La administración de Jeanine Áñez envió una nota de protesta a la Misión de México en la que le asegura que la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) “no tiene por qué responder a los impertinentes cuestionamientos” a la auditoria electoral realizada a las elecciones del 20 de octubre y que es puesta en cuestión por el estadounidense MIT.
Además ve una acción de injerencia en asuntos internos, luego que la Misión Permanente de México en la OEA pidiera al organismo internacional comparar su informe de auditoría de las elecciones, que estableció irregularidades, con el elaborado por dos expertos del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del MIT y que descarta un fraude electoral.
“La Secretaria General de la OEA no tiene por qué responder a los impertinentes cuestionamientos de la Misión de México sobre temas internos de Bolivia. Bolivia rechaza cualquier actitud de terceros países y organismos internacionales que están en este momento concertando acciones ideológicamente orientadas contra una sociedad que evitó la perpetuación de una dictadura en Bolivia”, refiere parte de la nota de protestas hecha pública por la Misión boliviana en la OEA.
El informe del MIT, publicado en el The Washington Post, concluye que "no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar: las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a (Evo) Morales después del alto y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos. En general, el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos".
Los datos se contraponen con los resultados de la auditoría de la OEA, organismo que sostiene que el artículo publicado “contiene falsedades, inexactitudes y omisiones”.
“El artículo ignora los principales hallazgos de la auditoría de la OEA. Esos resultados demuestran inequívocamente que hubo ‘manipulación intencional’ de las elecciones en dos áreas”, reseña la misiva enviada al diario estadounidense y firmada por Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general, Luis Almagro. La fiscalización a la votación detectó en primer lugar –puntualizó el organismo— “cambios en las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas”.
El resultado de la auditoría fue divulgado en la madrugada del 10 de noviembre y agudizó la ya compleja situación que vivía Bolivia en medio de un paro cívico exigiendo la renuncia de Morales, quien finalmente dimitió en la tarde de ese día acorralado también por un motín policial y la sugerencia de la cúpula militar de dimitir.
El Gobierno de Áñez y la administración mexicana mantienen una relación compleja, tras la expulsión de la embajadora mexicana en diciembre y en medio de un confuso hecho que involucró la presencia de encapuchados españoles en la residencia mexicana, donde están exministros asilados e impedidos de abandonar Bolivia.
En otra parte de la nota de protesta se hace referencia, justamente a la relación bilateral. “Acciones de injerencia contra un país soberano enturbian el clima de reconstrucción de confianza en el que está comprometido el gobierno boliviano y su pueblo con un país hermanos como México. Bolivia no necesita actos destinados a desestabilizar al país en un momento en el que los ciudadanos están enfocados en la realización de las próximas elecciones generales del 3 de mayo.