Nacional

sábado 24 jul 2021 | Actualizado a 10:25

Cierran filas por la senadora Copa, víctima de violencia de género en redes sociales

El Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo exhortaron a la Policía Boliviana y al Ministerio Público iniciar las investigaciones para encontrar a los delincuentes.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Foto: Archivo La Razón

/ 31 de julio de 2020 / 00:04

Un video de contenido sexual que alude a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, circuló en las redes sociales en los últimos días. La legisladora exigió el Ministerio de Gobierno encontrar a los responsables y recibió apoyo en todos los ámbitos.

“Exijo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con el o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales y que mella mi honor y dignidad personal. Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”, había la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) en su cuenta de Twitter.

Aunque los comentarios sobre su mensaje se inundaron de improperios contra la legisladora en redes sociales, en el ámbito político el respaldo a Copa fue cerrado, entre ellos el Ministerio de Justicia, que expresó su “repudio y completo rechazo a los actos de violencia de género contra el honor, la dignidad, el decoro, la imagen e intimidad de la presidenta del Senado, Eva Copa”.

Dicho despacho gubernamental exhortó a la Policía Boliviana y al Ministerio Público al “inicio inmediato a las acciones investigativas correspondientes” sobre el caso.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que Copa es “víctima de un acto canalla”. “No debe existir tolerancia a ningún tipo de violencia contra la mujer o acto que melle su dignidad y honor, vamos a coadyuvar a que esto no quede impune”, prometió.

Otra institución que coincidió con el reclamo fue la Defensoría del Pueblo, que condenó la publicación y consideró que “este tipo de acciones que afectan la dignidad de cualquier mujer y evidencian la reproducción de un sistema patriarcal en el que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política”.

“La Defensoría del Pueblo considera que la difusión del citado video se constituye en una acción de acoso y violencia política así como mediático”, complementó.

La representante de Gestión Social, Carolina Ribera, hija de la presidenta Jeanine Áñez, también se sumó a la solidaridad. “Mi solidaridad con la presidente del Senado Boliviano

@EvaCopa_Bol, ninguna acto de violencia contra la mujer es justificado, esperamos que las pericias den con los responsables de mellar su dignidad”, afirmó en sus redes sociales.

En la vereda política, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa, consideró que lo que sufrió Copa fue un “atentado cibernético”. “Expreso mi más enérgico repudio al atentado cibernético que daña la dignidad de la senadora @EvaCopa_Bol y le doy mi plena solidaridad. Ninguna mujer puede ser objeto de tan canallesca acción. Las autoridades deben procesar y sancionar a los autores de este delito”, escribió en Twitter.

La diputada Sonia Britto, del MAS, expresó también su respaldo a Copa. “Condenamos enérgicamente la bajeza de quienes hacen campaña de desacreditacion de la Pdta del senado @EvaCopa_Bol, estas acciones misoginas, machistas y cobardes deben ser investigadas enjuiciados y sancionadas por acoso y violencia politica Buscan acallar su voz, no lo lograrán! (sic)”, dijo en Twitter.

Copa se encuentra en aislamiento y tratamiento por contagio de COVID-19. Hace unas semanas había sostenido fuertes enfrentamientos políticos con algunos miembros del Gobierno por la promulgación de leyes sin la aquiescencia del Órgano Ejecutivo.

La Ley de Estados de Excepción fue un factor de conflicto. El ministro Coímbra interpuso una consulta ante el Tribunal Constitucional sobre la ley y dijo que “será ese órgano quien defina”, la vigencia de la norma. “La cultura del “métanle nomás” ya terminó”, remató.

Copa respondió: “La norma es clara en cuanto a la legitimación activa para el control previo de constitucionalidad, el Ejecutivo no tuvo la más mínima participación para el origen de la ‘Ley de Estados de Excepción’”.

(30/07/2020)

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Relator de la ONU expresa preocupación por cambios en los TED de los vocales designados por el Ejecutivo

"Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho", posteó el relator Especial.

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya

/ 23 de julio de 2021 / 22:33

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya expresó su preocupación por la remoción de autoridades electorales y advirtió que la “remoción abrupta” es “grave” para el Estado de Derecho.

“Bolivia: Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió.

El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho nuevos vocales electorales departamentales designados por el presidente Luis Arce. Reemplazaron a los que designó la expresidenta Jeanine Áñez.

Según la normativa legal, el Ejecutivo designa delegados en los TED y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dina Chuquimia representa al Ejecutivo en el TSE.

Asimismo, García Sayan consideró: “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

En el Legislativo se eligió a vocales electorales del TSE, quienes permanecen en sus cargos. Se posesionó a Chuquimia en reemplazo de Salvador Romero, quien fue designado por Áñez.

Según García Saya, los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales.
“Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”, siguió.

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Arce participará del acto de posesión del electo presidente peruano Pedro Castillo

El electo presidente Pedro Castillo invitó al mandatario Luis Arce a participar del acto de posesión fijado para el 28 de julio

El presidente Luis Arce en el congreso de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB) en Cochabamba

/ 23 de julio de 2021 / 22:06

El presidente Luis Arce confirmó este viernes que asistirá el 28 de julio a la posesión del electo presidente de Perú Pedro Castillo, luego de haberse oficializado la invitación.

“Agradecemos al Presidente electo de #Perú, hermano @PedroCastilloTe, por la invitación para participar en su asunción de mando el 28 de julio en Lima. Será grato acompañarle en esta fecha histórica, en la que el pueblo hermano también celebra el Bicentenario de su independencia”, informó en un mensaje en su cuenta en Twitter.

Arce acompañó su mensaje con la carta enviada y firmada por Castillo.

“La representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su persona, realzará dicho acto y redundará en el estrechamiento de los vínculos entre nuestros pueblos, que han confirmado con su voto democrático y masivo el profundo deseo de cambio en ambos países”, refiere el presidente electo en parte de su misiva.

Castillo ganó en segunda vuelta a la candidata Keiko Fujimori, quien denunció irregularidades en las elecciones.

El expresidente Evo Morales también confirmó que fue invitado a la posesión del electo presidente peruano.

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Por el caso Senkata, la Fiscalía aprehende al exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue detenido este viernes en la ciudad de La Paz. Tras ser llevado a su audiencia fiscal, fue aprehendido

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho. Foto: APG

/ 23 de julio de 2021 / 21:22

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido la tarde de este viernes y será llevado a una audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel en el proceso abierto por los hechos de violencia y muerte en Senkata, en noviembre de 2019.

Guerra Camacho se convierte en el cuarto procesado por el caso Senkata, luego del excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzale, del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general Luis Fernando Valverde, y del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público. Ahora se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar.

Militares y policías intervinieron las protestas en apoyo al renunciante Evo Morales en Senkata, lo que derivó en la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala. Antes, la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete aprobaron un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen de acciones de restablecimiento del orden.

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Mando policial de 2019 reunió a los agregados policiales y pidió agentes químicos

El exagregado de la Gendarmería argentina en Bolivia Héctor Adolfo Caliba informó de la convocatoria y reunión al comandante de la Gendarmería Gerardo José Otero

Las FFAA en Senkata, El Alto, en noviembre de 2019

Por Carlos Corz

/ 23 de julio de 2021 / 20:49

El exagregado de la Gendarmería argentina en Bolivia Héctor Adolfo Caliba recibió el “material bélico” enviado a Bolivia el 13 de noviembre de 2019. En una nota oficial que envió a su superior reveló que el entonces subcomandante de la Policía boliviana Claudio Zenobio Espinoza reunió a la “totalidad de los agregados policiales” para pedirles cooperen con agentes químicos para enfrentar las protestas sociales.

El portal argentino El Destape dio cuenta de la nota oficial enviada por Caliba al entonces director de Gendarmería Gerardo José Otero, que es parte de los documentos presentados por el gobierno de Alberto Fernández en la ampliación de la denuncia contra Maurio Macri y otras exautoridades por el envío de “material bélico” a Bolivia en plena crisis política de 2019.

Tiene fecha del 17 de noviembre de 2019, cinco días después de la toma del poder de Áñez y a siete días de la dimisión del expresidente Evo Morales. La reunión fue convocada por Claudio Zenobio, entonces subcomandante de la Policía, y “a la misma –según el documento- asistieron la totalidad de los agregados policiales”.

“El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición”, establece parte del documento.

No refiere la fecha de la reunión convocada por el nuevo mando policial, posesionado por Áñez -a la cabeza del coronel Rodolfo Montero- el 14 de noviembre. Montero se encuentra procesado por el caso “golpe de Estado” y prófugo.

En la misma nota, Caliba hace conocer que se respondió a la solicitud de la Policía: “Conforme orientación de la superioridad Institucional, esta instancia, dio a conocer que Gendarmería se encuentra en una etapa de gestión de adquisición de dichos elementos; asimismo se orientó que dicho pedido se plantee al Ministerio de Seguridad con intervención de la Embajada Argentina en Bolivia”.

Caliba fue identificado como el oficial que recibió el “material bélico” la madrugada del 13 de noviembre, horas después que asumiera el poder Áñez. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en el avión militar argentino había armamento con autorización de ingreso y pertrechos antitumulto, 70.000, sin registro.

Según las investigaciones, parte de esos pertrechos fueron entregados a la Policía y otro tanto a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Justamente este caso fue descubierto debido a una nota de agradecimiento del excomandante de la FAB Gonzalo Terceros al exembajador Normando Álvarez por el “material bélico” enviado.

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