Nacional

domingo 16 may 2021 | Actualizado a 10:55

Nelson Cox: Hay ‘un manto de impunidad’ e indignación sobre la masacre de Sacaba

La Defensoría del Pueblo asegura que las acciones militares y policiales previas en Huayllani fueron coordinadas con el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Militares disparan con un fusil automático liviano (FAL) en el puente Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. Foto: APG-archivo

/ 16 de septiembre de 2020 / 10:19

El Gobierno se mantiene firme en su posición inicial: en la represión policial-militar del 15 de noviembre del año pasado en Sacaba no hubo ni un solo muerto por bala de reglamento. Sin embargo, el delegado defensorial Nelson Cox lo refuta.

A 10 meses de la masacre, que se cumplió ayer, “un manto de impunidad protectivo” de parte del Estado impide la reparación de daños y el esclarecimiento de los hechos, denuncia el funcionario.

Pocos días después de proclamarse “ipso facto” presidenta Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019, una serie de movilizaciones se desató contra su gobierno transitorio. Para intentar atenuar la crisis, la mandataria promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar en los conflictos con la garantía de una eventual inmunidad legal.

Al día siguiente, una multitudinaria movilizaciones de campesinos, colonos y cocaleros fue reprimida al ingreso a Cochabamba por Sacaba, en la zona de Huayllani. El resultado del operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas fue nueve fallecidos y más de 200 heridos, todos por impacto de bala.

Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presumió que los movilizados se dispararon entre sí y que las balas no correspondían al de uso oficial. Hace poco, el 25 de agosto, insistió: “La mayoría de los muertos (en Sacaba y Senkata) son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado. Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son el pecho, en la cara; son de frente”, afirmó con cierta ironía.

Días antes, el 10 de agosto, su colega de Defensa, Luis Fernando López, insistió en la posición oficial. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, dijo.

A 10 meses de la masacre, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cox repasa los hechos.

‘Burda teoría

El defensor refuta a Murillo, de cuyo criterio sobre las muertes de Sacaba afirma que “es por demás burda la teoría absolutamente irrisoria que plantea el ministro de Gobierno”. “Todos los tiros han sido en la nunca, sí; pero desde abajo, porque todos los muertos caen tendidos hacia arriba. Todos los testigos que los han rescatado dicen: ‘Su cuerpo estaba hacia aquel lado’”, explica.

Entonces murieron por impacto de bala Lucas Sánchez Vakencia, Roberto Sejas Escobar, Juan López Apaza, Omar Calle Siles, César Sipe Mérida, Armando Carballo Escobar, Plácido Rojas Delgadillo, Marcos Vargas Martínez y Emilio Colque León. Herido de muerte y después de una larga agonía, Julio Pinto Mamani falleció el 11 de junio reciente.

Cox cuenta cómo sucedieron los hechos incluso antes del 15 de noviembre, el día de las muertes. “Me consta. Cada día desde el 10 de noviembre, 11, 12 o 13, cada día había arrestados; vi en la UTOP entre 80 y 240 arrestados”, recuerda ahora.

Relata que el 13 se reunió con el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, y el dirigente Jhony Pardo para evitar posibles incidentes por el paso de una multitudinaria movilización contra Áñez que pretendía ingresar a Cochabamba.

“En esa ocasión, el comandante amenazó de forma muy vehemente a don Jhonny: ‘Yo no voy a permitir que ustedes pasen (estábamos negociando de que permitan el paso), porque ustedes están viniendo a causar estragos en Cochabamba, tengo información de Inteligencia. Si ustedes pasan a Cochabamba, yo los voy a cazar’”.

Pardo reivindicó el derecho a la movilización, dice Cox. “Y el comandante respondió: Si ustedes no hacen caso, se someterán a las consecuencias; les estoy anunciando, nosotros no queremos aniquilarlos. Textual”, afirma.

Intervención

Cox dice que el día de la intervención policial-militar Zurita argumentó una falsedad para ganar tiempo y reforzar los contingentes. “A las dos de la tarde menos cuarto me llama el comandante; me dice: ‘doctor, ¿cómo está? Le estoy llamando para que venga a Sacaba, para que negocie y les explique que no pueden pasar. Quieren bajar a Cochabamba y esta movilización no puede pasar’.

Yo le dije que no voy a ir a ninguna movilización a negociar; no me corresponde ir a negociar con quienes están en movilización para decirles que no se movilicen”, recuerda el funcionario.

masacre. Entonces ocurrió lo que se sabe. “Era muy evidente que los disparos venían desde el puente (donde estaban parapetados los militares y los policías), porque todos los muertos cayeron en cuerpo tendidos hacia atrás, hacia arriba”, cuenta Cox.

“Ese día, aparte de tener más de 122 heridos en clínicas y hospitales, después de haber generado, el contingente policial —esto para mí es una masacre, que por eso se enojó la Policía conmigo y me amenazó— no dejaba pasar los heridos porque ya habían rebalsado los hospitales México y Salomón Klein (Sacaba) y por eso bajamos el Viedma; hicieron una cadena, no dejaban pasar ambulancias”, recuerda.

Armas letales

Y el defensor continúa el relato: “De verdad que es una situación absolutamente confirmada de todo lo que he hablado. Y por eso, después de haber verificado más 122 heridos en todas clínicas y los hospitales, no había un solo efectivo policial que esté en la CNS Caja Nacional de Salud), un solo efectivo. He ido a Cossmil (Corporación del Seguro Social Militar), yo tenía duda de qué había pasado; no había un solo militar herido. Le estoy diciendo porque me consta”.

La develación: “Entonces, sale un argumento totalmente forzado del comandante Zurita cuando le preguntaron esa noche cómo ocurrieron las muertes con armas de fuego; dice textual: ‘Nosotros no estábamos con armas de fuego’. ¿Y quiénes estaban, estaban los militares? ‘Sí, sí, sí; los militares estaban con armas de fuego, toditos’. Textual”.

Más allá de las declaraciones de Áñez, Murillo o López, que reivindican la actuación de las fuerzas conjuntas ante esos grupos “sediciosos” que querían provocar una “guerra civil”, como insiste la mandataria, hasta la fecha no hay un informe oficial sobre los hechos de parte del Gobierno. “El equipo de la Defensoría estaba muy de cerca. Por eso me apena que a 10 meses haya un manto de impunidad protectivo del Gobierno transitorio; ni una sola carta respondieron”, reclama el defensor.

Asegura que la Defensoría del Pueblo requirió información de Zurita y del comandante del Ejército, general Luis Antonio) Cuéllar, sin mayores resultados. “Ninguno de los dos respondió y dijeron que ‘por mandato constitucional no podemos informar lo que viene a ser (asunto) de seguridad del Estado; cualquier cosa, diríjase con nota a nuestros ministros; o sea, a los ministros de Gobierno y de Defensa’”.

Resistencia Cochala

Pero Cox cuenta que hubo coordinación previa a la represión, incluso con la participación de grupos de civiles de forma irregular. “Me consta cómo han coordinado de forma directa Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y comandante Zurita para hacer intervenciones preventivas, para ir a la zona Sur a corretear a todo aquel que quiera movilizarse. Para ir a Sacaba a querer corretear. Eso es lo que he reclamado”.

Ahora denuncia que es amenazado, a pesar de las medidas cautelares contra Zurita. “Por eso, la Policía comienza a amenazarme y amedrentarme, y toman mi oficina, van a mi casa; me han dejado un mes sin oficina por reclamar la masacre. Todo surge a raíz de haber constatado lo que le estoy diciendo; es la primera ocasión que lo estoy contando públicamente. La Defensora va a presentar en el informe”, adelanta Cox.

A 10 meses, dice que no hay juicio que avances ni investigación que pueda esclareces los hechos, y las familias de los muertos, y los heridos no recibieron ni un centavo de indemnización. Tampoco el Ministerio de Salud cumplió su compromiso de pagar la curación de los heridos en distintas clínicas.

“La masacre sangrienta que han cometido se tiene que juzgar; van a caer todos los responsables. No pueden ellos generar una falsa información”, remata.

*Edición impresa

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Arce expresa solidaridad con Palestina y llama a la ONU a detener violencia

"Debemos unir esfuerzos para que las niñas y niños vivan libres, y crezcan en #paz”, escribió Arce en su cuenta de la red social Twitter.

El presidente Luis Arce en una conferencia de prensa. Foto: Btv.

/ 15 de mayo de 2021 / 18:26

El presidente Luis Arce expresó este sábado su solidaridad con Palestina y llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a detener la violencia en Medio Oriente, donde la mayoría de las víctimas son niños.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo palestino. Hacemos un llamado a la @ONU_es para detener esta agresión y se respete el derecho de autodeterminación de #Palestina. Debemos unir esfuerzos para que las niñas y niños vivan libres, y crezcan en #paz”, escribió Arce en su cuenta de la red social Twitter.

Desde la Cancillería se emitió un comunicado en el cual se recordó que Palestina conmemora hoy el “Día de la Nakba”

“Esta conmemoración se ve teñida por muerte y destrucción en Palestina en medio de ataques por parte del ejército israelí, un genocidio nunca visto, donde las principales víctimas son niños”, señala el comunicado.

Leer además: Israel destruye oficinas de prensa internacional en Gaza y enviado de EEUU llega para negociaciones

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CIDH y Bolivia acuerdan ampliar plazo para las investigaciones sobre los hechos de 2019

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investiga los hechos de violencia y la violación de derechos humanos tras las anuladas elecciones de octubre de 2019.

Operativo militar en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 15 de mayo de 2021 / 12:08

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Bolivia acordaron ampliar por dos meses el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que continúe las investigaciones sobre los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos tras las anuladas elecciones de octubre de 2019.

El Grupo, que depende de la CIDH, inició su labor el 23 de noviembre de 2020 y debido a la pandemia del COVID-19 se vio restringida la movilidad de sus miembros y la realización de reuniones para cubrir su agenda en La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro, según reportó Erbol.

Durante ese periodo, el GIEI acumuló más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales y unas 360 personas han brindado su testimonio en entrevistas individuales.

Los investigadores mantienen además reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, partidos políticos, personalidades públicas, miembros del gobierno, fiscales, jueces y ex autoridades.

En este contexto, el Gobierno y la CIDH acordaron la prórroga del mandato del GIEI Bolivia, no sólo por las dificultades que impuso la pandemia, sino también por la gran cantidad de material solicitado a los órganos estatales, los que necesitaron de plazos razonables para compilar la información.

Con la publicación del Informe Final, previsto para julio de 2021, el GIEI dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y sus recomendaciones para coadyuvar a las autoridades bolivianas en los temas de promoción de la justicia y de garantía de reparación a las víctimas, en los plazos establecidos en el Acuerdo y Protocolo.

Julián Burger, experto miembro del GIEI Bolivia, agradeció el apoyo y confianza de varias instituciones y personas y expresó su disposición de continuar escuchando más testimonios en estos últimos meses de la investigación. (15/05/2021)

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La Fiscalía admite denuncia contra el expresidente del TSE Salvador Romero

El diputado del MAS Ramiro Venegas informó que presentó la denuncia porque el expresidente del TSE no presentó informes al Legislativo sobre las declaraciones de la vocal Rosario Baptista

El expresidente del TSE, Salvador Romero

/ 14 de mayo de 2021 / 21:33

La Fiscalía admitió una denuncia contra el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero por incumplir sus deberes al no haber respondido al Legislativo sobre las observaciones de la vocal Rosario Baptista a las elecciones de octubre y su pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) de una auditoría.

El diputado del MAS Ramiro Venegas presentó la denuncia a informó que la Fiscalía iniciará la investigación para establecer responsabilidades.

Romero renunció a la vocalía y a la presidencia del TSE, cargo que ocupó tras haber sido designado por la expresidenta Jeanine Áñez.

“Es un proceso iniciado por incumplimiento de deberes, que tenía un fondo sobre la vocal Baptista que había hecho algunos comentarios de vicios de nulidad en la última elección, eso se tiene que aclarar”, explicó.

Venegas anunció que se ampliará la denuncia contra la vocal que después de observar las elecciones en las que ganó Luis Arce retrocedió y retiró la carta enviada a la OEA para pedir una auditoría.

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Envían a la cárcel al exviceministro Guido Melgar por el caso Segip

El exviceministro Guido Melgar es investigado por la denuncia vinculada a la solicitud de información de forma irregular al Segip. Melgar dijo que su “delito es tratar de luchar contra la corrupción”

Guido Melgar es conducido a oficinas policiales, el jueves. Foto: APG

/ 14 de mayo de 2021 / 21:12

El exviceministro de Justicia Guido Melgar fue enviado este viernes a la cárcel de San Pedro de La Paz por la denuncia derivada del acceso de forma irregular a datos de más de 500 personas registradas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Melgar deberá cumplir una detención preventiva de cuatro meses en la cárcel en la que también están los exministros Álvaro Coimbra y Gustavo Rodríguez por el caso “golpe de Estado”. De inicio estará aislado como parte de las medidas de bioseguridad para evitar casos COVID-19.

Fue aprehendido el jueves tras prestar su declaración informativa. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció en diciembre de 2020 el irregular acceso a hojas prontuariales de 592 personas en el gobierno de Jeanine Áñez, por lo que anunció la presentación de una denuncia penal.

Del Castillo reveló en ese entonces que Melgar solicitó esa información y se la facilitó, pese a que el funcionario Wilson Ramos, de la Unidad de Dactiloscopia de entonces, le recordó que las normas del Segip no lo permitían.

Tras su aprehensión, Melgar aseguró que su “delito es tratar de luchar contra la corrupción” y que en ese entonces solo gestionó ante el Segip el número de las cédulas de identidad de un grupo de 592 personas.

“Hay un consejo del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (Star-Gira) que aprobó las listas y lo único que hice fue solicitar al Segip el número de carnet de identidad de las personas, nada más, ese es mi delito, tratar de luchar contra la corrupción”, sostuvo en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

En esa lista estaban nombre de diferentes exautoridades, incluso de la hija del exvicepresidente Álvaro García.

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Los excandidatos del MAS Ruiz y León asumen cargos en Autonomías y Fancesa

En el balotaje del 11 de abril en Tarija y Chuquisaca (además de La Paz y Pando) Ruiz perdió la gobernación de Tarija frente a Óscar Montes y León la de Chuquisaca ante Damián Condori.

Álvaro Horacio Ruiz juró como nuevo Viceministro de Autonomías

Por Paulo Cuiza

/ 14 de mayo de 2021 / 18:50

Álvaro Ruiz y Juan Carlos León, excandidatos del Movimiento Al Socialismo a las gobernaciones de Tarija y Chuquisaca, respectivamente, asumieron en las últimas 24 horas cargos en el Viceministerio de Autonomías y en la Fábrica Nacional de Cementos SA (Fancesa).

Ruiz juró este viernes como nuevo Viceministro de Autonomías. “Gracias por confiar en mí. Bolivia vive uno de los momentos especiales, mientras nuestro gobierno se preocupa de salir de la crisis económica, de salud (…) y es ahí donde tenemos que apoyar; necesitamos un nivel de coordinación muy importante con los gobiernos departamentales, municipales, regionales y las autonomías indígenas”, sostuvo.

La nueva autoridad aseveró que trabajará para recuperar a esa Bolivia que se caracterizaba por la estabilidad y que quedó “destrozada” por el “el golpe de Estado” que llevó al poder a Jeanine Áñez.

Mientras que León fue designado como uno de los nuevos cuatro directores de Fancesa. Fue elegido por el alcalde Enrique Leaño, quien acreditó a dos representantes en el Directorio de la fábrica de cemento.

Juan Carlos León, el excandidato del MAS a la Gobernación de Chuquisaca.

Junto a León fueron designados, por el lado de la Alcaldía de Sucre, José Luis Ríos Pérez como Director y Marcelo Poveda como síndico económico.

En el balotaje del 11 de abril en Tarija y Chuquisaca (además de La Paz y Pando) Ruiz perdió la gobernación de Tarija frente a Óscar Montes y León la de Chuquisaca ante Damián Condori.

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