personal de esa unidad y de las FFAA su tarea constitucional de defender el territorio nacional y otros ámbitos.

“Aunque vivimos en tiempos de paz, los desafíos no son menos significativos. La defensa de nuestra soberanía ya no se libra en los campos de batalla, sino en la arena del desarrollo económico, la innovación tecnológica, la justicia social y la protección de nuestros recursos naturales”, complementó.