Dos exfuncionarios del gobierno de Jeanine Áñez fueron sentenciados a tres años de cárcel por la compra de gases de Brasil, con sobreprecio. En este caso hay otras 11 personas investigadas, entre ellos los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.

El subprocurador del Estado, Yván Córdova, indicó que tras una investigación se determinó que hubo una adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio de $us 2,3 millones, en el mandato transitorio de Jeanine Áñez, según una publicación de la red Unitel.

Córdova explicó que dentro de este tipo de delitos por corrupción, los sentenciados podrán obtener algún tipo de beneficio o “perdón judicial” al tratarse de una pena de solo tres años de cárcel.

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GASES

El Estado pagó $us 5,6 millones por este material, cuando el precio real era de $us 3,3 millones. “Es importante para la Procuraduría que el hecho está demostrado y está comprobado. Existen responsabilidades en este caso”.

El 29 de noviembre de 2019, la entonces presidenta transitoria promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.

La adquisición se hizo en tiempo corto a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS). El Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, pero el caso fue más visible a raíz de la detención de Murillo en Estados Unidos.

La exautoridad fue sentenciada en enero de este año por un tribunal de EEUU a cinco años y siete meses de cárcel en un juicio que se le instauró en ese país por los delitos de lavado de dinero y soborno.

De acuerdo con las investigaciones, en 2020, el entonces ministro de Gobierno compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Lo hizo a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). No obstante, el negocio ya había sido cocinado con anterioridad, el 16 de noviembre de 2019.

SOBORNOS

Las investigaciones en Estados Unidos establecieron un sobreprecio de $us 2,3 millones, con el que BTS pagó sobornos, de los cuales $us 582.000 fueron a parar a Sergio Méndez, el brazo derecho de Murillo en su ministerio. Éste también fue condenado en suelo estadounidense, junto a los propietarios de la empresa BTS.

Murillo fue detenido cuando intentó emplear bancos estadounidenses para lavar parte del soborno que le tocó. Cumple su condena en el país del norte, y en Bolivia también es procesado.

Los implicados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Con más de 45 organizaciones y al menos 1.075 delegados, comienza el décimo congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin la presencia del bloque arcista, pero con la supervisión del TSE, aunque sus vocales no resolvieron dos recursos sobre el tema.

Los ojos están puestos en Lauca Ñ, en el Chapare de Cochabamba, escenario de este encuentro que definirá la nueva directiva del partido oficialista. La última cita fue en 2016, en el municipio de Montero, en Santa Cruz, donde el entonces presidente Evo Morales fue ratificado como jefe nacional.

Ahora se espera similar decisión, pero el panorama es distinto. Primero, Morales dejó el poder, y segundo, pese a que el MAS continúa dirigiendo al Estado con Luis Arce como presidente, la organización política se encuentra plenamente dividida, con dos facciones: los evistas y los arcistas.

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CONGRESO

El divorcio se ha expresado en la Asamblea Legislativa, en la militancia y en los movimientos sociales, léase campesinos, interculturales y Bartolinas, con dirigencias paralelas. Más aún, hay dos Pactos de la Unidad que se arrogan la representatividad. Y esto igual se expresa en este congreso.

El evento estará marcado por el evismo, ya que los sectores afines a Arce anunciaron su desmarque, alegando una discriminación y una restricción en la participación de representantes de las organizaciones fundadoras del instrumento político, incluso que la convocatoria no fue consensuada.

Ante ello, Arce descartó su participación. “Es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar”, aclaró. Sin duda, el Presidente también está consciente de que todo está en su contra en el evento, más aún porque el vicepresidente del MAS, Gerardo García, advirtió que es “imposible” una reconciliación entre el mandatario y Morales.

LAUCA Ñ

Eso no es todo. El Pacto de Unidad evista pidió que se expulse del partido a la militancia arcista y organizaciones afirmaron que la cita servirá para proclamar a Morales como el candidato presidencial para 2025, luego de que éste lo anunciara bajo el alegato de que lo “obligaron” a asumir la decisión.

Desde México, Morales señaló el domingo que el congreso se realizará “sí o sí”, y en un tono mixto, de amenaza y acercamiento, invitó a los arcistas. “Estamos convocando, no se equivoquen, no se automarginen, no se autoexpulsen, pero siempre serán bienvenidos al MAS, vuelvan de donde han salido como autoridades”. 

Pese a que el encuentro del oficialismo está listo, sus organizadores miran de reojo a los recursos instaurados en su contra ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Y el evento también ha provocado una crisis interna entre vocales electorales.

TSE

Este lunes se esperaba la posición del TSE sobre dos recursos extraordinarios de revisión, pidiendo que no supervise el congreso. Por tercera vez no hubo quórum, ya que tres vocales no asistieron a la sala plena: Tahuichi Tahuichi, por vacación; Nelly Arista, por baja médica; y Yajaira San Martín, por un viaje.

Por ello, continúa vigente la determinación del TSE del 23 de agosto sobre la supervisión, indicó ayer la vocal Nancy Gutiérrez. Personal del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) fue enviado a Lauca Ñ. No obstante, hubo críticas a los ausentes.

“Cobardía es lo que estoy observando en este momento en el TSE, supuse que estaríamos todos”, objetó Gutiérrez. “Pido y exhorto a los dos colegas (Arista y San Martín) a presentarse a la próxima plenaria, nadie les va a poner la pistola en la sien para decirles vota a favor o en contra”.

La vocal Dina Chuquimia indicó que el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, debe convocar a otra sala plena. Mientras Gutiérrez reprochó: “De qué sirve, cuando el burro ya ha salido, recién trancar el corral”, con relación al despliegue del Sifde.

Eso sí, en Lauca Ñ se activó un gran despliegue de seguridad, con cinco anillos para acceder al coliseo del municipio, tres cuadras a la redonda. Y Vicente Choque, encargado de la seguridad, complementó que hay 4.000 cocaleros que cumplirán la labor de “guardias congresales”, durante las 24 horas.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, denunció este lunes que la organización matriz de los trabajadores fue “marginada» del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) a realizarse en la región de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.

Ante ello, el expresidente del Estado y jefe de ese partido, Evo Morales, lo acusó de traición y le pidió rendir cuentas de los $us 80.000 que recibió en 2019 de Arturo Murillo, ministro en la gestión transitoria de Jeanine Áñez, con el “pretexto” de pacificar el país.

“Los compañeros de los diferentes sindicatos han hecho un análisis, han evaluado el porcentaje de representantes al congreso del MAS-IPSP. Ahí claramente la Central Obrera Boliviana queda marginada. Si bien las tres organizaciones fundadoras, la CSUTCB, los interculturales y las Bartolinas, contaban con 200 representantes, hoy están reducidos a cinco representantes”, dijo Huarachi, en conferencia de prensa.

Agregó que el comité ejecutivo de la COB tenía a 20 representantes en los anteriores congresos del MAS, pero ahora “no tiene nada” y ni se lo menciona. Además, indicó que las confederaciones y federaciones nacionales tenían 100 representantes por organización, empero, hoy tampoco los tienen. 

Desde sus redes sociales, Morales sindicó de traición a Huarachi al haber tenido una reunión reservada con el gobierno de Áñez y señaló que durante el “golpe de Estado” el principal ejecutivo de la COB renunció a su militancia en el MAS-IPSP.

“Pidió al gobierno de Añez ampliar su mandato consiguiendo una resolución ministerial. El 1ro de mayo del 2020 Huarachi invitó a ministros de Añez a la sede de la COB. Ahora que diga públicamente que se siente excluido y marginado, humilla la dignidad del sector obrero. Como afiliado de la COB pido rendir cuentas de los 80.000 dólares que recibió de Murillo el 2019, el 26 de noviembre, con el pretexto de pacificar el país” (sic), escribió Morales en Twitter.

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Aclaró que en cada convocatoria al congreso del MAS las organizaciones nacionales tienen cinco delegados titulares, con una resolución aprobada en ampliados. “Por circunscripción, provincia y sección municipal, participan los delegados de cualquier sector social”.

Morales fue derrocado el 10 de noviembre de 2019, en medio de denuncias de un fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Precisamente Huarachi se sumó a la petición de una dimisión.

Esta decisión causó un quiebre entre el minero y Morales, quien anteriormente era un aliado incondicional del exmandatario. Ese 10 de noviembre, Huarachi declaró ante los periodistas: “Compañero presidente (Morales), le llamamos a la reflexión de que pueda asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de renunciar, por pacificar al pueblo, lo hacemos, lo decimos desde la COB para pacificar al país”.

“Le pedimos al Presidente que reflexione en ese pedido que tiene el pueblo boliviano, si es por el bien del país, si es por la salud el país, que renuncie nuestro Presidente”, insistió Huarachi.

En su libro de memorias “Volveremos y seremos millones”, Morales recuerda ese pasaje de su salida del poder. Expresa su desazón con la decisión del ejecutivo de la COB y devela que la conferencia del dirigente era para avisar de la convocatoria de una movilización para “recuperar el Palacio”, lo cual al final no sucedió.

El politólogo y comunicador José Luis Exeni advierte los riesgos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sea la última opción contra el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) a realizarse en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, del 3 al 5 de octubre.

“De pronto una sala del Tribunal Constitucional Plurinacional diga ‘vamos a preservar derechos constitucionales y no se hace ese congreso’, esa parece que es la apuesta más fuerte hoy, hasta esta tarde a más tardar hasta mañana del Gobierno”, dijo Exeni en Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

El viernes, el equipo jurídico del MAS denunció una “manipulación informática” en el sistema judicial de Santa Cruz. Indicó que se direccionó a una sala, de manera irregular, un amparo constitucional con el fin de frenar el congreso del partido.

En criterio de Exeni, esta opción es una apuesta “terrible”, debido a que los temas electorales deben de resolverse en el Tribunal Supremo Electoral y no pasen al ámbito de la Justicia. 

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“Después cuidado los jueces digan este puede ser candidato, este no. O finalmente digan esta elección es validad, (y) esta no. Así es el tamaño del boquete que está abriendo, pasándole al Tribunal Constitucional Plurinacional una decisión cuya última palabra debería tener el Tribunal Supremo Electoral”, advirtió.

Respecto al congreso del MAS, Exeni indicó que la primera apuesta del Gobierno era ir al congreso y ganarle con delegados a Evo Morales. La segunda era empantanar, pero estas opciones quedaron de lado y ahora están haciendo un evento paralelo con el cabildo del 17 octubre en El Alto.

“Como no han podido ni ir a disputar, ni ganar, ni boicotearlo ahora tratan de frenarlo por otras vías. Una es el TSE que va a resolver si mantiene o no la supervisión de ese congreso. Esto es importante porque sin la supervisión del TSE lo que ocurre en ese congreso no tiene efecto jurídico que básicamente es la elección de la dirección nacional del MAS”, dijo.

Este lunes, cuatro de siete vocales de la Sala Plena del TSE definieron la supervisión del congreso del MAS a realizarse en el Chapare de Cochabamba.

Exeni también saludó la decisión ―en agosto― del TSE que por unanimidad decidió supervisar el congreso del MAS, esto debido a que hubo un partido político que solicitó su supervisión y como órgano electoral tiene que hacer. “Ya el informe de la supervisión es otra cosa, pero tendría que hacerlo”.

El diputado de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón recordó al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que ya terminó el plazo para pronunciarse en torno al proyecto de ley sobre las elecciones judiciales.

A través de una carta firmada por él y su jefe de bancada, Enrique Urquidi, y recibida este lunes, los legisladores opositores evocaron el parágrafo 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dicta ese parágrafo.

El proyecto de ley 144/2022-2023 fue aprobado el 31 de agosto de este año en la Cámara de Senadores y en esa misma fecha fue remitido a la Cámara Baja.

“El plazo de 30 días para tratar este PL (proyecto de ley) en la Cámara de Diputados venció el día sábado 30 de septiembre de 2023 y esta Cámara (Diputados) no se pronunció, con lo cual perdió su competencia legislativa para tratarlo fuera del Pleno de la ALP”, dice parte de la carta.

La carta advierte de un supuesto contubernio entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Gobierno en torno a un sabotaje de las judiciales.

Elecciones judiciales

Tiene, dice, la finalidad de “prorrogar inconstitucionalmente a los actuales magistrados que terminan sus funciones el 2 de enero del 2024”.

Una vez recibida, la propuesta de norma fue derivada a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y ésta remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que finalmente la admitió el 28 de septiembre, y aún se espera la respuesta.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa fue conminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un comunicado que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtió en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.