Tras la acusación del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, de que la Embajada de Estados Unidos está detrás de un plan de asfixia a la economía boliviana, la legación diplomática rechazó “rotundamente” esto y señaló que la sindicación no tiene fundamento.

“La Embajada de Estados Unidos rechaza rotundamente las falsas declaraciones hechas por el Ministro de Economía Marcelo Montenegro y lamenta que una autoridad de gobierno acuse a una misión diplomática sin ningún fundamento” (sic), indicó en su cuenta de redes sociales.

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Y acotó que “reitera su compromiso con la democracia y el respeto a la soberanía de Bolivia”. La publicación fue acompañada con el rótulo de “falso” a una publicación en la página electrónica de un medio de comunicación sobre la declaración de Montenegro.

“Hay que señalar con toda claridad que todo esto es un plan que viene desde la Embajada de Estados Unidos, hay que señalarlo con toda claridad, y hay otras embajadas que están, de alguna manera, involucradas en un plan de ‘golpe blando’ a la economía. Y (también) hay actores internos y externos que están articulándose y algunos están siendo utilizados para esos fines”, dijo el ministro el jueves, en una entrevista con la red DTV.

Bolivia y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde septiembre de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de inmiscuirse en asuntos internos del país, y Washington asumió similar decisión con el embajador Gustavo Guzmán.

Durante un nuevo operativo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incineró más de 10 toneladas de marihuana que fue incautada en el municipio de Cocapata, Cochabamba.

Así lo informaron a través de sus redes sociales la FELCN y la Policía Boliviana.

“Nuestros servidores policiales de la FELCN ubicaron una extensión de plantaciones de marihuana. Procedieron a destruir 836 kilos de marihuana en estado húmedo”, se lee en el comunicado que compartieron.

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El operativo se realizó en la comunidad de San Cristóbal del municipio de Cocapata, en el departamento de Cochabamba.

En un comunicado posterior, la FELCN informó que “luego del procesamiento de información ubicaron una extensión de plantaciones de marihuana. Posteriormente se procedió con la destrucción e incineración de 10 toneladas”.

En otro operativo, se aprehendió a una mujer que intentaba transportar en su aguayo varios paquetes de cocaína.

“Trabajamos con dignidad, profesionalismo y eficiencia sobresaliente; los resultados son elocuentes por sí mismos”, reza el comunicado.

En las labores de interdicción al narcotráfico, en lo que va de 2024 y en base a los resultados de gestiones pasadas, Cochabamba es la principal región en la producción y comercialización de estupefacientes.

En el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Paraguay, conmemorando el 89° aniversario del acuerdo de paz firmado entre ambos países y que puso fin a la Guerra del Chaco, las fiscalías de ambos países acordaron este viernes un trabajo conjunto para mejores resultados en investigaciones criminales e ilícitas.

“El trabajo conjunto en la persecución penal resulta de mucha importancia en el caso del abordaje de crímenes transnacionales”, afirmó Juan Lanchipa, fiscal General del Estado boliviano, en un video que la Fiscalía difundió en sus redes.

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Convenio

Así, el fiscal informó que el Ministerio Público de Bolivia y su par de Paraguay firmaron un ‘Convenio de Cooperación Interinstitucional’, con el fin de lograr el intercambio de información en investigaciones, elaborar técnicas y estrategias investigativas. Inclusive, se contempla la capacitación de personal en conjunto.

“Nosotros como Ministerio Público de Bolivia nos sentimos muy satisfechos de la firma de este acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público de Paraguay y nuestro país”, expresó Lanchipa.

Este acuerdo se da en el marco de las relaciones diplomáticas que ambos países pretenden impulsar. El jueves, en la reunión entre el presidente Luis Arce y su par de Paraguay, Santiago Peña, se remarcó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones.

Narcotráfico

Lanchipa espera que, con el convenio, se puedan combatir varios delitos que ambos ministerios públicos enfrentan. Apuntó el tema del narcotráfico, las ganancias ilícitas, el lavado de activos, entre otros delitos.

Justamente, hace dos semanas, la Fiscalía de Paraguay informó que el narcotraficante prófugo uruguayo Sebastián Marset logró obtener ingresos por más de $us 433 millones con la droga proveniente de Bolivia.

Paraguay

Emiliano Rolón Fernández, fiscal General de Paraguay, festejó también el acuerdo entre ambos países; frente a los desafíos que enfrentan en materia criminal.

“La misión de persecución penal y la investigación criminal nos obliga a tomar otras aristas en este nuevo sistema; en este nuevo orden que afecta particularmente a los ministerios públicos de la región. Ésa es la intención de suscribir acuerdos bilaterales”, explicó en un video que socializó la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, el convenio permitirá que se promueva la capacitación jurídica y técnica del personal. Con ese fin, se espera que se realicen programas conjuntos, reuniones y seminarios en temas que sean de interés para ambos países.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, le dijo este viernes al expresidente Evo Morales que no es un “Dios” y que debe pedir “perdón” por el daño que ha hecho.

“Compañero Evo, no eres Dios, te los dice un humano, uno que se arrodilla ante el tata Dios y que ora todos los días. Estás obrando mal”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

Montaño respondió así a la consulta de los periodistas respecto de las declaraciones del exministro de Morales, Carlos Romero, que comparó al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) con un mesías.

Édgar Montaño

“Es un liderazgo ‘mesiánico’, que se lo ve en las imágenes, pero sobre todo cuando uno está en el lugar, la irradiación de una energía que converge en torno a ese núcleo (…) Es un retorno del MAS a sus orígenes, para alguna gente él es quien nos ha liberado de la condición de colonialidad”, dijo la exautoridad en Poder, Medios y Miedos.

Al respecto, Montaño agregó: “Te hacen creer Dios; te están haciendo cometer el error que no vas a poder subsanar y tienes que pedir perdón a Dios por tanto sufrimiento que le has hecho”.

Montaño también criticó la aprobación de 12 normas en la Cámara de Diputados, a las que calificó de tardías.

Según el ministro cruceño, hay una instrucción directa de Morales para que los legisladores evistas del MAS rechacen la aprobación de normas con el objetivo de “perjudicar” el desarrollo del país.

“Evo les ha instruido bloquear los proyectos de ley, con toda seguridad estos señores no van a tener cara para pedir voto (…). Este es el inicio del golpe de Estado” fustigó Montaño.

Evo Morales

Asimismo, conocida la intención de candidatura por parte de Morales en las siguientes elecciones generales, Montaño advirtió de los “apetitos” de sus seguidores en retornar al poder.

“Estos señores que te rodean creen que por decirte cosas lindas a tu oído van a volver como ministros y viceministros; (pero) no van a volver. No van a volver, porque no creen en Dios. Tengan más humildad y respeten a nuestro país”, reclamó.

Para el oficialismo y el ala arcista del MAS, Morales y sus seguidores planean, con varias acciones, acortar el mandato del presidente Luis Arce, con quien se encuentran alejados políticamente.

Incluso, los acusaron de “pactar” con la oposición para ese fin.

El martes, el vicepresidente David Choquehuanca identificó una “troika” entre los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales, y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Según afirmó, ese bloque busca dar un “golpe” al Gobierno y acusó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de “capitanear” esa acción.

La Procuraduría General del Estado (PGE) atiende actualmente 287 casos a nivel nacional, de los cuales 30 están “ultrapriorizados” por los daños económicos que representan al Estado o por su importancia mediática.

“Esos 570 casos se redujeron a 287 procesos, de los cuales 30 de ellos tienen una categorización de ‘ultrapriorizados’, tomando en cuenta la afectación que ha sufrido el Estado en daños económicos”, informó María Belén Serrate, directora departamental de Santa Cruz de la PGE, en un video que la institución compartió este viernes en sus redes.

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Reducción de procesos

Las declaraciones de Serrate concuerdan con las del procurador César Siles, quien brindó una conferencia de prensa el miércoles pasado sobre una reducción de procesos, debido a su importancia.

De acuerdo con la directora, antes de la gestión de Siles, la Procuraduría atendía 570 casos. “Se ha determinado que no en todas debería participar la Procuraduría; esto denota un abuso de poder de anteriores gestiones”, criticó.

A partir de la presente gestión, la Procuraduría determinó que solamente participarían de casos que afecten económicamente al Estado por más de Bs 7 millones.

Santa Cruz

Serrate informó de tres casos ultrapriorizados en Santa Cruz por el daño económico que produjeron al Estado.

“En uno de ellos hay un daño económico de 32 millones de bolivianos al Estado. En un segundo proceso tenemos 266.388.500 dólares como afectación al Estado. Un tercero, en el que existe un daño de 25 millones de bolivianos”, informó.

De acuerdo con la directora, el primer y el tercer proceso están relacionados con la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa, por contratos irregulares y el mediático caso Ítems Fantasma. El segundo, que representa el daño más elevado, se debe a la paralización en la construcción de la siderúrgica del Mutún.

Casos

Otros de los casos que reciben una atención especial también se deben a la atención mediática y a factores políticos. Dentro de la lista de 30 casos a nivel nacional se encuentran: Golpe de Estado I, Senkata, Gases, Ventiladores Españoles, Piscinas de Litio, Amayapampa, Banco Fassil, Misiles Chinos, entre otros.

En algunos de ellos, las investigaciones no determinaron aún el daño económico que sufrió el Estado. Sin embargo, por sus características, se estima que superarían fácilmente los Bs 7 millones que considera la PGE para asumir el proceso correspondiente.

De esta manera, la Procuraduría pretende involucrarse únicamente en casos que tengan como sujeto afectado al Estado y no a particulares, pues, afirma, existen otras instancias que se pueden ocupar de aquellos procesos.