Tres uniformados peruanos de la Región Policial Puno resultaron heridos en un operativo realizado en abril, cuando decomisaron media tonelada de hoja de coca camuflada en encomiendas de un bus de la empresa de Transportes Selva Sur, cuyo destino era la ciudad boliviana de La Paz, vía Desaguadero, frontera binacional. En enero, en esa misma región, los agentes se incautaron de una tonelada y media de ese mismo arbusto, pero no hubo lesionados.

Estos casos son botones de muestra de los decomisos de esta planta que hacen los efectivos del orden de la nación vecina y que tienen como objetivo a dos departamentos bolivianos: La Paz y Pando. Mediante un cuestionario, la Policía de Puno revela también que cada año salen, de forma clandestina, al menos seis toneladas de la hoja que son trasladadas a Bolivia. La Empresa Nacional de la Coca S.A. (Enaco), estatal que comercializa la hoja de productores legalmente empadronados, precisa que en Perú se decomisan unas 200 toneladas anuales de ese arbusto, y aclara que no tiene información sobre el origen de esa mercadería.

Hay 10 rutas usadas por los contrabandistas, que enlazan con al menos siete municipios fronterizos bolivianos: Desaguadero, Copacabana, Puerto Acosta y Pelechuco, en La Paz; Cobija, Filadelfia y Puerto Gonzalo Moreno, en Pando (revisar datos de la infografía de la página 7). Y se valen de unos seis modus operandi para llegar a su destino (ver infografía de la siguiente página). Los dueños de la mercadería ilegal lanzan piedras, palos, todo lo que hallan a su paso, relata a Informe La Razón el jefe de la Región Policial Puno, general Edison Salas, quien añade que algunas veces pobladores de las zonas donde se ejecutan los operativos salen en auxilio de estas personas para agredir a los uniformados y evitar las aprehensiones.

Pero, ¿quiénes se dedican a esta actividad? La autoridad policial responde que son grupos de bolivianos y peruanos, quienes camuflan el producto en bolsas de yute, nailon y cartón, entre otros, con la intención de duplicar ganancias. Evaden los controles y mimetizan su mercancía porque la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyó a la coca en la lista de estupefacientes, y la de 1988, Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, prohíbe su importación y exportación, entre los  principales aspectos.

Eso no es todo. Estos “desviadores” de coca utilizan poblaciones adyacentes al lago binacional Titicaca o el río Tambopata, que desemboca en el Madre de Dios, para cometer este ilícito y, según la Región Policial Puno, trasladan la producción de la hoja de los valles de la provincia Sandia, así como de la jurisdicción de San Gabán, provincia Carabaya, y el distrito de Cojata, ubicado en la provincia Huancané, todos pertenecientes al departamento de Puno.

El reporte policial establece ocho rutas que desembarcan en el departamento boliviano de La Paz. La primera involucra a Sandia, desde donde la carga de Erythroxylum coca (nombre científico) sale ilegalmente a Juliaca, pasa por Puno, se dirige a Ilave y llega a Yunguyo, frontera con la población boliviana de Kasani, en la comuna de Copacabana, de la provincia Manco Kápac. Otra parte de Sandia y San Gabán va por Capachica, desde donde la mercancía cruza en bote el lago Titicaca a la Isla del Sol, y luego a Copacabana. La tercera tiene como naciente a Sandia y transita Juliaca, Puno e Ilave, con destino al lado de Desaguadero en Bolivia, en la provincia Ingavi.

El cuarto trayecto tiene la misma génesis, penetra Juliaca, pero se desvía hacia Huancané y Tilali, para desembarcar en el municipio de Puerto Acosta, en las riberas del Titicaca, en la provincia Camacho. Otro comienza igual en Sandia y se interna por las poblaciones peruanas de Moho, Tilali, Huancco-Huancco hasta llegar a Puerto Acosta, de donde sigue hacia los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto. La sexta ruta se inicia en la misma jurisdicción provincial, cruza Moho y Ninantaya, y posteriormente desemboca en Puerto Acosta.

PANDO. Otra región productora de coca en Perú es San Gabán, en la provincia Carabaya; de allí, la planta es transportada ilícitamente por Juliaca, Tilali, Hancco-Hancco, hasta Puerto Acosta; es el séptimo trayecto. Y el último involucra a una tercera zona productora peruana de la hoja: Cojata, desde donde la mercadería es trasladada al poblado fronterizo boliviano de Chejepampa, en el gobierno local de Pelechuco, ubicado en la provincia Franz Tamayo.

El gerente de Comercio Nacional de la Enaco, Juan Carlos Galdos, admite que tiene conocimiento de que los tres trayectos más utilizados para la salida del producto desde suelo peruano son Desaguadero, Yunguyo y Huancané. El jefe policial Salas asegura que los enclaves más difíciles de vigilar son Cojata, Tilali y Ninataya, porque son aislados y no hay puestos de control de los uniformados. Aunque no son los únicos inconvenientes, ya que cuando se descubre a los contrabandistas, éstos superan en número a los efectivos y recurren al enfrentamiento. “Los 769 kilómetros lineales que separan a Perú de Bolivia dificultan la labor”.

Hay más. El departamento boliviano de Pando es otro de los objetivos de los grupos bolivianos y peruanos que operan en esta actividad. La Región Policial Puno identifica otras dos rutas. La primera nace en San Gabán, pasa por Mazuco y Puerto Maldonado, en Perú, y arriba a la ciudad de Cobija, en Bolivia. Y la siguiente parte de Sandia, penetra Yanahuaya, San Juan de Oro, San Pedro Putinapunco, cruza el río binacional Tambopata y llega a las poblaciones bolivianas de Palmeras y Miraflores, de los municipios de Filadelfia (provincia Manuripi, con importante población del occidente del país) y Puerto Gonzalo Moreno (Madre de Dios), respectivamente.

A pesar de las limitaciones, el general Salas afirma que su repartición realiza operativos y confisca coca transportada ilícitamente. Muestra de ello es que entre enero de 2011 y abril de este año se decomisó un total de 46,6 toneladas que tenían como destino el mercado boliviano. Aparte, en esos mismos años el volumen de la hoja retenida cayó de 14,6 toneladas en 2011 a 6,6 toneladas en 2015, es decir, hubo una reducción del 54,4% (revisar infografía de la página 7).

Esta internación ilegal tiene dos finalidades. La primera apunta al consumo. Galdos plantea que en Bolivia hay una “demanda interna insatisfecha” de la hoja y “expectativas de ganancias” de los comerciantes inmiscuidos en este ilícito. El general Salas complementa que éstos buscan que su mercancía sirva en el “altiplano boliviano para consumo humano y uso medicinal”. Y el otro objetivo de este negocio clandestino apunta a las mafias del narcotráfico, que esperan el insumo para la producción de droga en el territorio boliviano.

Tras decomisos de coca peruana, el Viceministerio de Defensa Social boliviano indicó en varias oportunidades que las manos del narco están tras bambalinas. Sin embargo, ante consultas de Informe La Razón, la autoridad de esta repartición, Felipe Cáceres, evitó referirse sobre el tema. Al respecto, Dionisio Núñez, exviceministro de Coca, asevera que el factor precio incita a este contrabando, ya que los narcotraficantes prefieren traer la hoja de la nación vecina para elaborar los estupefacientes, a menor precio, y así obtener más réditos. “No es algo nuevo”.

El director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), Franklin Alcaraz, arguye que, por informes de prensa, se sabe que esta planta internada del Perú “probablemente es fuente para la cocaína, aunque nadie lo dijo categóricamente. Si se incauta esta hoja es porque es ilegal y si es así, otra vez podemos suponer que se destina a la producción de droga, pero no hay constancia, así que son suposiciones”. Otro punto de vista es expuesto por el jefe del Departamento Antidrogas Puno (Depandro), Fernando Portugal, quien explica que la cantidad decomisada del arbusto durante todo el año, antes de pasar la frontera, no es suficiente para la elaboración de cocaína o clorhidrato de cocaína. Por ello, postula que lo más probable es que esta producción sea destinada al empleo medicinal o el masticado o acullico.

Argumenta que las mafias que operan en su nación optaron por la instalación de laboratorios clandestinos en lugares donde se planta la hoja, para sacarla a otros Estados por vías terrestre, fluvial o aérea. “Viendo el costo-beneficio, no les convendría trasladar coca a Bolivia, toda vez que de Sandia a Desaguadero hay un promedio de 20 horas de viaje y existen varios controles policiales, por lo que el riesgo es latente por la labor de interdicción que hace la Policía”.

 

CONTRABANDO. La Embajada de Perú en Bolivia confirma la vigencia de este contrabando de la hoja que se cultiva en su nación, para “procesarla” en territorio boliviano. No obstante, remarca que esta actividad reñida con la ley es de “poca magnitud”. Coincide con el general Salas en que quienes se dedican a este ilícito aprovechan la extensa frontera, en la que igual se desarrolla “una problemática vinculada al tráfico ilícito de drogas y a sus delitos conexos”.

Recuerda que para combatir esta irregularidad, desde 2000 se realizaron cinco reuniones bilaterales de la denominada Comisión Mixta Antidrogas Perú-Bolivia, que abordó, por ejemplo, el intercambio de información y experiencias para hacer más efectivas las tareas de erradicación de plantaciones ilícitas en la zona limítrofe.

Celia Cáceres, cocalera del distrito de San Pedro de Putina Punco, en la provincia Sandia, afirma que “son pocas las personas que se dedican al traslado de hoja peruana” hacia Bolivia. “No puedo asegurar para qué llevan, pero la envuelven en paquetes y la llevan a la frontera”. “Sale de Perú por lugares alejados, por donde no hay control”, dice una funcionaria de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida, entidad que diseña y conduce la política peruana de lucha contra las drogas), quien pide mantener su nombre en reserva.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) boliviana admite esta internación ilícita, a través de un cuestionario respondido a Informe La Razón, pero aclara que es una “ínfima cantidad”. Aparte, subraya que no identificó rutas, lugares de destino ni puntos fronterizos, porque no está en sus atribuciones controlar el ingreso o salida de la hoja. Eso sí, precisa que “las rutas más utilizadas en gestiones anteriores fueron Desaguadero-Laja y Copacabana-Huarina-Río Seco”, que se encuentran en el departamento de La Paz.

Asimismo, sus reportes dan cuenta de que en cinco años se incautaron de 8.001 libras de coca peruana, es decir, 3,6 toneladas. Pero los decomisos cayeron desde 2011, cuando se confiscaron 22.587 libras (10,2 toneladas), a 801 libras en 2015, menos de media tonelada (ver infografía de la página 7). Pese a los datos, el director general de la FELCN, Santiago Delgadillo, responde que “hace tiempo no entra hoja de coca de ningún lado, eso es difícil. Cómo va a entrar si hay suficiente acá”. La declaración la hizo en la reunión de la Quinta Comisión Mixta Antidrogas Perú-Bolivia, celebrada en Copacabana, en mayo.

Más todavía, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gumercindo Pucho, sostiene que no tiene en sus archivos datos sobre ingreso ilícito de coca peruana, porque no es competencia de su repartición fiscalizar ello. Con el mismo alegato, la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca de Bolivia (Digcoin), que controla la circulación y venta del vegetal en estado natural, responde que desconoce si se interna ilegalmente hoja de la nación vecina. Pero Modesto Condori, exdirector de esta institución, asegura que durante su gestión, el Grupo Especial de Control de Coca decomisó “taques de hoja de coca peruana en fosas de maceración” para droga.

Cocaleros de los Yungas también niegan conocer sobre este contrabando. “No sé nada. Si evidenciamos, nos vamos a pronunciar y exigir al Gobierno que refuerce los operativos en las fronteras”, manifiesta el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez. El vicepresidente de esa organización, Gregorio Chamizo, complementa que “siempre hubo el rumor” del ingreso de hoja peruana y que llegó el momento de que las autoridades realicen controles estrictos porque, de ser así, “afecta a la economía y hace quedar mal a los productores bolivianos ¿Para qué entra si producimos aquí?”

 “No escuché sobre el asunto. Pero si está ingresando coca de Perú, es ilegal y perjudicial para nosotros, porque Bolivia produce coca en el trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz”, señala el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba,Leonardo Loza. En suelo peruano se escucha el mismo tono. “Para nosotros eso (internación ilícita a Bolivia o contrabando de coca) no existe. Descartamos toda posibilidad de que peruanos estén involucrados en esa actividad”, sentencia el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores.

La Región Policial de Puno devela también que las organizaciones binacionales desarrollaron seis modus operandi para materializar sus fechorías. El primero es el contrabando “hormiga”, mediante el cual los delincuentes transportan la mercancía por rutas y senderos acondicionados por ellos, con los que burlan la vigilancia policial y aduanera. Otro es el “camuflaje”, con el cual los transportistas acondicionan “caletas” para el ocultamiento de los paquetes y bolsas de yute con el vegetal comprimido o prensado.

El tercero tiene como protagonistas a los “intermediarios”, quienes se colocan en puntos clave de las zonas limítrofes para introducir la coca. En el siguiente están los “comerciantes en primer plano”, es decir, mayoristas que adquieren y comercializan la mercadería ilegal, tras acopiarla en galpones, casas, tiendas y otras instalaciones en la frontera. El quinto concierne a “comerciantes en segundo plano”, quienes igual son mayoristas, pero compran la hoja de contrabando en la región limítrofe para llevarla y venderla en las ciudades de La Paz y El Alto, “no descartándose que también la lleven a otras localidades de Bolivia”.

La sexta estrategia se la implementa con transportistas, incluso de servicio público, quienes utilizan sus motorizados de alto y bajo tonelajes para introducir ilegalmente la mercancía a suelo boliviano, ocultándola en guardaequipajes o debajo de los asientos que son difíciles de notar a simple vista. Detrás de toda esta cadena hay un negocio que mueve miles, incluso millones de dólares. Y sus eslabones se arriesgan por un factor, coinciden los entrevistados: el precio.

COSTOS. Es que la coca peruana puede ser comercializada a mayor precio en Bolivia. Y narcotraficantes que operan en el país saben que es más barata y que puede alivianar sus inversiones. Por ejemplo, en Perú dos libras de la hoja del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) —zona que concentra el 67,8% del total de producción— cuesta $us 3,7 (unos Bs 25), según el informe anual de Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 (Perú) de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), presentado en julio de 2015. La versión boliviana de este documento indica que una cantidad similar cuesta $us 8,28 (unos Bs 57). Es decir, el precio se duplica en Bolivia.

Funcionarios de Devida, quienes pidieron mantener su nombre en reserva, añaden que 22 libras del producto valen aproximadamente 250 soles (Bs 510), pero cuando éste pasa hacia el lado boliviano, sube a 390 soles (Bs 795). Y tildan de “mejores” los alcaloides de la hoja de su nación, compuestos

que sirven para elaborar cocaína. El factor económico es el que motiva a los “chanchos”  (denominativo que se le da a los contrabandistas de coca en Perú), quienes se arriesgan a trasladar “chanchitos” (cargas) sorteando controles y evitando las requisas, asevera el general Salas. Mientras que el gerente de la Alcaldía de Puno, Édgar Centeno, considera que la principal razón que promueve este ilícito es la sobreproducción de la hoja peruana. “Producimos más coca, por tanto es más barata. Si llevan al otro lado (Bolivia), ganan más”.

Hace tres años, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, expuso que esta actividad clandestina es impulsada por el precio, pues un taque de la hoja boliviana (50 libras) se cotizaba, a esa fecha, entre Bs 800 y 1.200, en tanto que la peruana ascendía a entre Bs 500 y 600. Informe La Razón buscó sin éxito a la autoridad para actualizar esa información. Al respecto, la FELCN reporta que el ingreso de coca de Perú, “en gestiones anteriores, generalmente se daba para suplir la escasa oferta de hoja boliviana causada por las temporadas bajas en la producción”.

Precisamente otra de las tesis planteadas por autoridades peruanas es que la coca boliviana no alcanza a satisfacer la demanda interna. Según datos del censo levantado en 2012, de los 10.027.254 habitantes de Bolivia, 3.082.464 (30,74%) consumen la hoja con fines rituales y medicinales.

Para abastecerlos se precisan 14.705 hectáreas, postula el estudio que fue elaborado por el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), financiado por la Unión Europea. Esa cantidad de plantaciones necesarias es inferior a las 20.400 hectáreas producidas hasta 2014, de acuerdo con el documento Monitoreo de Cultivos de Coca 2014, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).

La Ley 1008 boliviana, de Régimen de Coca y Sustancias Controladas, reconoce la siembra de 12.000 hectáreas en la zona tradicional de los Yungas de La Paz. No obstante, el Gobierno se fijó una meta de 20.000 hectáreas de cultivo, 8.000 de las cuales se encuentran en el trópico cochabambino. Con esa finalidad, proyecta la discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la posterior promulgación, de una flamante normativa que reconozca como legal esa superficie de plantaciones en el país.

La relación coca-cocaína es un punto de polémica y lucha, ya que ambas fueron incluidas en la lista de sustancias controladas adjunta a la Convención de Viena de 1961 y el Tratado sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 1988. La mayor victoria internacional del Estado sobre este tema ocurrió en 2013, cuando la Asamblea de la ONUreadmitió a Bolivia en la Convención de Viena respetando la reserva al masticado de la hoja.

El arbusto es considerado sagrado desde la época prehispánica, pues, igual que ahora, se utilizaba en rituales. Por ello, los productores la defienden a ultranza. “La hoja de coca es la sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros. Vamos a seguir trabajando en su defensa porque es nuestro alimento y medicina. Si está entrando coca de otro país deben realizarse los controles y decomisos”, propone Leonilda Zurita, secretaria de Relaciones Internacionales del MovimientoAl Socialismo (MAS).

Por ahora, el traslado de esta planta a otros países es ilícito. Y para mejorar la fiscalización en suelo peruano, el gerente de Comercio Nacional de la Enaco, Juan Carlos Galdos, sugiere fortalecer las instituciones que realizan operativos y crear un mercado más favorable para los agricultores legales. La FELCN boliviana deja esa responsabilidad a las entidades facultadas por la ley. Mientras que el general peruano Salas indica que se requiere que personal de la Enaco en Puno, junto a uniformados, implementen controles constantes. Aunque por el momento, sigue el contrabando hacia Bolivia.