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martes 17 may 2022 | Actualizado a 19:28

Nelson Cox: Hay ‘un manto de impunidad’ e indignación sobre la masacre de Sacaba

La Defensoría del Pueblo asegura que las acciones militares y policiales previas en Huayllani fueron coordinadas con el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

/ 16 de septiembre de 2020 / 10:19

El Gobierno se mantiene firme en su posición inicial: en la represión policial-militar del 15 de noviembre del año pasado en Sacaba no hubo ni un solo muerto por bala de reglamento. Sin embargo, el delegado defensorial Nelson Cox lo refuta.

A 10 meses de la masacre, que se cumplió ayer, “un manto de impunidad protectivo” de parte del Estado impide la reparación de daños y el esclarecimiento de los hechos, denuncia el funcionario.

Pocos días después de proclamarse “ipso facto” presidenta Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019, una serie de movilizaciones se desató contra su gobierno transitorio. Para intentar atenuar la crisis, la mandataria promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar en los conflictos con la garantía de una eventual inmunidad legal.

Al día siguiente, una multitudinaria movilizaciones de campesinos, colonos y cocaleros fue reprimida al ingreso a Cochabamba por Sacaba, en la zona de Huayllani. El resultado del operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas fue nueve fallecidos y más de 200 heridos, todos por impacto de bala.

Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presumió que los movilizados se dispararon entre sí y que las balas no correspondían al de uso oficial. Hace poco, el 25 de agosto, insistió: “La mayoría de los muertos (en Sacaba y Senkata) son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado. Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son el pecho, en la cara; son de frente”, afirmó con cierta ironía.

Días antes, el 10 de agosto, su colega de Defensa, Luis Fernando López, insistió en la posición oficial. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, dijo.

A 10 meses de la masacre, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cox repasa los hechos.

‘Burda teoría

El defensor refuta a Murillo, de cuyo criterio sobre las muertes de Sacaba afirma que “es por demás burda la teoría absolutamente irrisoria que plantea el ministro de Gobierno”. “Todos los tiros han sido en la nunca, sí; pero desde abajo, porque todos los muertos caen tendidos hacia arriba. Todos los testigos que los han rescatado dicen: ‘Su cuerpo estaba hacia aquel lado’”, explica.

Entonces murieron por impacto de bala Lucas Sánchez Vakencia, Roberto Sejas Escobar, Juan López Apaza, Omar Calle Siles, César Sipe Mérida, Armando Carballo Escobar, Plácido Rojas Delgadillo, Marcos Vargas Martínez y Emilio Colque León. Herido de muerte y después de una larga agonía, Julio Pinto Mamani falleció el 11 de junio reciente.

Cox cuenta cómo sucedieron los hechos incluso antes del 15 de noviembre, el día de las muertes. “Me consta. Cada día desde el 10 de noviembre, 11, 12 o 13, cada día había arrestados; vi en la UTOP entre 80 y 240 arrestados”, recuerda ahora.

Relata que el 13 se reunió con el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, y el dirigente Jhony Pardo para evitar posibles incidentes por el paso de una multitudinaria movilización contra Áñez que pretendía ingresar a Cochabamba.

“En esa ocasión, el comandante amenazó de forma muy vehemente a don Jhonny: ‘Yo no voy a permitir que ustedes pasen (estábamos negociando de que permitan el paso), porque ustedes están viniendo a causar estragos en Cochabamba, tengo información de Inteligencia. Si ustedes pasan a Cochabamba, yo los voy a cazar’”.

Pardo reivindicó el derecho a la movilización, dice Cox. “Y el comandante respondió: Si ustedes no hacen caso, se someterán a las consecuencias; les estoy anunciando, nosotros no queremos aniquilarlos. Textual”, afirma.

Intervención

Cox dice que el día de la intervención policial-militar Zurita argumentó una falsedad para ganar tiempo y reforzar los contingentes. “A las dos de la tarde menos cuarto me llama el comandante; me dice: ‘doctor, ¿cómo está? Le estoy llamando para que venga a Sacaba, para que negocie y les explique que no pueden pasar. Quieren bajar a Cochabamba y esta movilización no puede pasar’.

Yo le dije que no voy a ir a ninguna movilización a negociar; no me corresponde ir a negociar con quienes están en movilización para decirles que no se movilicen”, recuerda el funcionario.

masacre. Entonces ocurrió lo que se sabe. “Era muy evidente que los disparos venían desde el puente (donde estaban parapetados los militares y los policías), porque todos los muertos cayeron en cuerpo tendidos hacia atrás, hacia arriba”, cuenta Cox.

“Ese día, aparte de tener más de 122 heridos en clínicas y hospitales, después de haber generado, el contingente policial —esto para mí es una masacre, que por eso se enojó la Policía conmigo y me amenazó— no dejaba pasar los heridos porque ya habían rebalsado los hospitales México y Salomón Klein (Sacaba) y por eso bajamos el Viedma; hicieron una cadena, no dejaban pasar ambulancias”, recuerda.

Armas letales

Y el defensor continúa el relato: “De verdad que es una situación absolutamente confirmada de todo lo que he hablado. Y por eso, después de haber verificado más 122 heridos en todas clínicas y los hospitales, no había un solo efectivo policial que esté en la CNS Caja Nacional de Salud), un solo efectivo. He ido a Cossmil (Corporación del Seguro Social Militar), yo tenía duda de qué había pasado; no había un solo militar herido. Le estoy diciendo porque me consta”.

La develación: “Entonces, sale un argumento totalmente forzado del comandante Zurita cuando le preguntaron esa noche cómo ocurrieron las muertes con armas de fuego; dice textual: ‘Nosotros no estábamos con armas de fuego’. ¿Y quiénes estaban, estaban los militares? ‘Sí, sí, sí; los militares estaban con armas de fuego, toditos’. Textual”.

Más allá de las declaraciones de Áñez, Murillo o López, que reivindican la actuación de las fuerzas conjuntas ante esos grupos “sediciosos” que querían provocar una “guerra civil”, como insiste la mandataria, hasta la fecha no hay un informe oficial sobre los hechos de parte del Gobierno. “El equipo de la Defensoría estaba muy de cerca. Por eso me apena que a 10 meses haya un manto de impunidad protectivo del Gobierno transitorio; ni una sola carta respondieron”, reclama el defensor.

Asegura que la Defensoría del Pueblo requirió información de Zurita y del comandante del Ejército, general Luis Antonio) Cuéllar, sin mayores resultados. “Ninguno de los dos respondió y dijeron que ‘por mandato constitucional no podemos informar lo que viene a ser (asunto) de seguridad del Estado; cualquier cosa, diríjase con nota a nuestros ministros; o sea, a los ministros de Gobierno y de Defensa’”.

Resistencia Cochala

Pero Cox cuenta que hubo coordinación previa a la represión, incluso con la participación de grupos de civiles de forma irregular. “Me consta cómo han coordinado de forma directa Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y comandante Zurita para hacer intervenciones preventivas, para ir a la zona Sur a corretear a todo aquel que quiera movilizarse. Para ir a Sacaba a querer corretear. Eso es lo que he reclamado”.

Ahora denuncia que es amenazado, a pesar de las medidas cautelares contra Zurita. “Por eso, la Policía comienza a amenazarme y amedrentarme, y toman mi oficina, van a mi casa; me han dejado un mes sin oficina por reclamar la masacre. Todo surge a raíz de haber constatado lo que le estoy diciendo; es la primera ocasión que lo estoy contando públicamente. La Defensora va a presentar en el informe”, adelanta Cox.

A 10 meses, dice que no hay juicio que avances ni investigación que pueda esclareces los hechos, y las familias de los muertos, y los heridos no recibieron ni un centavo de indemnización. Tampoco el Ministerio de Salud cumplió su compromiso de pagar la curación de los heridos en distintas clínicas.

“La masacre sangrienta que han cometido se tiene que juzgar; van a caer todos los responsables. No pueden ellos generar una falsa información”, remata.

*Edición impresa

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El Gobierno acusa a Creemos de falta de apoyo a la institucionalidad en 2019 y en elección del Defensor del Pueblo

El portavoz presidencial Jorge Richter recordó que la alianza Creemos del excívico y gobernador Luis Fernando Camacho participó en todo el proceso de selección de candidatos

Jorge Richter. Foto de archivo: La Razón.

/ 17 de mayo de 2022 / 19:02

En medio de la incertidumbre sobre la elección del Defensor del Pueblo en el Legislativo, el portavoz presidencial Jorge Richter cuestionó el accionar de la alianza opositora Creemos del excívico y gobernador Luis Fernando Camacho en este proceso y le recordó que mantiene una postura de no respaldar la institucionalidad, como lo hicieron en la crisis de 2019.

“Se los convoca a reunión, asisten y salen a decir tres o cuatro argumentos que no tienen relación con el compromiso que el país está esperando, pues esto que muestran de manera absoluta y categórica los señores de Creemos no tiene un compromiso con la institucionalidad en el país y está claro, porque el 2019 tampoco demostraron un compromiso con la institucionalidad democrática, con la Constitución, a la que vulneraron”, criticó.

De esa manera hizo alusión a la actuación de Camacho en la crisis de 2019, cuando desde la dirigencia cívica cruceña lideró protestas denunciando un fraude electoral -que luego fue descartada por estudios externos- que acabaron, junto al motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, en la renuncia del expresidente Evo Morales.

La bancada de Creemos, a diferencia de Comunidad Ciudadana (CC), decidió no apoyar a ninguno de los siete candidatos a Defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa, pese a que uno de sus miembros participó de todo el proceso de selección e informe en la Comisión Mixta de Constitución, recordó Richter.

La delegación de Creemos decidió el lunes retirarse de la Vicepresidencia, porque no se permitió ingresar a una reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, para buscar consensos y elegir al Defensor del Pueblo, a uno de los tres que acudieron a la convocatoria.

CC acudió a la cita, pero Choquehuanca suspendió la reunió ante la ausencia de la alianza de Camacho. La reinstalación de la sesión para elegir a la autoridad que reemplazará a Nadia Cruz fue fijada para las 14.30 del miércoles, luego de tres intentos en los que ninguno de los candidatos logró 2/3 de respaldo de los legisladores.

“A lo largo de los últimos años de nuestra política, han mostrado que caminan de espaldas a la institucionalidad, esto quiere decir que no respetan a la Constitución Política del Estado, esto quiere decir que les molesta lo que señala la Constitución Política del Estado, por eso generan desestabilización como en noviembre del año pasado y en noviembre de 2019”, recordó.

Desde CC se apostó por apoyar a la candidata Evelin Cossio, mientras que Creemos no respalda ninguna candidatura. En la votación de este lunes, Pedro Callisaya logró 92 votos, Cossio 45, Luisa Chipana 4 y Porfirio Machado 2, mientras que los blancos suman 15 y los nulos 3. Choquehuanca declaró un nuevo cuarto intermedio.

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Arce atribuye a intereses del imperialismo el conflicto en Ucrania y justifica posición en NNUU

El presidente Luis Arce habló del conflicto entre Rusia y Ucrania y destacó que Bolivia está entre los países mejor preparados para enfrentar los efectos económicos de esa crisis

El presidente Luis Arce en el acto militar de esta jornada en La Paz.

/ 17 de mayo de 2022 / 18:23

El presidente Luis Arce habló en un acto militar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y aseguró que “nace del intento imperialista de sentar hegemonías para continuar explotando y oprimiendo a nuestros pueblos”.

Sobre esa base justificó la postura asumida por la representación boliviana en Naciones Unidas cuando se intentó condenar la acción rusa. “Esta nuestra visión explica nuestro voto en Naciones Unidas y nos muestra como país soberano, no alineado con los intereses del imperialismo”.

“Gracias a esta política soberana, a diferencia de otros países, en Bolivia no hay inflación galopando ni tenemos escasez de alimentos”, explicó en parte del discurso pronunciado en la entrega de sables, espadas y pistolas a graduados de los institutos militares.

En marzo, en el foro internacional, Bolivia se abstuvo de votar una resolución en favor de “un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania, y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles”. En al menos otras dos ocasiones asumió similar posición.

Durante el acto, también destacó que el The Economist Intelligence haya ubicado a Bolivia entre los primeros países con mejores condiciones para enfrentar los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por el modelo económico en vigencia y que prioriza aspectos como la inversión pública y la redistribución de la riqueza.

“Es un orgullo que la comunidad internacional nos coloque entre los países mejor preparados para enfrentar las consecuencias y el impacto de un conflicto bélico armado en Ucrania”, destacó.

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Machado retira su postulación a Defensor para ‘allanar’ la designación del cargo

Porfirio Machado aseguró que los legisladores de oficialismo y oposición se “empecinan” en designar en el cargo a una persona “que no cumple los requisitos”.

Porfirio Machado renunció a su postulación al cargo de defensor del Pueblo.

Por Mauricio Diaz

/ 17 de mayo de 2022 / 14:29

Porfirio Machado, uno de los siete aspirantes que llegó a la fase final del proceso de designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, renunció este martes a su postulación y dice que tomó esa decisión “con la seguridad de allanar el camino” en la elección.

Afirmó también que la dilatación en la designación del Defensor del Pueblo se debe que los legisladores del oficialismo y de las fuerzas opositoras “se empecinan” en nombrar en el cargo a una persona “que no cumple los requisitos” del proceso.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha dado la espalda al pueblo de Bolivia; no quieren que haya Defensor del Pueblo, por lo que he analizado con la cabeza fría y he decidido declinar mi postulación a Defensor del Pueblo (…), con la seguridad de allanar el camino y la designación del próximo Defensor del Pueblo”, dijo a Machado a los periodistas en la plaza Murillo, en La Paz.

Desde el 5 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa comenzó la última fase de ese proceso, ninguno de los siete postulantes que llegaron a esa instancia logró alcanzar los 2/3 de votación que establece el reglamento.

En la primera fecha de votación en la Asamblea Legislativa, el 5 de mayo, Machado obtuvo un total de 30 votos. Ese mismo día, en la segunda ronda de votación, contó con el respaldo de 11 legisladores. Mientras que el 16 de mayo, cuando se celebró la última sesión para designar al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, solo tuvo dos votos a favor.

Por su parte, Pedro Callisaya Aro y Evelin Cossío Márquez fueron dos de los siete candidatos finalistas que más votos obtuvieron. En una primera ronda de sufragio lograron 65 y 46, y en una segunda ronda alcanzaron 82 y 47, respectivamente.

Mientras que, en la votación del 16 de mayo, Callisaya logró 92 votos y Cossío 45; pero para ser designado como el nuevo Defensor o Defensora necesitaban conseguir, al menos en esa sesión, el respaldo de 109 legisladores.

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Víctimas de 2019-2020 y ministro Lima empiezan diálogo

Manifestantes, que incluso se sacaron sangre en protesta, se allanaron a concertar.

El ministro de Justicia, Iván Lima, reunido con familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

Por Iván Bustillos

/ 17 de mayo de 2022 / 14:21

Representantes de víctimas de las masacres y de la represion estatal en 2019 y 2020 y el ministro de Justicia, Iván Lima, empezaron a dialogar para revisar el avance de acuerdos de atención y reparación por parte del Estado, informó el Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne condujo hoy la reunión con 15 representantes de las víctimas de las masacres, represión, persecución y tortura para hacer seguimiento a los acuerdos y media docena de actas de entendimiento que se han suscrito para lograr una reparación integral recomendada por el GIEI, destaca la nota de prensa de la repartición estatal.

Los asistentes hicieron conocer sus reclamos y asumieron el compromiso de revisar los puntos de los acuerdos que consideran pendientes con autoridades de cada sector.

Desde esta tarde se revisarán los alcances y formas de implementación del fideicomiso de Bs 8 millones aprobados en diciembre del año pasado.

El representante de los movilizados en la ciudad de El Alto, David Inca, pidió disculpas por algunas expresiones de exasperación e hizo una convocatoria al diálogo. “Retomemos la ruta de trabajo”, dijo, destaca prensa del Ministerio.

La presidenta de la Asociación de Fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert, pidió que se elabore “la lista final de fallecidos y heridos” y solicitó a Inca “que no discrimine” entre las víctimas “que marchan y los que no”.

El Ministro Lima destacó que ya se ha establecido una metodología de trabajo y pidió a los representantes acelerar la instalación de la Mesa 3 que tiene a su cargo la aprobación de una norma que permita canalizar todos los beneficios para los afectados.

La nota de prensa del Ministerio también apunta que el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Antonio Menendez, asistió al encuentro y destacó la participación de las víctimas para la “construcción del marco jurídico” que permita resolver los “cuellos del botella” en el proceso de atención de “algunas cosas menores”.

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CC propone una cumbre convocada por el Presidente para ver lo del Defensor y otras designaciones

En debate en La Razón, diputados del MAS y CC coinciden en que ya no se puede volver atrás en la selección y designación del Defensor.

La directora de La Razón, Claudia Benavente, junto a los entrevistados.

/ 17 de mayo de 2022 / 13:17

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara propuso que en la circunstancia especial en que se encuentra la Asamblea Legislativa, de empantanamiento en la elección del Defensor del Pueblo, sea el presidente del Estado, Luis Arce, quien convoque a una cumbre política para buscar alguna salida tanto a la designación en la Defensoría como en las que vienen, altos cargos donde aún prevalece el interinato; incluso para ver los grandes temas como la Policía, la reforma judicial, entre otros.

En un debate que tuvo lugar en Piedra, papel y tinta junto con los diputados Jerjes Mercado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Andrés Romero, de Creemos, Lara remarcó la necesidad de alguna forma estable de concertación política entre las tres fuerzas con representación parlamentaria.

“Por qué no el propio Presidente convoca a una cumbre de concertación. Usted me estará diciendo que me estoy saliendo por la tangente; no, de esto se trata. Por qué no convocamos, rápidamente; este es un tema de institucionalidad”, destacó Lara.

Aunque luego dejó entrever que la referida cumbre también puede abrir camino a otros espacios de concertación de temas como la Policía, el contrabando, la reforma de la Justicia.

El más abierto a buscar formas de acuerdo fue el diputado Mercado, del MAS. Por lo menos en la elección del Defensor, el legislador apeló a las tendencias “amantes de la democracia” a que de una vez se busque al candidato de consenso, bajo criterios de mejor calificados, profesionalismo y trayectoria en defensa de derechos humanos.

Mercado apeló tanto a las “cabezas” como a cada uno de los asambleístas, “sin distinción de color político” para la designación del futuro Defensor del Pueblo. “Conversemos y busquemos una salida honrosa en esta elección”, insistió Mercado.

El radical del foro en Piedra, papel y tinta fue el diputado cruceño de Creemos

Andrés Romero, que una y otra vez afirmó que la única salida al actual empantanamiento en la elección del Defensor es empezar todo el proceso de selección de nuevo, o sea anular el actual. El argumento central de Romero es que “es mejor perder un mes (que según él duró) del proceso de selección que se hizo, a tener seis años un Defensor subordinado al masismo”.

Lara y Mercado coincidieron en que en rigor aún se está a tiempo de “salvar” la elección de un nuevo Defensor, pese al empantanamiento ratificado ayer con una tercera votación que reiteró la falta de los dos tercios necesarios para elegir a la nueva autoridad.

Lara deploró que “en los 10 días de cuarto intermedio” el MAS, el vicepresidente David Choquehuanca, no hayan convocado a ninguna reunión de concertación; en tanto que Mercado tampoco dejó de criticar el atrincheramiento en que cayó CC al afirmar que no iba a votar por ningún candidato que vote el MAS; de hecho, pese a la convocatoria de concertación, Lara volvió a señalar la posición de CC: que “bloqueará” a cualquier candidato que considere “funcional” al MAS.

Con todo, salvo el diputado Romero, de Creemos, Lara y Mercado coincidieron en que ya no se puede volver atrás (un nuevo proceso de selección), y hay que buscar al nuevo Defensor del Pueblo entre los siete actuales “finalistas”.

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