Una comisión de fiscales y un contingente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutó este lunes un allanamiento en reparticiones del aeropuerto internacional de Viru Viru de Santa Cruz, en busca de indicios relacionados al envío de un cargamento de 478 kilos de cocaína a España, a través de un vuelo que estaba bajo responsabilidad de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Por este caso, la Policía identificó y aprehendió el viernes a dos funcionarios de BoA, acusados de cargar la droga en un avión de la estatal que viajó a Madrid, España.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, no descartó otros implicados y que se trate de una organización criminal. Pidió públicamente al comandante de la Policía, Álvaro José Álvarez, que retire a todos los funcionarios policiales que trabajan en el aeropuerto de Viru Viru.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena informó este lunes que no se pedirá el curul ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras el desconocimiento de la senadora Silvia Salame de la alianza política.

“Lo que ahora no ha ocurrido es no pedir el curul, sino desvincular a la senadora Salame. Es lo que ha ocurrido. No parece tener mucho sentido porque Comunidad Ciudadana ha intentado con otros diputados y por supuesto es el poder que está detrás de eso, el Tribunal Supremo Electoral que no da curso a este tipo de peticiones”, dijo Requena.

El vienes la directiva de CC con la firma del propio líder de la alianza, Carlos Mesa, cuestionó y desvinculó a Salame de la alianza política, tras su voto contra la censura en la Asamblea Legislativa, el miércoles, del ministro de Justicia, Iván Lima.

“A partir de la fecha de la carta, (2 de junio de 2023) respetando su voluntad pública y explícita de que no se considera parte de la alianza Comunidad Ciudadana; sus actuaciones y decisiones en el plano interno y en el externo de la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional), las consideramos ajenas a nuestra organización tanto en lo orgánico como en lo político”, se lee en parte de la carta.

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Agrega que, con esa actuación, usted “no se siente vinculada orgánicamente con la alianza ni con el mandato representativo que emerge de ella”.

El sábado Salame pidió a sus correligionarios a disculparse de ella por incluso haberse inmiscuido en su familia.

“Tienen que pedirme disculpas, porque quienes me han ofendido incluso metiéndose con mi familia son ellos, yo jamás los he ofendido”, afirmó la legisladora chuquisaqueña en una comparecencia ante periodistas en la plaza Murillo.

Proceso

El diputado de CC José Manuel Ormachea ratificó también la determinación del viernes e indicó que se ha actuado en concordancia y preceptos y la legalidad interna de Comunidad Ciudadana.

“Lo que nos sorprende es que (ella) nos pida someterse a un proceso interno y no acatar la decisión (y) determinación directamente de la dirección nacional, cuando ella se ha declarado independiente. Lo que queda claro es que la senadora ya no pertenece a CC, ha sido desvinculada”, dijo Ormachea.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este lunes que el Ministerio Público presentó ante la Justicia la acusación formal contra de Misael Nállar por el delito de asesinato de los tres policías acribillados en el municipio de Porongo, del departamento de Santa Cruz.

Nállar es acusado del asesinato de los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, además del voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), David Candia, quienes fallecieron a unos 54 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra en junio de 2022.

Por este hecho, también fueron acusados Widen N.N., Jassir G.M., por el delito de asesinato. El Ministerio Público pide 30 años de prisión. Además, se identificó a Edgar D.M., como otros de los involucrados, quien fue declarado rebelde ante la Justicia y se emitió una notificación roja internacional por la Organización Internacional de Policía (Interpol) para dar con su paradero.

“Como Ministerio Público se colectaron todos los elementos de convicción en este caso, como la declaración de testigos, el informe de autopsia de las tres víctimas que murieron por proyectiles de armas de fuego de diferentes calibres, el muestrario fotográfico del lugar del hecho y otros que serán valorados por la autoridad jurisdiccional”, dijo Mariaca.

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La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta Toyota Rush de donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

Las investigaciones dan cuenta que Misael Nállar V., junto a otras personas se encontraban en la zona del Urubó, consumiendo bebidas alcohólicas, el día que se registraron los hechos. Los dos efectivos policiales y el miembro del Gacip habrían cuestionado su actuar y producto de una discusión gasificaron a Nállar y se retiraron del lugar. El acusado enfurecido fue a buscar a los efectivos policiales y al encontrarlos les disparó provocándoles la muerte.

Nállar fue aprehendido el 22 de junio de 2022, en la zona de los Troncos, presuntamente, un informante tomó contacto con el personal policial para coordinar la entrega voluntaria del acusado que era buscado por el asesinato de las tres personas.

El 25 de junio se realizó la audiencia de medidas cautelares donde se determinó la detención preventiva para Nállar en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro de La Paz.

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, develó que una empresa de courier envió en febrero de este año a Madrid, España, la carga que contenía 478 kilos de cocaína, interceptada después en ese país. Además, dijo que los controles que competen a esa entidad, previos al embarque “tienen restricción”.

“Esa carga ha salido controlada y verificada conforme a la guía que nos ha presentado el courier. El detalle que tenía la guía condecía al aforo y control que ha hecho la Aduana”, explicó la funcionaria en conferencia de prensa.

Señaló también que el trabajo de controles por parte de la Aduana Nacional “llega hasta las bodegas de las aerolíneas que escoge cada despachante, en este caso, el courier”.

Luego de eso, las revisiones para confirmar o descartar la presencia de sustancias controladas quedan a cargo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, (FELCN) y la aerolínea encargada del transporte.

Control de Aduana

“Nosotros hemos controlado la carga; la hemos cerrado y han venido las tres empresas y la han llevado a la zona estéril, así lo dice la norma y nuestros reglamentos. Hasta donde nosotros hemos controlado, todo estaba bien. La Aduana no tiene ingreso a este lugar”, explicó.

Por ese caso, dos funcionarios de Boliviana de Aviación (BoA) están detenidos preventivamente en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Están acusados por romper los precintos de un contenedor para ingresar al avión, alquilado por la estatal, 12 cajas de cartón que contenían ladrillos de cocaína. Eso, según el registro de las cámaras de seguridad revisadas.

La jueza cautelar Livia Alarcón dictó el sábado medidas cautelar por un tiempo de seis meses para Diego V. y Freddy C., mientras duran las investigaciones. Ambos están imputados por la presunta comisión de los delitos de confabulación y asociación delictuosa.

El caso fue declarado en reserva, a solicitud de los fiscales Fernando Mejía y Rocío Medrano, por tratarse de una investigación delicada.

Indignada por el desistimiento de las familias de policías y un civil ejecutados en Porongo en 2022, la otrora abogada de las víctimas, Jessica Echeverría, denunció que en la transacción “grotesca” a favor del acusado Misael Nállar, y con dinero de por medio, están implicados jueces, abogados y periodistas.

“¿Qué hace un juez hablando a nombre de una persona que está imputada por asesinar a policías? ¿Qué hace un abogado de las víctimas que tendría que defender a las víctimas buscando transar? ¿Qué hace una periodista?”, cuestionó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Echeverría fue contactada por el abogado Juan Pablo Ibáñez para ser parte de la defensa de los familiares de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, y el voluntario José David Candia, del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), acribillados en Porongo el 21 de junio de 2022.

Por el caso, acusado del delito de ganancias ilícitas, Misael Nállar. Éste fue detenido en Santa Cruz y trasladado el 25 de junio de ese año a La Paz, donde guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

Desistimiento

El jueves 1 de junio sorprendió la conferencia de prensa del fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, quien informó que los familiares de las víctimas acordaron con Nállar su desistimiento sobre la denuncia.

“Dentro el caso CUD 701402172200943, seguido a denuncia de oficio en contra de Misael Nállar Viveros y otros por la presunta comisión de los delitos de asesinato (…) a efectos de presentar de manera libre y voluntaria el desistimiento del presente proceso penal a favor de Misael Nállar Viveros”, dice el acta.

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En criterio de Echeverría, ese acuerdo de transacción es “demasiado grotesco”. “En pocas palabras, nos están diciendo que Misael Nállar es una hermanita de la caridad, de las carmelitas descalzas y alma noble y buena”, protestó en Piedra, Papel y Tinta.

Contó que el día del desistimiento, una persona allegada a Nállar le llamó a las 13.00 para ofrecerle dinero con el fin de que se aparte de la causa. “Me dicen ‘no queremos siquiera tu firma, solamente queremos que salgas del caso’”, aseguró.

Oferta de dinero

La abogada dijo que le ofrecieron “cierta cantidad” de dinero y le pidieron “hacerse a la loca, deja el caso”. Relató sorprendida cuando dos horas después, a las 15.00, le llega el video de la conferencia de prensa de Mariaca, en la que se anunciaba el desistimiento.

Echeverría relató que le llamó un abogado, “en ese momento en negociaciones con un juez, que estaba hablando a nombre de Nállar para que la familia llegue a un desistimiento y había una oferta de cierta cantidad por cabeza y por familia, por así decirlo”.

“Antes, igual otros abogados habían mandado a decirme, incluso una periodista”, recordó.

Consultada sobre quién es la periodista que quiso mediar en la oferta, se abstuvo de nombrarla. “Muchos periodistas en Santa Cruz estaban coordinando con la gente de Nállar”, reveló.

Otra vez consultada sobre si esa información es cierta o suposición, Echeverría, dijo que “no es subjetividad, es totalmente cierto”.

“No puede ser que aquí estén metidos jueces y periodistas”, insistió.

Caso en riesgo

Afirmó que por eso el caso Nállar está terminando y diluyéndose. Sin embargo, afirmó que “Misael Nállar sabe que no puede comprar a todos”.

“El caso va a quedar en nada”, supuso.

Aclaró insistentemente que ella no participó de las negociaciones ni del desistimiento de los familiares de las tras víctimas. “Yo siempre le dije, también a la familia, que no transo, no negocio y llego hasta el final”, sentenció Echeverría.

Se consideró una “piedra en el zapato” en el caso. “Yo tendría que recibir garantías del Estado”, reclamó.