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Saturday 13 Apr 2024 | Actualizado a 20:44 PM

José Miguel Vivanco: ‘El gobierno de Áñez ha violado la separación de poderes’

Human Rights Watch (HRW) defiende el informe que estableció el abuso del sistema judicial por parte del gobierno transitorio para perseguir a opositores. Remarca que el debilitamiento del sistema judicial ya se dio en el anterior mandato de Evo Morales.

/ 20 de septiembre de 2020 / 18:07

Human Rights Watch (HRW) se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidencia interina de Jeanine Áñez, por sus pronunciamientos de advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, al igual que otras entidades internacionales. El último es un informe publicado el 11 de septiembre, que sentencia que el gobierno de la exsenadora abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales, y al propio líder cocalero refugiado en Argentina. 

El encargado de presentar el documento fue el chileno José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW. Desde su sede en Nueva York, Estados Unidos, el abogado atendió a La Razón.

En esta entrevista sustenta las conclusiones de su informe; reafirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados; cataloga de “inverosímil” la explicación del ministro Arturo Murillo sobre las muertes de Sacaba y Senkata; desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior. Y desestima, por ahora, la invitación de la Presidenta para que HRW vuelva a visitar el país.

—Ya se dieron pronunciamientos de HRW anteriormente sobre Bolivia, ahora se publicó un informe. Con base en todo esto, ¿cuál es el común denominador y la evaluación general de HRW sobre la situación de los derechos humanos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez?

—La situación de derechos humanos en Bolivia nos preocupa desde hace mucho. Durante sus casi 14 años en el poder, Evo Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos, arremetió contra periodistas, acusándolos —sin pruebas— de difundir mentiras y promovió reformas judiciales que fueron una amenaza al Estado de derecho. Nosotros denunciamos públicamente esos abusos. El gobierno de la presidenta interina Áñez critica duramente a su predecesor, pero no ha tomado medidas para fortalecer la defensa de los derechos básicos de los bolivianos. Al contrario, ha adoptado políticas muy preocupantes. Por ejemplo, emitió un decreto que buscaba eximir a los militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios, que después derogó ante las fundadas críticas de HRW y otros organismos.

El Gobierno no ha promovido una investigación adecuada de los actos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Además, en el decreto de emergencia por el COVID-19 incluyó un artículo que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran sus políticas. En respuesta a las fuertes críticas nuestras y de otros, el Gobierno también revocó ese artículo.

El Gobierno ha violado la separación de poderes. Ha amenazado públicamente con “perseguir” a jueces y fiscales, iniciado procesos penales contra dos jueces por decisiones con las que no estaba de acuerdo y presentado querellas contra los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Defensora del Pueblo. En general, ha usado el sistema de justicia como un arma contra partidarios de Morales, de la misma forma que él hizo con sus adversarios políticos.

—Al respecto, ¿cómo evalúa HRW el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el mando del actual Gobierno transitorio? Uno de los puntos más polémicos son los operativos conjuntos que dejaron más de dos decenas de fallecidos en noviembre de 2019, en Sacaba y Senkata.

—Documentamos numerosos casos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Por ejemplo, entrevistamos a testigos, familiares y víctimas de los dos asesinatos en Montero y del ataque contra autobuses en Vila Vila, que incluyó secuestros y torturas. En ambos casos partidarios de Evo Morales presuntamente fueron responsables de esa violencia. También entrevistamos testigos y familiares de las masacres de manifestantes afines al MAS en Sacaba y Senkata, y de una muerte en Betanzos.

Nuestra conclusión es que las investigaciones de los hechos de octubre y noviembre de 2019 son, en general, muy deficientes. Por ejemplo, hablamos con testigos de la violencia en Vila Vila que no habían sido entrevistados por la Policía o la Fiscalía en febrero, es decir, más de tres meses después del ataque. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, hay decenas de testigos, algunos de los cuales entrevistamos, que afirman que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también concluyeron que la evidencia apunta a que las fuerzas del Estado fueron responsables por las muertes. Y pese a todo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a HRW que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata. Es una explicación inverosímil.

En febrero, los fiscales de los casos, con los que nos reunimos en Bolivia, ni siquiera tenían una lista con los nombres de los militares que participaron en los hechos de Sacaba y Senkata, el armamento usado y el plan operativo. Las autoridades militares se habían negado a informar al Ministerio Público. ¿Cómo es posible investigar un hecho sin saber quién estuvo allí y, en consecuencia, sin poder entrevistar a esas personas? En vista de los grandes problemas que afectan a las investigaciones, es fundamental que se establezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acordado por el Gobierno interino y la CIDH. Su misión sería investigar de forma imparcial la violencia ocurrida en octubre y noviembre de 2019. Instamos a quien gane las elecciones en octubre a que trabaje con la CIDH para viabilizar esa iniciativa.

—Su nuevo informe es La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, que con datos apunta a una injerencia política en el sistema judicial boliviano. ¿Cuál es la raíz de esta injerencia? ¿Cómo se expresa esta injerencia política con el Gobierno interino actual?

—Tan pronto como asumió el poder en noviembre de 2019, el gobierno de la presidenta Áñez dejó claro, con sus propias palabras, que iniciaría una persecución de sus rivales políticos. El ministro Murillo prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara “una purga” en la Fiscalía y advirtió su intención de “perseguir” a los jueces y fiscales que estén “liberando a delincuentes”, un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia. No se quedó en palabras, sino que el Gobierno comenzó a presentar querellas para que la Fiscalía procesara a miembros del anterior gobierno. Para febrero, el Ministerio Público había abierto más de 100 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno.

Obviamente, es perfectamente legítimo investigar a exfuncionarios si hay evidencia de que cometieron un delito. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno. Precisamente para analizar esos casos, HRW viajó a Bolivia en febrero de 2020. Entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos. Esa investigación es el sustento de nuestras conclusiones.

—El documento hace énfasis en que el Gobierno interino “abusa del sistema judicial” para llevar a cabo una persecución contra colaboradores, partidarios de Morales, y hasta al mismo expresidente. ¿Cuáles son los elementos que llevan a HRW a hacer esta afirmación?

—Analizamos a fondo casos promovidos por el Gobierno interino a través de querellas, incluyendo el proceso por terrorismo contra Morales. Encontramos enormes inconsistencias e irregularidades, como procesos basados en cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por ejemplo, la Fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de gabinete de Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que éste renunciara. La Fiscalía no tiene grabaciones o transcripciones de esas llamadas. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada, en violación de la ley boliviana. En marzo, tuvo un aborto espontáneo y perdió su bebé.

La Fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la Policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al Gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Cualquiera puede estar en desacuerdo con esas opiniones, pero querer castigarlas como delitos es una amenaza a la libertad de expresión de todos los bolivianos. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.

—Dando la vuelta al tema, ¿el informe de HRW verificó persecución política contra opositores en el gobierno de Morales?

—Sí. No hay duda de que el gobierno de Morales usó el sistema de justicia con fines políticos. Ahora él mismo es víctima del debilitamiento del sistema de justicia que él promovió durante su mandato. Morales dijo que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” y del “capitalismo”, e implementó reformas que la socavaron. Por ejemplo, la elección de los jueces de tribunales superiores y los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de nombrar y destituir a jueces; a partir de listas que confecciona la Asamblea Legislativa colocó en manos de quien controle la Asamblea el poder de llenar esas listas con personas afines a sus posiciones políticas. Y eso es precisamente lo que hizo el MAS.

En 2010, Morales refrendó una ley que dispuso que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 serían considerados “transitorios” de manera retroactiva, aunque en ese momento tuvieran cargos permanentes y fueran jueces de carrera. Hasta hoy el 80% de los jueces son “provisionales”. El Gobierno interino dice que el MAS controla a todos esos jueces por el simple hecho de que fueron nombrados durante el mandato de Morales. No tiene razón. El riesgo de que, siendo temporales, los jueces tomen decisiones para complacer al Gobierno de turno, quien quiera que sea, y permanecer en el cargo. Del mismo modo, aproximadamente el 90% de los fiscales son “provisionales” y pueden ser despedidos sin justificaciones claras, según la Fundación Construir, una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de justicia.

En nuestro informe documentamos algunos casos con indicios claros de persecución política durante el gobierno de Morales. Citaría como ejemplo el proceso conocido como “caso Terrorismo”, dirigido contra la oposición en Santa Cruz. Un vídeo filtrado en ese caso mostró el pago a un testigo clave y el propio fiscal de la causa huyó a Brasil y desde allí manifestó que las pruebas habían sido plantadas y que el gobierno de Morales lo había obligado a incriminar a personas inocentes. Otra cuestión igualmente aberrante fue la persecución política contra los expresidentes.

—Desde el Gobierno interino de Bolivia, políticos opinan lo mismo, se ha puesto en duda el papel de HRW en cuanto a que la entidad no habría mostrado, ni se hubiera pronunciado sobre las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante el mandato de Morales, o que sus pronunciamientos e informes actuales apuntan a favorecer al anterior gobierno…

—Eso no es cierto y cualquiera puede comprobarlo fácilmente. Basta entrar en nuestra página de internet sobre Bolivia: https://www.hrw.org/es/americas/bolivia. Ahí verá, por ejemplo, un informe que denuncia la destitución arbitraria de jueces durante el gobierno de Morales, un artículo que yo publiqué en The New York Times diciendo que los argumentos jurídicos para justificar el derecho a la reelección de Morales eran un disparate, y otros documentos que critican leyes aprobadas durante su mandato que violaron los derechos humanos. Además, todos los años publicamos un capítulo sobre Bolivia en nuestro Informe Mundial de Derechos Humanos en el que denunciamos atropellos ocurridos durante el mandato de Morales. El más reciente está en https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336399.

—¿Cuáles son las recomendaciones que hace HRW para que cambie esta situación de la injerencia política en el sistema judicial boliviano?

—Para reafirmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. A corto plazo es necesario un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas y las garantías de debido proceso en todos los casos relacionados con miembros del gobierno de Morales y sus partidarios. La Fiscalía debería retirar los cargos en casos donde las pruebas no respalden las acusaciones o los cargos sean desproporcionados en relación a la presunta conducta delictiva.

—¿Estos informes de HRW pueden derivar en investigaciones a un mayor nivel o en procesos internos e internacionales contra gobiernos o entidades?

—Nuestros informes ofrecen una visión imparcial y objetiva, basada en el derecho internacional, de una situación de derechos humanos que buscamos corregir. Siempre los elaboramos a partir de nuestra propia investigación en el terreno, mediante entrevistas con víctimas de abusos y autoridades, y a partir de un análisis minucioso de la evidencia. Su objetivo es presentar informaciones importantes para el debate público y recomendaciones para lograr una protección efectiva de los derechos humanos. Pero obviamente, no nos corresponde a nosotros realizar los cambios de política para lograr esa mayor protección. Son los propios bolivianos y bolivianas quienes tienen que decidir si quieren esas reformas, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

—La presidenta Áñez y colaboradores han extendido una invitación a HRW para que pueda visitar el país y así incidir en los datos de su informe y también pueda hacer un diagnóstico de lo sucedido en el mandato de Morales. ¿Está dispuesta HRW? Áñez se refirió esta semana nuevamente al tema, porque, dijo, estos informes de HRW “desconocen absolutamente la realidad de lo que pasa en Bolivia”.

—Estuvimos en Bolivia para realizar esta investigación y nos reunimos con importantes miembros de su gobierno, incluido el ministro Murillo. Desde entonces hemos realizado entrevistas a distancia y seguimos de cerca los acontecimientos en el país. Estoy seguro de que viajaremos de nuevo a Bolivia cuando las condiciones de salud lo permitan, pero no porque creamos que nuestras apreciaciones no se ajustan a la realidad. Reafirmamos las conclusiones de nuestro informe. Seguiremos trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades y derechos de los bolivianos y bolivianas, sin importar sus opiniones políticas.

Perfil

Nombre: José Miguel Vivanco

Profesión: Abogado

Cargo: Director de la División de las Américas de HRW

EXPERTO EN AMÉRICA LATINA  Trabajó como abogado de la CIDH. Fundó el Centro de Justicia y el Derecho Internacional. Fue profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Su cuenta de Twitter es @JMVivancoHRW

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Condena unánime en la OEA al asalto de la embajada mexicana; Almagro fustiga a Ecuador

El pasado viernes a medianoche, la Policía de Ecuador irrumpió en la sede mexicana de Quito, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había accedido al asilo político. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

El Consejo Permanente de la OEA de este martes.

/ 9 de abril de 2024 / 19:11

Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron el asalto de la embajada de México en Ecuador; mientras que el secretario general del bloque regional, el uruguayo Luis Almagro, señaló que lo sucedido “no puede quedar como precedente”.

El Consejo Permanente realizado en Washington, Estados Unidos, fue a petición de Ecuador; sin embargo, no contó con la participación de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld e intervino el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos.

Lea más: En la OEA, Bolivia condena ‘en los términos más enérgicos y enfáticos’ la agresión a sede de México

El pasado viernes a medianoche, la Policía de Ecuador irrumpió en la sede mexicana de Quito. La misión fue detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había accedido al asilo político. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Este accionar provocó una condena regional.

Este martes, Antigua y Barbuda, Argentina, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Perú, España, El Vaticano, Panamá, Guatemala y Brasil; mediante sus embajadores, expresaron nuevamente su condena a la decisión asumida por el gobierno de Daniel Noboa.

El embajador de Bolivia, Héctor Arce, indicó que el presidente Luis Arce y la Cancillería condenaron en “los términos más enérgicos y enfáticos” lo acontecido. Y el secretario Almagro subrayó que Ecuador violó principios del derecho internacional y sentenció: “No podemos permitir que esto siente un precedente”.

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Conflicto diplomático: México y Ecuador llevan su batalla por Glas a la OEA

El Consejo de mañana será a pedido de Bolivia y Colombia

Foto: AFP

/ 9 de abril de 2024 / 06:33

El asalto policial a la embajada de México en Ecuador es parte del debate en la región. Este martes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) será el escenario de la batalla bilateral por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien contaba con asilo político.

El Consejo Permanente del bloque regional está previsto para las 15.00 en el salón Simón Bolívar de la sede de Washington, en Estados Unidos. La página web de la OEA indica que se analizarán las “Normas de las Relaciones Diplomáticas y del Asilo”, a solicitud del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.

Consulte también: Exvicepresidente de Ecuador hospitalizado tras negarse a comer en cárcel

Batalla por Glas

El viernes a medianoche, la Policía de ese país irrumpió en la sede diplomática mexicana de Quito, para detener al exvicepresidente Glas, lo que desencadenó una condena unánime en la región y por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas. Por esta razón, México rompió relaciones con Ecuador.

La reunión de la OEA contará con la presencia de los cancilleres, entre ellos la de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien fundamentará la decisión asumida por su gobierno, que alegó tener conocimiento de una “inminente huida” de Glas. Además, el presidente Noboa defendió ayer su determinación y advirtió que “la justicia no se negocia”.

Eso no es todo

Para mañana se tiene previsto otro Consejo Consultivo, a las 10.00, para analizar “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”. Esto a solicitud de las misiones permanentes de Colombia y Bolivia, según la OEA.

El domingo, la canciller boliviana Celinda Sosa adelantó que bloques regionales como la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de lo Pueblos (Alba-TCP) convocaron a reuniones de urgencia para tratar la crisis abierta tras el asalto a la embajada.

“Esta es una agenda que está dentro de los organismos multilaterales, realmente para buscar, sobre todo, la solidaridad con el pueblo mexicano y también con el exvicepresidente Jorge Glas, que se respeten sus derechos. Esperamos que realmente estas reuniones que se van a tener de los cancilleres, que podamos establecer resoluciones que puedan ser respetadas”.

El viernes será otro día clave. Ayer, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien dirige la Celac, anunció que sus colegas latinoamericanos tendrán una cumbre virtual para debatir una propuesta de “firme condena” y eventuales sanciones a Ecuador, señala AFP. 

Se revisará un planteamiento para llamar a Quito a “promover un diálogo para normalizar las relaciones con México” y, en caso contrario, «tomar posiciones políticas (contra Ecuador), ya sean éstas en conjunto, bilaterales o en organismos internacionales para obligarle a su cumplimiento», agregó Castro.

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Lava Jato en Bolivia: La Fiscalía indaga 51 posibles ‘coimas’ por $us 4 millones

Dos tramos de una carretera y al menos 23 personas están en la mira

Alianza. El encuentro binacional de las comisiones investigadoras del caso Lava Jato, de Bolivia y de Perú, en mayo de 2018.

/ 8 de abril de 2024 / 06:55

Los tentáculos corruptos del caso Lava Jato (“lavacoches” en portugués) se extendieron de Brasil a una decena de países. En Bolivia, la pesquisa ha tomado un nuevo aire y la clave está en desenredar el pago de 51 supuestos sobornos por $us 4 millones. 

La Operación Lava Jato cumplió en marzo una década de haberse activado. Es considerado el mayor operativo contra la corrupción en la historia de Brasil. Y tuvo un protagonista: la estatal Petrobras, que armó una arquitectura corrupta que movió al menos $us 8.000 millones y se esparció a un abanico de rubros, entre ellos la construcción.

Así, surgen nombres de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez… que corrompían a funcionarios de otras naciones latinoamericanas para hacerse de licitaciones, cargando los sobornos al costo final de las obras. Era un negocio redondo para todas las partes, con cifras de al menos siete dígitos.

MILLONES

Solo como ejemplo, ante la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado más de $us 788 millones desde 2001, en una decena de naciones de América Latina. Las investigaciones provocaron terremotos políticos, con presidentes y exmandatarios, funcionarios que se sentaron en el banquillo de acusados.

Bolivia no escapó a este panorama. Odebrecht y Camargo Correa sentaron presencia y, según indagaciones, también sus maletines de dinero. Los indicios llevaron a que en 2018, la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial mixta de investigación, que pidió el inicio de un proceso penal contra los implicados.

El 14 de noviembre de ese año, se presentaban los resultados de cinco meses y medio de pesquisas. “Luego de hacer un rastreo de 179 personas, existen indicios suficientes para confirmar que el escándalo de coimas y dádivas llegó a Bolivia”, remarca el informe, elaborado tras entrevistas, viajes al extranjero y análisis de documentos.

Se apuntó a altos cargos de los gobiernos de Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), sobre todo ocho personas. Ante sus colegas, la entonces diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de la comisión, sentenció que “estamos hablando de sobornos, de algo éticamente reprochable. Estamos hablando de coimas”.

Posteriormente, en conferencia, Rivero subrayó que se hallaron tres indicios importantes: el típico modus operandi que las constructoras implicadas aplicaron en otras partes del mundo, periplos a Perú de funcionarios que coincidieron con gente de Odebrecht y movimientos económicos “inusuales y sospechosos”.

Corrupción

Otro punto clave, de acuerdo con la comisión, es que se recurría a “decretos de urgencia”, promovidos por personas de confianza que cumplían interinatos cortos para pavimentar el camino del negociado. Las decisiones se tomaban al máximo nivel para que el Servicio Nacional de Caminos (SNC) simplemente las aplique.

Este documento fue la base para el proceso abierto por el Ministerio Público, el 7 de enero de 2019. Cinco años después, el caso ha vuelto a la palestra, cuando a mediados de marzo, el diputado Carlos Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), dirigida por Mesa, fue citado en calidad de testigo y se acogió al silencio.

Alarcón fue viceministro de Justicia y ministro de Obras en el mandato de Mesa, y denunció una “represalia” por haberse desempolvado la investigación que había dormido “el sueño de los justos” durante años. Similar discurso emitió el expresidente Mesa. Al respecto, surge la pregunta: Qué indaga el caso Lava Jato en Bolivia.

En exclusiva, el fiscal José Rodríguez atendió a La Razón, y aclara que el caso no estaba en la congeladora. “El proceso no fue reabierto y nunca fue suspendido. Hay que tomar en cuenta que por tratarse de un proceso de investigación complejo se solicitó a la autoridad jurisdiccional más tiempo en la etapa preparatoria”.

Rodríguez señala que las pesquisas se activaron con el informe elaborado por la Asamblea, por indicios de irregularidades en la construcción de la “carretera pavimentada tramo Santa Cruz de la Sierra-Puerto Suárez”, en dos tramos: Roboré-El Carmen (adjudicado a Camargo Correa) y El Carmen-Arroyo Concepción (Odebrecht).

Proceso

“Los hechos se habrían suscitado durante la vigencia del proceso de proyección, prospección, negociación, licitación, contratación y ejecución de estos tramos, estableciéndose los años 2002 a 2010, en los cuales mediante acuerdos presuntamente irregulares se materializó un complejo mecanismo de corrupción mayor de similares acciones, procedimientos y a una particular manera de proceder que se repitió en países hermanos circundantes a Bolivia, para lo que se involucró a una serie de personas y elementos tales como: modalidades de contraprestación, modalidades de obtención de los dineros e identificación de destinatarios de los dineros”, explica.

Explica que se presume que las firmas brasileñas y sus aliadas bolivianas, ARG Ltda. e IASA, “lograron una participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado”, entre 2004 y 2007, “debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. También estuvieron involucradas personas privadas, naturales como otras de existencia ideal (jurídicas)”.

Los indicios apuntan a que Camargo Correa y Odebrecht concretaron la adjudicación de los tramos carreteros en cuestión entre 2004 y 2006, a cambio de 51 presuntos sobornos que ascienden a cerca de $us 4 millones. “Los dineros de Odebrecht presuntamente habrían llegado a Raquel B. S., esposa de Marcelo R. S.  B., cuyo perfil económico no coincidiría con los movimientos económicos que se presume ejecutaba; mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento con empresas internacionales que realizan transferencias bancarias”.

Fiscalía

De acuerdo con Rodríguez, hay al menos 23 personas en la mira, entre personas privadas y jurídicas, y exfuncionarios. “El Ministerio Público investiga ‘hechos’, no delitos ni personas”, sostiene. Los posibles delitos en la carpeta son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.

No hay detenidos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas es la que definirá los siguientes pasos en las pesquisas, las que se pueden extender al extranjero. “No se pueden dar detalles por el resguardo de la investigación”.

Ahora, se pretende citar a más personas para su declaración informativa, sobre todo a las ligadas con los implicados. “Es un proceso de investigación complejo por el número de sindicados”, y se solicitó seis meses más para realizarlo, indica Rodríguez. “Estamos dentro de los parámetros legales de los plazos”. Así, el caso Lava Jato todavía tiene mucha tela para cortar.

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Arce habla con López Obrador y Bolivia convoca a embajadoras por el asalto a sede mexicana en Ecuador

“Como países hermanos, nos mantenemos unidos y fortalecemos nuestra Diplomacia de los Pueblos por la Vida en beneficio de la integración y convivencia de nuestras naciones”, señaló el Presidente.

Los presidentes Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo

/ 7 de abril de 2024 / 15:46

Tras el asalto a la embajada de México en Ecuador, que provocó una unánime condena en la región, el presidente Luis Arce se comunicó con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y le expresó su solidaridad. Además, Bolivia decidió convocar a embajadoras.

“Tuve una conversación telefónica con el Presidente de México… donde le expresamos nuestra solidaridad por lo sucedido en la embajada de México en Ecuador. Le informamos que hemos convocado a nuestra embajadora de Bolivia en Ecuador para este lunes”, escribió Arce en X.

Lea más: El jefe de la ONU, ‘alarmado’ ante asalto a la embajada de México en Ecuador

“Además, desde la Cancillería hemos convocado a la Embajadora de Ecuador en nuestro país para que pueda bridar información sobre lo ocurrido. Reiteramos que la defensa del carácter inviolable de las sedes diplomáticas es un tema de principios, como también de la tradición latinoamericana del asilo, en la cual México es vanguardia”, añadió.

Arce remarcó que López Obrador destacó el apoyo continuo de Bolivia a México. “En el próximo encuentro convocado por la CELAC, Bolivia también participará activamente como país colaborador. Esperamos que las reuniones convocadas por organismos multilaterales, tomen decisiones que impidan que se repitan estos acontecimientos en el futuro”.

“Como países hermanos, nos mantenemos unidos y fortalecemos nuestra Diplomacia de los Pueblos por la Vida en beneficio de la integración y convivencia de nuestras naciones”, cerró el mandatario.

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Tras respuesta del TSE, Morales confirma congreso del MAS para el 10 de junio en el Chapare

Hizo el anuncio en Radio Kawsachun Coca, al revelar que recibió una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el plazo para realizar el cónclave.

Evo Morales, con la dirección nacional del MAS.

/ 7 de abril de 2024 / 07:51

El expresidente Evo Morales confirmó que el congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) para renovar su directiva se realizará el 10 de junio en Villa Tunari.

Hizo el anuncio en Radio Kawsachun Coca, al revelar que recibió una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el plazo para realizar el cónclave.

Dijo que la respuesta le llegó el jueves 4 de abril, donde se establece que la dirección nacional del MAS tiene 25 días calendario para convocar a congreso tras la notificación con la resolución del TSE.

Lea más: Morales propone congreso el 4 de mayo o 10 de junio y espera la interpretación del TSE

Esta semana, Morales planteó dos fechas para el congreso: 4 de mayo o 10 de junio, e indicó que ello dependería de que el TSE diga cuál de las dos fechas es aplicable.

El TSE decidió no registrar el congreso del MAS celebrado en lauca Ñ, Cochabamba, en octubre del año pasado, debido a una serie de incumplimientos a la convocatoria y al estatuto del partido.

Congreso del MAS

Instruyó a la directiva una nueva convocatoria, pese a la insistencia de su equipo jurídico sobre la “legitimidad” de ese encuentro.

Morales señaló que platear dos fechas responde a la “confusa” conminatoria del TSE. Afirmó que se envió una carta para que los vocales expliquen si el plazo de 25 días es para presentar la convocatoria o para que se realice el congreso.

La resolución de la Sala Plena del TSE, del 28 de marzo de 2024, conmina a que el MAS, “en el plazo de 25 días calendario, computable a partir de la notificación con la presente resolución, emita la convocatoria a Congreso Nacional Ordinario para la renovación de su directiva”.

El TSE, en una cuarta ampliación, determinó el 5 de mayo como fecha límite para que las organizaciones políticas registradas ante el Órgano Electoral presenten sus nuevas directivas, pero el estatuto del MAS establece que la convocatoria a los congresos debe realizarse con un plazo de 60 días, mínimo, y 90 días, máximo.

Este domingo, Morales confirmó que el congreso se llevará a cabo el 10 de junio en el estadio Bicentenario de Villa Tunari, en el Chapare de Cochabamba. “Va a ser el congreso más grande de la historia de Bolivia”, remarcó.

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