Justicia declara rebelde al gobernador Rubén Costas por inasistencia a audiencia cautelar
El juez Erwin Jiménez asumió la decisión que afecta también a otras exautoridades de la entonces Prefectura de Santa Cruz, que destinó recursos económicos para la realización de la consulta que también fue realizada en el resto de los departamentos de la opositora Media Luna, Beni, Pando y Tarija.

La Justicia declaró hoy rebelde al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por no asistir a la audiencia de medida cautelares en el marco del proceso iniciado por el estatuto autonómico de 2008, aprobado en un referéndum que no contaba el amparo de la Constitución Política del Estado (CPE).
El juez Erwin Jiménez asumió la decisión que afecta también a otras exautoridades de la entonces Prefectura de Santa Cruz, que destinó recursos económicos para la realización de la consulta que también fue realizada en el resto de los departamentos de la opositora Media Luna, Beni, Pando y Tarija.
La defensa de Costas calificó la medida como una canallada, ilegal e injusta; y recordó que el propio juez Jiménez firmó una resolución donde suspende la audiencia, convocada para hoy a las 09.30, hasta ser resuelta una excepción presentada anteriormente.
“El juez lo firmó, no tienen ningún sentido, esto es una canallada que está haciendo la Justicia. Nosotros como abogados vamos a plantear la nulidad de esta rebeldía. El juez, el 14 de febrero, dejó sin efecto las citaciones planteadas anteriormente. Todo esto es parte de una persecución política implacable contra el Gobernador”, advirtió el abogado de Costas.
Según la Defensa, la excepción que debe ser resuelta es un memorial de prescripción planteado por haber transcurrido más de seis años del supuesto delito, por lo que correspondería jurídicamente la prescripción del caso y el archivo del delito.
“El Gobernador siempre se presenta ante la justicia, él nunca se ha escondido y nunca lo va a hacer”, reiteró la defensa, que advirtió un plan para desgastar la imagen de Costas y hacer creer, a la población, que el Gobernador es una autoridad que no respeta la justicia.
En 2013, una audiencia conclusiva determinó que Costas comparezca a un juicio oral por la supuesta malversación de fondos, Bs 10 millones, en la organización del referendo por los estatutos autonómicos del 4 de mayo de 2008.
Es procesado junto a otras autoridades, entre ellos, Vladimir Peña, Roly Aguilera y 23 exconsejeros departamentales que aprobaron el desembolso de recursos.