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miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 05:16

Nelson Cox: Hay ‘un manto de impunidad’ e indignación sobre la masacre de Sacaba

La Defensoría del Pueblo asegura que las acciones militares y policiales previas en Huayllani fueron coordinadas con el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Militares disparan con un fusil automático liviano (FAL) en el puente Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. Foto: APG-archivo

/ 16 de septiembre de 2020 / 10:19

El Gobierno se mantiene firme en su posición inicial: en la represión policial-militar del 15 de noviembre del año pasado en Sacaba no hubo ni un solo muerto por bala de reglamento. Sin embargo, el delegado defensorial Nelson Cox lo refuta.

A 10 meses de la masacre, que se cumplió ayer, “un manto de impunidad protectivo” de parte del Estado impide la reparación de daños y el esclarecimiento de los hechos, denuncia el funcionario.

Pocos días después de proclamarse “ipso facto” presidenta Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019, una serie de movilizaciones se desató contra su gobierno transitorio. Para intentar atenuar la crisis, la mandataria promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar en los conflictos con la garantía de una eventual inmunidad legal.

Al día siguiente, una multitudinaria movilizaciones de campesinos, colonos y cocaleros fue reprimida al ingreso a Cochabamba por Sacaba, en la zona de Huayllani. El resultado del operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas fue nueve fallecidos y más de 200 heridos, todos por impacto de bala.

Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presumió que los movilizados se dispararon entre sí y que las balas no correspondían al de uso oficial. Hace poco, el 25 de agosto, insistió: “La mayoría de los muertos (en Sacaba y Senkata) son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado. Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son el pecho, en la cara; son de frente”, afirmó con cierta ironía.

Días antes, el 10 de agosto, su colega de Defensa, Luis Fernando López, insistió en la posición oficial. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, dijo.

A 10 meses de la masacre, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cox repasa los hechos.

‘Burda teoría

El defensor refuta a Murillo, de cuyo criterio sobre las muertes de Sacaba afirma que “es por demás burda la teoría absolutamente irrisoria que plantea el ministro de Gobierno”. “Todos los tiros han sido en la nunca, sí; pero desde abajo, porque todos los muertos caen tendidos hacia arriba. Todos los testigos que los han rescatado dicen: ‘Su cuerpo estaba hacia aquel lado’”, explica.

Entonces murieron por impacto de bala Lucas Sánchez Vakencia, Roberto Sejas Escobar, Juan López Apaza, Omar Calle Siles, César Sipe Mérida, Armando Carballo Escobar, Plácido Rojas Delgadillo, Marcos Vargas Martínez y Emilio Colque León. Herido de muerte y después de una larga agonía, Julio Pinto Mamani falleció el 11 de junio reciente.

Cox cuenta cómo sucedieron los hechos incluso antes del 15 de noviembre, el día de las muertes. “Me consta. Cada día desde el 10 de noviembre, 11, 12 o 13, cada día había arrestados; vi en la UTOP entre 80 y 240 arrestados”, recuerda ahora.

Relata que el 13 se reunió con el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, y el dirigente Jhony Pardo para evitar posibles incidentes por el paso de una multitudinaria movilización contra Áñez que pretendía ingresar a Cochabamba.

“En esa ocasión, el comandante amenazó de forma muy vehemente a don Jhonny: ‘Yo no voy a permitir que ustedes pasen (estábamos negociando de que permitan el paso), porque ustedes están viniendo a causar estragos en Cochabamba, tengo información de Inteligencia. Si ustedes pasan a Cochabamba, yo los voy a cazar’”.

Pardo reivindicó el derecho a la movilización, dice Cox. “Y el comandante respondió: Si ustedes no hacen caso, se someterán a las consecuencias; les estoy anunciando, nosotros no queremos aniquilarlos. Textual”, afirma.

Intervención

Cox dice que el día de la intervención policial-militar Zurita argumentó una falsedad para ganar tiempo y reforzar los contingentes. “A las dos de la tarde menos cuarto me llama el comandante; me dice: ‘doctor, ¿cómo está? Le estoy llamando para que venga a Sacaba, para que negocie y les explique que no pueden pasar. Quieren bajar a Cochabamba y esta movilización no puede pasar’.

Yo le dije que no voy a ir a ninguna movilización a negociar; no me corresponde ir a negociar con quienes están en movilización para decirles que no se movilicen”, recuerda el funcionario.

masacre. Entonces ocurrió lo que se sabe. “Era muy evidente que los disparos venían desde el puente (donde estaban parapetados los militares y los policías), porque todos los muertos cayeron en cuerpo tendidos hacia atrás, hacia arriba”, cuenta Cox.

“Ese día, aparte de tener más de 122 heridos en clínicas y hospitales, después de haber generado, el contingente policial —esto para mí es una masacre, que por eso se enojó la Policía conmigo y me amenazó— no dejaba pasar los heridos porque ya habían rebalsado los hospitales México y Salomón Klein (Sacaba) y por eso bajamos el Viedma; hicieron una cadena, no dejaban pasar ambulancias”, recuerda.

Armas letales

Y el defensor continúa el relato: “De verdad que es una situación absolutamente confirmada de todo lo que he hablado. Y por eso, después de haber verificado más 122 heridos en todas clínicas y los hospitales, no había un solo efectivo policial que esté en la CNS Caja Nacional de Salud), un solo efectivo. He ido a Cossmil (Corporación del Seguro Social Militar), yo tenía duda de qué había pasado; no había un solo militar herido. Le estoy diciendo porque me consta”.

La develación: “Entonces, sale un argumento totalmente forzado del comandante Zurita cuando le preguntaron esa noche cómo ocurrieron las muertes con armas de fuego; dice textual: ‘Nosotros no estábamos con armas de fuego’. ¿Y quiénes estaban, estaban los militares? ‘Sí, sí, sí; los militares estaban con armas de fuego, toditos’. Textual”.

Más allá de las declaraciones de Áñez, Murillo o López, que reivindican la actuación de las fuerzas conjuntas ante esos grupos “sediciosos” que querían provocar una “guerra civil”, como insiste la mandataria, hasta la fecha no hay un informe oficial sobre los hechos de parte del Gobierno. “El equipo de la Defensoría estaba muy de cerca. Por eso me apena que a 10 meses haya un manto de impunidad protectivo del Gobierno transitorio; ni una sola carta respondieron”, reclama el defensor.

Asegura que la Defensoría del Pueblo requirió información de Zurita y del comandante del Ejército, general Luis Antonio) Cuéllar, sin mayores resultados. “Ninguno de los dos respondió y dijeron que ‘por mandato constitucional no podemos informar lo que viene a ser (asunto) de seguridad del Estado; cualquier cosa, diríjase con nota a nuestros ministros; o sea, a los ministros de Gobierno y de Defensa’”.

Resistencia Cochala

Pero Cox cuenta que hubo coordinación previa a la represión, incluso con la participación de grupos de civiles de forma irregular. “Me consta cómo han coordinado de forma directa Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y comandante Zurita para hacer intervenciones preventivas, para ir a la zona Sur a corretear a todo aquel que quiera movilizarse. Para ir a Sacaba a querer corretear. Eso es lo que he reclamado”.

Ahora denuncia que es amenazado, a pesar de las medidas cautelares contra Zurita. “Por eso, la Policía comienza a amenazarme y amedrentarme, y toman mi oficina, van a mi casa; me han dejado un mes sin oficina por reclamar la masacre. Todo surge a raíz de haber constatado lo que le estoy diciendo; es la primera ocasión que lo estoy contando públicamente. La Defensora va a presentar en el informe”, adelanta Cox.

A 10 meses, dice que no hay juicio que avances ni investigación que pueda esclareces los hechos, y las familias de los muertos, y los heridos no recibieron ni un centavo de indemnización. Tampoco el Ministerio de Salud cumplió su compromiso de pagar la curación de los heridos en distintas clínicas.

“La masacre sangrienta que han cometido se tiene que juzgar; van a caer todos los responsables. No pueden ellos generar una falsa información”, remata.

*Edición impresa

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Una mujer le dice en vía pública a Calvo que ‘no representa a nadie’ en Santa Cruz

Rómulo Calvo estaba dentro de su vehículo y fue abordado por dos mujeres cuando se detuvo un momento. Solo atinaba a responder: “No he hecho nada”.

Calvo, en su vehículo, en increpado por una de las dos mujeres.

/ 7 de diciembre de 2021 / 22:56

“¡No representa a Santa Cruz!, quiere ir otra vez al golpe de Estado”, increpó una mujer al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en una avenida de la capital cruceña, según un video difundido este martes en redes sociales.

Calvo estaba dentro de su vehículo y fue abordado por dos mujeres cuando se detuvo un momento. Solo atinaba a responder: “No he hecho nada”.

Mientras que una de las mujeres elevaba el tono del reclamo.

“Usted es el muerto de Senkata y Sacaba, usted ha sido el que estaba en el golpe de Estado, usted no sabe el dolor que he tenido por los muertos, usted me ha gasificado, usted llama a la confrontación (…) me ha dejado sin comer, usted Calvo me ha dejado sin comer, usted no representa a nadie, no representa a Santa Cruz, quiere ir otra vez al golpe de Estado”, increpa una de las mujeres a Calvo.

A pocos días de que Jeanine Áñez tomara el poder, tras la dimisión del expresidente Evo Morales, fuerzas policiales y militares intervinieron protestas en favor al exmandatario con el saldo de una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Sacaba y Senkata.

Según las imágenes del video, Calvo acelera cuando una de las que le increpaba echa al vehículo parte de la gaseosa que consumía.

Calvo tomó control de la protesta que gremiales y el transporte pesado declararon en contra de la hoy derogada ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. A convocatoria cívica, se cumplió nueve días de paro.

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Dan de baja a capitán de la Policía y superan los 10 los sancionados por el motín de 2019

El capitán José Vargas Barrón fue dado de baja sin derecho a reincorporación por su participación en el motín policial de 2019

Policías en una unidad en Cochabamba en el motín de noviembre de 2019.

/ 7 de diciembre de 2021 / 21:31

El capitán José Vargas Barrón fue dado de baja de la Policía, por su participación en el motín policial de 2019 que derivó, junto a otros hechos, en la dimisión del expresidente Evo Morales. A la fecha suman 11 los uniformados sancionados en procesos disciplinarios.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, informó del número de policías sancionados disciplinariamente por su participación en el motín que empezó en Cochabamba y se replicó en diferentes ciudades capitales, principalmente.

“A la fecha son 11 efectivos policiales que fueron dados de baja de forma definitiva por el caso motín policial”, explicó en parte de su informe de gestión.

Vargas aparece en fotografías junto a miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo operativo que actuó con violencia en la crisis de 2019 contra personas que se manifestaban en favor del expresidente Morales.

Hasta el 5 de octubre fueron sancionados con la baja sin derecho a reincorporación el mayor Jorge Salazar Ramírez; el mayor Edwin Silva García; la capitán Ivonne Barrenechea; el coronel Aníbal Rivas; el mayor Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales; el capitán Marcelo Gutiérrez; el coronel Nelson Flores Claros, el exdirector de la FELCC Iván Rojas y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

También corrió la misma suerte la suboficial Cecilia Calani.

El proceso fue abierto a denuncia del viceministro de Descolonización Despatriarcalización, Pelagio Condori. La autoridad denunció a 26 uniformados por haber participado en el motín policial de 2019.

Durante la crisis de 2019, a la protesta cívica alentada por denuncias de fraude electoral, después puestas en cuestión por diferentes estudios, se sumaron el motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de dimitir.

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La Justicia niega cesación a la detención de Áñez por el caso Golpe de Estado I

La expresidenta Jeanine Áñez se encuentra en la cárcel desde marzo. Antes del fallo, le pidió al juez actuar con valor y concederle libertad

La expresidente Jeanine Áñez en una fotografía de archivo.

/ 7 de diciembre de 2021 / 19:26

Se le volvió a negar a la expresidenta Jeanine Áñez la solicitud de cesación a la detención preventiva en el caso Golpe de Estado I. El juez Luis Fernando García tomó la decisión a la conclusión de una audiencia de más de cuatro horas.

La defensa solicitó la detención domiciliaria de la expresidenta, quien se encuentra en la cárcel desde marzo. Fue detenida, justamente, por el caso Golpe de Estado I, planteado por la exdiputada del MAS Lidia Patty y que hace a una acusación por sedición, terrorismo y conspiración.

Antes de la decisión judicial, demandó al juez tomar una determinación apegada a la norma y devolverle su libertad, por su condición de detenida política.

“Me queda pedir a su autoridad que actúe con valor y a derecho ante esta crisis de objetividad y lealtad, donde se soslaya la Constitución Política del Estado, las leyes y tratados, donde existe un total sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público al gobierno. Soy una presa política y quiero que me devuelva mi libertad”, afirmó en su intervención.

También tiene en su contra otro proceso y detención preventiva por otros seis meses por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes debido a que tomó la Presidencia del Senado, lo que luego le permitió tomar la Presidencia de Bolivia, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates, según la acusación fiscal formal.

La defensa de la expresidenta apeló la decisión. De habérsele dado la libertad, hubiera permanecido en la cárcel en cumplimiento a la orden de detención preventiva en el caso Golpe de Estado II.

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Envían a la cárcel de Trinidad al contralmirante Bravo Méndez por el caso Senkata

Suman al menos 11 militares procesados hasta el momento por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas a días de que tomara el poder Jeanine Áñez

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez a su ingreso a dependencias de la FELCC en La Paz. Foto: Roberto Guzmán

/ 7 de diciembre de 2021 / 19:19

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez fue enviado por seis meses con detención preventiva a la cárcel de Mocoví, en Trinidad, en el marco de la investigación sobre la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019 durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

Bravo Méndez fue sacado la tarde de este martes de celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, para su traslado a Trinidad, Beni, donde fue aprehendido el 2 de diciembre en un operativo policial-fiscal.

El contralmirante fue inspector de las Fuerzas Armadas cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Áñez y hoy prófugo de la Justicia.

Se lo acusó en el proceso abierto por los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron las protestas sociales en Senkata en apoyo al expresidente Evo Morales, con el saldo de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. Días antes, similar acción militar-policial se dio en Sacaba, con el saldo de 11 muertos por impactos de bala.

Con Bravo Méndez suman al menos 11 los militares procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres de 2019 lo de Sacaba y Senkata. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales.

Fuerzas policiales y militares intervinieron el 19 de noviembre de 2019 un cerco tendido en apoyo a Morales a la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, lo que acabó con 10 muertos y decenas de heridos. Días antes, el 15, ocurrió algo parecido en Sacaba, cuando se intervino con el saldo de 11 muertos por bala la marcha de cocaleros.

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La Justicia en La Paz se declara competente para atender demanda contra el cívico Calvo

El representante del Comité Impulsor de Justicia Aldo Michel informó de la decisión judicial y recordó que se acusa a Rómulo Calvo por las consecuencias del paro de nueve días

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones a la prensa.

/ 7 de diciembre de 2021 / 17:49

La Justicia en La Paz se declaró competente para atender la denuncia contra el dirigente cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo y dio paso a que la Fiscalía continúe con la investigación sobre las consecuencias del paro que lideró contra la abrogada ley de lucha contra el lavado de dinero.

La información la proporcionó el representante del denominado Comité Impulsor de Justicia, Aldo Michel, quien presentó la denuncia contra Calvo por los delitos de conspiración, incitación a delinquir y delitos contra la libertad de trabajo.

Calvo tomó el control del paro que convocaron inicialmente gremiales y transporte pesado en contra de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Debía comparecer el 30 de noviembre ante la Fiscalía, pero no acudió con el argumento de que tenía otra convocatoria fiscal en Santa Cruz y porque se le notificó con menos de 24 horas.

Ahora, la justicia en La Paz, por determinación del juez Douglas Borda, se declaró competente para tramitar la denuncia contra el dirigente cívico que enfrenta varios procesos legales.

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