Marcha por el No en La Paz, con disidentes del oficialismo
Organizaciones sociales opositoras al partido oficialista anunciaron la realización de una ‘campaña sectorial’ para ganar adeptos con miras a la consulta de 2016
La campaña por el No con miras al referéndum constitucional de febrero de 2016 se tradujo ayer en la primera movilización callejera en La Paz. Representantes de varios sectores sociales y políticos, además de disidentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) participaron de la marcha.
El colectivo realizará hoy un ampliado en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El exdirigente del MAS y exconstituyente Román Loayza explicó que en la oportunidad se discutirá una estrategia para llevar adelante una “campaña sectorial” en los nueve departamentos.
“El presidente Evo Morales quiere imponer otra reelección, eso es dictadura y no lo aceptaremos; somos más de 100 organizaciones de todo el país que vamos a impedirlo”, afirmó Loayza, hoy identificado como dirigente de la facción “histórica” de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que tiene una organización paralela aliada del MAS.
Colectivo La marcha, integrada por al menos 300 personas, partió de El Alto, bajó por el denominado “camino viejo” (avenida Naciones Unidas), pasó por el Cementerio General, desembocó en el centro de la ciudad y recorrió sus principales calles hasta llegar al coliseo de la UMSA. En el recorrido, entre los estruendos de los petardos y vítores de los manifestantes, se oyeron silbidos en contra de la movilización; aunque en otros lugares, se registraron aplausos.
El grupo también estuvo integrado por representantes indígenas, gremiales, maestros normalistas, exconstituyentes y exlegisladores disidentes del MAS, entre ellos Loayza y Filiberto Escalante, además de los exdiputados Luis Alfaro (Tarija), Rebeca Delgado (Cochabamba) y Samuel Pamuri (La Paz).
La consulta popular está prevista para el 21 de febrero de 2016. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en función de un calendario de actividades, definió que los actos proselitistas se realicen entre el 5 de noviembre y el 19 de febrero de 2016. Según el Reglamento de Campaña, las organizaciones políticas, sociales y cívicas pueden promover el Sí o el No sin necesidad de registrarse ante el Órgano Electoral.
En febrero se consultará si la población está o no de acuerdo con modificar de forma parcial el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), y así habilitar a los actuales gobernantes a otra postulación en 2019, y en caso de ganar, Evo Morales y Álvaro García Linera gobernarán hasta el periodo 2020-2025. El objetivo del cambio en la Constitución es dar paso a dos reelecciones continuas, en lugar de una, como señala el texto actual.
Delgado, del colectivo “librepensantes”, afirmó que si bien la cantidad de adhesiones no fue masiva ayer, dijo estar segura de que en próximos días se sumarán más activistas por el No. “No se puede abrir la Constitución Política, a menos de seis años de su promulgación para prorrogar a dos personas, por eso la vamos a defender”, enfatizó.
Al respecto, el diputado y exconstituyente Víctor Borda (MAS) recordó a sus excompañeros que en 2007 se aprobó un proyecto de Constitución que, en principio, establecía la reelección presidencial indefinida. “Tienen que ser coherentes con su posición, percibo oportunismo de algunos disidentes, pero deben entender que la modificación obedecerá a la voluntad del pueblo”, puntualizó el oficialista.
El grupo invitó a representantes de partidos opositores como Edwin Herrera, asambleísta de Soberanía y Libertad (Sol.Bo), que participó con la idea, según dijo, de dar un “respaldo ciudadano” más que “un impulso político”.
Ratificada por el 61%
Proceso
La Asamblea Constituyente se instaló en Sucre en 2006 y aprobó el texto un año después en Oruro. En 2009, la propuesta de Carta Magna fue ratificada en un referéndum por el 61,43% de la población y luego se la puso en plena vigencia.
TSE y Segip alistan la integración de sistemas
Rubén Ariñez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip) preparan las condiciones técnicas para compartir sus datos. La idea es incrementar los registros en el padrón biométrico especialmente con la población juvenil.
“Estamos en proceso de integración entre el padrón electoral, el sistema de Registro Civil y la vinculación con el Segip. Entonces, la persona que no esté registrada en el padrón electoral, cuando quiera ser atendida en el registro civil, la vamos a empadronar como una condición”, señaló a La Razón el vocal Antonio Costas.
DOCUMENTOS. Ambas instituciones tienen en común la emisión de documentos de identificación ciudadana. El TSE emite certificados de nacimiento a través del Servicio de Registro Cívico (Sereci), con este documento posteriormente se tramita el carnet de identidad, y éste último es el requisito para el registro en el padrón.
“Esa brecha que todavía existe entre las personas que disponen del carnet y están en edad de votar, pero no están en el padrón, se va a disminuir”, apuntó Costas y anticipó: “No les vamos a poder tomar la huella para el certificado si no están empadronadas”.
Para el referéndum constitucional del 21 de febrero, el TSE se había trazado registrar a 800.000 bolivianos, de ellos 400.000 (50%) serían nuevos, según sus cálculos. El último reporte da cuenta de 290.060 empadronados y la meta está lejos de cumplirse. El plazo para el registro vence el lunes.
Legisladores de UD enfrentan denuncia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió la denuncia en contra del senador de la opositora Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, y sus colegas diputados Carlos Klinsky y Beatriz Capobianco, de la misma tienda, denunciados por la supuesta utilización de bienes del Estado para fines electorales.
“La denuncia —presentada por el ciudadano Mario Vargas— sostiene que los asambleístas referidos habrían incurrido en el uso indebido de inmuebles del Estado, campaña con incidencia en elección de opción por el No”, según una nota de prensa de la entidad.
Los denunciados deben presentar sus descargos en el lapso de 24 horas. No obstante, en contacto con La Razón, la diputada Capobianco aseguró que ni ella y menos sus colegas habían sido notificados por el TSE porque residen en Santa Cruz y Murillo se encontraría fuera del país. “Es parte del amedrentamiento del MAS, están nerviosos. Nos vamos a defender en las instancias que correspondan porque no sé a qué se refiere la denuncia, yo no tengo ni oficina”, indicó la opositora. Los legisladores fueron acusados por tomarse fotos con símbolos del No en la Asamblea.
