Nacional

miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 14:50

Añez en campaña: Bolivianos deberán elegir entre los que saben hacer bonos y los que no

La mandataria acusó al resto de los candidatos de haber formado el “partido contra los bonos” y reclamó a la Asamblea Legislativa la aprobación de créditos.

El discurso de aniversario patrio de Jeanine Áñez en el Palacio de Gobierno. Foto: APG

/ 6 de agosto de 2020 / 14:39

La presidenta transitoria Jeanine Añez, en su informe de aniversario de la patria, llamó a que los bolivianos en las próximas elecciones voten “entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo”, esto. Lo dijo segundos después de que afirmara: “Permítanme hablar de los bonos, que es justamente lo que nosotros sabemos hacer”, en referencia a su gobierno.

Los bonos (Canasta, Familia, Universal, y el proyectado Salud) fueron una parte sustancial del informe de Añez; un hecho significativo de esto fue que ni bien comenzó su discurso emplazó nuevamente a la Asamblea Legislativa a “liberar” el crédito externo que permitiría  pagar dicho bono.

La convocatoria velada a votar por su candidatura fue reforzada luego con el reproche que hizo a “todos” los candidatos por no apoyar abiertamente la política gubernamental de los bonos.

Tras recordar que “ya son 19 días” de que “lanzó” el Bono Salud, de Bs 500, y que no ha podido pagarlo por la oposición del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no le aprueba el crédito en la Asamblea Legislativa, acusó: “Pero también es claro para todos que el resto de los políticos y candidatos a la presidencia han guardado un silencio cómplice con el MAS en la lucha por los bonos. Nunca escuché a los candidatos pelando para defender o impulsar el bono Canasta, Familia y Universal”.

Lo que le parece peor aún a Añez es que no le hayan apoyado en su reclamo a la Asamblea Legislativa para “liberar” el referido crédito externo. “Más grave aún, mucho más grave, nunca escuché a ninguno de los candidatos, ni a los del MAS ni a los otros, reclamando (sic) que la Asamblea libere el dinero para pagar el bono Salud”, protestó.

Y de nuevo, la mandataria transitoria, volvió al discurso apolítico, esta vez contra los demás candidatos: “Esos candidatos estaban y están ocupados en hacer política, estaban y están llenándose la boca con palabras complicadas para justificar sus intereses políticos, y ninguno, ni en la derecha ni en la izquierda, ni los nuevos ni los viejos abrieron ni abren la boca para reclamar por el bono Salud”.

El reproche contra los demás candidatos fue coronado con la acusación de que sus opositores prácticamente formaron un partido contra-bonos: “Fue como si todos los candidatos a la presidencia hubieran hecho un nuevo partido, el partido contra los bonos”.

Con base en esta recriminación a los demás postulantes, la mandataria cerró su mensaje sobre los bonos con el llamado a votar por quienes “saben hacerlos”.

“Por eso lo digo sin vueltas: en Bolivia hay dos caminos de futuro, el camino de los que saben hacer solidaridad, y el camino de los que no saben hacerlo; por eso está claro que a la hora de pensar en el futuro, los bolivianos van a elegir entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo, entre los que saben hacer las cosas ayudándonos unos a otros, y los que no saben hacerlo; entre los que piensan en la gente y los que piensan en el poder”.

Añez dio tal importancia a los bonos, que dijo que serán parte fundamental de la economía en la próxima década. “Los bonos representan las políticas de ayuda y solidaridad que necesitará Bolivia y los bolivianos en los siguientes diez años para salir de la situación en la cual nos está dejando la pandemia”.

Así, al final, llamó a todos los candidatos a firmar un “acuerdo nacional por los bonos”, según el cual se determinen dos acciones: en lo inmediato que se permita pagar el bono Salud, y entre enero y febrero de 2021 se vuelva a pagar los bonos Canasta, Familia e Universal.

Hasta la fecha, en poco más de tres meses, el gobierno transitorio pagó, por una sola vez, los bonos Casta (Bs 400), Familia (Bs 500) y Universal (Bs 500); asegura que con estos pagos llegó a más de nueve millones de personas.

(06/08/2020)

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Abogado de Áñez: juez no considera nueva evidencia para darle detención domiciliaria

“No hay juez que tenga el valor y la hidalguía” para ejercer el proceso debido, afirma su abogado defensor.

Luis Guillén en una entrevista con La Razón Radio.

Por Iván Bustillos

/ 8 de diciembre de 2021 / 11:29

Luego de que ayer por sexta vez se negó la detención domiciliara a la expresidenta Jeanine Áñez, su abogado Luis Guillén protestó porque ahora el juez no consideró nueva evidencia de que ella no obstaculizará la investigación en su contra, evidencia como la de tener un trabajo y domicilio ciertos.

A punto de cumplir Áñez diez meses de detención en la cárcel, su abogado señaló que dado el paso de tiempo y el cambio de condiciones sociales en el país, las “causales de riesgo procesal” de antes hoy día ya no existen.

La situación en que ella fue aprehendida, o “los elementos que se tenían en el momento en que ella fue aprehendida”, cuando se la detuvo, pasado el tiempo, “que ya es considerable, obviamente desaparecen”; esto es lo que el juez se niega a reconocer, señaló este miércoles Guillén en entrevista con La Razón Radio, programa por streaming de esta casa periodística.

Independientemente de las pruebas que se aportó, de que “ella cuenta con domicilio, con un trabajo, con una familia dentro del país, lo que se constituye en elementos arraigadores naturales, estos elementos no son considerados (por el juez)”, manteniendo la detención en prisión, detalló Guillén sobre el parecer de la defensa de Áñez.

El abogado vio como un hecho paradójico que habiendo pasado considerable tiempo de investigación del caso por parte de los fiscales, ahora se le niegue la detención domiciliaria a la acusada argumentando que ella puede obstaculizar dicha investigación.

Y es “que no hay juez que tenga el valor y la hidalguía para aplicar lo que corresponde en este caso”, deploró el jurista.

Guillén precisó que la audiencia de ayer, en que se le volvió a negar la detención domiciliaria a Áñez, fue por el caso en que se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración. La fiscalía especialmente en la sindicación de “terrorismo” no ha podido demostrar nada, “que haya existido un hecho de terrorismo”, aseveró.

Si bien la fiscalía aquí maneja el argumento de que en octubre de 2019, tras las elecciones del 20, hubo quema de tribunales electorales o el propio amotinamiento policial, el Ministerio Público, dijo, no ha podido demostrar, “no tiene ningún elemento que pueda sustentar que evidencie que esto haya sido organizado” por la acusada.

Además, los hechos de violencia en ese momento fueron espontáneos y el “terrorismo” en lo básico implica una organización criminal, lo que no hubo en 2019, alegó el abogado Guillén.

La defensa de Áñez continuará presentando recursos para que la expresidenta se defienda en libertad condicionada al domicilio, destacó su abogado.

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Rómulo Calvo aclara que solo tiene seis procesos penales en contra, uno de ellos reciente

El titular del Comité pro Santa Cruz afirmó que cree que no tiene problemas en su relación con Luis Fernando Camacho, aunque aclaró que cada quien tiene sus roles.

Martín Camacho, Rómulo Calvo y Claudia Benavente, en la transmisión desde Santa Cruz.

/ 2 de diciembre de 2021 / 20:41

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y su abogado Martín Camacho precisaron que a la fecha el cívico tiene solo seis procesos penales “activos”, de los cuales uno data de hace 15 años, de 2005, cuando aquél fue acusado, junto con otros cinco concejales, por contratos lesivos al Estado.

El resto, cinco, fueron denunciados en 2019, y el último es de 2021. En todos estos casos, dijo el abogado, los denunciantes fueron personas afines a la Movimiento Al Socialismo (MAS) o autoridades del Gobierno.

“Todos esos procesos están relacionados a su liderazgo como presidente del Comité pro Santa Cruz”, destacó Camacho en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta desde Santa Cruz.

Son procesos en curso; en ninguno se ha podido completar el caso en la Fiscalía hasta el punto de imputar a Calvo, dijo su abogado.

El “más antiguo”, de 2019, es la acusación a Calvo del entonces diputado Rolando Cuéllar por el desbloqueo de la carretera a San Ignacio de Velasco en que participó el cívico. En este proceso, dijo su abogado, hasta la fecha no se ha logrado arribar a la imputación fiscal.

La más reciente causa, por la que el lunes pasado Calvo fue citado a declarar, es la que interpuso el diputado del MAS Hernán Hinojosa, por “contribuciones ilegítimas y ejercicio indebido de la profesión”. En el caso, la primera parte es un ilícito que ya no existe como figura legal, y en lo relativo a la profesión, es una “verdad material” —dijo Camacho— que Calvo es un médico reconocido en Santa Cruz.

Por su parte, Calvo defendió el ejercicio pleno de su profesión. Soy cirujano especializado en proctología, aclaró.

El cívico citó como uno de los mayores avales a su profesión el paro de labores que el Colegio Médico cruceño llevó adelante el martes.

Lo mismo, Calvo se defendió afirmando que cuenta con un fuero sindical.

Sobre su destitución de la Caja Petrolera de Salud (CPS), Calvo dijo que el directorio de la entidad es uno “designado a dedo” desde la administración central de gobierno, que incluso no concluyó con el proceso administrativo que se le sigue para desvincularlo, y que por su parte más bien iniciará acciones legales contra miembros de dicho directorio.

En relación a la dirección del Comité y la circunstancia que pasó la noche del martes 16 de noviembre, cuando tras suspender el paro cívico un grupo de personas cercó la sede de la organización pidiendo su renuncia con el argumento de se sentía traicionado, Calvo reconoció que se trata de “personas radicales” y no “sectores radicales”, y algunos infiltrados. Su abogado dijo incluso que era gente que llegó “en camiones” para tomar el Comité.

Calvo reveló que salió del Comité cuando fue cortado el suministro eléctrico y se apagaron las luces. Este apagón, sin embargo, fue provocado por los manifestantes en su contra, no por el Comité. Dijo que todo el momento estuvo tranquilo.

Sobre su relación con el gobernador Luis Fernando Camacho y que hubiera alguna rivalidad con él, Calvo dijo que cree que ambos juegan en arenas distintas, aquél en la política y él en la cívica; que tratan de no interferirse y cada cual conserva su autonomía.

En cuanto a la figura de “round” que utiliza para designar a las movilizaciones contra el Gobierno, dijo que si hay que salir a uno tercero se lo hará. El primer round fue contra el “fraude” de la elección de 2020, dijo; el segundo, contra las leyes antidemocráticas, y si “podría haber un tercer round será (para) seguir defendiendo nuestra democracia, para que en Bolivia no ingrese el socialismo”.

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Piden que la OEA se haga cargo de su secretario Luis Almagro

Desde la diplomacia y la academia exigen un mayor papel de la Asamblea General y del Consejo Permanente.

Tras la elección del 20 de octubre de 2019, encontrar material electoral usado para muchos era ‘prueba del fraude’

Por Iván Bustillos

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:37

El punto sobre la i

El “caso boliviano” en la Organización de Estados Americanos (OEA), la controversia que hay sobre el rol que tuvo el organismo en la crisis electoral y política de octubre de 2019 en el país, debe llevar a revisar ya no solo el papel del secretario general Luis Almagro, sino también de las propias Misiones de Observación Electoral (MOE), propuso Silvina Romano, politóloga, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

“Es importante que dentro de la OEA presionemos para que se haga un proceso de investigación de lo sucedido, ir por vías legales a ver cómo se puede generar un proceso de investigación no solamente de Almagro, sino de las misiones de observación electoral, para tener un precedente, cómo sabemos que esto no va a volver a suceder”, afirmó la investigadora en entrevista desde Argentina, el jueves 25, en el programa por streaming de La Razón, Piedra, papel y tinta.

Una de las secciones más emblemáticas de la OEA son las Misiones de Observación Electoral. Según informa el propio organismo, desde 1962 se desplegó más de 240 MOE en 27 países del continente. A la tarea básica de observación de determinado proceso electoral, de último señala su sitio web, “las misiones han ampliado el alcance de su trabajo” a “aspectos clave del ciclo electoral como la equidad de género en la contienda, los sistemas de financiamiento político, el acceso a medios de comunicación y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes”. Durante la gestión de Almagro, desde 2015, se realizaron 71 misiones.

MÉXICO. Desde lo ocurrido en octubre de 2019 en Bolivia, es marcado el descontento de países como México y Argentina con la transparencia que ha mostrado el organismo sobre su actuación en el país hace dos años.

Específicamente sobre las MOE, el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, en un artículo en el periódico mexicano Excelsior (mayo de 2021) señalaba: “Hoy día, el secretario general sobrepasa su mandato, subordina la institución a intereses ideológicos y usa el peso institucional de la OEA como vehículo para posicionamientos parciales.

Este hecho afecta el funcionamiento de la organización y se refleja especialmente en las Misiones de Observación Electoral (MOE), las cuales se han desvirtuado para convertirse en instrumentos políticos y de injerencia en asuntos internos de los Estados miembros”.

Reyes Zúñiga cita el caso de Bolivia en 2019, “en donde la misión se convirtió en un actor político y electoral de facto, con incidencia directa en el lamentable curso histórico por todos conocido”. Si bien aboga por una reforma, por “recobrar la imparcialidad que les daba su carácter técnico”, ve difícil esta tarea “mientras persista una Secretaría General que obedezca a intereses propios”; aunque no deja de recordar un principio de la OEA: “Son los Estados miembros y no la Secretaría General los que deben decidir el rumbo de la organización y rescatar la valía de las Misiones de Observación Electoral, antes de que sea demasiado tarde”.

Tal como anunciara el representante boliviano ante el organismo, Héctor Arce, la posición de Bolivia es que se investigue el rol de la OEA en Bolivia en 2019 tanto en el seno mismo del organismo, con los mecanismos que se cuenta, como que se explore la posibilidad de acudir a una indagación “desde afuera”.

Para el Celag, el tema en primer lugar es desde dentro; impulsar a que la OEA se investigue y evalúe a sí misma; empezando por el caso boliviano.

“Desde Celag venimos trabajando e investigando las vías legales, dentro de la misma Carta de la OEA [el documento constitutivo del organismo], dentro de la normativa de cómo funciona la secretaría general, y que se puedan generar mecanismos de investigación de estas actuaciones”, destaca la politóloga del Celag.

CONSEJO. Ahora, tal como apunta el subsecretario mexicano Reyes Zúñiga, acaso el más llamado a emprender la revisión del rol de la OEA sea el Consejo Permanente (la reunión de los representantes o embajadores de los 35 países miembros), remarca Romano.

“Hay mecanismos. Tendría que verse la posibilidad, por ejemplo, que a través del Consejo Permanente se abra una investigación o a través de la Asamblea [General, la reunión de los Jefes de Estado] y el Consejo Permanente, que se busque la manera de modificar ciertas normas, lo que permita una auditoría del trabajo de las misiones de observación electoral, porque eso es lo que está en duda”, asevera la estudiosa del Celag.

El embajador Arce (en la misma entrevista con Romano en Piedra, papel y tinta) a tiempo de ratificar que “no se tiene que abandonar la OEA”, apunta directamente hacia el secretario general Almagro: sin ningún ánimo personal, dice Arce, “Almagro es la peor persona que puede representar a un organismo de esta naturaleza”.

Arce cuenta cómo él, durante la presidencia de Evo Morales, tuvo que trabajar de cerca con el secretario general, excanciller chileno, José Miguel Insulsa. Ahí la OEA sirvió mucho al país: ayudó a encarar la tensión de los referendos autonómicos en la llamada Media luna, acompañó el proceso constituyente de 2006-2008.

Era una OEA diferente, una secretaría general “que no subordinaba a los Estados, que más bien se subordinaba a los Estados. Con el señor Almagro, lamentablemente lo que ocurre es todo lo contrario; ha dividido a la OEA entre quienes están con el señor Almagro y quienes no están con él; la secretaría general es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos”.

Así, concluye Arce, “una primera señal para reconstruir la OEA es obviamente ver el tema de Luis Almagro”.

El problema es, reconoce el embajador, que aún hay muchos países que todavía apoyan a Almagro; “estamos ante poderes muy fuertes, poderes fácticos, muy poderosos”, aseveró.

Al respecto, Silvina Romano llama la atención sobre que en algún momento los países se verán impelidos a dicidir: o salvar la institucionalidad de la OEA, lo que implicaría que Almagro deje la secretaría general, o dejar que empeoren las cosas; por esto mismo, dice “la misma OEA tiene que hacerse cargo, exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

En esta suerte de evaluación de la OEA, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que también estuvo en el Piedra, papel y tinta del jueves, apunta más bien a la responsabilidad de Almagro y la OEA en lo que pasó “el año siguiente”, 2020 en Bolivia, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“La OEA y el señor Almagro tienen que asumir la responsabilidad por lo que sucedió el año siguiente, porque prácticamente gracias a esa denuncia de un supuesto fraude se legitimó la presencia de un gobierno militar, que era un gobierno militar, así hubiera una cabeza civil, y que durante un año ejerció una represión absolutamente desconocida en Bolivia desde hace muchos años”, destacó el exmandatario colombiano.

ESTADOS UNIDOS. El expresidente Samper no dejó de quejarse también del rol desestabilizador que Almagro jugó en las relaciones entre Colombia y Venezuela, en detrimento de este último país. “Y podría mencionar otros casos (más) en los cuales la intervención de Almagro ha sido claramente en función de los intereses de la política exterior de Estados Unidos en América Latina”.

Para Samper, el sistema interamericano “hace aguas, porque Estados Unidos lo utiliza como un instrumento para su política exterior, no para una política de integración, como quisiéramos todos”, deplora. Un ejemplo de ello, dice, fue la toma que hizo la administración de Donald Trump de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una presidencia que durante 60 años la ocupaba un latinoamericano; todo con el objetivo, dicho por el “amigo de Trump”, de “sacar a China de América Latina”.

Más todavía, Samper afirmó que pese a que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están “personas muy prestigiosas”, “allí no pasan sino los casos que le interesan a Estados Unidos”.

En una mirada más bien estructural, el expresidente Samper encuentra en Almagro y la actual OEA la expresión de una crisis de relación entre Latinoamérica y Estados Unidos.

“De alguna manera, la OEA y su representante Almagro, en este momento, son la más clara demostración de que hay una crisis muy profunda en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos”. Por esta razón, continúa Samper, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Alberto Fernández (Argentina), enfatiza, “han propuesto que hagamos una especie de OEA sin Estados Unidos, lo que sería la Celac; es decir, que encontremos un mecanismo en el cual nos podamos entender los 34 países, sin pedirle permiso a Estados Unidos, sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestra integración”.

La pandemia del coronavirus mostró como nunca al importancia de la integración, sentenció Samper. Pasa que como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se venía desarrollando un Instituto especializado en epidemias (en Río de Janeiro, Brasil), el cual había logrado un “banco de precios de medicamentos que nos permitía negociar conjuntamente, como sudamericanos los precios de las vacunas infantiles”. Así, de haberse mantenido este avance, los países sudamericanos, como región, habrían podido comprar las vacunas contra el coronavirus “a un precio menor, por lo menor en 40 o 50% a lo que estamos comprando separados. Mientras tanto, nuestra relación interamericana con Estados Unidos a través de la OEA no nos sirvió absolutamente para nada” en dichas compras, deplora Samper.

La OEA, según su sitio web, tiene al menos tres instancias de gestión: la Asamblea General, el “órgano supremo”, que se reúne una vez por año, pudiendo tener sesiones extraordinarias por temas urgentes; por lo común asisten a ésta los Jefes de Estado; el Consejo Permanente, conformado por los embajadores de los países miembros, conoce y ejecuta las decisiones de la Asamblea General; y, la Secretaría General, que es el “órgano central y permanente de la OEA”; cumple los encargos que le encomienden la Asamblea General y el Consejo Permanente.

LA MISMA OEA TIENE QUE HACERSE CARGO

Silvina Romano, politóloga del Celag

“La misma Organización de Estados Americanos (OEA) tiene que hacerse cargo de Luis Almagro; exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

CONTRA EL COVID LA OEA NO NOS SIRVIÓ

Ernesto Samper, expresidente de Colombia

“Con Unasur habríamos podido comprar vacunas contra el COVID-19 a un precio de 40 o 50% menos a lo que estamos comprando separados.

Nuestra relación interamericana con EEUU a través de la OEA no nos sirvió para nada”.

LA SECRETARÍA SE HA VUELTO UN PAÍS MÁS

Héctor Arce, representante de Bolivia ante la OEA

La Secretaría General de la OEA es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero bajo Luis Almagro esa secretaría se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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El Gobierno reclama aporte de los medios para enfrentar la desinformación

Preocupa el uso de la mentira como herramienta política, deploró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en una entrevista con La Razón Radio.

/ 22 de noviembre de 2021 / 13:38

El Gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, demandó de los medios de prensa, especialmente de los llamados “tradicionales”, un mayor aporte para combatir la desinformación a través de las fake news (noticias falsas).

Recordando la reunión que la semana pasada tuvo su viceministerio con los medios de comunicación privados, destacó que el tema que se propuso fue la desinformación y el rol de los medios en esta problemética.

“¿Cuál es el rol que se está jugando y cuánto estamos aportando para luchar contra la desinformación? Que identifiquemos esto como un tema importante es un paso”, destacó la viceministra como el punto de partida del debate con los medios, en entrevista con el programa por streaming de La Razón, Piedra, Papel y Tinta de este lunes.

Por un lado, por ahora, dijo, está la desinformación generada en las redes sociales, generalmente por cuentas anónimas, pero cada vez más también por cuentas identificadas. “Lo que preocupa es que la desinformación también va por cuentas identificadas, que generan estas noticias falsas, no verdades, y que están siendo amplificadas”, reclamó la ministra.

Citó el caso de una conferencia de prensa del Comité Cívico Potosinista (Comcipo); en la misma se protestaba contra una supuesta ley del inquilinato en curso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando desde la propia Asamblea ya se aclaró que no hay tal proyecto. Lo cuestionable fue, dijo la Viceministra, que en la conferencia se hallaba un representante de la Asamblea, que no aclaró que no existe la referida ley del inquilinato en trámite.

Alcón también apuntó como un mal uso, o falta de prevención de los medios tradicionales ante una noticia falsa el caso de la nota de que la Caja Petrolera de Santa Cruz había despedido a Rómulo Calvo, por faltar a su centro laboral, una nota que salió al día siguiente de que se anunciara la abrogación de la Ley 1386 de lucha contra el lavado de dinero.

Este aviso, sin mayor verificación, fue replicado en varios impresos y radios de alcance nacional, teniendo que desdecirse luego, porque era falso. La Razón no publicó dicho mensaje, pues se obtuvo el desmentido por parte de la misma Caja.

En el caso de Calvo, la viceministra dijo que lo que preocupa es “el uso de la mentira como herramienta política”, refiriéndose a que el cívico cruceño habría dicho que más del 50% de los procesos judiciales en su contra son de 2021. “El señor Calvo tiene 35 procesos, 18 son entre 2004 y 2005”, antes de que Evo Morales sea presidente, deploró.

En cuanto a los medios estatales, como una forma de buscar el pluralismo, dijo, en Bolivia TV se hizo un ciclo de programas de debate político invitando a oficialismo y opositores por igual, se volverá a lanzar el programa. “Le comento que no podíamos encontrar actores políticos de oposición que quieran ir a los medios del Estado o a este debate”, contó uno de los problemas que debieron superar.

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Incorporarán 500 militares más a la lucha contra el contrabando

Será para el refuerzo en la frontera con Perú, Chile y Argentina; de las tres, la chilena es la “más caliente”.

Un miembro de las Fuerzas Armadas en la forntera.

Por Iván Bustillos

/ 22 de noviembre de 2021 / 09:35

Debido al incremento del contrabando por las fiestas de fin de año, desde esta semana se incorporará 500 efectivos militares más a la lucha contra este ilícito en las fronteras con Perú, Chile y Argentina, informó el viceministro de Lucha contra el Contrabando, general Daniel Vargas.

Es un refuerzo, “es para la zona occidental de nuestras fronteras, así como para la zona sur; con este refuerzo (de 500 efectivos) en los puntos fronterizos con Perú, Chile y Argentina se considera reducir el ingreso de mercadería ilegal a nuestro país”, destacó Vargas en medios estatales.

Hasta la fecha, dijo, “se han empleado alrededor de 2.077 efectivos, son más de 500 operativos que se realizaron en la gestión 2021; y el trabajo ha estado principalmente abocado a la parte occidental del país”.

Para la frontera con Argentina, informó Vargas, se ha incrementado y formado la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur.

Vargas detalló que la frontera “más caliente” es la chilena, porque por ahí ingresan vehículos indocumentados, línea blanca y línea negra, los tres rubros de mayor costo. Ilícito que por las altas sumas de dinero que implica ha dado lugar a la organización delincuencial de los contrabandistas.

“Sabemos el grado hostil que tienen estas personas al tratar de ingresar estos vehículos; asimismo, las grandes mercaderías en línea blanca y línea negra que ingresa por ese sector hace que el contrabando esté bien organizado, con un accionar criminal”, destacó el viceministro.

En cuanto a las otras fronteras, Vargas informó que con el Perú, el problema principal es el ingreso de alimentos, especialmente productos agrícolas, como papa y cebolla, y con Argentina, de bebidas, galletas, carne envasada.

Con Perú, sin embargo, a la fecha se ha agregado la salida de ganado en pie hacia ese país. “El contrabando de ganado en pie está en los planes que estamos coordinando con diferentes instituciones para frenarlo”, complementó Vargas.

El Viceministro destacó la necesidad de esta coordinación pues se trata de mercadería especial, que necesita asistencia, alimento y trasladarla; lamentó que habiendo conversaciones y acuerdos con organizaciones de carniceros éstos aún no firmaron los convenios a que ya se han llegado.

También se tiene previsto un mayor control en los pasos de Villazón, Bermejo y Yacuiba, en la frontera con Argentina. Aquí se busca enfrentar el contrabando de bebidas alcohólicas, de gaseosas y particularmente de lácteos.

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