Nacional

sábado 16 oct 2021 | Actualizado a 14:46

Gobierno investiga a 592 exautoridades del gobierno de Morales por presunto desvío de bienes

El director general de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutschel, dijo que las exautoridades son investigadas por delitos de corrupción, puesto que se sospecha que desviaron los recursos públicos y los derivaron a países donde actualmente están refugiados.

El director de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutsch (D), anuncia investigación a 592 exautoridades del Gobierno de Evo Morales. Foto: Min. Justicia.

/ 8 de enero de 2020 / 14:30

El Gobierno investiga a 592 exautoridades de los casi 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales por presuntos actos de corrupción. La medida tiene el objetivo de recuperar activos y dinero del Estado que supuestamente fueron desviados y cuyo valor se calcula en unos dos billones de bolivianos.

La información fue proporcionada este miércoles por el director general de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutschel, en una conferencia de prensa.

"En la reunión de ayer (martes) se decidió iniciar las investigaciones contra 592 exautoridades del Órgano Ejecutivo del anterior Gobierno, de los últimos 14 años, que estuvieron ejerciendo el poder", dijo, según reportó ABI.

Kutschel manifestó que entre los investigados figuran el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García, los exministros, exviceministros y exjefes de gabinete y sus familiares.

Asimismo, las pesquisas alcanzan a las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) de empresas estatales estratégicas que desempeñaron funciones entre el 22 de enero de 2006, cuando juró a la Presindencia Morales, y noviembre de 2019.

Tras dejar el país el 11 de noviembre pasado, un día después de hacer pública su renuncia, Morales afronta al menos tres denuncias que ya investiga la Fiscalía de Bolivia.

Estas son por el caso del operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que data de 2009; sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo por las violentas movilizaciones de sectores tras su dimisión a la Presidencia; y por usurpación de funciones por la supuesta entrega de una obra vía teléfono.

Entre sus excolaboradores, están investigados Héctor Arce (Justicia), Carlos Romero (Gobierno), Javier Zavaleta (Defensa), Wilma Alanoca (Culturas) y Juan Ramón Quintana (Presidencia), este último sindicado por los delitos de sedición y terrorismo por las violentas protestas que derivaron de la renuncia de Morales, cuyo refugio tramita en Argentina.

El titular de Lucha Contra la Corrupción destacó que las pesquisas se desarrollan en el marco de una nueva política de Estado que busca recuperar activos, dinero y otros bienes.

La iniciativa, explicó, se analizó en la reunión del grupo Star Gira creado en 2007 entre el Banco Mundial (BM) y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Star Gira trabaja con los países en desarrollo y los centros financieros para evitar el lavado de dinero producto de la corrupción y para facilitar la devolución sistemática y oportuna de los activos robados, cita ABI.

De acuerdo con Kutschel, las exautoridades administraron más de dos billones de bolivianos y cometieron delitos de corrupción, puesto que desviaron los recursos públicos hacia otros países donde actualmente están refugiados.

La autoridad señaló que el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, dirigió la reunión con el grupo Star Gira para iniciar la investigación en el marco de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. (08/01/2020)

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Áñez le dice a Arce que su gobierno fue constitucional con una ley de la Asamblea y una declaración del TCP

La expresidenta Jeanine Áñez se declaró presa “de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada”.

La expresidenta Jeanine Áñez está detenida desde marzo. Foto: APG

/ 16 de octubre de 2021 / 12:59

En una carta dirigida al presidente Luis Arce, la expresidenta Jeanine Áñez defiende la constitucionalidad de su mandato transitorio sobre la base de una ley y la Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró constitucional la ampliación del mandato de las autoridades electas.

“Las arbitrariedades de su Gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como Presidenta Constitucional, un absurdo inconcebible porque mi mandato se ejerció en estricto apego a lo dispuesto en la Constitución respecto a la sucesión constitucional, además refrendado por la Declaración Constitucional Plurinacional Nº 001/2020 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 15 de enero de 2020 y la Ley Nº 1270 de 20 de enero de 2020. Mediante la cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional –integrada en más de dos tercios de sus miembros por parlamentarios de su partido- ratificó la constitucionalidad de mi mandato”, se lee en la nota manuscrita y también transcrita en computadora.

El control constitucional declaró constitucional la ley excepcional de prórroga de mandato de la presidenta, de los asambleístas nacionales y de autoridades electas de las entidades territoriales autónomas. 

Este viernes, a través de la Sentencia Constitucional 052/2021 del 29 de septiembre de este año, determinó que la sucesión presidencial ipso facto no alcanza a los titulares de las cámaras legislativas. Así, puso en cuestión la legalidad de la presidencia de Áñez.

El tribunal consideró que en la crisis poselectoral de 2019, tras las renuncias del entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García y de los titulares de las cámaras de Diputados, Víctor Borda y Senadores, Adriana Salvatierra, no hubo la figura de vacío de poder.

Áñez está detenida de manera preventiva desde hace siete meses a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, en el caso conocido como golpe de Estado.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” del alto mando de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez.

En la carta publicada por su familia en sus redes sociales, la expresidenta denunció que personeros del Ministerio de la Presidencia, de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado, “junto a los administradores de justicia, cometen abuso de autoridad a través de continuas y reiteradas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, con el único afán de humillarme y maltratarme de las formas más bajas y crueles”.

Hace un llamado a la reflexión a Arce y a “la reconducción de las acciones ilegítimas e ilegales, abusivas y tortuosas”.

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Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo Wilfredo Chávez

El procurador Wilfredo Chávez durante el acto de este viernes.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:14

La Procuraduría General del Estado concluyó este viernes la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en 2019 no existió fraude electoral. El informe final será puesto a disposición de la ciudadanía, informó el procurador Wilfredo Chávez.

“En conclusión final, podemos decir al pueblo boliviano que el único engañado de todo ese proceso ha sido infelizmente el pueblo, la única burlada ha sido la democracia que la hemos recuperado en las elecciones de 2020”, afirmó Chávez, en el acto de cierre de la revisión de las actas, cuyo trabajo comenzó el lunes y estuvo a cargo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, puntualizó.

Fueron revisadas 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales de 2019. Chávez afirmó que criticará y observará el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que existió “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo y criticó la ausencia de la oposición en la verificación de las actas.

La OEA denunció que la “manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Observó también irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. “El informe detalla además un significativo número de errores e indicios”.

Chávez precisó que la revisión de las actas arrojó “datos interesantes” sobre la participación de delegados de mesa, sobre todo porque éstos podrían haber denunciado alteración de datos u otras irregularidades, “eso no lo han hecho porque no era cierto”, indicó.

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El Gobierno llama a ‘cerrar’ debate sobre fraude o golpe tras fallo del TCP y resolución fiscal

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el fallo del TCP estableció que en Bolivia hubo un golpe de Estado y recordó que la Fiscalía archivó el caso fraude electoral por falta de pruebas

El ministro de Justicia Iván Lima.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:03

Para el Gobierno, el cierre del caso fraude electoral y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la presidencia de Jeanine Áñez demuestran que en Bolivia hubo un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a “cerrar esta página de discusión y debate jurídico”.

“El Tribunal ha hablado, en el país ha habido un golpe de Estado, la Fiscalía también ha hablado, no existe ningún fraude electoral, el llamado del gobierno nacional es a cerrar esta página de discusión y debate jurídico, porque ya han hablado en su última instancia la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Lima aseguró que el control constitucional emitió una sentencia en la que establece que en la crisis de 2019 no hubo un vacío de poder, que no correspondía la sucesión ‘ipso facto’ porque está reservado solo para el Vicepresidente y que las renuncias de las presidencias de Diputados y Senadores debieron ser formales y aceptadas en el pleno y por el ente electoral, como mandan las normas.

Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado, y en una sesión sin quorum se autoproclamó Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Una reunión de líderes cívicos y políticos en la Universidad Católica Boliviana, a convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea, definió el curso de la sucesión.

“La decisión del Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión. Lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, e s una vulneración flagrante al artículo 169 (de sucesión) de la Constitución”, insistió y anticipó que la oposición, por falta de argumentos, dirá que es un fallo de un “tribunal azul”.

Por su parte, la Fiscalía archivó el proceso por fraude electoral activado contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lima aseguró que el control constitucional también rechazó un recurso contra el archivo del caso.

Contrario al Gobierno y a las ahora decisiones de la Fiscalía y del TCP, la oposición aseguró que en 2019 hubo un golpe de Estado, apoyado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), puesto en duda por diferentes estudios externos. De hecho, la protesta cívica de ese entonces estuvo alentada por la denuncia de fraude electoral.

Lima espera que se acelere el proceso contra Áñez por la toma de la presidencia del Senado y se emita la sentencia respectiva.

Sobre la normativa aprobada en un gobierno que el control constitucional lo declaró fuera de la legalidad, explicó que serán revisadas las normas emitidas en esa administración y enviada al control constitucional, aunque aclaró que por seguridad jurídica otras permanecerán vigentes

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Gremiales ratifican paro de 48 horas y ahora piden la abrogación de la Ley 1386

La propuesta de abrogación de parte de los gremialistas coincide con el proyecto que este viernes anunció el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC).

Gremiales en Cochabamba anuncian un paro de 48 a partir del lunes 18 de octubre.

Por Mauricio Diaz

/ 15 de octubre de 2021 / 17:39

El sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir del lunes 18 de octubre, ahora en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En una reunión en esa capital, dirigentes gremiales de al menos cinco departamentos aprobaron la medida para la siguiente semana.

“La primera ley que han aprobado es exactamente la misma que han retirado, pero la ley, que es la madre y la clave para arruinar al comercio minorista, está ahí”, explicó el dirigente Francisco Figueroa.

Afirmó que la medida de protesta será replicada por los sectores gremiales de todo el país y amenazó con que sumar piquetes de huelga de hambre, marchas y el cierre de fronteras si sus exigencias no son atendidas por el Gobierno.

La protesta coincide con la demanda planteada este viernes por Comunidad Ciudadana (CC). El diputado Carlos Alarcón presentó la mañana de este viernes un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1386, que consideró que es “atentatoria contra el sector informal de la economía”.

El jueves, el Gobierno retiró el polémico proyecto de ley contra las ganancias ilícitas, que en las últimas semanas generó molestia y movilizaciones por varios sectores que se sentían perjudicados por esa norma, incluso hubo la convocatoria de cívicos de varios departamentos a un paro nacional en rechazo a esa medida.

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Mesa advierte ‘incongruencia’ en el TCP y Doria Medina, ‘oportunismo’

Carlos Mesa señala que la posesión de Jeanine Añez “fue automática” por la “fuga de Evo Morales”.

Samuel Doria Medina y Carlos Mesa. Fotos de archivo: Kimera y La Razón.

/ 15 de octubre de 2021 / 17:02

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este viernes que la “incongruencia y mala fe” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene límites, después de que esa instancia judicial consideró que en la crisis poselectoral 2019 no hubo vacío de poder.

“La incongruencia y mala fe del T. Constitucional no tiene límites. La posesión de J. Añez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática (sic)”, escribió Mesa en su cuenta en Twitter.

Por su parte, el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, advirtió que hay “oportunismo” en el accionar del TCP.

“El Tribunal Constitucional ahora considera que la sucesión de Áñez no correspondía. Y entonces, ¿por qué emitió un comunicado el 11 de noviembre de 2019 validándola? ¡Qué manera de sumarse al más fuerte; qué oportunismo!”, expresó Doria Medina también en Twitter.

El 12 de noviembre, el TCP emitió un comunicado —su presidente, Petronilo Flores, aclaró que el texto no era vinculante— que invocaba una declaración constitucional de 2001, cuando avaló la sucesión del entonces vicepresidente Jorge Quiroga en reemplazo del dimisionario y convaleciente presidente Hugo Banzer.

El comunicado del TCP subrayaba en texto negro que correspondía sucesión “ipso facto” al Vicepresidente y “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

El Tribunal Constitucional emitió el pasado 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de “vacío de poder” y esa determinación fue conocida recién en las últimas horas de manera pública.

En noviembre de 2019, Áñez era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y, para asumir el mando del país, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias de los entonces presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y presidente de Diputados, Víctor Borda.

Es así que, tras varias reuniones extralegislativas, Áñez, primero, se declaró presidenta de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado, pero sin quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, que entonces estaba constituida por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

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