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miércoles 6 jul 2022 | Actualizado a 13:03

Fiscalía chilena no considera como atenuante la función aduanera de los detenidos en Iquique

Hardy Tórres, es el hombre fuerte del caso por el que nueve bolivianos fueron detenidos en la frontera con Chile. En una entrevista con La Razón, cuenta los detalles de la imputación y la actual situación de la frontera, donde ocurrieron los hechos.

/ 30 de marzo de 2017 / 23:17

El 22 de marzo, el Fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, lideró la acusación en contra de los dos militares y siete aduaneros bolivianos detenidos por la policía chilena en frontera común de Bolivia y Chile.

Ese día, la autoridad pidió, sin dudas, la detención preventiva de los funcionarios que, dijo, intentaron robar un camión con base en testimonios de las víctimas, quienes relataron la forma violenta en que fueron abordados por los imputados.

Los cargos por los que ahora están presos los connacionales en el penal de Alto Hospicio, Iquique, son robo con violencia e intimidación, porte y tenencia de arma de fuego y contrabando, por el ingreso ilegal de los dos vehículos en los que se trasladaban los bolivianos.

Tórres, el hombre fuerte del Ministerio Público en este caso, cuenta a La Razón los detalles de la imputación y la actual situación de la frontera, donde ocurrieron los hechos:

La Razón (LR). ¿No correspondía tratar este tema por la vía diplomática? ¿Todavía es posible acceder a esta vía?

Hardy Torres. No me es posible responder esta pregunta por cuanto no corresponde a una materia propia del caso en tribunales.

LR. ¿Hay más pruebas en contra de los funcionarios aduaneros? Ellos insisten en que fueron detenidos en territorio boliviano.

H. T. De acuerdo a las pruebas y antecedentes recogidos en el sitio del suceso, no hay dudas que toda la dinámica de estos hechos se realiza dentro del territorio chileno.

LR. ¿Dada la condición de funcionarios públicos, este aspecto no es una atenuante para los aduaneros y militares en el proceso instaurado en Iquique?

H. T. En Chile, el hecho de que una persona sea funcionario público, no está contemplada dentro de las circunstancias atenuantes descritas en el Código Penal. (art. 11)

LR. ¿En qué circunstancias se hiere a algunos de los bolivianos?

H. T. De acuerdo a lo señalado por ellos durante la audiencia de control de detención, esto habría sido producto de una agresión de ciudadanos civiles al momento de su detención.

LR. ¿No acusará a los choferes de los camiones de transporte de mercadería, que en Bolivia, se presume que fue ilegal? ¿Qué pasó con los productos que estaban cargados en los camiones? ¿Qué contenían y qué hacían lejos del paso fronterizo autorizado?

H. T. Antes de cualquier acusación se debe formalizar investigación y para ello la legislación chilena contempla como requisito previo la denuncia de tales hechos por la víctima, la cual en Chile corresponde al Servicio Nacional de Aduanas.

LR. ¿Quiénes son los querellantes? ¿Existe jurisprudencia?

H. T. Querellantes en este caso corresponde al Servicio Nacional de Aduanas por el delito de Contrabando.

LR. ¿Las penas que pesan sobre los bolivianos que características tienen y cuáles son sus alcances y atenuantes?

H. T. En este momento y debido a los delitos por los cuales se encuentran formalizados, ellos arriesgan penas que pueden llegar hasta los 15 años por el delito más grave.

LR. El Gobierno de La Paz anticipó que acudirá a la CIDH para reclamar por este hecho. ¿En qué influiría esta acción de concretarse?

H. T. No puedo pronunciarme respecto de actividades que pudiere realizar el gobierno boliviano o los eventuales efectos que aquello pudiere ocasionar.

LR. ¿Qué acciones de oficio tomarán, puesto que se descubrió que ese sector es utilizado para el paso ilegal de mercadería? Al menos así lo afirman autoridades de la Aduana Nacional de Bolivia.

H. T. La Fiscalía de manera permanente, antes y después de estos hechos, ha perseguido en tribunales a aquellas personas que se dedican a cometer delitos, entre ellos el contrabando, el tráfico de drogas y otros, tanto en el sector donde estos hechos acontecieron, como en toda la frontera. (30/03/2017)

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A dos días de terminar el plazo de registro, no hay ni un solo postulante a la Contraloría

El diputado Manuel Córdoba, de la comisión encargada del proceso de selección y designación de la nueva autoridad, dijo que “no está prevista una ampliación” de la fase de inscripciones.

Manuel Córdoba, en La Razón Radio.

/ 6 de julio de 2022 / 12:49

A las 18.00 del 8 de julio vence el plazo de registro de postulantes al cargo de Contralor o Contralora General del Estado y a la fecha no hay ni un solo inscrito, informó este miércoles el secretario técnico de la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa, diputado Manuel Córdoba.

“No recibimos la postulación formal, pero existe muchas personas que vinieron a recabar la convocatoria y el reglamento; están recabando la documentación”, afirmó el legislador sobre los 20 requisitos que deben cumplir los postulantes.

Sostuvo que el viernes la comisión atenderá hasta la última persona que haga fila.

Respecto de la posibilidad de ampliación, dijo que “no está prevista en la convocatoria”. “Nos regimos a la resolución de la Asamblea Legislativa 014/2021-2022 que establece un cronograma de actividades y no está prevista esa situación”, señaló Córdoba desde el Palacio de la Revolución en un contacto con La Razón Radio.

El reglamento y la convocatoria fueron aprobados por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa; la oposición cuestiona los requerimientos. “No haber sido dirigente de organizaciones políticas o candidato a cargos electivos en los últimos 10 años” es uno de los requerimientos.

No haber estado involucrado en gobiernos de facto es otro de los requisitos. Dicha condición también fue incluida y luego retirada de la convocatoria para la Defensoría del Pueblo por acuerdo del oficialismo y la oposición, sin embargo, dicho proceso sigue congelado por la falta de consenso entre las tres fuerzas políticas con representación legislativa.

El lunes por la noche, Nora Mamani fue posesionada como contralora interina del Estado, función que ejercerá mientras la Asamblea Legislativa designe a la nueva autoridad titular. El presidente Luis Arce advirtió que de no tomarse esta decisión se “corría el riesgo” de que el control gubernamental del Estado, como es la Contraloría, “suspende sus funciones”.

“Esta designación se realiza frente al riesgo de que el órgano rector del control gubernamental de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia suspenda sus funciones, precautelando de esta manera el interés nacional y garantizando el servicio que presta esta importante institución al pueblo boliviano”, explicó Arce en el acto de posesión en la Casa Grande del Pueblo.

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El Ministro de Gobierno se excusa de ir a su nueva interpelación legislativa del jueves

La información fue adelantada este miércoles por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

El ministro Eduardo del Castillo. Foto de archivo: APG.

/ 6 de julio de 2022 / 12:22

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó una nota de excusa para no presentarse a su nuevo acto de interpelación en la Asamblea Legislativa en la fecha prevista, esta vez por el tráfico de autos robados, informó este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

“En el tema del Ministro de Gobierno, que teníamos ya prevista la interpelación, tenemos conocimiento que habría presentado una nota de excusa, no ha llegado el documento (todavía), seguramente en minutos más ya llegará e inmediatamente distribuiremos a todos los parlamentarios para su conocimiento”, dijo.

Pero “evidentemente tenemos ya la anticipación de la información de que se presentó la nota de excusa”, insistió el legislador oficialista, durante una conferencia de prensa, sin dar mayores detalles de los argumentos de la excusa.

También puede leer: Ministro Del Castillo volverá a comparecer ante el Legislativo por tráfico de autos robados.

La mueva interpelación a Del Castillo estaba convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, para las 14.00 del 7 de julio.

La última vez que Del Castillo acudió a la Asamblea fue el 31 de mayo para responder por la inseguridad en El Alto.

En aquella ocasión no fue censurado porque contó con el apoyo de la mayoría de los legisladores del MAS, aunque el expresidente Evo Morales aseguró que también recibió respaldo de la oposición.

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Morales pide investigar a ‘narcos’ con la misma rapidez que los anuncios ‘para proscribir al MAS’

El martes se conoció que el Presidente y el Vicepresidente instruyeron investigar la denuncia del diputado Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

El expresidente Evo Morales. Foto de archivo: AFP.

/ 6 de julio de 2022 / 11:24

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, solicitó este miércoles la conformación de una comisión de fiscales para investigar los casos de presuntos narcotraficantes más conocidos de las últimas semanas o meses con la misma rapidez que los anuncios de investigación realizados recientemente, en su criterio, para “dividir y proscribir” al partido que lidera.

“Pido formar una comisión de fiscales del interior del país para que investigue los casos de Misael Nallar (quien está involucrado en el asesinato de tres uniformados en Porongo), narcoaudios (que investiga una supuesta protección a narcotraficantes) y volteo de droga con la misma rapidez que se persigue a dirigentes y se anuncia investigaciones para dividir y proscribir al MAS-IPSP”, afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Esta expresión surge después de que el martes se conociera que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron al Ministerio de Justicia investigar la denuncia del diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sobre un presunto financiamiento electoral por parte de un acusado de narcotráfico.

También puede leer: Arce y Choquehuanca instruyen indagar denuncia de financiamiento por un acusado de narcotráfico.

Aunque el mismo día, Morales también había “saludado” por Twitter al presidente Arce por instruir “investigar las falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS-IPSP”.

Pero “que se investigue de cara al pueblo y con total transparencia ese y otros casos de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico. Estamos seguros que se comprobará la falsedad y pediremos sanciones con todo el peso de la ley contra quienes intentan destruir al MAS-IPSP”, sostuvo el exmandatario.

Además, Morales pidió a toda su militancia mantenerse en estado de alerta ante “los ataques internos y externos contra el instrumento político del pueblo”.

También puede leer: El MAS responde a Cuéllar y lo acusa de usar documento falsificado para denunciar a García.

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El Gobierno deslinda responsabilidad sobre el tercer mercado de coca, en Villa El Carmen

El viceministro Arlem Lovera ratificó que el conflicto de Adepcoca es interno y que el Gobierno respeta “la institucionalidad privada”.

El viceministro Arlem Benjamín Lovera en entrevista con La Razón Radio.

/ 6 de julio de 2022 / 10:45

En medio del conflicto latente por la creación de un tercer mercado de coca debido a la división en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el viceministro de Coca, Arlem Benjamín Lovera, afirmó este miércoles que la normativa vigente en el país es muy clara y que no hay una dirección exacta identificada para el centro de expendio de ese producto en La Paz.  

“La norma dice (de manera) muy clara que se reconoce en el departamento de La Paz el mercado de Adepcoca, en la (Ley) 906 (….) no está una dirección exacta, y tanto (la dirigencia de) Machicado y Alanes son parte de una misma asociación; pero (…) la ley es clara y reconoce el mercado de Adepcoca y ambos se identifican como Adepcoca, no es otra institución u otro grupo de productores de coca que se está atribuyendo otro mercado”, dijo Lovera en una entrevista con La Razón Radio.

La Ley General de la Coca (906), en su artículo 24, establece que “se reconoce en el departamento de La Paz, el Mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca – Adepcoca, y en el departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba”.

Adepcoca está dividida desde hace bastante tiempo, pasó por una serie de conflictos y actualmente tiene dos directivas (una al mando de Freddy Machicado y otra al de Arnold Alanes) que se atribuyen su legítima representación.

El mercado de Adepcoca está construido en la zona de Villa Fátima, en La Paz, y Alanes, en medio de la persistente división de la organización cocalera, optó por crear un tercer mercado en Villa El Carmen de la misma ciudad.

El lunes, los cocaleros liderados por Machicado realizaron una asamblea y determinaron dar un plazo al Gobierno (inicialmente dijeron hasta el 20 de julio y luego hasta el 7 de julio) para cerrar el mercado de Alanes.

Sin embargo, “el conflicto de Adepcoca es un conflicto interno, Adepcoca es una institución privada y nosotros (…) respetamos la institucionalidad privada, esperemos que dentro de Adepcoca puedan buscar los mecanismos de diálogo y de la concertación para buscar soluciones a este conflicto interno, no es un conflicto que tengan con el Gobierno”, respondió el Viceministro.

Además, la autoridad expresó su temor de que este conflicto perjudique otra vez la normal comercialización de la hoja de coca y con ello se agrave la “crisis” en el sector por los bajos precios del producto.

Lovera consideró que la crisis de los precios bajos de la coca deviene de la sobreproducción de la hoja permitida —según dijo— durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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En Potosí se cumplió un paro cívico, el Gobierno dice que se forzó cierre de negocios y que fue solo en la capital

La dirigencia de Comcipo convocó a la medida de presión. La viceministra Gabriela Alcón afirmó que la medida se cumplió en el centro de 1 de los 41 municipios del departamento

Foto: El Potosí

/ 5 de julio de 2022 / 22:21

En Potosí se cumplió este martes un paro de 24 horas exigiendo atención a demandas como la industrialización del litio y preservación del Cerro Rico. Para el Gobierno, la medida fue política y acatado en parte de la ciudad capital con un “forzado” cierre de algunos centros de abasto.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el paro convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se cumplió en 1 de los 41 municipios del departamento y restringido al centro de la ciudad.

“Es el centro de la ciudad, hay puntos de bloqueo y han forzado el cierre de algunos centros de abasta, hay normalidad”, evaluó antes de la finalización de esta jornada de protesta que estuvo caracterizada por bloqueos en los puntos de ingreso a la ciudad y calles del centro.

Según El Potosí, los comerciantes fueron obligados a cerrar sus negocios, mientras que las instituciones públicas trabajaron con normalidad.

La protesta planteó demandas como la industrialización del litio, preservación del Cerro Rico de Potosí, seguridad para el Salar de Uyuni ante intentos de pobladores de Salinas de Garci Mendoza de apropiarse de una parte del recurso, celeridad en la investigación de la compra anulada de 41 ambulancias y la construcción del aeropuerto.

El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, consideró que estas acciones con tinte político “generan una especie de inseguridad frente a lo que vamos a generar en cuanto a proyectos, porque la estabilidad social es lo que se busca”.

También recordó que hubo un proceso de socialización de la industrialización del litio, donde no acudió la dirigencia cívica. Sobre los ingresos, anunció que el próximo año se empezará a generar ingresos importantes por la puesta en marcha de la planta de industrialización.
Alcón aseguró que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los sectores movilizados.

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