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Wednesday 22 May 2024 | Actualizado a 08:36 AM

Nelson Cox: Hay ‘un manto de impunidad’ e indignación sobre la masacre de Sacaba

La Defensoría del Pueblo asegura que las acciones militares y policiales previas en Huayllani fueron coordinadas con el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

/ 16 de septiembre de 2020 / 10:19

El Gobierno se mantiene firme en su posición inicial: en la represión policial-militar del 15 de noviembre del año pasado en Sacaba no hubo ni un solo muerto por bala de reglamento. Sin embargo, el delegado defensorial Nelson Cox lo refuta.

A 10 meses de la masacre, que se cumplió ayer, “un manto de impunidad protectivo” de parte del Estado impide la reparación de daños y el esclarecimiento de los hechos, denuncia el funcionario.

Pocos días después de proclamarse “ipso facto” presidenta Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019, una serie de movilizaciones se desató contra su gobierno transitorio. Para intentar atenuar la crisis, la mandataria promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar en los conflictos con la garantía de una eventual inmunidad legal.

Al día siguiente, una multitudinaria movilizaciones de campesinos, colonos y cocaleros fue reprimida al ingreso a Cochabamba por Sacaba, en la zona de Huayllani. El resultado del operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas fue nueve fallecidos y más de 200 heridos, todos por impacto de bala.

Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presumió que los movilizados se dispararon entre sí y que las balas no correspondían al de uso oficial. Hace poco, el 25 de agosto, insistió: “La mayoría de los muertos (en Sacaba y Senkata) son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado. Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son el pecho, en la cara; son de frente”, afirmó con cierta ironía.

Días antes, el 10 de agosto, su colega de Defensa, Luis Fernando López, insistió en la posición oficial. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, dijo.

A 10 meses de la masacre, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cox repasa los hechos.

‘Burda teoría

El defensor refuta a Murillo, de cuyo criterio sobre las muertes de Sacaba afirma que “es por demás burda la teoría absolutamente irrisoria que plantea el ministro de Gobierno”. “Todos los tiros han sido en la nunca, sí; pero desde abajo, porque todos los muertos caen tendidos hacia arriba. Todos los testigos que los han rescatado dicen: ‘Su cuerpo estaba hacia aquel lado’”, explica.

Entonces murieron por impacto de bala Lucas Sánchez Vakencia, Roberto Sejas Escobar, Juan López Apaza, Omar Calle Siles, César Sipe Mérida, Armando Carballo Escobar, Plácido Rojas Delgadillo, Marcos Vargas Martínez y Emilio Colque León. Herido de muerte y después de una larga agonía, Julio Pinto Mamani falleció el 11 de junio reciente.

Cox cuenta cómo sucedieron los hechos incluso antes del 15 de noviembre, el día de las muertes. “Me consta. Cada día desde el 10 de noviembre, 11, 12 o 13, cada día había arrestados; vi en la UTOP entre 80 y 240 arrestados”, recuerda ahora.

Relata que el 13 se reunió con el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, y el dirigente Jhony Pardo para evitar posibles incidentes por el paso de una multitudinaria movilización contra Áñez que pretendía ingresar a Cochabamba.

“En esa ocasión, el comandante amenazó de forma muy vehemente a don Jhonny: ‘Yo no voy a permitir que ustedes pasen (estábamos negociando de que permitan el paso), porque ustedes están viniendo a causar estragos en Cochabamba, tengo información de Inteligencia. Si ustedes pasan a Cochabamba, yo los voy a cazar’”.

Pardo reivindicó el derecho a la movilización, dice Cox. “Y el comandante respondió: Si ustedes no hacen caso, se someterán a las consecuencias; les estoy anunciando, nosotros no queremos aniquilarlos. Textual”, afirma.

Intervención

Cox dice que el día de la intervención policial-militar Zurita argumentó una falsedad para ganar tiempo y reforzar los contingentes. “A las dos de la tarde menos cuarto me llama el comandante; me dice: ‘doctor, ¿cómo está? Le estoy llamando para que venga a Sacaba, para que negocie y les explique que no pueden pasar. Quieren bajar a Cochabamba y esta movilización no puede pasar’.

Yo le dije que no voy a ir a ninguna movilización a negociar; no me corresponde ir a negociar con quienes están en movilización para decirles que no se movilicen”, recuerda el funcionario.

masacre. Entonces ocurrió lo que se sabe. “Era muy evidente que los disparos venían desde el puente (donde estaban parapetados los militares y los policías), porque todos los muertos cayeron en cuerpo tendidos hacia atrás, hacia arriba”, cuenta Cox.

“Ese día, aparte de tener más de 122 heridos en clínicas y hospitales, después de haber generado, el contingente policial —esto para mí es una masacre, que por eso se enojó la Policía conmigo y me amenazó— no dejaba pasar los heridos porque ya habían rebalsado los hospitales México y Salomón Klein (Sacaba) y por eso bajamos el Viedma; hicieron una cadena, no dejaban pasar ambulancias”, recuerda.

Armas letales

Y el defensor continúa el relato: “De verdad que es una situación absolutamente confirmada de todo lo que he hablado. Y por eso, después de haber verificado más 122 heridos en todas clínicas y los hospitales, no había un solo efectivo policial que esté en la CNS Caja Nacional de Salud), un solo efectivo. He ido a Cossmil (Corporación del Seguro Social Militar), yo tenía duda de qué había pasado; no había un solo militar herido. Le estoy diciendo porque me consta”.

La develación: “Entonces, sale un argumento totalmente forzado del comandante Zurita cuando le preguntaron esa noche cómo ocurrieron las muertes con armas de fuego; dice textual: ‘Nosotros no estábamos con armas de fuego’. ¿Y quiénes estaban, estaban los militares? ‘Sí, sí, sí; los militares estaban con armas de fuego, toditos’. Textual”.

Más allá de las declaraciones de Áñez, Murillo o López, que reivindican la actuación de las fuerzas conjuntas ante esos grupos “sediciosos” que querían provocar una “guerra civil”, como insiste la mandataria, hasta la fecha no hay un informe oficial sobre los hechos de parte del Gobierno. “El equipo de la Defensoría estaba muy de cerca. Por eso me apena que a 10 meses haya un manto de impunidad protectivo del Gobierno transitorio; ni una sola carta respondieron”, reclama el defensor.

Asegura que la Defensoría del Pueblo requirió información de Zurita y del comandante del Ejército, general Luis Antonio) Cuéllar, sin mayores resultados. “Ninguno de los dos respondió y dijeron que ‘por mandato constitucional no podemos informar lo que viene a ser (asunto) de seguridad del Estado; cualquier cosa, diríjase con nota a nuestros ministros; o sea, a los ministros de Gobierno y de Defensa’”.

Resistencia Cochala

Pero Cox cuenta que hubo coordinación previa a la represión, incluso con la participación de grupos de civiles de forma irregular. “Me consta cómo han coordinado de forma directa Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y comandante Zurita para hacer intervenciones preventivas, para ir a la zona Sur a corretear a todo aquel que quiera movilizarse. Para ir a Sacaba a querer corretear. Eso es lo que he reclamado”.

Ahora denuncia que es amenazado, a pesar de las medidas cautelares contra Zurita. “Por eso, la Policía comienza a amenazarme y amedrentarme, y toman mi oficina, van a mi casa; me han dejado un mes sin oficina por reclamar la masacre. Todo surge a raíz de haber constatado lo que le estoy diciendo; es la primera ocasión que lo estoy contando públicamente. La Defensora va a presentar en el informe”, adelanta Cox.

A 10 meses, dice que no hay juicio que avances ni investigación que pueda esclareces los hechos, y las familias de los muertos, y los heridos no recibieron ni un centavo de indemnización. Tampoco el Ministerio de Salud cumplió su compromiso de pagar la curación de los heridos en distintas clínicas.

“La masacre sangrienta que han cometido se tiene que juzgar; van a caer todos los responsables. No pueden ellos generar una falsa información”, remata.

*Edición impresa

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La Fiscalía informa que ocho uniformados declararon por el caso Narcopolicía

El fiscal no descartó que se los cite en calidad de investigados, pero eso se determinará una vez culminen con las declaraciones

El fiscal de sustancias controladas, Julio César Porras.

/ 21 de mayo de 2024 / 20:31

En las investigaciones por el caso Narcopolicía, el fiscal antinarcóticos Julio César Porras informó que ocho uniformados que pertenecían a la Unidad de la Diprove en el municipio de Puerto Suárez ya declararon en calidad de testigos.

Marcelo R. C., teniente coronel de la Policía y exdirector de la Diprove (Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos) de Puerto Suárez, es acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. En su vehículo, tras un control rutinario por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se encontraron 40 paquetes de cocaína.

Lea más: Jefe policial descubierto con droga es enviado a la cárcel por 180 días

“Se ha tomado la declaración al equipo que trabaja con él y que ya no está trabajando en Puerto Suárez. (También) al director departamental de Diprove. Son ocho personas que declararon en calidad de testigos. (En su declaración) desconocen lo que él estaba haciendo o que llame la atención”, dijo Porras.

No descartó que se los cite en calidad de investigados, pero eso se determinará una vez culminen con las declaraciones. “Se va a analizar, después de terminar todas las declaraciones se verá qué decidimos”.

El exjefe policial está con detención preventiva por 180 días, en la cárcel de Palmasola, y también fue dado de baja de la Policía.

El abogado Samuel Durán señaló que su defendido manifestó su inocencia por los delitos que se lo acusa y que demostrará que no participó en el hecho que se lo acusa.

“Él no fue encontrado en el vehículo; cuando estaba en el retén, advirtiendo que se le tendió una trampa, él se retira del lugar porque no había garantías de que pueda someterse a una requisa por parte de los efectivos policiales”.

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El TCP pide que le remitan todas las causas que paralizaron las judiciales

Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista están a la espera de una respuesta del TCP para continuar con el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

El trabajo de las comisiones mixtas a cargo de la preselección antes de quedar suspendido,

Por Daniel Zenteno

/ 21 de mayo de 2024 / 19:53

Con las judiciales en vilo y el pedido del oficialismo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revise el fallo de la Sala Constitucional en Pando, que detuvo todo el proceso de preselección, el TCP pidió a las demás salas constitucionales que le remitan todas las acciones que paralizaron el proceso de preselección de las judiciales.

El TCP informó a Correo del Sur que pidió a los magistrados que le hagan llegar todos los amparos constitucionales que presentaron los postulantes inhabilitados y que fueron aceptados por algún tribunal departamental.

Amparos

El proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial se detuvo parcialmente el 16 de abril. Esa vez, una Sala Constitucional en Santa Cruz aceptó un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.

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Desde entonces, se registraron al menos ocho amparos que imposibilitaron que el proceso se renueve, cuando se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.

Acción popular

Sin embargo, el golpe definitivo llegó el 30 de abril, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular que denunciaba que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

La ley quedó inaplicable y el proceso desahuciado. Diversos actores políticos presentaron opciones para retomar lo avanzado. Así, el oficialismo, a la cabeza del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pidió al TCP que revise el fallo de la Sala en Pando.

El TCP priorizó el pedido sobre otras acciones que debía tramitar, pero todavía no dio su veredicto. El oficialismo presiona a esta instancia, pues existe la posibilidad de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias. Si así fuese, no habría elecciones judiciales, ya que el Órgano Electoral no puede realizar dos procesos electorales en simultaneo.

Este martes, los legisladores arcistas Jerges Mercado y Froilán Mamani insistieron al TCP para que dé una respuesta a la brevedad posible. Le piden determinar el devenir de las judiciales. En tanto, la oposición y el ala evista consideran que la solución está en la Asamblea Legislativa.

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Ministro Novillo califica declaraciones de Morales como inapropiadas y fuera de lugar

Novillo indicó que todo hecho de narcotráfico que esté vinculado a alguna o institución “se debe investigar” y estas investigaciones corresponden a las instancias e instituciones que tienen que ver la lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 21 de mayo de 2024 / 19:16

Luego de las declaraciones del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que vinculan al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en supuestas extorsiones al narcotráfico, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, calificó estas versiones como “desaprensivas, inapropiadas y fuera de lugar”. Indicó que él habla “como si tuviera contacto con narcotraficantes”.

“Me llama profundamente la atención que vaya a verter este tipo de expresiones… lanza estas palabras desaprensivas manifestando que el narcotráfico lo va a matar, como si él tuviera alguna comunicación, prueba o contacto con gente del narcotráfico para que comenta este crimen. En todo caso, él debería alentar a un viceministro o Viceministerio a luchar contra el narcotráfico”, dijo Novillo.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al viceministro Mamani de “extorsionar y estar implicado” en el narcotráfico. Incluso indicó que los compañeros de su federación le dijeron que “están preocupados por la vida de Jaime Mamani”.

Lea más: Respuesta a Morales: Alcón dice que cuando uno tiene acusaciones corresponde llevar a la Fiscalía

En conferencia de prensa, el viceministro Mamani calificó el lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra ese ilícito.

“El señor Morales me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, asimismo indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro, estas aseveraciones totalmente infundadas quiero desmentir categóricamente”, señaló Mamani.

Añadió “me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”.

Novillo también indicó que todo hecho de narcotráfico que esté vinculado a alguna o institución “se debe investigar” y estas investigaciones corresponden a las instancias e instituciones que tienen que ver la lucha contra el narcotráfico.

“Quiero lamentar que estas declaraciones hayan sido al calor del discurso político para desgastar al gobierno, pero lanzar ese tipo de amenazas, creo que ha perdido el control de la racionalidad para estar lanzando semejantes versiones desaprensivas”.

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Morales descarta que se expulse a Arce y Choquehuanca del MAS

El expresidente y proclamado como único candidato del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insistió en pedir a sus legisladores aprobar los créditos en la Asamblea.

Evo Morales, en el ampliado evista en Cochabamba.

Por Daniel Zenteno

/ 21 de mayo de 2024 / 18:33

Pese a la tensa situación que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe nacional del partido y expresidente, Evo Morales, afirmó que se decidió no expulsar al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca, luego de un ampliado del ala evista.

“Después del ampliado, en una reunión de la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad, procedimos a hacer una revisión de las resoluciones. En ese sentido, hemos decidido, con disculpas a los asistentes, evitar que figure en las conclusiones la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS-IPSP”, escribió este martes en su cuenta de X.

Puede leer: Ahora Morales instruye a su bancada aprobar créditos en la Asamblea y fiscalizar recursos

El pasado sábado, el ala evista del MAS celebró un ampliado en el que se trataron diversos temas. Entre ellos, se ratificó a Morales como único candidato del partido. Además, se exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que apruebe la convocatoria para el congreso evista, fijado para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Pese al pedido de las bases que apoyan a Morales, se decidió que Arce y Choquehuanca todavía son militantes del MAS.

‘Aprobación de créditos’

“Asimismo, dar continuidad a la aprobación de créditos con la debida fiscalización e interpelación”, pidió adicionalmente Morales a sus legisladores.

El lunes, en conferencia de prensa, el exmandatario pidió que los créditos pendientes sean aprobados para no perjudicar a la población.

Ocho proyectos de ley fueron aprobados en la Cámara de Diputados, pero el Senado no los sancionó. Pese a que el presidente de esta instancia, el evista Andrónico Rodríguez, sostuvo que la no aprobación se debía a detalles técnicos, los senadores evistas y de oposición afirmaron que no aprobarán ningún crédito hasta que no se traten los proyectos de ley 073 y 075, respecto a los plazos de los magistrados prorrogados.

Los proyectos suman un total de $us 645 millones que deben ser destinados a áreas que beneficiarán a la población. Como la infraestructura, salud o electrificación.

Inicialmente, en el ampliado, Morales ratificó la no aprobación de créditos. Sin embargo, desde el lunes cambió de postura y ahora pide aprobar créditos, pero controlando lo que se hace con los mismos.

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Senador Torrez denuncia ‘manipulación informática’ en el caso contra Choquehuanca

El caso fue sorteado para la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que fue criticada por el senador evista William Torrez.

El senador evista del MAS; William Torrez.

Por Daniel Zenteno

/ 21 de mayo de 2024 / 18:05

Conocido el Tribunal que se encargará del caso en contra del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez denunció que existió “manipulación informática” para que el caso sea sorteado a la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

«Tenemos certeza de que hubo manipulación informática para una vez más dirigir este caso a conocimiento de esta funesta Sala; la Sala Constitucional Primera (de La Paz)», afirmó. Adicionalmente, advirtió que no dudarán en presentar acciones penales en contra de los presuntos responsables.

El caso fue sorteado para la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acción que criticó Torrez.

Puede leer: La Justicia admite acción de cumplimiento contra Choquehuanca por no convocar a sesión de la Asamblea

Sala Constitucional Primera

La Sala Constitucional Primera fue la que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso arcista del MAS, pese a que el TSE había ratificado que el evento era contrario al estatuto orgánico del partido.

Desde entonces, en el evismo existe la susceptibilidad de que los tribunales intervienen en el funcionamiento de los demás órganos del Estado.

Torrez informó que se realizó una solicitud de excusa contra el vocal Israel Campero, para que se mantenga alejado del proceso en contra de Choquehuanca.

“Estoy convencido de que Israel Campero es totalmente funcional al Gobierno. Es operador del ministro de Justicia, Iván Lima”, afirmó el senador y le pidió que “por un mínimo de respeto” a la democracia se allane a la petición de excusa.

Choquehuanca

El pasado 6 de mayo, Torrez y la senadora Lucy Escobar interpusieron una acción contra Choquehuanca por incumplir con sus deberes de convocar al pleno de la Asamblea. Denunciaron que cinco meses pasaron desde la última sesión del pleno. En todo ese tiempo, critican, la Asamblea no trato los proyectos de ley 073 y 075, respecto al plazo de los magistrados y consejeros prorrogados.

Este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz informó que la audiencia contra Choquehuanca está programada para las 16.00 de este miércoles.

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