Al evaluar su primera ronda de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Chile consideró que la demanda marítima boliviana es un “artilugio” que “carece de sustento jurídico” y que ha conseguido “desarticular por completo los planteamientos de Bolivia”.
La evaluación la hizo el canciller Roberto Ampuero en puertas del Palacio de la Paz, en La Haya. “Chile demostró que los argumentos bolivianos son incompletos, estaban descontextualizados y que no reflejaban la realidad histórica”, dijo en declaraciones que fueron transmitidas en directo por Televisión Nacional de Chile.
Explicó que, de inicio, llegaron a cinco conclusiones. La primera es que la demanda boliviana es un «artilugio», porque el verdadero motivo no se basa en el supuesto incumplimiento de Chile a negociar una solución a la demanda marítima, sino en la obligación constitucional que tiene el gobierno boliviano de desconocer tratados como el de 1904, que fijó la demarcación fronteriza entre ambos países.
“Esta demanda no tiene su causa en Chile”, insistió.
- Chile culpa a Bolivia del fracaso de las negociaciones y reitera que no tiene obligación de negociar
Dijo además que la demanda es “inconsistente” y contradictoria, ya que mientras algunos de los representantes bolivianos piden sentarse a negociar simplemente, otros exigen territorio. A ello sumó la conclusión de que el caso boliviano carece de fundamento jurídico, ya que “Bolivia no ha sido capaz de mostrar un solo documento que establezca que Chile está obligado a negociar y a entregar su territorio”.
Afirmó además que el caso de Bolivia es “injusto”, porque muestra a Chile como un mal vecino que nunca quiso escuchar la demanda boliviana, y que “pone en riesgo la intangibilidad de las fronteras”.
“Chile siempre ha demostrado ser un buen vecino y siempre ha estado dispuesto a escuchar las aspiraciones de Bolivia; sin embargo, sentarse a escuchar no significa que tenga que estar obligado a negociar y cumplir aquello”, aseveró.
Espere
En la misma línea, el agente Claudio Grossman concluyó que Chile logró demostrar que no existe una obligación jurídica para negociar con Bolivia una salida al mar con soberanía y que no existe “ningún compromiso histórico fuera del Tratado de 1904”. (23/03/2018)