Legislativo convoca para el sábado a interpelación por el caso LaMia
La Asamblea Legislativa Plurinacional convocó para las 18.00 del sábado a la interpelación al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, para que informe sobre la autorización de operaciones a la firma LaMia
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó para este sábado a sesión interpelatoria al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, por la autorización de operaciones de la firma aérea LaMia, involucrada en un siniestro con 71 muertos, y para el tratamiento y aprobación del decreto presidencial de indulto a privados de libertad.
La interpelación a Claros es para que informe sobre el permiso de operaciones a la empresa LaMia. Una de las aeronaves de la empresa se estrelló el 28 de noviembre de 2016 con el saldo de 71 muertos y seis sobrevivieron, entre ellos dos tripulantes bolivianos. Dos personas están detenidas por las investigaciones sobre este caso.
El Legislativo convocó este jueves a la sesión para las 18.00 del sábado. “Acto de interpelación al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros Hinojosa, sobre la obtención del certificado de explotación de servicios aéreos de la aerolínea LaMia Corporation SRL”, establece el primer punto de la convocatoria.
El primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el 9 de enero que también estaba en agenda una interpelación a la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, por la crisis del agua en La Paz. No obstante, no figura en la agenda este acto interpelatorio.
En el segundo punto de la convocatoria está la “consideración de la aprobación del Decreto Presidencial que tiene por objeto establecer la concesión de amnistía, indulto total e indulto parcial a personas que se encuentran privadas de libertad”.
El presidente Evo Morales promulgó en diciembre el decreto de amnistía a favor de los privados de libertad con penas iguales o menores de cinco años, una medida humanitaria que podría beneficiar a unas 1.800 personas.
Los beneficiarios serán «las personas no reincidentes, menores de 28 años, mujeres cabezas de hogar, madres que viven con hijos al interior del recinto penitenciario, personas con enfermedades terminales, mujeres embarazadas (…), personas con grado de discapacidad grave y muy grave, y adultos mayores», explicó Morales ese día.