La suspensión del tratamiento de la ley de elecciones judiciales en la Cámara de Diputados ha causado preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha llamado a Bolivia a garantizar el proceso de acuerdo a cronograma.
A través de un comunicado, el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación “ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección” de las autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP) y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura “que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia”.
De manera sucesiva, desde la presentación de una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la convocatoria y el reglamento, el 25 de abril, al menos dos órganos del Estado dilataron el proceso al punto de ser desahuciado por otro —el Tribunal Supremo Electoral (TSE)— para este año. Desde la Sentencia 0060/2023 del TCP, del 31 de julio, que puso en fojas cero del proceso, la Asamblea Legislativa fracasó en su intento de concertar un proyecto de ley único, hasta que la Cámara de Senadores aprobó uno por dos tercios de voto el 31 de agosto, pero sin coordinación con su par de Diputados.
Lea también: Diputados crearán comisión especial para acudir al TCP
CIDH
Su Comisión de Constitución decidió, el 6 de septiembre, consultar la ley —que fija comicios para la primera quincena de enero de 2024— ante los ministerios de Economía, Justicia y Planificación del Desarrollo, y los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura y el TSE.
El TSE ya se ha expresado, solo exigió 90 días para la organización de las elecciones. Y el TSJ rechazó la ley, al menos en relación a la vacancia de autoridades electas a partir del 3 de enero de 2024, y decidió consultar su constitucionalidad ante el TCP.
La CIDH consideró que “conforme al cronograma establecido, ésta (se refiere a la elección) debe llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024”.
Los 23 magistrados y tres consejeros fueron elegidos por voto popular en los comicios del 3 de diciembre de 2017 y asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018. Su mandato constitucional de seis años termina a finales de este 2023 o el 2 de enero de 2024.
Además, la CIDH observó que el proceso de preselección de postulantes “ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.
Sentencia
Al respecto, la sentencia del TCP —a instancias del diputado de Creemos Leonardo Ayala— declaró inconstitucional la Resolución de Asamblea Legislativa 007/2022-2023, del 20 de abril de 2023, con la que se procedía al registro de postulantes en la Comisión Mixta de Constitución, como la Ley 1513, del 5 de junio de 2023, con la que se pretendía blindar las elecciones.
“Corresponde ahora con absoluta responsabilidad y compromiso con el país a nuestra Asamblea Legislativa cumplir las atribuciones que por Constitución tiene (y) emitir una ley por dos tercios de voto”, exhortó entonces el presidente del TCP, Paul Franco.
La CIDH lamentó que, hasta ahora, la Cámara de Diputados no haya convocado a sesión para la consideración de la ley aprobada en Senadores y recordó que la ciudadanía y distintas fuerzas políticas “han exigido la atención prioritaria a dicho proyecto, con el fin de garantizar la realización del proceso electoral”.
Además, dicho organismo recordó a la Asamblea Legislativa que, “según los estándares interamericanos, los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales”.
Apuntó que “estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social”.
“Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado”.
Urgió al Estado y, especialmente, a la Asamblea Legislativa “generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones”.
Justicia
La CIDH insistió en la necesidad de garantizar la ley en “observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”.
Al conocer el comunicado, el ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó la ley aprobada en la Cámara de Senadores. Afirmó que dicha propuesta de ley “vulnera estos puntos mencionados al haber establecido la posibilidad votar en plancha y al dejar de lado la evaluación oral”.
Y el expresidente del Estado y de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, que en su momento ponderó la aprobación de la ley en el Senado, consideró “oportuno” el comunicado de la CIDH ante la grave crisis judicial en el país. “La indolencia estatal para resolverla trasciende los cálculos políticos que la provocan”, escribió en Twitter.
(27/09/2023)
