El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, es investigado por un supuesto caso de ganancias ilícitas, de acuerdo a una denuncia de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

El 9 de enero de 2024, la directora general de la Unida de Investigaciones Financieras (UIF), Lizeth Pamela Troche Huanca, remitió al Ministerio Público el informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial del caso, de fecha 08 de diciembre del 2023.

“El suscrito Fiscal Departamental de La Paz (…) dispone: remitir antecedentes mencionados a conocimiento del encargado (a) de Plataforma de Atención de la Fiscalía Departamental”, se lee en la notificación contra el diputado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Posteriormente, Troche informó que las investigaciones son a causa de un incremento en el patrimonio de Huaytari.

De acuerdo con la Ley 004, de Lucha Contra la Corrupción y Ganancias Ilícitas, todo incremento en el patrimonio injustificado de una autoridad entra en la categoría de delito penal.

Ahora se debe sortear al fiscal analista para el caso.

Según la Contraloría General, Huaytari posee 10 bienes declarados. Además, un total de bienes activos por poco más de Bs 600.000 y rentas recibidas por Bs 294.215. De acuerdo con esta oficina de control, tiene deudas por más de Bs 2 millones.

Las investigaciones consideran que, desde la declaración jurada, los bienes de Huaytari se incrementaron sin justificativo alguno.

Huaytari

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Estafanía Morales confirmó la notificación a Huaytari. Afirmó que el presidente de Diputados no está obstaculizando el proceso y se muestra dispuesto a presentarse a declarar.

Sin embargo, al ser consultado por los medios, Huaytari afirmó que no conocía la investigación en su contra. Cuestionó que no le notifiquen “de frente”.

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que no vive de la política y que es su primera incursión en un puesto público. Afirmó que se trata de desprestigiar su imagen y su gestión.

El dirigente campesino Grover García fue elegido presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el congreso ordinario realizado el 3, 4 y 5 en El Alto. El encuentro fue convocado por el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce.

García suplirá al expresidente Evo Morales en la dirección partidaria, luego 25 años de liderazgo partidario, en caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convalide las resoluciones emanadas del congreso.

Desahuciado por ala evista del MAS, el dirigente está seguro de que el Órgano Electoral validará su elección.

“Usted ha sido elegido presidente del MAS, no es poca cosa, si es que las autoridades del Tribunal Electoral validan el congreso y su elección porque usted va a reemplazar a Evo Morales”, comentó al inicio de la entrevista el periodista de La Razón Radio Rubén Atahuichi.

—¿Quién es Grover García?

—Mi persona nació en Tiraque, soy de una comunidad que se llama Comercocha. Estudié en la escuela en Tiraque. Colegio, (hice) en la ciudad de Cochabamba y la universidad (la cursé) en la San Simón.

Fui alcalde en Tiraque de 2010 a 2015. Fui dirigente del MAS en Cochabamba de 2015 a 2017 y (después) de 2017 a 2019 fui presidente del MAS (Cochabamba). Estuve dos gestiones porque el pueblo me reeligió.

Hemos dirigido de forma política a nuestro departamento esos años. También hemos acompañado el trabajo que ha realizado el expresidente Evo Morales, coadyuvando en todas las instancias, y ahora me encuentro (como presidente) por decisión de las bases de los nueve departamentos y el Pacto de Unidad.

El Pacto de Unidad está compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Bartolinas e Interculturales.

—¿Cuándo conoció a Evo Morales?

Básicamente de frente, y más de cerca, en 2010, 2008 a 2009.

—¿Cómo fue su relación con el entonces presidente?

Hemos visto un presidente que estaba (conectado) a la realidad del pueblo boliviano, que ha despertado mentes y que ha defendido (al país), pero al final de su gestión se perdió en el camino. Seguramente, el pueblo sabe.

—¿Cuándo fue la última vez que lo vio?

—En 2021, en el mes de marzo, personalmente.

—¿Tuvo algún entredicho con Morales o cómo entiende su situación actual respecto del MAS?

—Yo entiendo que los dueños del MAS son los movimientos sociales. El conductor era el expresidente Evo, pero el MAS, a la fecha, fue bajando su imagen por varios motivos; por eso se llevó adelante el congreso. 

—Se dice que usted es funcionario del Estado, ¿en qué repartición trabaja si es así?

—Mire, todo ciudadano tiene derecho al trabajo porque ahorita el expresidente Evo percibe un salario de un senador siendo dirigente. El Andrónico (Rodríguez) es dirigente y percibe un salario. Es un derecho. Yo, evidentemente, estuve trabajando.

—¿Dónde trabajaba?

—Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

—¿Qué función cumplía?

—Director de IPD-PACU (Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura).

—¿Entonces dejó de ser funcionario y ahora se dedica solamente a la dirigencia?

—Mire un poquito podríamos agilizar (la entrevista), ‘por fa’.

—¿Qué piensa de la situación del MAS? Hay una división tan profunda que no permite consensos, por eso es que llegaron a dos congresos divididos.

—El décimo congreso realizado en El Alto es legítimo porque los dueños convocaron y eso quiere decir que hay que buscar la unidad de todos los militantes, simpatizantes, y darle la tranquilidad al pueblo boliviano.

—Si bien el cabildo de El Alto dio la pauta de que Luis Arce debería ser candidato, ¿este congreso planteó esa idea y su dirigencia va a proponer que Luis Arce vaya a la reelección?

—El fin del congreso no era para elegir candidatos, era para refundar y reconducir el instrumento y elegir el directorio para que esa refundación pueda proceder y que en los simpatizantes exista unidad. Todo eso se ha dado; evidentemente, hay que seguir uniendo. Salieron resoluciones también para modificar el estatuto y reglamento porque ese estatuto no está a la realidad y a la necesidad de las nuevas generaciones. No da oportunidad.

—Hay dos artículos polémicos del estatuto, el 6 sobre el liderazgo nato de Evo Morales y el artículo 64, de años de militancia. ¿Van a ser modificados estos artículos?

—Mire, las organizaciones y el pueblo han decido modificar; seguro que en un congreso se va a debatir qué artículos son buenos y cuáles son contrarios a la población o a la militancia.

—En su criterio, ¿qué hay que modificar del estatuto vigente desde septiembre de 2021?

—Un ejemplo, mire, el tiempo está corto, no sé si me entendió. Los 10 años de militancia son, pues, querer concentrar un poder del MAS-IPSP a unas cuantas personas, porque con 10 años las nuevas generaciones no tienen oportunidad.

—Ahora, políticamente hablando, ¿esta dirección nacional del MAS va a promover la candidatura de Luis Arce?

—Eso lo van a decidir, cuando llegue el momento, las organizaciones sociales, porque todos los simpatizantes pueden solicitar no solo a Luis Arce, sino a los que estén dispuestos, a ser candidatos.

—¿Incluso Evo Morales?

—Si las personas cumplen los requisitos, según la Constitución y el TSE, todos tienen derecho a ser candidatos. Hombre o mujer.

—En su criterio, ¿Morales cumple los requisitos?

—Entiendo y escucho la información de que el expresidente Evo Morales no está habilitado.

—Entiendo que el congreso de El Alto tiene que vencer consideraciones jurídicas, técnicas y legales de parte del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), ¿qué argumentos legales pueden expresar que su elección fue legal y legítima?

—Para nosotros, fue legítimo y legal porque participó el Tribunal Electoral y, obviamente, tiene etapas a cumplir. Estamos en la etapa en la que existe toda la documentación y, posteriormente, sacará su informe. Debemos respetar como corresponde.

—¿Ha cumplido la dirección del MAS de su sector con el requisito de 10 años de militancia?

—Nosotros vamos a presentar la documentación. Todos los que entran a participar saben los requisitos, entiendo en esa etapa estamos

—¿En la elección no se ha cotejado ese requisito en cada uno de los miembros?

—Se ha cotejado, pero tú sabes que están preparando las comisiones sus informes. En su momento se entregará la información.

—¿Desde cuándo es militante del MAS?

—Mi militancia es de 2014.

—Y, ¿desde cuándo está registrado en el padrón como militante?

—Mi primera inscripción ha sido en 2014, mi segunda inscripción en 2018.

—Luego de la promulgación de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, se ha exigido a los partidos actualizar su registro de militantes. ¿Usted ha actualizado su registro? ¿En qué año?

—2018. ‘Por fa’, como le pedí, estoy retrasado. Me dijo un tiempo adecuado nomás.

—¿Qué pasa si el TSE, sabiendo que fue obligado a supervisar el congreso, establece que usted no tiene condiciones para asumir la presidencia? ¿Hay una medida de previsión?

—Nosotros vamos a cumplir los requisitos exigidos; entonces, la facultad del TSE es revisar y dar su informe.

—¿Usted ha presentado la notificación al TSE sobre las resoluciones del congreso?

—Eso, la comisión presentará la documentación.

—¿Cuándo la van a presentar?

—Hoy (jueves) tenemos una reunión y vamos a definir en qué momento presentar.

—¿No cree usted que se están rezagando? ¿Hay plazos? ¿Les dijo el TSE hasta cuando pueden presentar?

—Hay plazo de siete días. Entiendo que usted también ha debido escuchar en la información.

—Por eso acudo a usted como primera fuente.

A pesar de que, en tres ocasiones, el TSE observó la solicitud de congreso del MAS arcista debido al incumplimiento del artículo 13 del estatuto orgánico, el Pacto de Unidad persistió en la convocatoria.

A un día del inicio del congreso, el 2 de mayo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz instruyó al TSE supervisar provisionalmente el encuentro.

El TSE encargó la tarea al Sifde, que hasta el domingo deberá emitir su informe del caso. Hasta el miércoles de la semana siguiente, el TSE deberá asumir una posición institucional.

Sin embargo, el electo presidente del MAS arcista defendió como “legal y legítimo” el congreso de El Alto, puesto que, según dijo, “los dueños de ese instrumento convocaron” al encuentro nacional.

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El Gobierno presentó este jueves un anteproyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que incluye un nuevo tipo penal: apoderamiento flagrante de la cosa ajena, con una pena de siete años.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que el nuevo tipo penal propuesto incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional son dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

“Quienes tengan una situación migratoria irregular en el país y cometan ese tipo de delitos, van a tener una agravante”, indicó la autoridad en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

La propuesta, según explicó Del Castillo, surge en respuesta a los reclamos sobre inseguridad y las denuncias por robo que recibió la Policía Boliviana en 2023; los casos alcanzaron los 21.330.

Del total de esos casos, la Policía aprehendió a 2.931 personas que fueron sancionadas con detención preventiva; sin embargo, también en 2023, 2.400, o sea, el 82%, fueron liberadas por la Justicia.

«Lo ajeno no se toca»

“De nada está sirviendo el trabajo de la Policía Boliviana si meses más tarde los delincuentes nuevamente recobran su libertad. Eso significa que el ordenamiento jurídico nacional vigente ya no está funcionando y hay que adecuarlo a nuestra realidad”, lamentó Del Castillo.

Explicó que también el resto de privados de libertad se sometieron a procesos abreviados y obtuvieron una pena de dos o tres años.

“El que ilegalmente se apoderare, sustrajera o tomare, semoviente, joyas, dinero, valores, minerales o energía, objeto cosa mueble sujeto a no registro, mediante descuido, violencia, intimidación uso de armas u otros medios o de cualquier forma que se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la policía boliviana o particular o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones imágenes por testigos y/o entrevista policial será sancionado con pena de prisión de siete años sin derecho indulto”, dice el texto principal del anteproyecto.

En el caso de extranjero irregulares, la pena será de ocho años de presidio.

Procedimiento

En cuanto al procedimiento y aplicación, la autoridad explicó que cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitirán una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, dijo Del castillo.

En el mismo acto, el presidente Luis Arce exhortó a diputados y senadores a aprobar ese proyecto para el beneficio de la población. “Todos juegan con las actuales leyes y la tipificación de este delito va permitir la sanción oportuna de estos delincuentes. Hay que sancionar drásticamente este tipo de robos”, señaló el mandatario.

Asimismo, dijo que la Policía Boliviana cuenta con elementos para implementar y desarrollar ese tipo de labores; citó a BOL-110, que, según anunció, se extenderá a todas las regiones del país.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del MAS evista, planteó este miércoles una ley corta para la continuidad de la preselección de postulantes a las judiciales, pese a que una Sala Constitucional dejó sin efecto el proceso.

“Creemos que se debe, a través de una ley corta, ajustar o, en todo caso, ver los tiempos en coordinación con el Órgano Electoral Plurinacional. También vamos a solicitar una reunión urgente con los miembros del Órgano Electoral para ver los plazos que ellos vean pertinentes en cuanto a la convocatoria”.

El martes, la Asamblea fue notificada con el fallo constitucional que dejó sin efecto el proceso y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La medida judicial fue asumida tras la presentación de una acción popular por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las postulantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones respecto a las del resto de los departamentos.

Rodríguez también indicó que desde la Presidencia de la Cámara de Senadores se solicitó un informe oficial a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural para que se indique en qué situación se encuentra el proceso.

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Dijo que en base a esto se analizará con las bancadas políticas y se definirá una solicitud de reunión con el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, para que a través de una ley se “pueda convocar a otras elecciones, o en todo caso, se pueda ajustar los plazos”.  “Ya pasaron los plazos determinados, sin embargo, es necesario viabilizar (el proceso) para que las elecciones judiciales continúen”.

Además, anunció que reunión con las bancadas se analizará las “falencias” que presentó la ley de las judiciales. Consideró que no se debe llegar a foja cero, pero que si así fuera, se necesita que el Órgano Electoral indique “cuántos días necesita para convocar (a las elecciones) y cuánto tiempo tendrían para que se pueda agotar todas las fases (de la preselección)”

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputado, Juan José Jáuregui, señaló el martes que la consulta del control constitucional a la ley de las judiciales, en su momento 144/2023-2024, se hizo con relación a cinco elementos y no a toda la norma. Añadió que en el trabajo de la comisión multipartidaria se hizo notar la “probabilidad” de que postulantes “activen procesos constitucionales”.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este miércoles sobre la suscripción de un convenio binacional entre Bolivia y Perú para realizar operaciones coordinadas en frontera en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos suscrito un Plan de Acción Binacional 2024 para realizar operaciones coordinadas y simultaneas en frontera, (además) para intercambiar información en tiempo real, identificar blancos y de esa forma desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de sustancias contraladas que trafican en distintas modalidades, como vía terrestre, fluvial y aérea”, dijo la autoridad.

El trabajo conjunto entre ambos países es catalogado como “crucial”, en razón que ambos países comparten más de 1.000 km de frontera y enfrentan problemas similares relacionados con el tráfico ilícito de drogas y los cultivos de coca excedentarios.

Mamani señaló que la importancia radica en que se debe entender a la problemática de las drogas es una lucha transnacional y no únicamente de Bolivia o de Perú.

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La mañana de este miércoles, se inauguró en la ciudad de Puno, Perú, el Encuentro Técnico Operativo sobre Tráfico Ilícito de Drogas en la Zona de Frontera. Esta iniciativa se basa en los acuerdos alcanzados durante la X Reunión de la Comisión Mixta Peruano-Boliviana que tuvo lugar en agosto de 2023 en Perú.

En el encuentro, Mamani resaltó la relevancia de reforzar la colaboración entre Bolivia y Perú en la lucha contra el narcotráfico.

El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Tito Villca, también informó que en este encuentro se pudo determinar espacios estratégicos donde se irá focalizando todo el esfuerzo en operaciones antinarcóticas binacionales.

“Este acuerdo nos compromete a cumplir aquellos puntos que se han asumido. Como Bolivia tenemos la fortaleza y responsabilidad de realizar la conjunción del trabajo en equipo y sinérgico entre dos fuerzas especiales, elites, que van a hacer frente al narcotráfico”, dijo el jefe policial.