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Thursday 1 Dec 2022 | Actualizado a 09:01 AM

La historia vuelve a poner a Salvador Romero en elecciones en un proceso de transición

Fue designado vocal por la presidenta Jeanine Áñez del próximo TSE que organizará las elecciones en este proceso de transición tras la renuncia de Evo Morales. En 2005 asumió similar responsabilidad

/ 26 de noviembre de 2019 / 00:50

La historia volvió a poner al hoy vocal Salvador Romero Ballivián en un momento clave en lo electoral. Es la segunda vez que enfrenta un reto de organizar elecciones en un período de transición democrática, ya lo había hecho en 2005, cuando Evo Morales ganó las elecciones.

Fue designado este lunes por la presidenta transitoria Jeanine Áñez como vocal en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin, justamente, de garantizar elecciones transparentes para elegir a un nuevo gobierno en esta etapa de transición tras la renuncia de Morales.

Similar situación pasó en 2005, cuando organizó las justas convocadas en el gobierno de transición de Eduardo Rodríguez Veltzé tras la renuncia de Carlos Mesa.

Nacido en La Paz en 1971, Romero Ballivián se desempeñó como vocal electoral en un periodo complicado para Bolivia.

En 2005, el entonces presidente Carlos Mesa renunció al cargo y asumió un gobierno de transición con Rodríguez Veltzé, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tras las dimisiones de Hormando Vaca Diez (presidente del Senado) y Mario Cossío (presidente de diputados).

La entonces Corte Nacional Electoral (CNE), conformada por su presidente Oscar Hassenteufel y los vocales Jerónimo Pinheiro y Amalia Oporto, además de Romero Ballivián, convocaron a elecciones para el 18 de diciembre de 2005, cuyo cómputo final le dio la victoria al Movimiento Al Socialismo (MAS) del binomio Evo Morales – Álvaro García Linera, quienes lograron el 53,74% de los votos.

A casi 14 años de aquellas elecciones, encarará otro reto similar.

Deberá organizar, junto a los vocales que sean elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), elecciones para 2020, luego que con una ley se anulará los comicios del 20 de octubre por denuncias de fraude. 

Esas denuncias de fraude fueron el detonante de una crisis social y política que obligó a Morales y García a renunciar a sus cargos el 10 de noviembre y exiliarse en México. La presión cívica, el motín policial y la sugerencia de renuncia del mando militar de entonces orillaron a Morales a dejar su cargo que había ostentado por cerca de 14 años.

Romero Ballivián es politólogo, investigador y escritor.  En 1995 fue designado vocal de la Corte Departamental Electoral de La Paz. En 2004 llegó a la CNE que también organizó el referéndum del gas de 2004. Estuvo en el cargo hasta 2008.

"El organismo electoral debe preservar celosamente su independencia, autonomía e imparcialidad. A veces su defensa incomoda, pues cierra el paso a quién quisiera disponer de resultados asegurados antes de que los ciudadanos vayan a sufragar", dijo este lunes tras asumir como vocal del TSE, en un acto en Palacio de Gobierno. (25/11/2019)

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Con el MAS dividido, será complicada la gobernabilidad

Senador cruceño guarda la esperanza de un reencuentro.

La Cámara de Senadores, escenario de enfrentamientos

Por Roberto Medina

/ 1 de diciembre de 2022 / 06:15

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz William Tórrez no descartó que la sanción por la denominada ley del Censo, entre senadores de oposición y oficialismo genere un “grave estado de ingobernabilidad”.

“Sin duda, estos temas podrían generar un grave estado de ingobernabilidad. Lo ocurrido ayer (por el martes) deja ver que se está perdiendo el norte, por el que transitaba el ‘proceso de cambio’”, declaró Tórrez en entrevista con el programa La Razón Radio.

Reiteró que la sanción de dicha ley “puede tener un alto costo”; por ello, pidió hacer un mayor esfuerzo para pretender reencauzar la actitud “que tomaron quienes pactaron con la oposición”.

El martes, la Cámara de Senadores sancionó la Ley del Censo con 22 votos, de un total de 36 legisladores de oposición y oficialismo. Tórrez reiteró que está sorprendido por la “coincidencia” entre senadores de oficialismo y oposición en la sanción de la ley y que lo visto en la Asamblea Legislativa Plurinacional es “algo que jamás imaginó ver”.

“Muchos quedamos sorprendidos, atónitos, con ver actitudes de nuestros compañeros” en alianza con la oposición, afirmó.

DIVISIÓN EN EL MAS.

A pesar de que algunos legisladores oficialistas coincidieron con sus colegas de oposición, Tórrez confía en que el Movimiento Al Socialismo (MAS) superará ese problema de división.

También puede leer: Diputado asegura que ley del Censo fue aprobada por ‘traidores’ y ‘mercenarios’ políticos

“Hasta ahora no tenemos la posibilidad de sentarnos a reflexionar, pero habrá ocasión.

Después de la tormenta viene la calma, y eso debe ocurrir; debemos hacer los esfuerzos necesarios para superar este mal momento”, auguró el legislador cruceño.

Aprobada la ley en Diputados y sancionada en el Senado, el jefe nacional del MAS, Evo Morales, expresó su molestia y llamó ‘traidores’ a los legisladores.

En su criterio, “pactaron” con la derecha y sectores conservadores.

El senador Leonardo Loza dijo que con el apoyo que dieron los senadores, ha nacido otra bancada.

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La Policía aprehende a un subgobernador en Santa Cruz

Es el subgobernador que agredió a los indígenas.

El subgobernador Daniel Velásquez fue denunciado de atacar a los ayoreos.

/ 1 de diciembre de 2022 / 05:40

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre la aprehensión del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, Daniel Velásquez.

Esa autoridad, supuestamente, promovió ataques contra el pueblo ayoreo.

Las agresiones se registraron durante el paro cívico indefinido que se realizó en Santa Cruz, por 36 días.

“La orden es ejecutada por nuestra #PolicíaBoliviana, que cumplió cumplimiento de la normativa legal vigente” (sic), escribió Del Castillo la noche de este miércoles en su cuenta de Twitter.

El Gobierno calificó de “inaceptable” los hechos de “violencia, racismo y desprecio” que sufrieron los ayoreos por parte de grupos que vulneraron derechos de mujeres indígenas al intentar obligarlas a acatar el paro. 

También puede leer: Denuncian que queman casas de ayoreos en la provincia Ñuflo de Chávez

En las redes sociales y algunas cadenas de televisión, se denunció que, en Concepción, provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, quemaron varias casas que pertenecían a indígenas ayoreos, especialmente mujeres.

Los hechos comenzaron cuando este grupo, que se opone al paro cívico indefinido en Santa Cruz, protestó en contra de la medida.

Los denunciantes aseguran que en esta arremetida contra los indígenas participó el subgobernador de esa región, Daniel Velásquez.

Velásquez es de la facción del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Santa Cruz

Es uno de los promotores del paro indefinido que busca que el Gobierno adelante el censo para 2023.

¿De terror. DDHH y Defensoría del Pueblo dónde están? Se preguntan las personas que lograron ser entrevistadas por la red Abya Yala TV.

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La Policía aprehende a subgobernador de Santa Cruz por ataques al pueblo ayoreo

“La orden fue ejecutada por nuestra #PolicíaBoliviana en cumplimiento de la normativa legal vigente” (sic), escribió del ministro Del Castillo la noche de este miércoles, en su cuenta de Twitter.

La autoridad agredió a la mujeres del pueblo indígena. Foto: RRSS.

Por Luis Mealla

/ 30 de noviembre de 2022 / 23:36

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre la aprehensión del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, Daniel Velásquez, acusado de promover ataques en contra del pueblo ayoreo.


De acuerdo con la autoridad, las agresiones se registraron durante el paro cívico que se realizó en Santa Cruz, por 36 días.


En ese marco, “la orden fue ejecutada por nuestra #PolicíaBoliviana en cumplimiento de la normativa legal vigente” (sic), escribió Del Castillo la noche de este miércoles, en su cuenta de Twitter.

Lea más: Pueblo ayoreo sufre violencia y vulneración de sus derechos


A principios de este mes, el Gobierno calificó como “inaceptables” los niveles de “violencia, racismo y desprecio” que sufrió la nación ayorea por parte de grupos que vulneraron derechos de mujeres indígenas al intentar obligarlas a acatar el paro indefinido.


“No vamos a permitir que se humille, se denigre y existan estos hechos de racismo y violencia contra las naciones indígenas de Santa Cruz solo porque piensan diferente”, afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.


Luego de cinco días de sufrir hambre a consecuencia del paro indefinido en Santa Cruz, el viernes 28 de octubre, un grupo de mujeres ayoreas decidió bloquear el ingreso al municipio de Concepción.


Acompañadas de adultos mayores, exigieron que se levante la medida de presión para poder acceder a alimentos.


Ante esta protesta, el subgobernador Velásquez, acompañado de otras personas, se trasladó al punto de bloqueo.


Con el torso desnudo y chicote en mano, la autoridad intentó azotar a las mujeres. Según la denuncia, Velásquez se refirió a ella como “indias” y que son “una lacra para Santa Cruz”, mientras le exigía que levanten el bloqueo.


Varias mujeres, atemorizadas, empezaron a retroceder, sin embargo, otras le hicieron frente.


Según relatos, incluso, a una mujer embarazada los acompañantes de Velásquez la arrastraron varios metros jalándola de los cabellos.


En medio de esas agresiones, Velásquez les advirtió que sus casas serían quemadas, como ya ocurrió en otras cinco comunidades, si no acataban el paro.


Ante esa situación, representantes del pueblo indígena denunciaron el hecho ante las autoridades.


En consecuencia, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo salieron en defensa de las personas damnificadas.


Ante ese escenario, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión en contra de la autoridad regional.

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Estudios científicos del Silala servirán para resolver 17 problemas de aguas transfronterizas con Chile

Hay que utilizar “este método de información científica para resolver otros 17 problemas que tenemos con Chile sobre aguas transfronterizas, llámese Lauca y otros”, explicó Sebastián Michel, vocero boliviano del caso Silala.

Ciudadanos bolivianos visitan el Silala. Foto: Archivo La Razón.

Por Luis Mealla

/ 30 de noviembre de 2022 / 22:19

El Gobierno apuesta por emplear los mecanismos científicos que se usaron en el caso Silala, con el objetivo de resolver otros 17 problemas de aguas transfronterizas que mantiene con Chile.

Hay que utilizar “este método de información científica para resolver otros 17 problemas que tenemos con Chile sobre aguas transfronterizas, llámese Lauca y otros”, explicó Sebastián Michel, vocero boliviano del caso Silala, según ABI.

El 6 de junio de 2016, Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para pedir que ese tribunal declare que el Silala es un río o “curso de agua internacional”.

Lea más: Se prevé que la CIJ diga que Bolivia tiene soberanía sobre el Silala y Chile, derecho a seguir usufructuando sus aguas

Asimismo, solicitó reconocer que Chile tiene derecho a usar sus aguas, conforme al principio del “uso razonable y equitativo”.

Históricamente, esa postura fue rechazada por Bolivia, por lo que en septiembre de 2018, el Estado presentó una contrademanda para que se le reconozca la “soberanía plena” sobre esas aguas, incluidos los canales artificiales construidos desde 1908.

Ese proceso llegó a su fin y este jueves 1 de diciembre, la CIJ emitirá el fallo sobre este caso. La sentencia será leída por la presidenta de la Corte, la jueza Joan E. Donoghue.

Durante los más de seis años que duró el juicio, ambos países presentaron sus respectivos argumentos, en base a estudios y pericias técnicas-científicas, a través de réplicas y dúplicas para que sean evaluadas por los jueces de la Corte.

En ese marco, Bolivia contrató a la consultora internacional Danish Hydraulic Institute (DHI) para que realice un estudio técnico de los flujos de agua superficial y subterránea del Silala.

Esos diagnósticos se basaron en un extenso programa de caracterización hidrogeológica, que incluyó la perforación de 29 pozos de profundidades entre cinco a 140 metros, y la instalación de diversos mecanismos para monitorear los niveles de agua.

Ese trabajo se desarrolló entre febrero de 2017 y marzo de 2018, y así se determinó que “el Silala es de naturaleza compleja y está compuesto por un sistema acoplado de aguas subterráneas y superficiales que se origina en territorio boliviano (aguas arriba) y se extiende hacia Chile (aguas abajo)”.

El trabajo de DHI permitió sustentar la defensa boliviana del Silala, con información técnica científica que ni Chile poseía.

En criterio de Michel, este trabajo “técnico-científico” deberá ser usado para resolver otras cuestiones pendientes que se tiene con Chile.

Uno de ellos es el desvío del río Lauca, por el que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1962; otro caso, el menos difundido, es la cuestión referida al desvío del río Caquena.

Mientras el Silala y el Lauca son dos cursos de agua transfronterizos, de “curso continuo”, que van de un país a otro, el Caquena es un “río internacional o de curso contiguo”, cuya principal característica es que sirve de límite territorial entre ambos países.

Según el economista y diplomático Andrés Guzmán Escobari, el flujo del Silala es de 200 a 300 litros por segundo, el del Lauca es de 2.000 y algo más; en tanto que en el caso del Caquena, dicha corriente supera los 3.000 litros por segundo.

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La Fiscalía está en proceso de reprogramar la declaración de Camacho por el caso Golpe I

El gobernador cruceño debe comparecer en calidad de sindicado en este caso, luego de cuatro meses de que se postergó su declaración en Santa Cruz.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 30 de noviembre de 2022 / 20:11

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que el Ministerio Público está en proceso de reprogramar la declaración del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso Golpe de Estado I.

Aseguró que esta acción judicial se vio interrumpida por el paro indefinido que se llevó a cabo en Santa Cruz, durante 36 días.
La medida de presión se levantó el fin de semana, tras la aprobación de la Ley del Censo.

Ante este escenario, la comisión de fiscales realiza la reprogramación de las citaciones para convocar a Camacho y a otros implicados en el caso.

“El Ministerio Público está desarrollando un rol de declaraciones (…) y estamos a la espera de la reprogramación de las declaraciones que tienen que llevar los fiscales asignados (…) para la reprogramación del señor Camacho”, detalló Lanchipa.

Lea más: Otro revés para Áñez: por quinta vez, juez amplía su detención por el caso Golpe I

El gobernador cruceño debe comparecer en calidad de sindicado en este caso, luego de cuatro meses de que se postergó su declaración en Santa Cruz.

En octubre se anunció la reactivación de este caso y se preparaba la citación para el excívico y principal investigado, pero, según la Fiscalía, el cronograma no se pudo cumplir por la medida de presión impulsada por Camacho y otros representantes del Comité Interinstitucional cruceño.

“El Ministerio Público está desarrollando un rol de declaraciones (…) y estamos a la espera de la reprogramación de las declaraciones que tienen que llevar los fiscales asignados (…) para la reprogramación del señor Camacho”, indicó Lanchipa, en conferencia de prensa.

Camacho es investigado por el delito de terrorismo debido a su participación activa en los hechos de noviembre de 2019, que derivaron en que la entonces senadora de oposición Jeanine Áñez asuma la presidencia del Estado, a lo que el Gobierno califica como una “ruptura constitucional”.

Este caso se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien interpuso la acusación a finales del 2020.

En el proceso penal también están implicados Áñez, además de José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño.

La autoridad departamental reveló que José Luis Camacho coordinó con militares y policías para que dejen desprotegido al Gobierno de ese entonces.

“Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles) (con) la Policía, de la misma manera: fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir (a las calles), fue que dimos (el plazo de) las 48 horas, porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz (…). Ese fue el momento más duro que pasamos”, explicaba Camacho a sus seguidores, en un video que circuló en redes sociales.

Con esas palabras, Camacho, en su calidad de presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz explicó las razones por las que dio un plazo de 48 horas al entonces presidente Evo Morales para renunciar, en noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de ese año, Morales dimitió en medio de una crisis política, tras denuncias de un presunto fraude electoral, un motín policial e incluso la presión de las Fuerzas Armadas.

Dos días después, asumió Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición, y ahora está encarcelada de manera preventiva, precisamente, por este caso.

La exmandataria también fue procesada por el caso Golpe de Estado II, por el cual ya fue sentenciada a 10 años de prisión, en junio de este año.

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