Luego de un encuentro con el presidente Luis Arce en la Casa Grande del Pueblo, el Gabinete Social definió una línea de lucha contra el agio, la especulación y el contrabando de alimentos desde los tres niveles de gobierno.

“En el encuentro se definió la “coordinación con gobernadores y alcaldes para control del agio y especulación (…). Esta lucha contra el Contrabando, agio y especulación es de todo el pueblo boliviano, poque sí afecta a la canasta familiar”, dijo el dirigente campesino Vidal Gómez, al salir del encuentro.

Asimismo, indicó que el acuerdo incluye, por parte de las organizaciones sociales, el control de los precios y las denuncias ante posibles casos de acopio.

Gabinete Social

Ante varias denuncias de contrabando de productos bolivianos hacia otros países, especialmente  Perú, el presidente Luis Arce instruyó la militarización de las fronteras, con el fin de frenar la salida de productos, que se traduce en un incremento en el precio en el mercado nacional.

Liderado por el presidente Luis Arce, al encuentro asistieron 51 persona, incluidos ministros de todo el gabinete del Mandatario, excepto los titulares de Tierras y de Medio Ambiente, que se encuentran en Santa Cruz, dirigiendo tareas contra los incendios.

Además, estuvo presente el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

Precisamente, los incendios fue el segundo tema en el que giró la conversación del Gabinete Social. Los asistentes comprometieron esfuerzo para apoyar en la lucha contra el fuego que arrazó más de 7 millones de hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

Incendios

De hecho, la mañana de este martes, el presidente Luis Arce entregó en Santa Cruz el segundo avión Elektra Tanker y un Hércules para apoyar en la lucha contra los incendios.

Ambas aeronaves apoyarán a las tareas de los más de 5.000 efectivos que operan en la región desde el 3 de julio, a los cuales se incorporan otros 1.457 miembros para intensificar las labores de mitigación.

Las organizaciones sociales que respaldan al presidente Luis Arce pidieron a los ministerios de Gobierno y de Justicia que “acompañen” el proceso que envuelve al expresidente Evo Morales en un caso de supuesto estupro, con el fin de “garantizar” la integridad de las víctimas.

“Nosotros, como organizaciones sociales hemos dicho que tanto el Ministerio de Justicia, como el Ministerio de Gobierno deben acompañar y resguardar la integridad de las víctimas”, dijo el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidad Indígenas Originarias de Bolivia (CSCIOB), Vidal Gómez.

Evo Morales

Vidal abordó el tema luego de ser consultado por el Gabinete Social que se reunió con el presidente Luis Arce en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz. Aclaró que el proceso de Morales no fue tema de conversación en el encuentro, para “no politizar el tema”.

“La Justicia debe mostrar la verdadera cara (de Evo Morales). No es un tema político. La justicia debe defender a las víctimas y no parcializarse al poder (que tuvo el expresidente) por más de 14 años”, agregó.

Por el caso de supuesto estupro, Morales debe presentarse a declarar ante la Fiscalía de Tarija el jueves. Junto con él, los padres de la presunta víctima deberán asistir.

Notificado, Morales dijo que se defenderá y “ganará la batalla”.

Estupro

Por su parte, las organizaciones sociales que respaldan al jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron con “convulsión” si Morales es detenido. Incluso, las regionales de su partido se declararon en “alerta” por lo que pueda ocurrir con su líder.

Morales denunció que ese y otros procesos que se abrieron contra él responden a un intento del Gobierno por proscribir al MAS, al movimiento campesino e inhabilitar su candidatura a las elecciones nacionales de 2025.

“A los evistas, por más que traten de culpar al Gobierno o de ocultar algo de los delitos que se haya cometido, la justicia debe determinar las acciones correspondientes. Es una victimización”, dijo Gómez.

La Fiscalía de La Paz apelará la sentencia contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López que recibieron una sentencia de ocho años de prisión, luego de ser hallados culpables en el caso Gases Brasil.

Rosario Venegas, fiscal departamental de La Paz en suplencia legal, confirmó la información. En su criterio, la pena privativa de libertad contra las exautoridades “es muy corta”.

“La Fiscalía solicitó la pena máxima de 10 años para cada acusado por delitos de corrupción, pero los miembros del tribunal determinaron condena de sólo tres, siete y ocho años; por ello, vamos a presentar el recurso de apelación cuando seamos legalmente notificados con esa sentencia”, indicó la fiscal a los periodistas.

La fiscal justificó esa apelación y dijo que “durante la investigación se obtuvieron pruebas contundentes que demuestran la participación de los implicados”.

Fiscalía

Por su parte, el fiscal Omar Yucra, consultado sobre el tema, ratificó que pedirán la ampliación del tiempo de la pena.

“El Ministerio Público no va a permitir que se deje en la impunidad ningún acto delincuencial que se ha cometido en contra del Estado boliviano”, dijo en una improvisada conferencia de prensa.

El caso Gases Brasil investigó los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

SI bien Murillo y López fueron sentenciados a ocho años, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

El fiscal Omar Yucra informó este martes que el estado de “refugiado” que tienen los exministros Luis Fernando López Julio, en Paraguay, y Arturo Murillo, en Estados Unidos, “frena” su extradición para cumplir la sentencia de ocho años que dictó la Justicia en su contra.

“Se tiene conocimiento de que el mismo (caso de Murillo) se encuentra en trámites en oficinas de la Cancillería. En cuanto a López Julio se ha solicitado la extradición y también se encuentra en trámite, sin embargo, el aspecto de refugiado que tiene en Paraguay está obstaculizando dicha extradición”.

El 4 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a Murillo y López en ese caso. Los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

En tanto, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez, en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó este martes que el debate y las sesiones en la Cámara de Diputados “no es nada sencillo” y que ello deriva en “burocracia” para la aprobación de leyes.

“En la Cámara de Diputados no es nada sencillo y fácil llevar el desarrollo normal de las sesiones”, dijo en una conferencia de prensa.

El legislador chapareño del Movimiento Al Socialismo (MAS), y formado políticamente bajo el ala de Evo Morales, abordó el tema a propósito de una supuesta solicitud suya para que se elimine el delito de estupro.

Andrónico Rodríguez

Según Rodríguez, esa propuesta de norma fue planteada por la senadora Andrea Barrientos, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), y fue remitida a Diputados en abril de este año.

“La aprobación de una ley tiene un procedimiento larguísimo y un trámite totalmente burocrático. Necesariamente tiene que pasar por una cámara de origen y saben cómo está en la instancia de la Cámara de Diputados”, complementó Rodríguez.

En los hechos, el debate legislativo retrasó la aprobación de varias leyes, debido a que las tres fuerzas políticas con representación política en la Asamblea Legislativa no pudieron hallar consensos.

Incluso, tanto el MAS como las opositoras CC y Creemos, vieron “atomizadas” sus bancadas y eso derivó en pugnas y hasta acusaciones de “tratos” entre oficialistas y opositores.

Cámara de Diputados

No fue diferente en la Cámara de Senadores, donde también recurrieron a consensos para viabilizar la aprobación de normas.

Una de las normas más retrasadas por esas diferencias fue la Ley de Elecciones judiciales, cuyos comicios debían celebrarse en 2023, pero luego de una serie de escollos, se celebrarán el 1 de diciembre de este año.

Otro de los “grandes desafíos” de la Asamblea Legislativa tiene que ver con la aprobación de créditos internacionales, con recursos destinados a infraestructura, preinversión, salud, electrificación, riego y otro tipo de obras.

El Gobierno pidió, reiteradamente, la aprobación de esas normas, para paliar la crisis por falta de dólares y combustibles.