Nacional

sábado 8 ago 2020 | Actualizado a 01:29

La ONU pide una ‘investigación pronta’ de la aprehensión del juez Huacani

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos aplaudió, no obstante, la liberación posterior del incidente de la autoridad judicial, como medida de “protección a la actividad judicial”.

/ 24 de mayo de 2020 / 22:21

El juez Huacani en la FELCC

Por Rubén Atahuichi

La misión en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDC) llamó a las autoridades a “realizar una investigación pronta” sobre la aprehensión irregular del juez Hugo Huacani, ocurrida el viernes minutos antes de que la autoridad judicial tenía previsto resolver las medidas cautelares de cinco implicados en el escándalo de los respiradores.

“Llamamos a las autoridades competentes por ley a realizar una investigación pronta acerca de las causas y autores que llevaron a la aprehensión del juez con el propósito de evitar que estas acciones se repitan”, señaló el organismo en su cuenta de Twitter en la que, en copia, hizo referencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado.

El viernes, minutos antes de la audiencia de medidas cautelares del exministro de Salud Marcelo Navajas, el exdirector jurídico de ese despacho Fernando Valenzuela y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco y otras dos personas, entre ellas una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el juez Huacani fue aprehendido de manera intempestiva, acción que incluso obligó la suspensión del acto procesal.

Liberada el sábado la autoridad, que apeló la aprehensión con un escrito a pulso, no se supo sino hasta el domingo quién ordenó la aprehensión. Por su lado la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, que propicia el juicio por la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores deslindaron responsabilidades.

Dato

Según información a la que accedió La Razón, la aprehensión había sido ejecutada por el teniente coronel Milán Estrada, oficial de la Policía Boliviana, dependiente del Ministerio de Gobierno.

En sus primeras declaraciones a este diario, Huacani consideró que su aprehensión fue irregular y que un policía no puede ejecutar una acción así por cuenta propia.

“Cuando me han llevado a la fuerza del Tribunal Departamental de Justicia, cuando ingresaba a la sala de audiencias para llevar los casos del Ministerio de Salud, me detuvieron. Ese mismo día, en la noche, hemos identificado al verdadero (autor de la aprehensión) que es Milán Estrada, un teniente coronel, si no me equivoco”, dijo.

Liberado luego, el juez pudo continuar con la audiencia medidas cautelares que concluyó a las 04.30 del domingo. En la audiencia, decidió la detención preventiva de tres meses de Navajas, Valenzuela, Pacheco y el empresario Fernando Humérez, que fue presentado como ”testigo clave” de la trama, en la cárcel de San Pedro de La Paz. Mientras, Gabriela P., consultora del BID, la entidad financiadora de la compra, deberá guardará detención domiciliaria durante seis meses.

“Saludamos la resolución que ordenó la libertad del juez Hugo Huacani que favorece el respeto a la independencia del Órgano Judicial. La protección de la actividad judicial es vital para la vigencia de un estado de derecho y salvaguarda del debido proceso”, dijo la OACNUDH en un segundo tuit.

Escándalo

La semana pasada estalló el escándalo de los respiradores en Bolivia. Se trata de la compra de 170 ventiladores pulmonares modelo Respira Device, de la fábrica española GPAinnova. De acuerdo a contrato entre AISEM, del Ministerio de Salud, y la empresa IME Consulting Global SL, Bolivia acordó pagar $us 28.080 por cada equipo, a diferencia de los $us 7.234 que ofrece la fábrica.

Se conoció que tres intermediarios –dos bolivianos y un español— operaron el negocio, cuyo sobreprecio, según el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, supera los $us 3 millones.

(24/05/2020)

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El Gobierno instaura una denuncia penal por siete delitos a dirigentes del MAS y la COB

Por el bloqueo de caminos, el Ministerio de Justicia acusa de terrorismo y genocidio, entre otros. La COB había instruido dejar pasar vehículos con oxígeno y medicamentos.

/ 7 de agosto de 2020 / 22:19

Bloqueos en Cochabamba, el 5 de agosto. Foto: APG

Este viernes, el viceministro de Justicia, Erasmo Vargas Camacho, interpuso ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por siete delitos contra Evo Morales, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Juan Carlos Huarachi.

Las figuras legales con los que se acusa a los cinco dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) son terrorismo, genocidio, sedición, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos contra la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado, e instigación pública a delinquir.

En la “relación de los hechos” de la denuncia planteada por el viceministro Vargas Camacho, se señala que los delitos empiezan con el bloqueo de caminos iniciado el lunes 3 de agosto, producto del cual, “el pueblo boliviano” estaría en una “situación de subsistencia inhumana”.

Señala el documento que el bloqueo cerca de la planta de YPFB de Senkata ocasionó desabastecimiento de GLP, elemento “hoy imprescindible por la pandemia”; también se señala que los cierres de vía ya provocaron desabastecimiento de alimentos.

Citando información emitida por el Ministerio de Salud, la denuncia acusa que dichos bloqueos habrían ocasionado 34 muertos, porque no recibieron oxígeno. Aunque sin detallar nada al respecto, también se afirma que la “Aduana Nacional reporta pérdidas económicas por día de bloqueo”.

Dichos delitos, prosigue el alegato, “han sido instigados y provocados por el ciudadano Evo Morales Ayma y otros quienes digitan, incitan, promueven y alientan estos actos”. Dichas acciones, redondea la denuncia, “evitan el socorro médico provocando así un convulsión social y una clara instigación a delinquir bajo apetitos personales y de grupo”.

La denuncia asevera, además, que las medidas asumidas por “militantes del MAS” y de la COB “buscan el incremento inusitado de contagios de COVID-19”.

La denuncia sucede cuando la COB y el Pacto de Unidad, mediante un comunicado, alertaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos la intención de “reprimir nuevamente al pueblo boliviano que se encuentra en paz, movilizado por sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, trabajo y democracia”.

En este comunicado, además, la dirigencia laboral instruye a los sectores movilizados a garantizar la libre circulación de motorizados que estén transportando oxígeno, medicamentos e insumos médicos para contrarrestar al COVID-19.

Desde la noche del jueves, y lo reiteró la mañana de este viernes, el Gobierno advirtió que “en cualquier momento” intervendrá los cortes de vía, que hasta el cierre de la presente entrega persistían en el país.

(07/08/2020)

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En su aniversario, Añez destaca el rol de las FFAA en noviembre de 2019 y en la pandemia

La Mandataria afirma que en noviembre, uno de los más conflictivos en el cambio de gobierno de 2019, la institución castrense defendió la democracia.

/ 7 de agosto de 2020 / 19:30

La presidenta Jeanine Áñez, en el acto por el aniversario de las FFAA. Foto: APG

En el 195 aniversario de las Fuerzas Armadas (FFAA), la presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Añez, destacó el rol que jugó la institución en noviembre de 2019 y por la “defensa de la salud” en los meses de la presencia del COVID-19 en el país.

“Quiero rendir un homenaje histórico a las Fuerzas Armadas de nuestros días, las Fuerzas Armadas que han salido a la calle con dos misiones, la misión de defender la democracia en noviembre del 2019, y la misión de defender la salud del pueblo boliviano en los últimos meses”; le rindo mi homenaje y le expreso mi agradecimiento”, afirmó este viernes en el acto, en el Círculo de Oficiales del Ejército, en la zona Sur de La Paz.

Noviembre de 2019 fue el mes más conflictivo en el cambio de gobierno, con la renuncia del presidente Evo Morales (10 de noviembre, tras la sugerencia de las FFAA para que tome esa decisión) y la posesión de Añez (12 de noviembre).

Entre el 15 de y 19 de noviembre, en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “masacres”, la represión militar-policial en  Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) registró al menos 22 muertos y más de 200 civiles heridos.

En esa oportunidad, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseveró que los fallecidos fueron victimados por los propios marchistas y bloqueadores, deslindando cualquier responsabilidad de los uniformados. El Ejecutivo negó el uso de armamento letal en los operativos.

En el Informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, emitido el 11 de diciembre de 2019 por la CIDH, este organismo condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.

Este informe preliminar fue rechazado por el Gobierno, que lo calificó de unilateral y sesgado. En ese entonces, el ministro Murillo dijo: “Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo ha hecho unilateralmente. Nos parece un informe totalmente sesgado, que no refleja la realidad. Un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo; no está favoreciendo al pueblo de Bolivia».

El lunes 27 de julio, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) publicaron el informe “Nos dispararon como animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia.

Un reporte que “documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas críticas del gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro”, remarca un comunicado de prensa de la Clínica Internacional.

Uno de los investigadores del informe de la Universidad de Harvard, el abogado estadounidense Thomas Becker, en una entrevista con radio Éxito el miércoles, señaló que si bien octubre de 2003 es considerado, incluso por estadísticas, el mes más violento y trágico de la historia democrática del país, noviembre de 2019 ocupa el segundo lugar.

El informe de Harvard también fue rechazado por el Gobierno. Esta vez fue el Ministerio de Justicia, que mediante un comunicado calificó a dicho reporte de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

Tanto la CIDH como la Clínica demandan del Gobierno interino una urgente investigación independiente de los hechos de noviembre de 2019, especialmente.

La CIDH cuestionó en su momento el decreto 4078, del 14 de noviembre de 2019, que en su artículo 3 establecía que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad”.

En su informe preliminar de diciembre remarcó: “La CIDH recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado”.

El polémico decreto fue derogado el 28 de noviembre, cuando la presidenta Añez dijo que el país había “logrado la ansiada pacificación”.

Una vez que Añez asumió el cargo, según registra la Gaceta Oficial, su primer decreto presidencial, el 4076, del miércoles 13 de noviembre de 2019, fue para designar el nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas (del Comandante en Jefe de las FFAA, del Jefe de Estado Mayor, y de los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada); solo en un segundo decreto designó a su gabinete.

También fue significativo que quien le impusiera la banda presidencial por sucesión fuera un militar. “No es posible entender a nuestro país y a la sociedad boliviana sin nuestras Fuerzas Armadas”, dijo este viernes en su homenaje la Mandataria.

En lo relativo al papel jugado por las Fuerzas Armadas en la contención de la pandemia, hay que recordar que los uniformados, junto con la Policía, fueron quienes realizaron el control diario en diferentes lugares del país para hacer cumplir la cuarentena rígida dispuesta por el Gobierno.

Hasta el jueve, según información oficial del Ministerio de Defensa, 1.261 uniformados de esa institución se infectaron de COVID-19 y 24 perdieron la vida por esta causa.

(07/08/2020)

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Camacho y Chi fustigan a Áñez y desahucian unirse a su convocatoria por los bonos

La Presidenta criticó a los demás candidatos y los llamó a firmar un “acuerdo nacional por los bonos”. Camacho afirma que esperaba que llame a la unidad en su mensaje . Y Chi le pide que rinda cuentas sobre los “millonarios préstamos y donaciones” que ya recibió para la lucha contra el COVID-19.

/ 7 de agosto de 2020 / 11:43

La presidenta Jeanine Áñez, en su discurso del 6 de agosto en el Palacio de Gobierno. Foto: APG

Tras el llamado de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para un “acuerdo nacional por los bonos” a todos los candidatos, los primeros en pronunciarse fueron los postulantes de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, y de Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, quienes fustigaron a la mandataria por su discurso del jueves y desahuciaron su adscripción a la convocatoria.

Con tono proselitista, en su discurso por los 195 años de independencia de Bolivia, Áñez reprochó a los aspirantes de los otros frentes políticos por no pronunciarse sobre el “bloqueo” del Legislativo, con mayoría del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), a los créditos de organismos internacionales, condición para la entrega del Bono Salud, de Bs 500, para ayudar a las familias en la pandemia.

Afirmó que en los próximos comicios los bolivianos tienen dos opciones, “entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo”. Indicó que parece que sus contendores electorales armaron un partido contra los bonos. Y al anunciar de que hablaría de estos beneficios, “que es justamente lo que nosotros sabemos hacer”, cerró su mensaje con el llamado a votar por quienes “saben hacerlos”.

Más aún, convocó a los demás candidatos a sumarse a su cruzada y firmar un “acuerdo nacional por los bonos”. Los primeros en dar su opinión sobre este planteamiento fueron Camacho, uno de los aliados de Áñez cuando ésta fue posesionada el 12 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales, y Chi, una de las sorpresas de los comicios anulados del 20 de octubre del año pasado, quien salió tercero.

“Presidenta: ¿Acuerdo Nacional para los Bonos? Si el conflicto no es ese. Esperábamos que llame a la unidad para hallar soluciones a la crisis económica y de salud y, sobre todo, para frenar la violencia que genera el MAS. Pero usted está en campaña y eso no le interesa (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien se convirtió en un acérrimo crítico de Áñez.

Chi lanzó igualmente una respuesta dura, con otro tuit en su cuenta personal de la red social. “ANTE EL PEDIDO DE PRONUNCIAMIENTO DE LOS CANDIDATOS POR LOS BONOS CON EL FONDO DE FMI. Consideramos que primero se debe rendir cuenta acerca del destino de los millonarios préstamos y donaciones que recibió su gobierno para combatir el COVID-19 (sic)”.

El problema se activó por la observación del MAS al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones; demandó “transparencia” al Gobierno, al afirmar que no brinda información clara sobre el destino, las condiciones, los plazos, entre otros puntos, de este préstamo que ya está registrado en el Banco Central de Bolivia (BCB), pero requiere autorización legislativa para su empleo.

En medio de este problema se desataron las protestas por la suspensión unilateral de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo cual hay más de un centenar de bloqueos de caminos en el país. Incluso Áñez y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, objetaron las medidas del TSE. Áñez le pidió a la entidad dejar de jugar con las fechas.

(07/08/2020)

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Murillo amenaza con procesos e intervención de bloqueos ‘en cualquier minuto’

Algunos ministros del gabinete de Jeanine Áñez ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba para pedir que las organizaciones sociales dejen de bloquear para dar paso a los insumos médicos varados en las vías.

/ 7 de agosto de 2020 / 10:47

Arturo Murillo y Yerko Núñez, en la conferencia de prensa del jueves.

En conferencia conjunta con otros colegas suyos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió con procesar a alcaldes y dirigentes, de los que dijo que están identificados, que propician bloqueos en distintas carreteras del país.

Habrá “operativos que se harán en cualquier minuto”, afirmó otra vez el funcionario, quien aseguró que en la línea de las protestas se encuentran alcaldes, como la de Vinto, y dirigentes. “Todos los que están identificados, van a ser procesados”, aseguró.

Murillo apuntó especialmente a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, y a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, de propiciar las movilizaciones, incluso ofreciendo alimentación a los movilizados. “Están haciendo saquear camiones en carretera”, no son solo asesinos que quieren matar gente por falta de medicamentos, sino también ladrones, dijo el ministro.

Adelantó que el Gobierno procesará a las autoridades locales y dirigente que propician las protestas por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo. “No perseguimos a políticos, hacemos justicia por el pueblo”, reivindicó Murillo.

Luego, furibundo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que a los movilizados les interesa más la política que salvar vidas. “Vamos a emplear lo que dice la Constitución: primero la vida, y vamos a cuidar la vida de los bolivianos”, advirtió.

«A los dirigentes y militantes del MAS, dirigidos por Evo Morales y Luis Arce, les interesa más la política y generar caos, pero no salvar vidas. El Gobierno trabaja 24/7 para cuidar la vida de las personas», insistió.

La noche del jueves, el expresidente evo Morales, a quien apunta el Gobierno de organizar las protestas, denunció que la administración de Jeanine Áñez ya tiene listo el decreto para la actuación de las Fuerzas Armadas en los conflictos.

En noviembre del año pasado, ante una situación similar, el Gobierno tuvo que apelar a un decreto, el 4078 luego abrogado, para la intervención de las movilizaciones. La norma había dispuesto inmunidad penal a los militares.

El resultado de la represión en Huayllani, Cochabamba, y Senkata, en El Alto, fue una treintena de fallecidos y decenas de heridos, aunque el Gobierno insistió en que las muertes fueron causadas por los propios movilizados.

“Paremos estos bloqueos que tanto daño le hacen al país”, exclamó Núñez.

Así como están “asaltando camiones, sean valientes para afrontar lo que se viene”, advirtió Murillo.

El miércoles, al salir de la reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, afirmó que el órgano electoral y el Gobierno “están subestimando la fuerza del pueblo” y anunció que “si tocan un punto de bloqueo” con la intervención, los movilizados abandonarán los cortes de ruta y se trasladarán a La Paz de forma “contundente”.

Los bloqueos comenzaron el lunes por decisión de la Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad, contra la postergación de las elecciones del 6 de septiembre. De forma autónoma, el TSE dispuso la modificación de la fecha para el 18 de octubre, decisión que incluso fue considerada como “un juego infantil” por Áñez en su discurso sobre el aniversario patrio, el jueves.

(07/08/2020)

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El Gobierno anuncia intervenir los bloqueos ‘en cualquier momento’; Morales advierte de una ‘masacre’

Murillo fustiga nuevamente al TSE por la suspensión de las elecciones. López dice que el transporte aéreo de oxígeno medicinal ya es insostenible. Mercado afirma que ya no se aguantarán “chantajes”. Morales alerta que hay un proyecto de decreto para la intervención.

/ 6 de agosto de 2020 / 22:35

Punto de bloqueos en Confital, camino entre Cochabamba y Oruro. Foto: Roberto Sardinas

La noche de este jueves, desde Cochabamba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se intervendrá «en cualquier momento» los bloqueos de caminos que protestan por la postergación de las elecciones.

Poco después, el expresidente Evo Morales, mediante su cuenta de Twitter, advirtió de una posible «masacre» con la acción de la fuerza pública. Morales afirma que hay un proyecto de decreto de intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Junto a los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Defensa, Luis Fernando López, y de Trabajo, Óscar Mercado, Murillo, si bien dijo que agotarán todos los recursos para un levantamiento pacífico de los bloqueos, indicó que está la opción del desbloqueo.

La autoridad volvió a responsabilizar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) del conflicto por la suspensión unilateral de los comicios, del 6 de septiembre al 18 de octubre, y sostuvo que le corresponde hallar una solución.

El miércoles, Murillo fustigó al presidente del TSE mediante su cuenta de Twitter, y lo acusó de haber “incendiado” al país con su decisión.

Por su lado, López advirtió que «se acabó la paciencia» y que si bien en el día se transportó oxígeno medicinal y otros insumos médicos por avión, ello ya es «insuficiente e insostenible».

Nuñez reiteró que la responsabilidad de las personas que vayan a fallecer por falta de oxígeno será de Morales, el candidato Luis Arce, el dirigente cocalero Andronico Rodríguez y la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, todos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mientras Mercado aseveró que acaso el Gobierno hasta ahora ha sido demasiado tolerante con los bloqueos, y que ya no se va «aguantar más chantajes».

Hasta el miércoles se reportaron más de un centenar de cierres de rutas. Organizaciones protestan contra la determinación del TSE, que convocó al diálogo a representantes de éstas, sin embargo, hasta ahora no hubo avances.

(06/08/2020)

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