Nacional

martes 15 jun 2021 | Actualizado a 11:36

Anulan unos 200 juicios que eran atendidos por 3 falsos abogados

Los procesos atendidos por falsos juristas son nulos. Este año se hallaron tres casos en La Paz y Trinidad. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía indagan otras 16 denuncias en el eje

/ 2 de mayo de 2016 / 09:02

Sobre llovido, mojado. Al margen de los males que atacan a la Justicia boliviana, los litigantes están expuestos a ser atendidos por falsos abogados, quienes no solo causan un perjuicio económico, sino también de tiempo porque sus juicios, más si son ganados, se anulan. En julio de 2015, el Ministerio de Justicia cerró la inscripción en el Registro Público de Abogados, (RPA). Cualquier jurista que no tenga esa matrícula es considerado ilegal y no está habilitado para atender juicios.

A partir del control sobre esa base, se descubrió a tres falsos abogados, quienes atendieron  unos 200 juicios desde 2009 en La Paz y Trinidad. Se investigan otras 16 denuncias en otras regiones, reveló a La Razón el responsable del RPA, Gary Romero.

“Los tres señores ejercían de forma ilegal la abogacía desde 2009, ahora sus casos están anulados y sujetos a una revisión porque no tenían la capacidad profesional para ejercer como juristas. Por el tiempo que trabajaron de forma ilegal en la profesión debieron atender más de 200 casos a lo largo de siete años”, dijo Romero.

Proceso. Explicó que los dos primeros casos se identificaron en La Paz este año, uno de ellos (Juan O.) fue encarcelado en San Pedro, mientras que el otro (Vladimir G.) obtuvo detención domiciliaria. El tercer hecho se descubrió en Trinidad, Beni, donde el falso jurista (Joaquín A.) accedió a un arresto domiciliario. Este último incluso era funcionario judicial, trabajaba como abogado secretario en un juzgado beniano.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, informó que su institución demandó cuatro procesos en contra de falsos juristas, al margen de los identificados por el RPA. Richard Mitma, presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia, demandó ejercer control desde el Servicio de Impuestos, a través de las facturas de abogados.

Romero sostuvo que ante los tres casos identificados, los jueces tendrán que determinar si los actos procesales que se desarrollaron tienen alguna solución, pese a estar anulados. “No se puede hacer nada y las personas de forma individual deberían iniciar las acciones correspondientes”, indicó.

Detalló que las dos personas que obtuvieron detención domiciliaria fueron imputadas por los delitos de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. “Lamentablemente son delitos que tienen una pena baja y el juez tiene dificultad para la detención preventiva. La sanción por estos ilícitos llega a dos años, es decir que no entrarían a la cárcel”.

Respecto al encarcelado, Romero señaló que igual fue imputado por los cuatro delitos citados, además de estafa. Por este último es que se agravó el caso.  Según la información brindada, estos tres sujetos atendieron procesos en su mayoría de materia civil, seguidos de casos de familia y muy pocos de penal.

Respecto a las 16 denuncias pendientes, en La Paz se indagan seis, en Cochabamba cuatro y en Santa Cruz otras cuatro. Los presuntos responsables están identificados y esperan su aprehensión.

El registro y las denuncias

Juristas

El presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia, Richard Mitma, dijo que su organización sospecha que el 20% de los abogados no se afilió al Registro Público de Abogados (RPA), instancia que tiene más de 50.000 matriculados.

Datos

El Ministerio de Justicia sugerirá que las denuncias de este tipo de casos (falsos abogados) sean presentadas de forma directa ante el Ministerio Público, a fin de ser investigadas. También plantearán endurecer las penas con privación de libertad para las personas que cometan este tipo de delitos.

Víctimas temen el reinicio de sus litigios

Las víctimas de los tres falsos abogados descubiertos y procesados en La Paz y Beni temen hablar de sus procesos judiciales porque éstos pueden ser reiniciados. Prefieren mantener el silencio para que el estado de sus causas se mantenga igual.

Este diario intentó entrevistar a al menos cuatro litigantes que fueron engañados por los falsos juristas, pero ninguno quiso dar información exacta sobre su proceso, ya que se les informó que las sentencias obtenidas se anularon, dato revelado por el responsable del Registro Público de Abogados (RPA), Gary Romero.

Una de las víctimas, que pidió no ser identificada, señaló que teme que el proceso se reactive porque el fallo del juicio salió a su favor, después de muchos años de juicio y gasto de dinero, por lo que no ve correcto que se vuelva a empezar de cero, pues todo eso no es su culpa.

Las otras tres personas enfáticamente respondieron que no querían referirse al tema por diferentes razones, entre ellas el temor de volver al “suplicio” de un proceso y los gastos económicos que representa éste. Entre los tipos de casos atendidos, según los datos del Ministerio de Justicia, existen procesos por usucapión, estafas, deudas económicas, herencias, divorcios y también asistencia familiar.

El jefe del RPA solicitó a las víctimas de los tres “falsos abogados”   hacer sus denuncias públicamente, a fin de dar a conocer a los sujetos que cometieron las irregularidades. El cálculo que se tiene es que fueron al menos 200 casos los que atendieron los tres falsos abogados y que quedan anulados. 

Hay tres formas de descubrir a un falso jurista

Williams Farfán

El responsable del Registro Público de Abogados (RPA), Gary Romero, informó que un litigante dispone de al menos tres formas para verificar que el jurista que contrató está habilitado legalmente. La necesidad de verificación del trabajo legal de un abogado surgió tras revelarse que más de 200 juicios se anularon porque fueron atendidos por tres falsos juristas en La Paz y Trinidad.

“Recomendamos a la ciudadanía del país que antes de contratar los servicios de un abogado  utilice las herramientas tecnológicas que implementó el Ministerio de Justicia e ingrese a la página web, en la que se habilitó una plataforma de abogados. Simplemente con el nombre se puede verificar si la persona es apta, si es profesional y capaz de patrocinar un proceso”, explicó Romero. Es la primera forma de constatación.

También existe un segundo método de verificación: el Ministerio de Justicia implementó una guía de los juristas con una aplicación móvil para teléfonos celulares, que puede ser descargada de forma gratuita por cualquier persona en el país.

Ante la eventualidad de que el litigante no tenga acceso a la red internet, hay una tercera forma de constatación. Romero subrayó que las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Ministerio de Justicia instaladas en el país para consultar si el abogado que quieren contratar es profesional o no. “Los requerimientos los recibimos en las oficinas de todo el país, previa verificación en la base de datos”, dijo la autoridad.

Romero recordó que el Ministerio de Justicia tiene los datos de los más de 50.000 abogados en Bolivia, ya que éstos se registraron en el RPA en cumplimiento de la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía y su decreto supremo reglamentario, que establecen que esta cartera gubernamental “encabeza las funciones del registro, ejercicio y control de los abogados, por lo que se entregará una credencial a los profesionales que los habilitará para trabajar en todo el territorio boliviano”.

Los titulados, que tienen la obligación de inscribirse en el RPA, deben tener los siguientes requisitos: título en provisión nacional, diploma académico, carta dirigida a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, depósito bancario, fotografía actual y cédula de identidad vigente. “Toda la documentación la contrastamos con las universidades”, advirtió.

Comparte y opina:

En Ecuador denuncian al expresidente Moreno por ‘préstamo’ de granadas y proyectiles a Bolivia

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, afirmó que “la responsabilidad” de Jeanine Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune.

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno. Foto: AFP

/ 15 de junio de 2021 / 09:12

El asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia ante la Fiscalía de su país en contra el expresidente Lenín Moreno por el “préstamo” de material antidisturbios a Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.  

“He presentado, junto a @BancadaUNES, la denuncia respectiva, para que se investigue al Gobierno de Moreno por la entrega de material militar al gobierno de facto de Áñez. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. ¡Exigimos verdad y justicia! ¡Basta de justicia selectiva!”, escribió en Twitter el legislador de Unión por la Esperanza, afín al expresidente de izquierda Rafael Correa.

Luego Correa confirmó por la misma plataforma que la denuncia es contra “Moreno y otros por presunto peculado en relación a entrega de armas a Bolivia”.

Este martes, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, también por Twitter, escribió que “la investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia”.

Además, la autoridad boliviana remarcó que “la responsabilidad de Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune”.

El reciente fin de semana, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, señaló que el “préstamo” fue irregular y acusó a la Policía de Ecuador de haber apoyado la represión en noviembre de 2019 al mandato transitorio de Áñez.

Apuntó a los entonces ministros Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación) de haber hecho las gestiones en medio de una “cooperación regional de represión” al estilo del Plan Cóndor de las dictaduras de los años 70 del siglo pasado.

Asimismo, indicó que el traslado se hizo con un “perfil bajo” sin que López haya respetado la ley de armas en cuanto al ingreso del material represivo sin escolta militar.

El lunes, el exministro Mauricio Ordóñez reveló que el 14 de noviembre de 2019, en reunión de gabinete, Lizárraga se contactó con el exministro Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia por la masacre de 2003, para resolver la falta de proyectiles y gases lacrimógenos para enfrentar las protestas de entonces.

Comparte y opina:

El vocero Richter considera que debe investigarse el papel de los mediadores en el conflicto de 2019

El portavoz presidencial Jorge Richter señaló que hubo varias reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) y que solo en una participó el MAS.

Jorge Richter

/ 15 de junio de 2021 / 00:04

El portavoz presidente Jorge Richter consideró este lunes que debe investigarse el papel de los mediadores, la Iglesia Católica y la Unión Europea, en las reuniones extralegislativas de noviembre de 2019 que terminaron dándole el poder a Jeanine Áñez.

“Ahí también va a tener que existir alguna investigación y escuchar algunas voces de las participaciones de los mediadores”, para determinar qué hacían reunidos con una sola parte de los actores en conflicto en ese entonces porque, dijo, la delegación del MAS solo asistió a una sola cita.

Predios de la Universidad Católica Boliviana, en la zona Sur de La Paz, fueron el escenario de las reuniones extralegisaltivas que se dieron tras la dimisión de Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión. No solo fue una, a decir de Richter.

Representantes de la Iglesia Católica como el extinto Eugenio Escarpellini y el exembajador de la Unión Europea León de la Torre participaron como facilitadores de un diálogo en el que estuvieron actores como los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, representantes del excívico Luis Fernando Camacho y Jubileo que, afirmó Richter, “no tenían mandato de definir al próximo presidente”.

“¿Qué hacían los mediadores reunidos con una sola parte, con aquellos sectores que habían logrado capturar gran parte del poder del Estado?” cuestionó e insistió que la delegación del MAS, integrada por la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra, la diputada Susana Rivero y la exdirectora de la UIF Teresa Morales, estuvo en solo una reunión en la UCB.

Áñez rompió el silencio y en sus declaraciones ante la Fiscalía por el caso “golpe de Estado” reveló que Ricardo Paz, asesor de Mesa, le propuso asumir la presidencia y que Mesa objetó que Salvatierra asuma el poder por sucesión constitucional. También reveló que el 11 llegó a El Alto en un avión comercial y que desde ahí fue llevada al Colegio Militar en un helicóptero militar.

“Ya había una decisión tomada”, aseguró Richter y consideró que por las declaraciones que surgen “da la sensación de que esto recién empieza”.

Por la Iglesia también estuvieron monseñor Aurelio Pesoa, Giovani Arana y José Fuentes. La Conferencia Episcopal Boliviana aseguró en diferentes momentos que solo facilitaron el diálogo.

Comparte y opina:

Expertos ven mayor polarización y dicen que a la gente le interesa más empleo y certidumbre

Manuel Mercado, especialista en comunicación política y responsable de OBA, afirmó que existe una manejo de la comunicación excesivo y nocivo porque el país está en un momento donde “la gente necesita tranquilidad, certidumbre e información".

Manuel Mercado, Pablo Rossel y Verónica Rocha con la directora de La Razón y Extra, Claudia Benavente, en el programa Piedra, papel y tinta.

/ 14 de junio de 2021 / 23:51

Tres expertos coincidieron en que en Bolivia el ambiente político aún se encuentra “altamente” polarizado y que el mayor interés de la ciudadanía, hoy por hoy, es encontrar un empleo, mejorar el que tiene y tener certidumbre sobre el futuro.

“Estamos viviendo un momento político con una polarización ‘latente’. Ésta se apaciguó un poco con las elecciones, pero está latente y dispuesta a manifestarse de acuerdo a los ánimos políticos y eso es lo que vimos en la Asamblea Legislativa (la pasada semana)”, sostuvo la comunicadora y columnista de La Razón, Verónica Rocha, en el programa por streaming Piedra, papel y tinta de La Razón y Extra.

Pablo Rossel, economista y también columnista de La Razón, advirtió que la pasada semana el país vivió una avalancha de noticias con primacías de temas como la liberación de vacunas o la “bochornosa” pelea en la Asamblea Legislativa entre opositores y oficialistas durante la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre el tema Jeanine Áñez.

“Luego vino la declaración de Áñez que involucra a (Carlos) Mesa como un actor principal del ascenso de ella a la Presidencia en medio de una serie de acontecimientos en 2019 que estaban plagado de irregularidades”, sostuvo.

Rosell, citando una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), afirmó que hoy la sociedad a lo que le da importancia es a la corrupción, la economía y la crisis sanitaria.

“El problema de un 30% es encontrar empleo o mejorar su empleo, invertir en un negocio propio. ¿Cuándo le preguntan cuál es el problema de tu vida?, dicen es encontrar empleo. Es muy interesante porque la gente una vez que termina de ver las noticias y las redes sociales su principal preocupación es el empleo o mejorar su empleo”, aseguró.

Manuel Mercado, especialista en comunicación política y responsable de OBA, afirmó que existe una manejo de la comunicación excesivo y nocivo porque el país está en un momento donde “la gente necesita tranquilidad, certidumbre e información que es reemplazado por el intento de generar un ambiente de paranoia como no hay vacunas, no hay oxígeno. Somos indolentes en algunos sectores de la política que podemos atizar estos temas para rédito político”.

Mercado coincidió con Rossel y Rocha en que la ciudadanía quiere conseguir empleo, mejorar su empleo, pagar sus deudas.

“Hay una necesidad que se les haga justicia”, dice con relación a lo que sucedió en noviembre de 2019, pero también la gente busca que se interesen por su vida individual.

“La deshumanización de la política es la pérdida de la esencia de la política, la deshumanización de la economía es la perdida de la economía y la manera de tratar de quitar la moral de la política es desnaturalizar la política. Son elementos que pueden parecer filosóficos pero no podemos perder de vista de que somos 11 millones de seres humanos que estamos preocupados por pagar deudas, obtener un empleo, la educación de los hijos, por llevar una pan a la mesa”, sostuvo.

Comparte y opina:

La Cancillería informa que las solicitudes de cooperación jurídica internacional deben cumplir cinco requisitos

Entre las solicitudes de cooperación jurídica internacional están los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos que encomienden diligencias a cumplirse en el extranjero.

El edificio de la Cancillería, en La Paz.

/ 14 de junio de 2021 / 20:36

La Cancillería boliviana informó que las solicitudes de cooperación jurídica internacional deben cumplir cinco requisitos indispensables para evitar que su trámite demore o sea devuelto, como en el caso de la solicitud de extradición a Estados Unidos del exministro Arturo Murillo, uno de los principales implicados en la denuncia de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

La recomendación surge una semana después de que el exhorto suplicatorio para la extradición de Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, fuera devuelto por la Cancillería a las autoridades judiciales porque no cumplían con el requisito de estar traducido al idioma inglés.

La Cancillería socializó los requisitos «con el propósito de brindar celeridad en la tramitación de exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional, presentadas al Ministerio de Relaciones Exteriores en su condición de Autoridad Central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional y, evitar observaciones y devoluciones innecesarias de los Estados requeridos».

El primer requisito es una nota de atención dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando la transmisión del exhorto, carta rogatoria o requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional que presenta, a la autoridad competente del Estado requerido.

Asimismo, el exhorto, carta rogatoria o requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional librado por autoridad judicial o una autoridad fiscal, debe tener un ejemplar original y dos copias simples.

Esos documentos deben «encomendar su ejecución y cumplimiento de manera específica y literal a las autoridades competentes del Estado requerido; invocar, de forma expresa, el convenio bilateral o multilateral vigente y aplicable en la materia; cumplir con los requisitos, presupuestos y exigencias establecidos en el Instrumento Internacional invocado».

En caso de no existir un instrumento internacional aplicable, excepcionalmente, podrá invocarse el Principio de Reciprocidad.

El tercer requisito es que los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional, dirigidos a autoridades extranjeras cuyo idioma oficial no es el castellano, deben acompañar su traducción oficial respectiva -incluyendo la traducción de toda la documentación anexa-, efectuada por un traductor autorizado y debidamente autenticada por la autoridad que libró dicha solicitud de cooperación jurídica internacional».

Los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional también «deben ser debidamente apostillados cuando el convenio bilateral o multilateral lo exija».

Solicitudes a Estados Unidos de Norteamérica.

Por último, los exhortos de solicitud de extradición dirigidos a autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica «deberán ser apostillados sin que se requiera otro tipo de legalización y deberán ser traducidos por cualquiera de los traductores que se encuentran registrados en la página web de la Embajada de ese país en Bolivia».

El 27 de mayo, la Fiscalía boliviana inició el trámite de extradición del exministro Murillo detenido en Estados Unidos y las acciones para la recuperación y repatriación de activos, dineros y valores que se hubieran derivado de la compra con sobreprecio de material antidisturbios entre 2019 y 2020.

Según la investigación, Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron del “esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020”. El exministro se encuentra detenido a la espera de su audiencia para definir su situación jurídica.

Murillo fue el hombre de confianza de la expresidenta Jeanine Áñez y el de la línea dura del gobierno transitorio. Poco después de que asumió como ministro inició la compra del material antimotín a través de un intermediario, Bravo Tactical Solutions (BTS), y no de forma directa como se había hecho en el pasado. Se pagó $us 5,6 millones, de los que $us 2,3 millones fueron parte del pago de sobornos.

Comparte y opina:

Mamani anuncia decreto para facilitar a las alcaldías la adquisición directa de vacunas antiCOVID-19

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que los gobiernos subnacionales deberán cumplir los requisitos indispensables para la adquisición de vacunas, como la certificación de los inoculantes.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, en conferencia de prensa.

Por Karina Pérez

/ 14 de junio de 2021 / 17:40

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este lunes que el Órgano Ejecutivo trabaja un Decreto Supremo para flexibilizar los requisitos de adquisición de vacunas contra el COVID-19 de forma directa y sin intermediarios por parte de los gobiernos subnacionales.

“Se está trabajando en un Decreto Supremo para dar mayor facilidad a los municipios en la compra de vacunas. Las vacunas que se compren deben ser totalmente gratuitas, no pueden ser privatizadas, ni vendidas”, informó en una conferencia de prensa.

Explicó que esa norma se redacta sobre la base a los acuerdos a los que se llegaron en la reunión que sostuvo el Ministro de Salud con alcaldes de varias regiones, donde se determinó que las compras se puedan realizar de manera directa.

Asimismo, descartó el tratamiento del proyecto de ley que presentó el jueves la alianza Creemos para que las alcaldías y gobernaciones puedan importar directamente las vacunas.

“Está claro que no hay necesidad de tomar en cuenta este proyecto de ley en su tratamiento, porque no corresponde, sino más bien (la importación de vacunas) va a ser de acuerdo a un Decreto Supremo muy próximo”, sostuvo.

Esas determinaciones se toman en medio de la tercera ola de la pandemia de coronavirus que se registra con más de tres millares de nuevos casos.

Comparte y opina:

Últimas Noticias