El presidente Luis Arce reivindicó este viernes el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto y advirtió que se corre el riesgo de perder la personería jurídica del partido, según los plazos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para renovar la directiva nacional.

“El Movimiento Al Socialismo tiene que seguir avanzando y eso no solamente tiene que ver con recuperar nuestro instrumento político como lo han planteado las organizaciones sociales. (Ellas) han madurado, han avanzado y hoy reclaman con justa medida, mediante un nuevo congreso del MAS-IPSP a llevarse a cabo en la ciudad de El Alto, donde se llevará adelante con la participación más amplia, como ha caracterizado al MAS-IPSP”, dijo en un ampliado de esa tienda política en Santa Cruz.

El Pacto de Unidad afín a Arce, con dirigentes campesinos, interculturales y Bartolinas, ratificó el congreso en El Alto del 3 al 5 de mayo. El domingo, lamentó la ausencia del jefe del MAS, Evo Morales, a la reunión para subsanar las observaciones del TSE y tratar la convocatoria al cónclave. 

En octubre de 2023, el TSE amplió por 180 días calendario el tiempo para que las organizaciones políticas renueven y registren a su nueva dirigencia nacional, plazo que vence el 5 de mayo. El tribunal observó las convocatorias del Pacto de Unidad y de la dirigencia del bloque evista (para el 10 de junio), que presentaron la documentación para corregir lo observado. 

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Arce indicó que este congreso reviste una “singular importancia”, porque las organizaciones sociales identificaron que el “instrumento político está en riesgo”. “Si no llevamos a cabo un congreso, corremos el peligro de perder la personería jurídica porque nos han dado un plazo a todas las organizaciones políticas para presentar el próximo mes de mayo la nueva directiva conformada de acuerdo a la normativa de cada institución política”.

Reitieró que las organizaciones matrices fundadoras del MAS hicieron “todo el intento para unificar” y convocar a “quienes hoy por hoy tienen la dirección nacional”, y dijo que “gran parte” de los dirigentes nacionales estarán presentes en El Alto. 

Señaló que no se puede “poner en riesgo” al instrumento político, razón por la que las organizaciones, con la “sabiduría” que las caracteriza, decidieron llevar adelante el cónclave. “Este congreso a llevarse en El Alto va a ser de suma importancia, va a tener toda la expectativa del país entero, viendo cómo se va a desarrollar y en qué van a desencadenar las decisiones que se vayan a tomar”.

Tras la audiencia que concedió la tutela a Margarita Medrano para que se le haga conocer los fundamentos de su inhabilitación, la directiva de la Comisión Mixta de Constitución convocó a la reanudación la sesión de preselección de postulantes para las 09.00 del lunes 29.

“Por medio del presente comunicado nos dirigimos a ustedes para informales que la sesión de Comisión Mixta de Constitución… se reanudará el lunes 29 de abril”, señala el comunicado de esta instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proceso de preselección fue paralizado desde el 16 de abril tras la presentación de un amparo constitucional por esta postulante para el Consejo de la Magistratura, ante la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz. Otro recurso fue el de Herculiano Capusiri, ante la Sala Constitucional Primera de La Paz.

La Sala cruceña ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva en audiencia el recurso. De acuerdo con la accionante, tras la tutela a su favor, no se ordenó habilitarla, sino “que (los legisladores) cumplan la Ley 1549 (de las elecciones judiciales), por la cual esas comisiones han sido conformadas”.

“Han incumplido flagrantemente, porque ellos tenían que resolver de manera fundamentada y motivada el recurso de revisión (a la inhabilitación) que yo presenté. No lo hicieron hasta la fecha y les ha indicado el tribunal que conforme manda la norma, se me haga conocer esa resolución al recurso de revisión que presenté”.

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Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural suman ocho amparos constitucionales, de los cuales la Justicia admitió la tutela para cinco inhabilitados y un fallo salió a favor de la Comisión Mixta de Constitución en Chuquisaca.

«Defendimos técnica, jurídica y constitucionalmente los amparos constitucionales interpuestos contra las comisiones mixtas. Los vocales confirmaron que la comisión mixta no vulneró ningún derecho del accionante, postulante al Tribunal Constitucional por Chuquisaca”, explicó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS). 

Rejas denunció también “amaño” entre postulantes inhabilitados y vocales en estos recursos judiciales e indicó que las presidencias de las comisiones mixtas no se presentarán más a estas audiencias.

“En las siguientes horas, convocaremos a sesiones para continuar con el proceso de preselección judicial. Ningún fallo puede usurpar funciones del Legislativo intentando ordenar habilitaciones. Lo máximo que podríamos hacer es volver a reconsiderar algunos casos”.

Las comisiones tienen el tiempo en contra, ya que hasta el domingo 5 de mayo deben acabar con el proceso de preselección, que quedó suspendido en los exámenes orales a los postulantes. Se planteó la ampliación de los plazos, lo que por ahora fue descartado en la Asamblea.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), denunció “amaño” entre postulantes inhabilitados y vocales en los amparos constitucionales, que han paralizado el proceso de preselección en la Asamblea con miras a las elecciones judiciales.

Ante ello, anunció la decisión de las presidencias de su comisión y la de Justicia Plural de no participar más en audiencias sobre estos recursos, y señaló que en las próximas horas se convocará a sesiones para continuar con las entrevistas orales a los postulantes.

“Quiero indicar que la audiencia (de la inhabilitada Margarita Medrano) y sobre todo estas decisiones son amañadas, direccionadas para darle el fallo a favor de ella. Una vez terminad la audiencia, nuevamente vamos a reinstalar nuestras sesiones de comisiones mixtas para volver a trabajar con las preguntas a los postulantes”, remarcó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En tanto, Medrano, quien se presentó para ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura, aclaró que la Justicia no está a su favor, ya que no se ordenó habilitarla, sino “que cumplan la Ley 1549 (de las elecciones judiciales), por la cual esas comisiones han sido conformadas”.

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“Han incumplido flagrantemente, porque ellos tenían que resolver de manera fundamentada y motivada el recurso de revisión (a la inhabilitación) que yo presenté. No lo hicieron hasta la fecha y les ha indicado el tribunal que conforme manda la norma, se me haga conocer esa resolución al recurso de revisión que presenté”.

Añadió que esta tutela que le concedió la Sala Constitucional de Santa Cruz se debe a que se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales.

Rejas expresó su descontento con el manejo de los amparos. “En algunos casos hemos visto que (los amparos) son netamente políticos y en otros son armados, y en su mayoría totalmente amañados, porque tienen directa relación con los vocales y jueces, y con los que manejan el Órgano Judicial, para querer paralizar y estancar el proceso de preselección”. 

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución confirmó que se logró una victoria en un amparo constitucional en Sucre, al argumentar con éxito la legalidad de sus acciones.

“Defendimos técnica, jurídica y constitucionalmente los amparos constitucionales interpuestos contra las comisiones mixtas. Valoramos la conducta de los vocales constitucionales de Chuquisaca, donde ayer ganamos un amparo constitucional. Los vocales confirmaron que la comisión mixta no vulneró ningún derecho del accionante, postulante al Tribunal Constitucional por Chuquisaca”.

A la fecha, ya van dos semanas de paralización de la preselección, situación que perjudica directamente a más de 400 postulantes en carrera al Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial. La Asamblea tiene hasta el domingo 5 de mayo para concluir este proceso.

La Procuraduría General del Estado pidió la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de los implicados en el caso de los implicados en el caso de “irregularidades” en el diseño y construcción de las 18 piscinas de las plantas de litio en Uyuni, Potosí.

“Estamos haciendo las medidas con la Fiscalía, solicitando anotaciones preventivas, congelamiento de cuentas y todo lo que esté a nuestro alcance en Bolivia y fuera del país”, dijo el procurador general del Estado, Cesar Siles, a los periodistas en Cochabamba.

Siles explicó que el fin de esa medida es recuperar para el Estado los más de Bs 425 millones de daño que investiga el Ministerio Público.

Son 11 los implicados en ese caso, todos con mandamiento de aprehensión. Hasta el momento, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Se trata del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y que pagó una fianza de Bs 30.000, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización. Los tres se beneficiaron con detención domiciliaria. En el caso del exingeniero de obras Jorge F. M., fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

YLB

El Ministerio Público abrió el caso por una denuncia de Yacimientos de Litio bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno. Las “irregularidades” que se investigan fueron, según dijo la presidenta de YLB, Karla Calderón, cometidas entre 2013 y 2017, en la gestión del expresidente Evo Morales.

El miércoles, el exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados en ese caso falleció por un infarto agudo, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), develado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Aún se espera los resultados del examen toxicológico para confirmar o descartar la presencia de sustancias “extrañas” en el cuerpo de la exautoridad de YLB.

Además de eso, está pendiente el informe del estudio grafológico de la carta póstuma de Montenegro, aunque su abogada, Audalia Zurita, indicó a La Razón Radio que el contenido de esa misiva coincide con lo que conversaron, según ella, un día antes del deceso. “Se encontraba desalentado”, relató.

El texto es “auténtico” y el mismo Montenegro me lo mandó, develó la jurista.

El caso de las 18 piscinas de las plantas de litio derivó en una serie de críticas y cuestionamiento entre los actores políticos. Por un lado, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición afirmaron que el caso solo busca “tapar el fracaso” del presidente Luis Arce en su política de industrialización del litio.

Entretanto, el arcismo anunció que el caso busca establecer “responsabilidades” en el mal diseño e implementación de la obra.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, criticó este viernes a empresarios que “chantajean” a sus trabajadores con despidos, debido al incremento salarial anunciado por el Gobierno.

“Hay que decirles que no usen (el incremento) como instrumento o sometimiento o acoso de intentar despedir a los trabajadores diciéndoles: ‘Quieren incremento o estabilidad laboral’. Siempre ha sido un chantaje permanente para nuestros trabajadores a nivel nacional”, afirmó.

El dirigente se refirió al asunto en el acto de conmemoración por los 71 años de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB), en La Paz.

Aludió a la reacción de los empresarios ante el incremento del 8,85% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico. Incluso, los empresarios calificaron el beneficio como “irresponsable”.

Justificaron su rechazo con el argumento de que dicho aumento, que ahora deja la paga mínima en Bs 2.500, generará inestabilidad laboral.

Incremento salarial

“Hay malos empresarios que vienen contradiciendo las políticas de nuestro Gobierno. Llamamos a la reflexión, no estamos buscando la confrontación. Hay que recordarles que muchas de las políticas que se han implementado en estos últimos años ha ido favoreciendo a los empresarios” respondió Huarachi.

El jueves, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año); o que se pague en seis cuotas mensuales.

Además, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió que el monto de incremento sea pagado con los productos que tienen el sello “Hecho en Bolivia”.

Al respecto, el dirigente de la COB Gustavo Arce descalificó las sugerencias. “No estamos de acuerdo de ninguna manera, no hay vuelta atrás. Esos centavos que vamos a recibir como incremento salarial tienen que ser bien usados por los trabajadores; y generar movimiento económico”, dijo.

En medio de esa discusión, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Carlos Bolaños, en entrevista con La Razón Radio calificó de “lapidario” el incremento dispuesto por el Gobierno.

Consideró “insostenible” el incremento y señaló que, debido a una serie de factores adversos, entre ellos el contrabando, las utilidades de ese sector se redujeron hasta en un 70%.