Ante el riesgo de que las elecciones primarias cerradas y las elecciones judiciales coincidan en el calendario electoral, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuhichi Tahuichi Quispe, insistió en su propuesta de suspender las primarias y priorizar las judiciales.

“Si no arrancara las elecciones judiciales pronto, habría esta complicación jurídica de impedimento. Ahí viene la propuesta que la hago personal: si anulamos las elecciones primarias cerradas, nos olvidamos, y al año habrá elecciones generales presidenciales directamente en abril y así tendríamos tiempo, desde hoy hasta abril del próximo año, para pensar en judiciales”, propuso este martes en conferencia de prensa.

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El proceso de las elecciones judiciales se paralizó el 30 de abril, cuando una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular.

Esta acción la presentó la abogada Yeny Dury, quien denunció que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no contemplaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

Calendario electoral

Con el calendario desfasado, Tahuichi considera que existe el riesgo de que dos procesos electorales coincidan.

“Se viene inminentemente las elecciones primarias; arrancaría en agosto de este año, cosa de que las elecciones sean en diciembre. La misma ley le da un impedimento, prohíbe que haya dos elecciones paralelas”, afirmó el vocal.

Justamente, el artículo 87 de la Ley del Régimen Electoral establece que “no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales”.

“El Tribunal Electoral está ansioso, está deseoso, de poder emprender las elecciones judiciales. Si hoy día nos entregara la Asamblea esta lista de los preseleccionados, hoy mismo arrancamos”, afirmó el vocal.

El 5 de mayo venció el plazo para que la Asamblea Legislativa remita la lista de los candidatos preseleccionados. El TSE tenía 150 días para llevar adelante el proceso electoral.

Ahora, la realización de las judiciales se encuentra, una vez más, en vilo.

La propuesta de Tahuichi Quispe se suma a otras que barajean los actores políticos con el fin de viabilizar elecciones judiciales para este año.

“Bolivia tiene una cuenta pendiente con elegir por sufragio a los magistrados”, insistió.

Los actuales consejeros y magistrados prorrogaron su mandato a finales del 2023, ante la imposibilidad de concretizar elecciones judiciales ese año. En esa oportunidad, fueron otros amparos constitucionales los que imposibilitaron los comicios.

El expresidente Carlos Mesa celebró la abrogación del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales. Afirmó que se trata de una victoria contra la arbitrariedad del Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, consideró que la abrogada norma ponía en riesgo la propiedad privada en el país.

“(Es) Una nueva victoria de los bolivianos frente a la arbitrariedad del MAS”, publicó el exmandatario en su cuenta de X.

Al mediodía de este martes, el presidente Luis Arce informó la abrogación del decreto que buscaba transparentar y agilizar los trámites en Derechos Reales, dar claridad a la recaudación de recursos por ese concepto y, además, crear una base interinstitucional de datos única.

El mandatario, en su justificación, dijo que tomó la decisión con el fin de evitar una convulsión que, en su criterio, busca usar “ese u otros temas” para generar movilizaciones y perjuicio.

“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, apuntó.

En días pasados, varios sectores se pronunciaron sobre el decreto en cuestión. Especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.

Luego del rechazo de sectores y algunos actores políticos, el jefe de Estado dijo que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.

“Lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, agregó el mandatario.

Por su parte, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó la abrogación como una “derrota” del presidente y una “señal de esperanza”.

“En todas las regiones del país hubo una respuesta contundente a una medida inconstitucional y antidemocrática. La unidad es el camino para recuperar la democracia y las libertades ciudadanas”, escribió en X.

El presidente Arce brindó su conferencia de prensa rodeado por miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales que simpatizan con él.

De hecho, la decisión la comunicó luego de una reunión con ellos.

Al respecto, Camacho afirmó que “disimuló su derrota”.

Finalmente, Camacho, detenido preventivamente en Chonchocoro desde diciembre de 2022, acusado en el caso Golpe de estado I, negó el plan de convulsión que advirtió Arce.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi recordó que este martes se cumple el plazo de siete días para que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) presente su informe respecto de la supervisión del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista.

“Hoy vence el plazo, según el reglamento. Vamos a leer el contenido y los hallazgos de ese informe y en función a ese informe, la sala plena va a adoptar una decisión”, dijo el vocal a los periodistas en La Paz.

Ese plazo comenzó a correr el lunes de la anterior semana y, al cumplirse los siete días, esa oficina debe entregar el informe sobre el cumplimiento o no del reglamento en el evento celebrado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

Ya con ese documento, la Sala Plena del TSE debe analizar si registra o no las resoluciones del cónclave ante el Órgano Electoral.

El ala arcista del MAS, con la convocatoria del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, eligió a Grover García como presidente de ese partido, en reemplazo de Evo Morales, que ocupa la presidencia de esa organización política desde 2017.

Por su parte, el ala evista del MAS calificó de “trucho e ilegal” el congreso de El Alto, porque advirtieron que su convocatoria no cuenta con la firma de la directiva nacional vigente y anunciaron un “dura batalla legal” si el TSE reconoce la actividad.

Hay otra convocatoria que lanzó la facción que defiende a Morales, para el 10 de julio de este año en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, pero el TSE aún no se pronunció al respecto.

Luego de conocer el informe del Sifde, la Sala Plena del TSE tendrán tres días para la emisión de una posición final. Así, se prevé que hasta el viernes tenga resultados.

El analista político Carlos Saavedra afirmó que, en América Latina y Estados Unidos, existe un «patrón» de comportamiento por parte de la oposición, que consiste en desconocer la victoria de sus rivales en caso de perder elecciones presidenciales. Ejemplificó con el comportamiento de Jair Bolsonaro (Brasil) y Donald Trump (Estados Unidos).

En concordancia, el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Alfredo Serrano, indicó que la oposición en Bolivia “ha dado muestras fehacientes” de que no está de acuerdo con los resultados electorales cuando pierde, en alusión al desconocimiento de las elecciones de 2019, que derivó en una crisis poselectoral, el derrocamiento de Evo Morales y un gobierno transitorio cuestionable.

Ambos especialistas expresaron su punto de vista respecto de las encuestas realizadas por Celag sobre la perspectiva de la población boliviana acerca de la situación política, institucional, económica e inseguridad; en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

La encuesta puso la pregunta del caso a dos bandas: Cuando la oposición pierde elecciones, no reconoce su derrota y está dispuesta a general violencia o cuando la oposición pierde elecciones, reconoce resultado y respeta la institucionalidad.

En el primer caso, el 62,3% respondió que sí y, en el segundo, el 29,7% afirmó que, al contrario, la oposición reconoce los resultados y respeta la institucionalidad. El 8,0% se mantuvo al centro de las posiciones encontradas.

Saavedra advirtió que si la oposición en Bolivia pierde las elecciones “está claro que no reconocerá su derrota”. En su criterio, es un patrón que se repite en América Latina y otros países de la región.

Recordó que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro intentó desconocer la victoria del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las últimas elecciones generales de su país. Incluso, el expresidente de Brasil fue acusado de difundir información falsa sobre los sistemas electorales del país.

También, recordó que el expresidente estadounidense Donald Trump no quiso reconocer su derrota ante Joe Biden en 2020. Trump dijo, en una entrevista televisiva, que las elecciones fueron “un fraude total”, pese a que la Justicia había demostrado lo contrario.

“El guion del fraude es una práctica de la cotidianidad política. Hay patrones que se van marcando y consolidando”, añadió Saavedra.

En coincidencia, Serrano afirmó que el desconocimiento de procesos electorales fue un “dato constante” desde que se dio el “golpe de Estado” en 2019. Aseveró que no es un caso particular, sino que se trata de un problema regional.

Entonces, Carlos Mesa, que fue candidato de Comunidad Ciudadana (CC), horas después de los comicios, consideró que éstos fueron un “fraude monumental”. Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), lideraba los resultados.

Serrano lamentó que la población está en una época donde se cree cada vez menos en la democracia y los procesos electorales. “Es fácil dudar del resultado electoral porque estamos construyendo mentes que desconfían. Dudamos de casi todo lo que nos llega”.

También, admitió que hay una crisis de representatividad en la clase política que n o logra dar respuestas a las demandas de la población y, por ello, la gente desconfía de los políticos e instituciones del Estado.

“Hay que tener mucho con el descreimiento de la clase política”, dijo.

La encuesta también devela la desconfianza que la población tiene sobre los órganos del Estado. Respecto al poder Judicial, el 70,5% de los encuestados tiene una visión negativa; un 19,8%, positiva y un 11%, no sabe.

Sobre la Asamblea Legislativa, un 65,1% de los encuestados tiene una perspectiva negativa; un 23,9%, positiva y un 11%, no sabe.

Saavedra nuevamente planteó en que hay un “patrón”, esta vez, en el descredito de la institucionalidad de los poderes del Estado. Lamentó que hay un sentimiento de crisis de la institucionalidad “muy profundo”.

“Nos han dado razones para dejar de creer en la institucionalidad”, reclamó.

Advirtió que, cuando la población desconfía de las instituciones, aparece un líder político mesiánico (en referencia a Javier Milei), “disfrazado de libertad, pero en el fondo es extremadamente autoritario y cuasifascista”.

Por su parte, Serrano afirmó que en otros países de la región también se pudo evidenciar que la población tiene una imagen negativa del poder judicial y Asamblea Legislativa o Congreso. “Tienen una imagen negativa al igual que Bolivia; es un fenómeno global”.

La encuesta de Celag, según la ficha técnica, tiene un margen de error de entre +/- 0,9% y +/- 2,2% de acuerdo a la dispersión de distribución. Fue desarrollado ante 2.000 personas mayores de 18 años, entre el 11 de abril y 11 de mayo de este año.

A un año de las elecciones de 2025, el 60,2% de los encuestados no cree que la oposición logre unirse para vencer al Movimiento Al Socialismo (MAS). El estudio planteó dos posibilidades al respecto que se dividen entre: no va a lograr unificarse y va a lograr unificarse.

El 27,9% de los encuestados considera que la oposición va a unificarse para las elecciones generales de 2025. Un 11,9% se ubica entre ambas posiciones.

Acerca de quién está más capacitado para derrotar al MAS, el 58% de los encuestados cree que ninguno de los candidatos de oposición se encuentra en condiciones de lograrlo. Sin embargo, para el 14,8%, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, es el “más capacitado” para derrotar al MAS.

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El presidente Luis Arce decidió abrogar el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.

“Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo, para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, justificó.

En criterio del jefe de Estado, hay grupos que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.

En ese sentido, advirtió que “hay un plan de convulsión, para las siguientes semanas, que está en marcha” y que sus promotores buscan utilizar ese y otros temas para justificarlo y ejecutarlos.

Luis Arce

La decisión fue asumida luego de una solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB). Su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información y la cizaña” de algunos actores.

Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el contenido de ese decreto y dijo que buscaba “transparentar” la administración de derechos reales, varios ámbitos, por ejemplo, la recaudación de recursos por los trámites en esas ventanillas. “hay un hoyo negro en la recaudación”, advirtió.

Desde su promulgación, varias autoridades explicaron el contenido sobre el contenido y alcance de la ahora norma abrogada, entre ellos, la viceministra de Justicia Jessica Saravia y su par de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.