Katia Uriona: ‘El TSE proyecta un cómputo rápido, eficiente y transparente’
La autoridad electoral evaluó los dos meses de gestión que cumple la nueva Sala Plena. Afirma que el proceso se retomó de manera ágil y responsable.
Los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplieron dos meses de actividad. La presidenta de esa entidad, Katia Uriona, hizo una evaluación de los avances hechos hasta la fecha y dio detalles de los preparativos de cara al referéndum autonómico del 20 de septiembre, que se llevará a cabo en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí, además del municipio indígena de Charagua, Santa Cruz.
Afirmó que una de las principales tareas será proyectar un cómputo más rápido, eficiente y transparente, no solo para esta consulta autonómica, sino para los futuros procesos electorales.
Este proceso será la “prueba de fuego” para los siete vocales que fueron elegidos por la Asamblea Legislativa y posesionados el 10 de julio, luego de que los integrantes de la anterior Sala Plena dimitieran tras una crisis interna y denuncias de afinidad política con el MAS por parte de algunos vocales.
El hecho paralizó toda la planificación para la consulta autonómica, además de la situación administrativa y de decisión al interior del Órgano Electoral.
Asimismo, esa crisis se presentó justo durante la etapa de socialización de los estatutos y cartas orgánicas que debían ir a consulta, en primera instancia, el 12 de julio, pero el proceso tuvo que ser pospuesto para el 20 de septiembre.
Al respecto, Uriona afirmó que a dos meses de su gestión, la nueva Sala Plenaretomó el proceso, que quedó paralizado, de la manera “más ágil, rápida y responsable”, por lo que se trabajó en tres “tareas fundamentales”: la consistencia del Padrón Electoral, la gestión eficiente de la consulta y las mejoras al sistema de cómputo.
— ¿Qué trabajo se hizo en cuanto al Padrón Electoral?
— Hemos trabajado con detenimiento en la revisión del padrón, en garantizar que tenga un avance significativo en términos de depuración y todo lo que significa contrastarlo con otras bases de datos para que alcance la mayor confianza sobre los datos que tenemos. Se trabajó con el Segip y otras bases de datos (para que haya) la menor posibilidad respecto a la duplicación de nombres y otras irregularidades. Esa articulación da cuenta de que el padrón va a funcionar al menos el 90% de manera correcta.
— Hubo observaciones de la OEA sobre la seguridad y caducidad tecnológica, ¿qué trabajo se realizó al respecto?
— Hemos conversado con la OEA de cara a tener un proceso de pasos continuos, para tener eso que se denomina el ISO electoral, que es una certificación. Entonces, estamos avanzando con la OEA en algunas conversaciones y apoyo que podamos recibir (…). En el caso del padrón, hay varias tareas a realizarse de forma progresiva. Pero ratificamos que el padrón contará con la seguridad y confiabilidad respecto a los datos de la población registrada.
— ¿Qué labor está pendiente?
— Hacia adelante tenemos que ir implementando varias de las recomendaciones que se han hecho sobre todo en la base del soporte técnico, la tecnología que acompaña a la seguridad del sistema de registro, esto no quiere decir que el padrón no tenga las garantías para usarlo el 20 de septiembre (…) y vamos a seguir avanzando para que tenga la más alta confiabilidad en términos de registro.
— El cómputo fue cuestionado en la anterior gestión por fallas del sistema que provocaron un proceso lento. ¿Cómo evitar más fallas en este sistema?
— Es importante que la población esté segura de que el cómputo será efectuado con la mayor rigurosidad y transparencia; en este sentido se hizo una capacitación a los equipos técnicos de cada Tribunal Departamental. Se ha trabajado para que toda la fase de escaneo de actas, validación, discusión y aprobación en Sala Plena, así como la difusión de la información, sea la más eficiente posible.
— Es decir, se ha mejorado el sistema de cómputo…
— Se ha diseñado un procedimiento que espera elevar la eficiencia (del cómputo) al más alto nivel y eso va a ser tuición de cada departamento (…). Son mejoras en el sistema existente y esperamos que en los próximos procesos que nos toque administrar tengamos un sistema rápido; nuestra aspiración es alcanzar lo que otros países tienen en términos de resultados inmediatos o progresivos del cómputo (…). Estamos generando un sistema (de cómputo) que nos permita acelerar, hacerlo público y transparente, resaltando que además las actas van a estar publicadas en la página web.
— Sobre el proceso de consulta, al parecer la paralización del calendario afectó la socialización de estatutos y cartas orgánicas, por lo que la gente no conoce a fondo esos textos. ¿Esa crisis afectó la difusión para ir a un voto informado?
— No estoy calificando qué faltaba hacer, sino hasta dónde hemos podido llegar y sin duda tenemos algunos días de desafío para poder acelerar un proceso de acercamiento a mayor cantidad de población sobre los estatutos y las cartas orgánicas; es una voluntad también que la población se motive a acercarse. Siempre hay dos respuestas de la gente: una es “yo no conozco” y otra es que “estoy buscando para conocer”, y esa es la respuesta que queremos motivar en este periodo que resta.
— Urge un voto informado en el entendido de que hay gente que confunde este referéndum con el proceso de repostulación presidencial. ¿Cómo trabajar sobre esa problemática?
— Siempre hay que plantear la situación desde la tarea que nos ha tocado asumir. Lo que ha ocurrido antes, el vacío que se ha tenido, el hecho de tener el proceso de referéndum paralizado lo hemos retomado de la manera más ágil, rápida y responsable; entonces, nos interesa mirar lo que queda como tarea hacia adelante.
Hay que dejar en claro a la población que lo que está en consideración es el referéndum del 20 de septiembre, cuando la población podrá definir si está apoyando con el Sí o rechaza con el No la aprobación de los estatutos. Además, la gente está en su derecho de poder votar en blanco o nulo.
— En un principio se dijo que no llegarían misiones de observación para el referéndum, pero la ONU y otros expertos acompañarán el proceso, ¿cuál será la función de esas entidades?
— Hay dos mecanismos que se están habilitando. El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (Denis Racicot) ha planteado la posibilidad de habilitar un acompañamiento al proceso por parte de 12 funcionarios que ellos designarían para las autonomías indígenas como para el seguimiento en algunos departamentos.
— ¿Quiénes más se suman a este acompañamiento?
— Cuatro delegados internacionales que trabajan en el Foro Permanente de Derechos Indígenas de la ONU van a participar acompañando los procesos en las autonomías indígenas. El 18 de septiembre ellos participarán en un seminario internacional en La Paz, en el cual compartirán sus experiencias sobre autonomías indígenas. Los expertos provienen de Guatemala, Colombia y Nicaragua. Compartirán sus experiencias en autonomías indígenas y acompañarán los dos procesos previstos en Charagua (Santa Cruz) y Totora Marka (Oruro), donde harán un seguimiento al proceso de consulta popular.
— Tras este proceso, se prevé consultas autonómicas en otras regiones. ¿Cómo se encarará esos nuevos procesos?
— Hay 339 municipios en todo el país y ahora entraron tres municipios al proceso de consulta, entonces nos resta 336 cartas orgánicas que entrarían en lo futuro en este proceso autonómico. Creo que el referéndum del 20 de septiembre motivará una participación más activa. Hay muchos municipios que están en consulta con el Tribunal Constitucional y una vez que hagan el proceso de consistencia de constitucionalidad, tienen que habilitar un presupuesto para inscribirlo en sus POA y así poder participar.
— ¿Cuántos y cuáles serán los municipios que irán a consulta por sus cartas orgánicas?
— No me aventuro a enumerar una cantidad de cartas que podrían ser aprobadas, porque esos procesos se están acumulando. Se ha previsto que por los periodos y el calendario, habrá dos procesos de consulta el siguiente año, dos el que sigue y así hasta culminar con la demanda que plantearán los municipios y las autonomías indígenas. Dos procesos de referéndum por año, esto sería lo que vamos enfrentar en lo sucesivo hasta que se concluya esta iniciativa que precisa ir a consulta.
— ¿Para esos procesos se perfila la fusión del Segip y Sereci?
— Es una perspectiva que nos motiva otro desafío, el de hacer una fusión, pero es una discusión posterior que tiene que ver con que las bases de datos son similares y pueden conversar entre ellas, pero están bajo competencias diferentes. Debería haber un diálogo entre el Órgano Ejecutivo y el Electoral para debatir una perspectiva que nos conduzca a ello. Inicialmente, quisiéramos abocarnos a la tarea de cumplir los requisitos que establece el ISO electoral y luego entrar a un debate de esa naturaleza.
Estatuto o carta que no sea aprobado volverá al debate
— ¿Qué procede una vez que los estatutos o cartas sean refrendados por la población?
— Eso supone comenzar a generar leyes departamentales en concordancia con la Constitución Política y el Estatuto, y así los departamentos empiecen a implementar, por ejemplo, leyes electorales, económicas, sobre salud y otras; entonces, los estatutos estarán dando el paraguas que indica cuál es el alcance de su conformación, los procedimientos legislativos y cuántas personas van a conformar sus asambleas.
— ¿Y en caso de que no sean aprobados en la consulta?
— En ese caso, si es un estatuto, vuelve a discusión a las asambleas, y a los concejos municipales en el caso de las cartas orgánicas. Será un proceso de consulta, de reelaboración y modificación (…). Una vez que se hayan modificado las dificultades o aquellos elemento que la población ha considerado que no son adecuados para llevar adelante sus estatutos o cartas, irán a un proceso de consistencia constitucional y luego, cuando se defina la pregunta, pasará a consideración del Tribunal Electoral Departamental.
— ¿Quiénes participan?
— Es una reforma que se planteará de cara a la población que debe decidir sobre su gestión (…), ningún proceso de debate es una pérdida de tiempo, más bien lo que se hace es avanzar hacia un nuevo texto consensuado que debe ser llevado a consulta.
