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Muñoz dice que negociaciones pasadas sobre el mar con Bolivia no generan obligación jurídica

Chile confirmó que este viernes presentará la dúplica y cerrará la fase de alegatos escritos en el juicio por el tema del mar planteado por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A horas de ese hecho, el canciller Heraldo Muñoz afirmó que el diálogo con Bolivia sobre esta temática no implica “una obligación jurídica de negociar un acceso soberano” al mar y que la integración no es entregar territorio.

En una columna de opinión publicada este jueves en la versión digital del periódico español El País, Muñoz hizo referencia a los diferentes escenarios de diálogo encaminados por ambos Estados a lo largo de la historia para tratar la demanda marítima boliviana y que, justamente es la columna del juicio planteado en 2013 por el gobierno de Evo Morales.

“En su demanda, Bolivia planteó que Chile se ha comprometido a lo largo de los años, en forma obligatoria, a negociar un acceso soberano al mar. Supuestamente, a través de diversos acuerdos, conversaciones diplomáticas y declaraciones unilaterales”, establece el canciller.

Justamente, la demanda marítima pide a los jueces internacionales obligar a Santiago a cumplir sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico. Para el equipo jurídico boliviano los compromisos generan una obligación jurídica.

Muñoz discrepó con la posición y aseguró que la intención última de la demanda es modificar su territorio y alterar el Tratado de 1904, que fijó los límites de ambos países tras la guerra del Pacífico que terminó cercenando a los bolivianos su cualidad marítima con la cual nació en 1825.

“Chile ha estado dispuesto a escuchar las aspiraciones de Bolivia y presentar sus intereses propios al país vecino. Sin embargo, ello no significa que exista una obligación jurídica de negociar un acceso soberano”, insistió en la columna, que no es la primera que publica sobre esta problemática.

Una vez presentada la dúplica tras la entrega a la CIJ de la memoria (Bolivia), contramemoria (Chile) y réplica (Bolivia), se cierra la etapa escrita del juicio y empieza la presentación de los alegatos orales que finalmente darán paso a la emisión de la sentencia.

Según Muñoz, Bolivia tiene libre tránsito que le representa un costo de $us 100 millones, además de otros $us 400 millones para mejorar los accesos a sus puertos desde la frontera. También dice que existe “una integración silenciosa” en ámbitos de la salud y educación.

Para el gobierno de Evo Morales el Tratado de 1904 es recurrentemente incumplido en lo referente al libre tránsito por una serie de paros de funcionarios aduaneros que dejaron por varios días a miles de camiones parados en ambos lados de la frontera con millonarias pérdidas.

Muñoz también recordó la reunión de Comité de Fronteras de Santa Cruz, que fue reactivada ante incidentes fronterizos y tras varios años de inactividad. “Dicho Comité de Fronteras demostró que, en el siglo XXI, la integración no es entregar territorio”, afirmó.