Este lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el ataque que sufrieron tres efectivos policiales por parte de grupos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) e informó que turistas que se trasladaban en un bus también fueron atacados por los seguidores del expresidente Evo Morales.

“Este atentado no solamente ha quedado en un atentado contra el personal dependiente de la Policía Boliviana, sino que también este grupo ha realizado al menos 10 disparos a dos flotas que procedían a trasladar turistas desde la región de Uyuni al departamento de Oruro (…); dos personas resultaron heridas”, informó la autoridad en conferencia de prensa.

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Grupos

De acuerdo con el ministro, la situación podría haber sido peor, pero uno de los turistas tenía conocimiento médico, por lo que pudo atender a los heridos.

Además, Del Castillo cuestionó los fines reales de la denominada “marcha por la vida”, pues pese a que sus dirigentes existen en que se trata de una movilización pacífica, también reaccionan con violencia.

Por ello, el ministro calificó a la medida de presión como una “marcha en defensa de la pedofilia”, debido a que, en su criterio, busca dejar en impunidad y cerrar el caso de trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales.

“Es una organización criminal, una mafia articulada que estaba buscando quitarle la vida a efectivos de la Policía”, denunció la autoridad sobre la presencia de «grupos armados».

En criterio de Del Castillo, los sectores evistas reaccionaron a la “advertencia” del senador evista Leonardo Loza, el cual alertó que personal policial se movilizaba para frenar la marcha. Por ello, de manera errada, creyeron que los buses con turistas trasladaban a las fuerzas del orden.

Asimismo, el ministro señaló que en la marcha hay un total de 2.300 personas y “la Policía Boliviana supera este número con creces”.

En ese sentido, pidió a la población tener calma y aseguró que nadie ingresará en la plaza Murillo.

Sectores sociales afín al expresidente Evo Morales fueron gasificados la mañana de este lunes al intentar tomar la sede de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

Miembros de la federación de campesinos afines al presidente Luis Arce iniciaron una vigilia para evitar que grupos afines a Morales intenten tomar la sede sindical.

Al inicio de la marcha, uno de los dirigentes, en entrevista con radio radio Kawsachun Coca, indicó que las 16 provincias de Cochabamba convocaron a una marcha exigiendo al Gobierno que cambie las políticas “hambreadoras” que manta de hambre al pueblo.

“La poca plata que tenemos, no nos alcanza para nada. Ha subido de precio el precio del aceite, arroz. Nosotros producimos en el campo alimento con maquinaria, no tenemos diésel, gasolina”, denunció el dirigente.  

El jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados Enrique Urquidi, abordó la polémica sobre la agresión física entre los diputados de su fuerza política, Miguel Roca y Gustavo Aliaga, que ocurrió el 8 de enero. Afirmó que se debe “recuperar la imagen y la credibilidad de la Asamblea.

La semana pasada, Roca denunció haber sido atacado por Aliaga, quien presuntamente lo agredió tras un enfrentamiento verbal relacionado con la aprobación de un crédito contingente para desastres naturales. Roca expresó que Aliaga lo atacó “de manera cobarde” y le causó una lesión en el ojo derecho.

Sin embargo, Aliaga negó ser violento y sostuvo que su colega exageró un empujón que le dio para apartarlo cuando intentaba provocarlo. Aseguró que el daño en el rostro de Roca fue causado por un posible accidente con sus lentes.

Consultado en La Razón Radio sobre: ¿Qué está ocurriendo, no sólo dentro de CC, sino qué está pasando?, ¿qué denota de la política en nuestro país?

En respuesta, Urquidi precisó que Roca ya no pertenece a la bancada de CC, y subrayó el rechazo absoluto de su agrupación a cualquier acto de violencia, especialmente cuando proviene de asambleístas nacionales.

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“Él es un diputado disidente y, en segundo lugar, hemos rechazado y seguimos rechazando cualquier acto de violencia, especialmente cuando proviene de asambleístas nacionales”, dijo.

Urquidi enfatizó que la Asamblea Legislativa no debe convertirse en un escenario de violencia, sino un espacio de debate e intercambio de ideas, como debería ser su función principal.

El jefe de bancada también destacó que la situación refleja la creciente tensión en la Asamblea Legislativa y la mala imagen que esta tiene ante la opinión pública.

“Hay que reconducir la institucionalidad, la imagen, hay que recuperar la imagen y la credibilidad de la Asamblea, y esperemos que eso se pueda dar, por lo menos en estos últimos meses de legislatura”, dijo Urquidi.

Subrayó que este proceso es importante, especialmente en el contexto de los 200 años de la independencia que Bolivia celebrará en agosto de este año.

Los legisladores William Torrez, senador de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), rechazaron las declaraciones del ministro de Justicia, César Siles, sobre la Ley Excepcional para la Conformación y Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusándolo de proteger a los magistrados prorrogados.

El 8 de enero, el Senado aprobó el Proyecto de Ley Excepcional para regular el funcionamiento del TCP y TSJ hasta elegir nuevos magistrados en los departamentos sin elecciones judiciales.

Las acusaciones surgen luego de que el ministro de Justicia había calificado el proyecto de ley aprobado en el Senado como inconstitucional, argumentando que una ley no puede cambiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En entrevista con La Razón Radio, Tórrez calificó las palabras de Siles como “desubicadas” y acusó al ministro de estar defendiendo a los magistrados “autoprorrogados” que, según él, usurparon las funciones judiciales y han violado la Constitución.

“Esa es una demostración más que por la fuerza pretenden hacer que siga en vigencia este grupo de cinco exmagistrados usurpadores de la justicia, de la Constitución y las leyes.”, afirmó Tórrez.

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Asimismo, el senador hizo hincapié en que la Constitución establece claramente que el periodo de los magistrados debe ser de seis años, sin posibilidad de reelección.

“¿Qué nos está pretendiendo decir el ministro César Siles, que los autoprorrogados pueden atropellar, destruir y pisotear la Constitución?”, cuestionó.

Por su parte, Urquidi también se mostró crítico de las declaraciones de Siles y coincidió con Tórrez en que el gobierno está favoreciendo a los magistrados prorrogados, bloqueando así el proceso de renovación judicial.

En la misma transmisión, Urquidi advirtió que el gobierno está “protegiendo a los autoprorrogados” y defendió la necesidad de aprobar el proyecto de ley para cesar a estos magistrados y restaurar la credibilidad del sistema judicial.

“Estamos en el mundo al revés. Todo se termina definiendo en el TCP, y todo lo termina definiendo precisamente los autoprorrogados, que son juez y parte”, expresó Urquidi.

Ambos legisladores coincidieron en que la actitud del gobierno de Luis Arce sigue favoreciendo a los magistrados prorrogados, lo que ha llevado a una situación de “desinstitucionalización” de la justicia en el país.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi, denunció que la aprobación de la Ley Excepcional para la Conformación y Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría ser revisada por magistrados cuyo mandato ha sido prorrogado.

La norma aprobada el 8 de enero, busca regular el funcionamiento del TCP y el TSJ mientras se realizan nuevos procesos de selección de magistrados en los departamentos donde no hubo elecciones el 15 de diciembre. Además, cesa a los magistrados que ampliaron su mandato.

Según Urquidi, durante la sesión del viernes 10 de enero en Diputados, la bancada de CC solicitó al presidente de la Cámara, Omar Yujra, que el proyecto se trate con dispensación de trámite y voto de urgencia. Sin embargo “han derivado en realidad del proyecto de ley a la Comisión de Constitución para que más bien tenga el trámite regular”.

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En entrevista con La Razón Radio, se consultó al diputado si la Comisión de Constitución remite el proyecto al control de constitucionalidad, ¿no acabaría en manos de los cinco ‘autoprorrogados’?

Urquidi respondió: “Exactamente, estamos en el mundo al revés, hoy por un camino o por otro, todo se termina definiendo en el TCP, y todo lo termina definiendo precisamente los autoprorrogados, que son juez y parte, a ese punto hemos llegado”.

Actualmente, el TCP está compuesto por nueve magistrados, de los cuales cinco permanecen en sus cargos por una prórroga aprobada en 2023, mientras que los otros cuatro fueron electos en diciembre. En el TSJ, dos magistrados también siguen con mandato ampliado.

Urquidi recordó que en su momento CC impulsó la Ley 075 para cesar a los magistrados prorrogados, una norma sancionada por la Asamblea y promulgada por el entonces presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. No obstante, afirmó que “el gobierno no actuó”, manteniendo su protección hacia estos magistrados.

Urquidi, sin embargo, insistió en que la justicia está secuestrada por un “sicariato judicial” que protege los intereses del oficialismo.

También advirtió que la actual situación pone en riesgo no solo la institucionalidad del país, sino también la seguridad jurídica necesaria para garantizar unas elecciones generales transparentes y legítimas en agosto de este año.