Nacional

jueves 30 jun 2022 | Actualizado a 23:55

Caso Terrorismo: El Gobierno se retira y el proceso se mantiene a la espera de una decisión de la Fiscalía

Tras el anuncio de retiro del Gobierno, el juez Sixto Fernando anunció que continuará el juicio contra los acusados por el caso Terrorismo con dos jueces técnicos. El fiscal Marco Rodríguez explicó que hay procedimientos para suspender o extinguir un proceso.

/ 20 de enero de 2020 / 21:42

En la misma audiencia del caso Terrorismo, realizada este lunes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo saber al juez Sixto Fernández que el Gobierno se retira como parte acusadora. El juez respondió que seguirá con dos jueces técnicos el proceso abierto en 2009, mientras que el fiscal Marco Rodríguez anunció que la Fiscalía hará un análisis de lo ocurrido, sin dar mayores elementos.

Murillo asistió a la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia y, ante el tribunal, aseguró que llegó personalmente para retirar la denuncia presentada por el Gobierno y que derivó en una investigación contra más de 30 personas. Esa pesquisa anuló a la dirigencia política y cívica cruceña de ese entonces.

El 16 de abril de 2009 los bolivianos amanecieron con la noticia de la desarticulación de una supuesta célula terrorista. Varios líderes políticos y cívicos fueron involucrados en las investigaciones por el fiscal Marcelo Sosa, hoy asilado en Brasil. Desde su asilo, denunció que se armaron pruebas, en tanto que en Bolivia fue condenado a 12 años de cárcel por extorsión.

Fernandez respondió en la misma audiencia que seguirá con el proceso y dejó en manos de los involucrados acudir o presentar los recursos legales que vean conveniente.

“Se dispone la prosecución del presente juicio con dos jueces técnicos, con esta determinación quedan citados motivados, emplazados y facultados a ejercer la apelación que estimen por conveniente u optar por cualquier recurso que estima por conveniente la ley”, explicó el juez que preside el tribunal de sentencia. Dos jueces ciudadanos renunciaron, una denunció irregularidades.

Mientras, para la Fiscalía es necesario analizar la decisión tomada por el Gobierno, principal acusador en este caso. Por ser un delito de orden público, la Fiscalía debiera seguir de oficio el caso, pero Rodríguez anunció que cualquier decisión debe estar enmarcada en los procedimientos penales.

“La norma procesal penal establece que no se puede suspender o extinguir si no es por las formas establecidas, por la ley de acción penal. El Ministerio Público va a hacer una ponderación de lo que corresponde. Vamos a analizar la solicitud del retiro de denuncia que ha hecho”, anunció y aclaró que, de todas maneras, cualquier decisión debe estar autorizada por la Fiscalía Departamental de La Paz, donde radica el proceso.

Murillo consideró que las denuncias de montaje hacen necesaria su paralización y un paso, dijo, es la instrucción dada por la presidenta Jeanine Áñez.

“El Ministerio de Gobierno ha retirado la acusación falsa que han hecho los del Movimiento Al Socialismo para hacer persecución falsa a un grupo de personas para meterles miedo a los cruceños, para perseguir a los cruceños y no dejarlos que se muevan en libertad, como siempre se han movido los hermanos cruceños”, justificó el ministro.

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La Policía apunta a que dos policías ‘facilitaron’ la fuga de colombiano vinculado a triple asesinato

Los dos uniformados están detenidos y a la espera de su audiencia cautelar. Ambos detuvieron al colombiano Jhon Walter Tibaduiza a poco de cometerse el crimen de dos policías y un voluntario en Porongo

El colombiano John Walter Tibaduiza. Foto: Unitel.

/ 30 de junio de 2022 / 23:49

Apuntan que los dos policías aprehendidos “facilitaron, de alguna forma, la huida” del colombiano Jhon Walter Tibaduiza, uno de los acusados de participar en la ejecución de dos policías y un voluntario del Gacip el 21 de junio en Porongo. Requisaron en un puesto de control al ciudadano extranjero y lo dejaron en libertad tras sustraerle su teléfono celular y al menos $us 6.000.

La información la confirmó el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, quien recordó que Tibaduiza alquiló y luego abandonó el vehículo utilizado por quienes estuvieron en el lugar donde se cometió el triple asesinato con armas militares de grueso calibre.

“Habrían tenido participación en facilitar de alguna forma la huida de un ciudadano colombiano, que ha sido identificado como el que alquiló un vehículo y lo dejó abandonado”, sostuvo respecto a la detención de los dos policías que estuvieron en el retén de Puesto Mendez y que detuvieron al colombiano, pero horas después lo dejaron en libertad.

Se trata de Israel S. C. y de Rolando M. L. Están a la espera de su audiencia cautelar y de un proceso disciplinario interno.

Todo se descubrió por voz del propio Tibaduiza. En una entrevista con la red Unitel reveló que se encuentra en su país y que en una requisa policial cuando abandonada Bolivia, el mismo día de los tres asesinatos, se lo dejó en libertad tras sustraerle su teléfono celular y dinero.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen ‘ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, contó en la entrevista, además de negar haber participado del crimen.

Hasta el momento están en la cárcel tres personas por el triple asesinato, entre ellos Misael Nállar. Están distribuidos en las cárceles de Chonchocoro, de El Abra y Palmasola.

Según la pesquisa, las tres víctimas estaban de rodillas y con las manos en el suelo cuando fueron asesinatos con disparos de armas de fuego. Las pericias establecieron que dieron positivo a la prueba del guantelete, por lo que dispararon armas.

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Áñez demanda a la presidenta de la CIDH pronunciarse sobre vulneración de sus derechos

La expresidenta Jeanine Áñez cuestionó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, su “silencio e inacción”

La expresidenta Jeanine Áñez, antes de escuchar la lectura íntegra de la sentencia en Miraflores el 10 de junio.

/ 30 de junio de 2022 / 20:55

Desde la cárcel y a través de una misiva, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, pronunciarse, como lo hicieron otros organismos internacionales y países, sobre lo que consideró vulneración de sus derechos humanos y debido proceso en el juicio que acabó con una sentencia en su contra.

En el inicio de la misiva expresó su “sincera preocupación por el silencio y la inacción que han mantenido ante los reiterados y consecutivos abusos que las autoridades de Bolivia comenten en mi contra, utilizando el poder judicial con fines políticos, incumpliendo las recomendaciones del publicitado informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por el CIDH, solicitado por mi Gobierno”.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por la forma cómo asumió la presidencia del Senado en noviembre de 2019, que luego le permitió tomar la presidencia de Bolivia. Según la Fiscalía, tomó el Senado en una sesión sin quórum y a pesar de ser de la oposición, aspecto que no reconoce el Reglamento de Debates. Se la acusó por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso conocido como Golpe de Estado II.

Permanece en la cárcel desde marzo de 2021 y tiene pendiente en su contra otro proceso por el caso Golpe de Estado I, que tiene relación con los hechos que llevaron a la dimisión del expresidente Evo Morales en medio de una protesta cívica denunciando fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, un motín policial y la “sugerencia” militar al Presidente de demitir.

En la misiva fechada este jueves 30 de junio, la expresidenta le recuerda a Mantilla que, a diferencia de la CIDH, ya se pronunciaron sobre su situación “el Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobierno de Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Brasil, la Unión Europea…menos la CIDH”.

Los miembros del GIEI llegaron a Bolivia tras la firma de un acuerdo con la administración del presidente Luis Arce. Calificaron de masacres los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, con una veintena de muertos por impactos de bala y en medio de una intervención policial-militar, a días de que Áñez asumiera el poder.

En su carta recordó que su administración fue reconocida por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo administración de Luis Almagro. El MAS y el gobierno de Arce acusan a Almagro de corresponsable de los hechos que derivaron en la dimisión de Morales y de las masacres. Fue la OEA la que denunció un fraude, puesto en duda por estudios externos posteriores, y agravó la crisis de noviembre de 2019.

“El 18 de abril de 2022, a pedido mío, mi hija Carolina Ribera Áñez se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, acompañada de un equipo de personas que me apoyan voluntariamente, donde les hizo saber las denuncias de indebido proceso, tratos degradantes y violación de mis derechos, donde el más injusto y atentatorio contra mi vida e inocencia es la privación de libertad desde hace 474 días. Desde esa fecha, no he tenido ninguna información ni contacto con Carolina como se comprometió el Relator para Bolivia, Joel Hernández” (sic), establece otra parte de la misiva hecha pública a través de sus redes sociales administradas por su familia.

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Desafían a Cuéllar a demostrar denuncias contra García, en la oposición piden al TSE indagar

El diputado Rolando Cuéllar fue blanco de ataques desde filas del MAS. El propio expresidente Evo Morales habló de traidores. Desde la oposición piden indagar y retirar la personería del MAS

El diputado Cuéllar el miércoles, durante su denuncia.

/ 30 de junio de 2022 / 19:44

La denuncia lanzada por el diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, provocó amenazas y desafíos a probarla, mientras que la oposición exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

En una carta enviada al TSE y firmada por 13 legisladores de la oposición, se demandó indagar la denuncia del diputado Cuéllar, quien el miércoles hizo pública una carta firmada por García, en la que agradece aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

“La denuncia realizada por el diputado Cuéllar se constituye en indicios o pruebas de que la organización política MAS-IPSP ha recibido recursos de ‘origen ilícito’, en consecuencia, corresponde que el Tribunal Supremo Electoral, de oficio, inicie las actuaciones necesarias”, establece parte de la misiva firma por legisladores opositores como Centa Rek y Tatiana Áñez.

A través de un comunicado, la Dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) salió el miércoles en defensa de García y calificó de “instrumento falsificado” la carta presentada por Cuéllar. “El MAS se reserva su derecho de iniciar, en los siguientes días, las acciones judiciales pertinentes para que Cuéllar y sus cómplices expliquen ante la justicia las razones del delito que acaban de cometer”, se advirtió.

En la carta revelada por Cuéllar se sostiene: “De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes del MAS-IPSP, agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario próspero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”.

Mientras que este jueves, el diputado masista Patricio Mendoza anunció que Cuéllar, expulsado de filas del partido oficialista, deberá explicar y sustentar su denuncia.

“Vamos a convocar a reunión de bancada para tocar el tema y vamos a pedir que nos demuestre con prueba objetivas los vínculos con el narcotráfico”, anunció.

Morales respondió en la mañana y en alusión a Cuéllar habló de traidores.

“La derecha golpista con ayuda de algunos traidores usa documentos falsos y nuevamente trata de proscribir al MAS-IPSP. Fracasarán como fracasaron cuando trataron de anular la sigla en el gobierno de facto. Demuestran que con tal de atacar a Evo son capaces de destruir al MAS-IPSP”, afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Cuéllar aseguró que la carta dirigida a Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán, es verídica.

“Ellos deberían dar el ejemplo, deberían sumarse a la denuncia del vínculo, de la corrupción en este proceso de investigación que hemos denunciado”, sostuvo a Erbol.

En esa misma línea, el diputado del MAS Héctor Arce desafió a Cuéllar a demostrar su denuncia, porque de lo contrario “va a ser sujeto a procesos penales. Su pobreza y miseria mental no le hacen medir las consecuencias”.

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Caso Ítems fantasma: No hay fecha de extradición de Parada, tiene 15 días para impugnar

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, confía que las autoridades de Panamá no darán curso a la impugnación ante las pruebas presentadas

Guillermo Parada. Foto: RRSS

/ 30 de junio de 2022 / 18:09

Pese a que Panamá viabilizó la extradición, Guillermo Parada aún tiene la posibilidad de impugnar en 15 días la decisión para evitar su traslado a Bolivia por el caso “Ítems fantasma”. El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, descartó que la impugnación sea aceptada por las pruebas presentadas, empero no podrá ser extraditado hasta que se agote ese recurso.

“Tiene derecho a la impugnación en un plazo de 15 días, sin embargo nosotros vemos que aquello no va a ser procedente debido a que hemos fundamentado desde el punto de vista constitucional, de los derechos humanos y de los estándares internacionales la solicitud de extradición”, explicó en una conferencia de prensa.

Parada fue detenido el 30 de diciembre de 2021 en Panamá cuando intentaba llegar a Estados Unidos, luego de abandonar Brasil, donde estuvo refugiado. Su hermano, Antonio Parada, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, también se encuentra detenido con fines de extradición en Brasil.

El 2 de enero de este año se conoció que la Justicia panameña dispuso la detención provisional de Guillermo por 60 días con fines de extradición. El extraditable está acusado por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento al ilícito y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Los hermanos Parada huyeron de Bolivia por un punto fronterizo no autorizado a fines de 2021 después de que fueran identificados como los principales responsables de la creación de al menos 800 ítems fantasma para desviar los recursos de la Alcaldía de Santa Cruz. Captaban a sus víctimas y los integraban con ítem en la Alcaldía, pero los sueldos los cobraban los acusados como parte de toda una red delictiva.

Por este caso está en la cárcel la exalcaldesa Angélica Sosa, aunque negó haber sido parte de esta trama delictiva.

No hay plazo para la entrega de Parada. “Corresponde que se agoten estos últimos 15 días de plazo para Guillermo Parada, quien seguramente va a presentar la impugnación. Estamos seguros que no va a ser viable y va a corresponder la entrega a nuestro país y su traslado a Bolivia para que sea sujeto a las medidas correspondientes”, explicó.

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Destituyen al viceministro de Vivienda Roger Cruz por denuncias

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que se inició una investigación sobre la gestión de Cruz, por lo que evitó dar mayores detalles

Por Carlos Corz

/ 30 de junio de 2022 / 17:09

Roger Cruz fue destituido del cargo de Viceministro de Vivienda, luego de denuncias que ponen en duda la transparencia de su gestión. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño informó que se inició una investigación, por lo que evitó dar mayores detalles de los motivos que derivaron en la destitución.

“Es mi responsabilidad velar que todas las instituciones que están bajo mi cargo estén trabajando de manera coherente y de manera transparente, por eso es que he tomado la decisión de apartar al viceministro”, explicó en una conferencia de prensa.

Cruz asumió el cargo en diciembre de 2020.

“Siempre he demostrado documentación para acusar a una persona y en este caso vamos a esperar que la Unidad de Transparencia, las unidades que correspondan, puedan dar un informe”, insistió Montaño.

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