Nacional

Thursday 11 Apr 2024 | Actualizado a 04:07 AM

La ONU pide una ‘investigación pronta’ de la aprehensión del juez Huacani

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos aplaudió, no obstante, la liberación posterior del incidente de la autoridad judicial, como medida de “protección a la actividad judicial”.

/ 24 de mayo de 2020 / 22:21

La misión en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDC) llamó a las autoridades a “realizar una investigación pronta” sobre la aprehensión irregular del juez Hugo Huacani, ocurrida el viernes minutos antes de que la autoridad judicial tenía previsto resolver las medidas cautelares de cinco implicados en el escándalo de los respiradores.

“Llamamos a las autoridades competentes por ley a realizar una investigación pronta acerca de las causas y autores que llevaron a la aprehensión del juez con el propósito de evitar que estas acciones se repitan”, señaló el organismo en su cuenta de Twitter en la que, en copia, hizo referencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado.

El viernes, minutos antes de la audiencia de medidas cautelares del exministro de Salud Marcelo Navajas, el exdirector jurídico de ese despacho Fernando Valenzuela y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco y otras dos personas, entre ellas una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el juez Huacani fue aprehendido de manera intempestiva, acción que incluso obligó la suspensión del acto procesal.

Liberada el sábado la autoridad, que apeló la aprehensión con un escrito a pulso, no se supo sino hasta el domingo quién ordenó la aprehensión. Por su lado la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, que propicia el juicio por la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores deslindaron responsabilidades.

Dato

Según información a la que accedió La Razón, la aprehensión había sido ejecutada por el teniente coronel Milán Estrada, oficial de la Policía Boliviana, dependiente del Ministerio de Gobierno.

En sus primeras declaraciones a este diario, Huacani consideró que su aprehensión fue irregular y que un policía no puede ejecutar una acción así por cuenta propia.

“Cuando me han llevado a la fuerza del Tribunal Departamental de Justicia, cuando ingresaba a la sala de audiencias para llevar los casos del Ministerio de Salud, me detuvieron. Ese mismo día, en la noche, hemos identificado al verdadero (autor de la aprehensión) que es Milán Estrada, un teniente coronel, si no me equivoco”, dijo.

Liberado luego, el juez pudo continuar con la audiencia medidas cautelares que concluyó a las 04.30 del domingo. En la audiencia, decidió la detención preventiva de tres meses de Navajas, Valenzuela, Pacheco y el empresario Fernando Humérez, que fue presentado como ”testigo clave” de la trama, en la cárcel de San Pedro de La Paz. Mientras, Gabriela P., consultora del BID, la entidad financiadora de la compra, deberá guardará detención domiciliaria durante seis meses.

“Saludamos la resolución que ordenó la libertad del juez Hugo Huacani que favorece el respeto a la independencia del Órgano Judicial. La protección de la actividad judicial es vital para la vigencia de un estado de derecho y salvaguarda del debido proceso”, dijo la OACNUDH en un segundo tuit.

Escándalo

La semana pasada estalló el escándalo de los respiradores en Bolivia. Se trata de la compra de 170 ventiladores pulmonares modelo Respira Device, de la fábrica española GPAinnova. De acuerdo a contrato entre AISEM, del Ministerio de Salud, y la empresa IME Consulting Global SL, Bolivia acordó pagar $us 28.080 por cada equipo, a diferencia de los $us 7.234 que ofrece la fábrica.

Se conoció que tres intermediarios –dos bolivianos y un español— operaron el negocio, cuyo sobreprecio, según el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, supera los $us 3 millones.

(24/05/2020)

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Bolivia pedirá a EEUU que devuelva el dinero confiscado a Murillo y Méndez

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos.

Sergio Méndez, exjefe de gabinete, y Arturo Murillo.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 21:11

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que gestionará, en coordinación con la Cancillería, que Estados Unidos devuelva el dinero confiscado al momento de la aprehensión del exministro Arturo Murillo y Sergio Méndez, su exjefe de gabinete.

“La PGE gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU, la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, señala el comunicado de la Procuraduría.

Murillo y Méndez están involucrados en el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, con un daño económico al Estado calculado en $us 2,3 millones. El exministro fue sentenciado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, y su exhombre de confianza fue deportado a Bolivia, donde fue aprehendido y ahora cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas.

Lea más: Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

La investigación, destapada en mayo de 2021, determinó que la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. La adjudicación fue dirigida por Murillo.

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos para la firma de contratos con el Estado Boliviano y junto a ellos se condenó a otros tres estadounidenses, dueños de BTS.

Añadió que Murillo cumplirá “una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026” y Méndez, luego de cumplir su condena fue deportado de Estados Unidos y detenido apenas pisó suelo boliviano en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

“La Procuraduría obtuvo en la vía de la reparación civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami, Florida. Una primera sentencia contra Sergio Méndez y otra contra Arturo Murillo; ambas condenan como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengará un interés anual de 9,09% anual; también se gestiona, coordina y dirige la posible suscripción de un acuerdo con dos ciudadanos que tienen autoría menor en relación al hecho, para la recuperación de dineros a fin de reparar los daños contra el Estado”.

También, indicó que se “coordina con las acciones de intervención y seguimiento por los delitos imputados y acusados en territorio nacional, contra ambos ciudadanos como autores mediatos, para que la justicia boliviana opere en el marco de su soberanía, sentenciando y recuperando los daños ocasionados contra los recursos del pueblo boliviano”.

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Jáuregui señala que postulante inhabilitado retiró la acción de amparo para las judiciales

El lunes, se conoció que el postulante inhabilitado Charles Mejía presentó un amparo constitucional contra la Asamblea Legislativa, esto en razón que se vulneró sus derechos como postulante para el TCP.

El presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jáuregui.

/ 10 de abril de 2024 / 17:37

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, señaló este miércoles que el postulante inhabilitado que presentó una acción de amparo para frenar las judiciales retiró esta medida judicial.

“Entiendo que ese recurso fue retirado en su tratamiento, no existe un recurso constitucional que esté pendiente de resolución. En consecuencia, siendo que no se ha siquiera considerado y se ha retirado por parte del impetrante este recurso, no habría materia que tenga que ser discutida, por tanto, este proceso no tiene ningún tipo de impedimento, ni óbice”, dijo.

Jauregui agregó que, tras el retiro de esta acción, la renovación de las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial está garantizada.

El lunes, se conoció que el postulante inhabilitado Charles Mejía presentó un amparo constitucional contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, esto en razón que se vulneró sus derechos como postulante para el TCP.

“Hemos presentado un amparo constitucional… y el pedido es simple. Ambas comisiones han realizado un cúmulo de irregularidades y no solamente en el caso del suscrito abogado, sino en el caso de muchos candidatos. Mi intención no es perjudicar a la elección de magistrados, pero mi intención es que no exista un abuso de los diputados y senadores de estas comisiones”, dijo Mejía a la red DTV.

Lea más: Comisiones evalúan los méritos de 405 postulantes a las elecciones judiciales

Añadió que como medida cautelar “hemos solicitado la paralización de la preselección de candidatos y el calendario (de esta fase). Este tiene un motivo lógico, yo como candidato inhabilitado en resguardo de mis derechos no puedo permitir que la convocatoria continue porque aquello conllevaría a un daño irreparable a mis derechos constitucionales”. 

Tras conocerse este hecho, asambleítas de las fuerzas políticas temen que esta acción judicial condicione el proceso de las judiciales.

“Cuando existe un proceso de revisión, lastimosamente nos paralizan (…), entendemos que hay muchos actores que intentan obstaculizar el avance del proceso de preselección (…), pareciera que hay una mano negra ahí, buscando paralizar todo para acusar al Gobierno”, criticó la diputada arcista del Movimiento al Socialismo (MAS), Deysi Choque, el martes.

Luis Adolfo Flores, senador evista del MAS, criticó el tema del amparo y señaló que el Gobierno está detrás. “Es la intención de este postulante, que no ama a Bolivia (…), es un funcionario del Órgano judicial, entiendo, ha coordinado para que sus colegas le den favorable. Ojalá que no paralicen el proceso (…), este postulante está buscando paralizar el proceso”, denunció en entrevista con Radio Kawsachun Coca.

Por su parte, Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que el Gobierno utiliza mecanismos jurídicos para perseguir sus intereses políticos.

Cuando se conoció el amparo, el lunes, el jefe de bancada del MAS y miembro de una de las comisiones, Jerges Mercado, expresó que se hará lo “humanamente posible” para continuar con el proceso.

Asimismo, Froilán Mamani, diputado del MAS y presidente de la Comisión Mixta de Justicia, informó que, debido a que el proceso ya pasó por una revisión constitucional, un amparo no podría poner en riesgo su realización.

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Rodríguez Veltzé: ‘Otra razón para rechazar la autoprórroga’, el fallo a favor de Marinkovic

El exmandatario consideró que este hecho es una prueba de que la seguridad jurídica está en riesgo mientras los magistrados prorrogados sigan en sus funciones.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Daniel Zenteno

/ 10 de abril de 2024 / 16:16

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé se refirió al fallo de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante el cual se favoreció a la familia Marinkovic, a la que otorgó de 33.000 hectáreas de tierras.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia ante ser mandatario por sucesión en 2005, afirmó que los actos de los magistrados prorrogados ponen en riesgo la “seguridad jurídica”. “Otra razón para que el Gobierno se sume al rechazo de la ilegal ‘autoprórroga’ de magistrados”, criticó en su cuenta de X.

Predios

El lunes se hizo pública una sentencia del 28 de diciembre de 2023, la 1016/2023, emitida por el TCP, que anula resoluciones pasadas que niegan a la familia de Branko Marinkovic el derecho sobre los predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, ubicados en Guarayos y la Chiquitania, respectivamente, en Santa Cruz.

Marinkovic, empresario y exministro de Economía en el régimen de Jeanine Añez (2019-2020), obtuvo de manera legal en 2020 los predios de Laguna Corazón y de Tierras Bajas del Norte. Consolidó el derecho propietario sobre más de 33.000 hectáreas.

En 2023, luego de un análisis del caso, el Gobierno, mediante el Ministerio de Desarrollo Rural, revirtió las resoluciones que favorecían a Marinkovic. Determinó entregar las tierras a pequeños productores.

Puede leer: El Gobierno evalúa proceso penal a magistrados del TCP por consolidar predio a familia Marinkovic

Magistrados

Ahora, los magistrados del TCP René Espada y Gonzalo Hurtado reconocieron nuevamente el derecho de la familia Marinkovic sobre los predios.

“La seguridad jurídica seguirá en peligro con sus actos —nulos— desde el 31 de diciembre de 2023”, insistió Rodríguez Veltzé en su publicación.

Desde que se conoció la Declaración Constitucional 049/2023, mediante la cual el TCP prorrogó los mandatos de los consejeros y magistrados electos en 2017, Rodríguez fue bastante crítico con la misma.

En numerosas ocasiones afirmó que son autoridades carentes de legalidad y de legitimidad.

Los predios de los que se declara propietaria la familia Marinkovic están en disputada desde 1998 con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Componen poco más de 34.000 hectáreas. El artículo 398 de la Constitución establece que “en ningún caso la superficie máxima podrá exceder las 5.000 mil hectáreas”.

El martes, el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, y el director del INRA, Eulogio Núñez, recalcaron la ilegalidad del fallo de los magistrados. Advirtieron que se puede iniciar procesos penales contra los mismos.

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El TSE responde a Chuquimia y le dice que Ávila es el vocal vigente en su lugar

Este miércoles, el vocal Gustavo Ávila participó de manera oficial en su primera sesión en Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Allí presentó el Decreto Presidencial 5141 con el que fue designado.

Miembros del TSE en sesión.

Por Daniel Zenteno

/ 10 de abril de 2024 / 15:36

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió a Dina Chuquimia que el nombramiento de Gustavo Ávila en su lugar goza de presunción de constitucionalidad.

La información fue confirmada por el secretario de Cámara del TSE, Luis Fernando Arteaga, quien le hizo saber a la otrora vocal la decisión de la Sala Plena respecto de su reclamo.

A través de una carta, el funcionario aclaró que la decisión del TSE se sujeta en el Decreto Presidencial 5141, de 3 de abril de 2024, publicado en la Gaceta Oficial.

Ávila “goza de la presunción de constitucionalidad que le otorga el artículo 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional», señala la carta.

El pasado viernes, David Choquehuanca, vicepresidente del Estado, posesionó de manera sorpresiva a Ávila como vocal del TSE, en representación del Órgano Ejecutivo y en reemplazo de Chuquimia.

Reclamos

El lunes, Chuquimia remitió una carta pública al presidente Luis Arce, en la que le comentó que no se cumplieron las condiciones para su destitución, de acuerdo a la Ley 018, del Órgano Electoral.

Dicha ley señala que la destitución del vocal se dará por tres motivos: cumplimiento de los seis años de mandato, presentación de renuncia oficial e incapacidad absoluta. Chuquimia argumentó que no ocurrió ninguno de los casos en su destitución.

Este miércoles, en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Chuquimia negó referirse a sí misma como “exvocal”. “Todavía no tengo la certeza de ser exvocal. Nunca he sido destituida y nunca he presentado mi renuncia (…). Sigo siendo vocal y no voy a renunciar a mis derechos”, insistió. 

Puede leer: Dina Chuquimia: El vocal Gustavo Ávila incurre en una causal de ‘inelegibilidad’

TSE

El TSE, más allá de la respuesta, compartió una publicación en sus redes sociales en las que se ve a Ávila sentado en Sala Plena del TSE junto con otros vocales y el presidente de dicho órgano, Óscar Hassenteufel.

En la publicación, remarca que fue la primera sesión de Ávila en la que “se trataron temas del ámbito electoral, jurisdiccional y administrativo”. Además, en esa sesión el nuevo vocal presentó el decreto presidencial con que el que se lo designó en sus funciones.

En su respuesta, el TSE no aclara las dudas de Chuquimia sobre su destitución. Sin embargo, le sugiere que se dirija directamente al Órgano Ejecutivo para cuestionar las causas de la designación del nuevo vocal.

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Torrez afirma que la sentencia ‘funesta’ de ‘autoprorrogados’ del TCP beneficia a Marinkovic

El Gobierno evalúa un proceso penal contra dos magistrados del TCP por emitir una sentencia en la que se otorga 33.000 hectáreas de tierras a la familia de Branko Marinkovic.

William Torrez, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS)

/ 10 de abril de 2024 / 14:13

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez consideró que la sentencia de magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que otorga 33.000 hectáreas (ha) de tierras a favor de la familia de Branko Marinkovic, es «funesta e inconstitucional».

El TCP falló en favor de la familia Marinkovic y le concedió la tutela de 33.000 ha de tierra en dos predios en Santa Cruz. Por su parte, el Gobierno anunció acciones legales en contra de los magistrados.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el legislador afirmó que el origen de la titulación de tierras data del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien aprobó el Decreto Supremo (DS) 4320, que “reconoce, protege y garantiza la propiedad individual”.

“Áñez dictó unDS a medida de Marinkovic. En menos de 40 días, titularon dos propiedades a nombre de Marinkovic, una en la Chiquitanía y la otra en la provincia guarayos”.

Afirmó que Áñez emitió una resolución favorable a Marinkovic que, posteriormente, fue anulada por el presidente Luis Arce. Sin embargo, los Marinkovic presentaron un amparo que derivó en una sentencia que favoreció a la familia. 

“Lo que hizo Arce fue abrogar este decreto 4320 y dictó el 4494, disponiendo la apertura de procesos judiciales para la anulación de estas titulaciones inconstitucionales”, aseguró.

Lamentó que el caso a favor de Marinkovic fue resuelto en la Sala Constitucional Cuarta, a través de los magistrados Gonzalo Hurtado e Yvan Estrada Navia, quienes también emitieron la Sentencia Constitucional 1010/2023, que “inhabilita” a Evo Morales como candidato.

Recordó que, según la Constitución Política del Estado (CPE), ningún ciudadano puede tener más de 5.000 hectáreas de tierras. En su criterio, las sentencias del Tribunal Constitucional son «nulas de pleno derecho», debido a que los magistrados son «autoprorrogados».

Actualmente, el Gobierno evalúa un proceso penal contra los magistrados del TCP por haber emitido la sentencia en favor de Marinkovic, exministro de Economía en la gestión de Áñez.

Lea también: El Gobierno rechaza sentencia a favor de Marinkovic y anuncia procesos contra magistrados

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