El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López y los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

En tanto, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa. 

“Los miembros del Tribunal ingresaron a deliberar y emitieron la Resolución Sentencia N°20 /2024, declarando: culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito Negociaciones Incompatibles con una pena privativa de libertad de ocho años, a Luis Fernando López Julio por el delito Contratos Lesivos al Estado con una pena privativa de libertad de ocho años”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.

Además, fueron sentenciados la exdirectora general de Asuntos Administrativos Ruth Palomeque Ríos a cinco años de privación de libertad. En tanto, el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno Sergio Zamora Bascopé recibió tres años de privación de libertad y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions (TBS) Bryan Samuel Berkman recibió una condena de siete años.

Así también, el Ministerio de Justicia señaló que el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa Dennis Vera Rada fue absuelto de los cargos.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

“El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, reitera su firme compromiso con la ‘Cero tolerancia a la Corrupción’ y asegura que este caso enviará un mensaje contundente contra los hechos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de facto de Jeanine Añez, durante el último trimestre del 2019” señala la cartera de Estado.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

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Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

En 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.

La adquisición se hizo en tiempo récord a través de la empresa intermediaria BTS. Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, en mayo de 2021.

En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre de 2019.

En abril de este año, un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

En enero de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida, Miami, condenó al exministro a cinco años y ocho meses de prisión.

Luego que el Grupo de Puebla expresara su preocupación por la campaña de “lawfare” contra Evo Morales, el Foro Madrid acusó este viernes a este grupo de políticos y académicos de doble moral y dijo que “cuando sus miembros cometen delitos son automáticamente exonerados y apoyados”.

“Tampoco es la primera vez que el Grupo de Puebla avala los crímenes del también padrino e impulsor de la llamada ‘CELAC Social’, Evo Morales. El Grupo de Pueblo también respaldó el fraude perpetrado por Morales en 2019. Avalar los crímenes de sus miembros ratifica como una organización criminal”, señala el pronunciamiento del Foro Madrid.

También indica que las graves acusaciones hechas por una fiscal boliviana en contra del líder cocalero “por pedofilia, trata y tráfico de personas deben seguir su curso legal y juicio”.

“No es la primera vez que Morales ha sido acusado de cometer estupro, pervertir a menores de edad y hasta embarazarlas. Evo Morales debe ser enjuiciado por todos los crímenes cometidos, los cuales incluyen: pedofilia, estar al frente de una red de trata y tráfico de personas, tener nexos con el narcotráfico, promover la violencia en el Perú, perpetrar un fraude electoral”.

El Foro recordó que, en 2020, el entonces viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró que Morales “era padre de una niña nacida en 2016, cuando su madre tenía 16 años”. La autoridad de entonces señaló que “la menor existe, la madre existe, y la menor tiene como padre registrado a JUAN Evo Morales Ayma” (sic).

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El miércoles, la todavía fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue apartada del cargo luego que se diera a conocer una orden de aprehensión que quedó sin efecto por la justicia contra Morales por los delitos de estupro y trata de personas.

La exautoridad denunció al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de proteger a Morales luego que le ordenara apartarse del caso y dejar sin efecto la comisión de fiscales conformada para la investigación.

El jueves, el Grupo de Puebla hizo un llamado a estar atentos a la politización de la justicia boliviana, luego que “algunas” encuestas electorales favorecen a Morales.

“A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra de Morales, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado”.

El Foro Madrid indicó que la pugna entre Luis Arce y Evo Morales, que, según el Grupo de Puebla, ha derivado en la “supuesta persecución política”, no es sino “una guerra entre mafias para tomar el control. Ninguno de los dos merece gobernar Bolivia”.

El jefe de banca del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, indicó este viernes que “varios” diputados, sectores del Pacto de Unidad y de Santa Cruz le pidieron que sea “nuevamente” presidente de la Cámara Baja.

Señaló que la designación está en manos de sus colegas y que si confían en él, “va a ir con mucho gusto” y si no, también lo entenderá.

“Eso dependerá de mis compañeros. Varios diputados han venido a pedirme que yo nuevamente sea presidente de la Cámara de Diputados. Sectores del Pacto de Unidad, de Santa Cruz lo han pedido”, dijo el diputado.

El legislador añadió que es “un soldado” del proceso de cambio y este proceso donde le mande “ahí estará”. “Siempre voy a poner mi máximo esfuerzo para hacer la máxima gestión posible, hemos hecho creo la mejor que hemos tenido durante la época que fui presidente”.

Sin especificar si eran legisladores o la población, Mercado indicó que “muchos” consideran que fue la mejor gestión a cargo de la jefatura de bancada del MAS en la Cámara de Diputados.

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“Soy persona del diálogo (y) de consenso. Soy uno de los primeros que dialogó con todos los diputados. Fui el primero que abrió la Presidencia a moros y cristianos porque eso es lo que corresponde en política, estar por encima de todo el país, poner por encima al proceso de cambio”, manifestó.

Tras las declaraciones de Mercado, la diputada por el MAS evista Gladys Quispe indicó que el jueves se tenía que llevar una reunión en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Luis Arce y los diputados arcistas para definir las postulaciones a las ternas, misma que no se concretó debió a que sesión de Diputados se prolongó.

“Seguramente se reprogramó la sesión y Luis Arce será quien marque la línea para decir quién va a ser su próximo presidente. Aquí no les va a hacer elegir a los arcitas… y en los próximo días Luis Arce definirá quien va a ser su presidente”.  

La gestión legislativa 2023-2024, presidida por el diputado Israel Huaytar (MAS) arcista, culminará a fin de mes, por lo que las fuerzas políticas en esa instancia legislativa bajaran nombres para la nueva directiva.

Incluso, la primera secretaria de Diputados, Rosario García (MAS), planteó el martes que la nueva cabeza de esta instancia camaral debería ser una mujer, esto debido a que los varones ocuparon el cargo en cuatro años de gestión, tanto de la Cámara Baja, como del Senado.   

“Como actual directiva, me gustaría que ocupe la Presidencia una mujer, porque han sido cuatro años de gestión de un varón. Sería oportuno que se dé oportunidad a las mujeres, también en el Senado (ojalá) sea una mujer la que pueda llevar a cabo la Presidencia”, indicó la legisladora.

La Procuraduría General del Estado exhortó al Ministerio Público llevar adelante la investigación que involucra al expresidente Evo Morales en un caso de supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado bajo “protección” a la víctima.

“Esta institución de creación constitucional exhorta a la máxima autoridad del Ministerio Público a tomar en cuenta que (…) los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes generan la obligación estatal reforzada de debida diligencia que se traduce en una investigación de oficio con medidas de protección a la víctima, antes y durante el desarrollo de las investigaciones del proceso penal”, publicó a Procuraduría en un comunicado en sus redes sociales.

Asimismo, esa oficina indicó que “observa con atención” la investigación contra el exmandatario.

Procuraduría

Más temprano, este viernes, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, informó que ese caso fue declarado en reserva.

La medida tendrá una duración de 10 días y, luego de eso, se conocerá si la investigación se traslada a la jurisdicción de Tarija u otro distrito.

“Este caso, por la naturaleza del mismo y su relevancia, ha sido declarado en reserva judicial (…) por 10 días; se debe, sobre todo, precautelar el derecho, en este caso, de las víctimas”, explicó Rocha en una conferencia de prensa.

Además, la Procuraduría recordó que es deber del Estado “garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal especializada”.

Morales dijo la mañana de este viernes que los delitos que se le atribuyen son una mentira y que el caso se resolvió en 2020 a denuncia del gobierno de entonces de Jeanine Áñez.

Luego de hacer una serie de denuncias en contra de los hijos del presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales afirmó que “la familia es sagrada” y pidió a los periodistas “no meterse” con ella.

“Lucho ha dicho que ‘no se metan con la familia’. No se metan con la familia; la familia es (algo) sagrado”, respondió molesto Morales a un periodista, que le preguntó sobre si era cierta la información de que en 2016 tuvo una hija con una adolescente.

Precisamente ese caso ocupa la agenda informativa desde el miércoles, cuando se conoció de una orden de aprehensión por ese caso contra el exmandatario, que luego fue anulada por disposición de una jueza de Garantías en Santa Cruz.

Evo Morales

Pese a la declaración de este viernes, desde 2022, Morales arremetió varias veces en contra de los hijos del presidente Arce. Denunció, una serie de hechos de corrupción en los que supuestamente participaron los hijos del jefe de Estado. Solo hubo una denuncia ante la Fiscalía, pero ésta rechazo el caso por “inconsistencias”.            

El que más dardos recibió por parte del jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue Marcelo Arce Mosqueira, de quien afirmó que tuvo beneficios de algunas empresas que tienen que ver con la explotación de litio en el país.

Incluso, el exmandatario y varios diputados evistas del MAS advirtieron de un supuesto “negocio familiar en base a la corrupción”.

La primera respuesta de Arce fue en septiembre de 2022. “No se meta con mi familia”, le respondió Morales en un acto público.

Sin embargo, Morales siguió insistiendo y volvió a denunciar hechos de supuesta corrupción desde su programa dominical.

Luis Arce

Tal fue la insistencia de Morales que el mismo Marcelo Arce le contestó en su cuenta de X. “Una vez más el señor Evo M. ha lanzado un ataque infundado contra mi persona. Aclaro a la población que no existen ni existirán negocios familiares, por lo que exijo al Sr. Morales que presente el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes”, escribió el 11 de octubre de 2023.

Quien también salió al frente fue la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que negó las acusaciones de Morales. “así como los hijos del Presidente, como servidoras y servidores públicos y cualquier ciudadano, estaremos siempre dispuestos a atender los requerimientos que nos pueda hacer la justicia”, defendió.

Morales, en el último tiempo, subió de tono sus acusaciones contra Arce, a quien acusa de buscar la proscripción del MAS e impulsar su candidatura a las elecciones de 2025.