Chile designa a un periodista como coordinador de comunicación para juicios en La Haya
Phillip Durán es periodista experto en política internacional. Trabajó en los diarios La Tercera y La Segunda, El Mercurio y Canal 13. Escribió un libro sobre el juicio entre Chile y Perú que este último instaló en CIJ.
El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, designó al periodista experto en política internacional Phillip Durán como el nuevo coordinador de comunicaciones en los litigios que sostiene Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con Bolivia. Reemplaza en el cargo a Ascanio Cavallo, quien dejó el puesto a principios de marzo.
El comunicador, titulado de la Universidad Católica del Norte, trabajó en los diarios La Tercera y La Segunda, además del Departamento de Prensa de Canal 13. Antes de asumir sus nuevas funciones se desempeñaba como coordinador periodístico en la sección de Política del diario El Mercurio, reportó el diario digital Emol.
Desde esos medios de comunicación, reseña radio Cooperativa citando una nota institucional, siguió de cerca los casos que tiene Santiago ante el máximo tribunal.
En 2014 publicó el libro «La Hora de los Halcones. La trastienda del conflicto Chile-Perú en La Haya» que detalla los pormenores del juicio que confrontó a ambos países en la CIJ y que concluyó con un fallo que obligó a Chile a ceder parte de su territorio marítimo.
Bolivia demandó en 2013 a Chile ante la CIJ para que cumpla con los compromisos entregados a lo largo de la historia de negociar un acceso soberano al mar. En 2016, el vecino acudió al mismo tribunal para que declare al Silala, un manantial que nace en el sudoeste boliviano, como río internacional.
Durán tiene la misión de contrarrestar la campaña boliviana internacional por ambos casos que ha sido descrita por las propias autoridades chilenas como efectiva. (26/04/2017)
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió a los políticos del país respeto por el fallecimiento del exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro y afirmó que “no es responsable” politizar ese hecho.
“Pedimos el respeto con la familia (de Montenegro); lo que pedimos a los políticos es que dejen de mediatizar, politizar e instrumentalizar este tema (…). No es responsable realizar eso con respeto con la familia y con la población boliviana”, afirmó.
Alcón se refirió así a las declaraciones de algunos políticos que sugirieron que el Gobierno tuvo que ver con la muerte de Montenegro, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas evaporíticas de las plantas de industrialización de litio en Uyuni, Potosí.
La mañana del miércoles, Montenegro falleció al llegar al hospital del Seguro Universitario y se conoció una carta póstuma de la que aún se espera su estudio grafológico, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
El fallecido exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) era uno de los 11 investigados en este caso y contaba con una orden de aprehensión en su contra.
Juan Carlos Montenegro
Lanchipa informó que se abrió un caso específico para esclarecer el deceso de Montenegro. Hasta el momento, se sabe que el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó, luego de una autopsia médico legal, que la causa de muerte fue un infarto agudo.
Asimismo, dijo que está pendiente un informe toxicológico, para establecer la existencia o no de sustancias “extrañas”.
El Ministerio Público emitió 11 órdenes de aprehensión para 10 exfuncionarios de la estatal y una empresaria; de ese total, se ejecutaron cuatro hasta el momento, entre ellos, el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y pagó una fianza de Bs 30.000.
El jueves, luego de su audiencia de medidas cautelares, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización, se beneficiaron con detención domiciliaria; mientras que el exingeniero de obras Jorge F. M. fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.
“(Como Gobierno) no vamos a emitir más palabra”, complementó Alcón.
Tahuichi advierte que la Asamblea perderá competencia en las judiciales a partir del 6 de mayo
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1549, el próximo domingo 5 de mayo se cumple el plazo para presentar la lista de candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Tahuichi Tahuichi Quispe en Piedra, Papel y Tinta.
Pasados 71 días desde que se inició el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa tiene nueve días más para presentar la lista de los candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El vocal electoral Tahuichi Tahuichi teme que el plazo no se cumpla y la Asamblea Legislativa quede sin competencias para tratar la preselección. Es que, una vez terminados los 80 días calendario fijados para la Asamblea Legislativa y la entrega de la lista de 192 candidatos, corresponde la tarea siguiente al TSE, organizar las elecciones judiciales.
“La ley es taxativa, señala que el Órgano Legislativo tiene 80 días para poder hacer la labor de preselección; tiene competencia, tiene autoridad en ese lapso (…), un día posterior podría perder competencia; esas actuaciones podrían caer en el ámbito (sic), no causarían efecto jurídico, se perdería competencia. Ese es el gran riesgo que corre este proceso”, informó Tahuichi en conferencia de prensa.
Plazo
El 16 de febrero comenzó el trabajo de la Asamblea Legislativa con la aprobación de la convocatoria para que los postulantes presenten su documentación. Desde entonces corre el plazo de 80 días, establecido en la Ley 1549, el cual concluye el próximo domingo 5 de mayo.
“Esa ley es explícita y da dos fases, dos responsabilidades que involucran a la Asamblea Legislativa, por un lado, en la preselección, y al Órgano Electoral, por el lado de la administración del proceso electoral”, explicó el vocal.
De acuerdo con la ley a la que hace mención Tahuichi, una vez finalizado el proceso de preselección, la Asamblea Legislativa tiene dos días para remitir la lista de los candidatos al TSE, para que esta instancia se encargue de llevar a cabo el proceso electoral.
“Sería una preselección fallida”, afirmó Tahuichi en caso de que no se cumpla con el plazo.
Proceso detenido
Actualmente, el proceso se encuentra detenido y en incertidumbre debido a que una serie de amparos frena la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.
Se debe evaluar a más de 404 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura.
La ley prevé que este proceso puede realizarse en máximo14 días; quedan solo nueve hasta el cumplimiento del término.
Además, la evaluación no es la última etapa del proceso de preselección. La Asamblea Legislativa debe presentar informes y resoluciones, con dos tercios de votos, para validar a los candidatos preseleccionados.
Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron el miércoles un proyecto de ley para modificar la Ley 1549. El objetivo es establecer un nuevo cronograma y, así, ampliar los plazos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la Cámara de Senadores.
Los plazos, los amparos constitucionales y las acciones populares ponen en vilo, una vez más, a las elecciones judiciales. En caso de que la Asamblea Legislativa logre cumplir con los plazos y remita la lista de candidatos preseleccionados al TSE hasta el domingo 5 de mayo, este órgano tendrá un plazo de 150 días para realizar el proceso de elección.
Una acción popular puede frenar todo el proceso de las elecciones judiciales
“La determinación de esa acción popular podría determinar la continuidad o la paralización definitiva del proceso”, advirtió el diputado Juan José Jáuregui.
Una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, podría detener no solo parcialmente la fase de preselección, sino todo el proceso de forma definitiva, debido a que no denuncia una vulneración a un derecho del postulante, sino atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la ley.
Esa conclusión la expresó en conferencia de prensa el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui.
“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…), esa acción popular sí es para preocuparse”, explicó.
La acción popular a la que hizo mención Jáuregui fue presentada por la abogada Yeny Dury Bautista a mediados de abril en Pando.
Dicha acción enfatiza la vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originario campesinos en general. Pero remarca en particular el caso de Pando, donde, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo se observa cuatro postulantes mujeres habilitadas, sin representatividad de “plurinacionalidad”.
De acuerdo con la acción popular, estas irregularidades son contrarias a lo que establece la Ley 1549.
El artículo 4 de dicha ley enfatiza claramente: “Equidad. Garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres” y la “plurinacionalidad. En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.
Proceso
El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.
Sin embargo, la norma no es retroactiva. El 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental determinó la paralización del cronograma de preselección de postulantes, como respuesta a la acción popular presentada por la abogada pandina.
“En realidad, la determinación de esa acción popular podría determinar la continuidad o la paralización definitiva del proceso”, insistió Jáuregui.
El proceso de elecciones judiciales se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes, cuando el 16 de abril un amparo constitucional en Santa Cruz detuvo todo el proceso. Desde entonces, se conocieron otros amparos. Se trató algunos en audiencias y otros se suspendieron.
La acción popular todavía no fue resuelta y se espera que en las próximas horas se pueda tratar el tema. Para así determinar el destino de las elecciones judiciales.
Gutiérrez: Pugnas internas frenan elecciones y aprobación de leyes en la Asamblea
El senador Rubén Gutiérrez admite que las disputas políticas están afectando, “en definitiva”, el trabajo y eficacia de la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez admitió que las diputas políticas y la “electoralización” en el país frenan el avance de leyes en la Asamblea Legislativa, además del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
En entrevista con La Razón Radio, lamentó que antes había un promedio de 100 leyes aprobadas y, ahora, la cifra se redujo a 60. DIjo que ese dato responde a las pugnas internas en las tres principales fuerzas políticas: MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos). Ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, añadió.
Confesó que las disputas políticas están afectando “en definitiva” el trabajo y eficacia de la Asamblea, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. “Son por las posiciones, las agendas programáticas y las electoralizaciones”.
En su criterio, las rupturas internas están afectando “visiblemente” la labor parlamentaria. Aseguró que no solo el MAS atraviesa por una fractura, sino que también la oposición tiene “muchos problemas”.
“Pensé que nosotros teníamos este conflicto interno, pero el sistema político y la oposición tiene (también) estos problemas”, indicó.
El entrampamiento en la Asamblea Legislativa ha afectado la ejecución de las elecciones judiciales desde el 2023. Actualmente, el proceso de preselección está frenado por un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.
Las comisiones mixtas encargadas de la preselección solo tienen nueves días más para entregar su informe. Sin embargo, todavía no se han tomado las pruebas orales a los aspirantes y tampoco se ha resuelto el tema de ausencia de candidatas mujeres para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Al respecto, Gutiérrez admitió que se deberá ampliar el plazo de los 80 días calendario, aunque no se sabe si, para ello, se modificará la ley o solo será interpretada por la Asamblea.
“Necesariamente se tendrá que reponer los días perdidos, eso significa ampliar. Hay que establecer otro mecanismo”, dijo.
El miércoles, el senador Luis Adolfo Flores consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección. Su solicitud fue aprobada por 20 de los 29 senadores, aunque para aprobar la ampliación se deberá conseguir los dos tercios de voto.
“Para viabilizar este proceso es importantes volver a los momentos de acuerdos multipartidarios”, dijo.
Asimismo, indicó que todavía está pendiente resolver el tema de ausencia de mujeres e indígenas. “(Las comisiones) no nos han informado nada todavía, se tomará una decisión la siguiente semana. Requiere un consenso obligado”.
A nueve días del plazo para la preselección, suman los recursos y los fallos a favor de postulantes inhabilitados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, informó que ya suman ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos.
El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales. El primero fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo, por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.
Audalia Zurita, abogada de la familia de Juan Carlos Montenegro, contó a La Razón que el fallecido exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) la contactó un día antes de su muerte, el martes de abril, con el fin de preparar la defensa en el caso YLB.
El hombre “se encontraba desalentado”, reveló la jurista en conversación con La Razón Radio este viernes.
Contó que Montenegro se enteró de que fue incluido en la investigación y que, probablemente, existía una orden de aprehensión en su contra al igual que la del exministro de Minería Luis Alberto Echazú por el mismo caso.
“Él creía que esa era una decisión de política gubernamental”, aseguró.
Montenegro era uno de los 11 acusados por presuntamente haber causado daños al Estado por Bs 425 millones, debido al “mal funcionamiento” del proyecto de cristalización y extracción de litio.
Días después, el exgerente dejó una carta póstuma en la que rechaza las acusaciones en su contra, aseguró que es inocente y apuntó al gobierno de Luis Arce por utilizar el caso para desviar la atención por el «fracaso» de la industrialización del litio.
Zurita aseguró que Montenegro contaba con información que develaba “la falta de voluntad del Gobierno” de hacer el mantenimiento a las piscinas de litio.
El exgerente consideraba que estaba en desventaja en el juicio en su contra. “Él creía que era una decisión política de perseguirlo y tenía certeza de que se trataba de una persecución política”.
El fallecido le confesó a su defensa que estaba desalentado por el caso y que cualquier explicación que diera ante la Justicia sería inútil. La abogada afirmó que Montenegro no quería ser aprehendido como Echazú y ser “humillado” en medios de comunicación.
Por ello, Zurita le recomendó presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público para que sea aprehendido ahí, pero Montenegro también temía que el traslado a celdas policiales se mediatice y sea visto por su familia.
“Supo que Echazú fue aprehendido con exceso de seguridad, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, y estaba en mucho desagrado de estos procedimientos. Como él (Montenegro) tampoco fue citado (al igual que exministro Echazú) le causó mayor desaliento”, explicó.
Respecto a la carta póstuma, afirmó que aparenta ser su firma, debido a que el contenido de la nota “es compatible” con los sentimientos que le manifestaba el día anterior. “Es probable que él haya escrito ese contenido porque yo entendí que no quería ser tratado de forma humillante”.
“Yo creí que iba a pedir un asilo, no pensé que iba a ser un autoatentado”, añadió.
Su abogada presume que su cliente sufrió un ataque cardiaco y que, en lugar de pedir auxilio, utilizó ese tiempo para escribir su carta póstuma y enviar mensajes a ciertas personas, entre ellas, Zurita.
La jurista develó que el propio Montenegro le envió la carta póstuma en formato digital a través de alguna aplicación de mensajería. “Podría ser que en vez de buscar auxilio usó el tiempo para escribir la carta y enviar mensajes”, insistió.
Zurita develó que su secretaria lo encontró con vida y lo trasladó inmediatamente al Seguro Universitario, donde llegó sin vida. “Cuando llegó Montenegro al seguro, dijeron que aparentaba ser un infarto porque no había ninguna señal de atentado”.
“No se sabe si ese infarto fue provocado o fue un proceso natural”, señaló.
No descartó la posibilidad de que trate de un “autoatentado”, debido a que —en su criterio— el texto “es autentico”.
A su vez, informó que el lunes presentará la extinción del proceso por muerte. Hoy es el entierro del exgerente, cuya familia no dará detalles acerca de su muerte.
