Nacional

jueves 22 oct 2020 | Actualizado a 01:59

José Miguel Vivanco: ‘El gobierno de Áñez ha violado la separación de poderes’

Human Rights Watch (HRW) defiende el informe que estableció el abuso del sistema judicial por parte del gobierno transitorio para perseguir a opositores. Remarca que el debilitamiento del sistema judicial ya se dio en el anterior mandato de Evo Morales.

El director de Human Rights Watch para América Latina, Jsoè Miguel Vivanco. Foto: La Voz de América

/ 20 de septiembre de 2020 / 18:07

Human Rights Watch (HRW) se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidencia interina de Jeanine Áñez, por sus pronunciamientos de advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, al igual que otras entidades internacionales. El último es un informe publicado el 11 de septiembre, que sentencia que el gobierno de la exsenadora abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales, y al propio líder cocalero refugiado en Argentina. 

El encargado de presentar el documento fue el chileno José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW. Desde su sede en Nueva York, Estados Unidos, el abogado atendió a La Razón.

En esta entrevista sustenta las conclusiones de su informe; reafirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados; cataloga de “inverosímil” la explicación del ministro Arturo Murillo sobre las muertes de Sacaba y Senkata; desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior. Y desestima, por ahora, la invitación de la Presidenta para que HRW vuelva a visitar el país.

—Ya se dieron pronunciamientos de HRW anteriormente sobre Bolivia, ahora se publicó un informe. Con base en todo esto, ¿cuál es el común denominador y la evaluación general de HRW sobre la situación de los derechos humanos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez?

—La situación de derechos humanos en Bolivia nos preocupa desde hace mucho. Durante sus casi 14 años en el poder, Evo Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos, arremetió contra periodistas, acusándolos —sin pruebas— de difundir mentiras y promovió reformas judiciales que fueron una amenaza al Estado de derecho. Nosotros denunciamos públicamente esos abusos. El gobierno de la presidenta interina Áñez critica duramente a su predecesor, pero no ha tomado medidas para fortalecer la defensa de los derechos básicos de los bolivianos. Al contrario, ha adoptado políticas muy preocupantes. Por ejemplo, emitió un decreto que buscaba eximir a los militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios, que después derogó ante las fundadas críticas de HRW y otros organismos.

El Gobierno no ha promovido una investigación adecuada de los actos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Además, en el decreto de emergencia por el COVID-19 incluyó un artículo que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran sus políticas. En respuesta a las fuertes críticas nuestras y de otros, el Gobierno también revocó ese artículo.

El Gobierno ha violado la separación de poderes. Ha amenazado públicamente con “perseguir” a jueces y fiscales, iniciado procesos penales contra dos jueces por decisiones con las que no estaba de acuerdo y presentado querellas contra los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Defensora del Pueblo. En general, ha usado el sistema de justicia como un arma contra partidarios de Morales, de la misma forma que él hizo con sus adversarios políticos.

—Al respecto, ¿cómo evalúa HRW el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el mando del actual Gobierno transitorio? Uno de los puntos más polémicos son los operativos conjuntos que dejaron más de dos decenas de fallecidos en noviembre de 2019, en Sacaba y Senkata.

—Documentamos numerosos casos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Por ejemplo, entrevistamos a testigos, familiares y víctimas de los dos asesinatos en Montero y del ataque contra autobuses en Vila Vila, que incluyó secuestros y torturas. En ambos casos partidarios de Evo Morales presuntamente fueron responsables de esa violencia. También entrevistamos testigos y familiares de las masacres de manifestantes afines al MAS en Sacaba y Senkata, y de una muerte en Betanzos.

Nuestra conclusión es que las investigaciones de los hechos de octubre y noviembre de 2019 son, en general, muy deficientes. Por ejemplo, hablamos con testigos de la violencia en Vila Vila que no habían sido entrevistados por la Policía o la Fiscalía en febrero, es decir, más de tres meses después del ataque. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, hay decenas de testigos, algunos de los cuales entrevistamos, que afirman que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también concluyeron que la evidencia apunta a que las fuerzas del Estado fueron responsables por las muertes. Y pese a todo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a HRW que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata. Es una explicación inverosímil.

En febrero, los fiscales de los casos, con los que nos reunimos en Bolivia, ni siquiera tenían una lista con los nombres de los militares que participaron en los hechos de Sacaba y Senkata, el armamento usado y el plan operativo. Las autoridades militares se habían negado a informar al Ministerio Público. ¿Cómo es posible investigar un hecho sin saber quién estuvo allí y, en consecuencia, sin poder entrevistar a esas personas? En vista de los grandes problemas que afectan a las investigaciones, es fundamental que se establezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acordado por el Gobierno interino y la CIDH. Su misión sería investigar de forma imparcial la violencia ocurrida en octubre y noviembre de 2019. Instamos a quien gane las elecciones en octubre a que trabaje con la CIDH para viabilizar esa iniciativa.

—Su nuevo informe es La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, que con datos apunta a una injerencia política en el sistema judicial boliviano. ¿Cuál es la raíz de esta injerencia? ¿Cómo se expresa esta injerencia política con el Gobierno interino actual?

—Tan pronto como asumió el poder en noviembre de 2019, el gobierno de la presidenta Áñez dejó claro, con sus propias palabras, que iniciaría una persecución de sus rivales políticos. El ministro Murillo prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara “una purga” en la Fiscalía y advirtió su intención de “perseguir” a los jueces y fiscales que estén “liberando a delincuentes”, un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia. No se quedó en palabras, sino que el Gobierno comenzó a presentar querellas para que la Fiscalía procesara a miembros del anterior gobierno. Para febrero, el Ministerio Público había abierto más de 100 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno.

Obviamente, es perfectamente legítimo investigar a exfuncionarios si hay evidencia de que cometieron un delito. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno. Precisamente para analizar esos casos, HRW viajó a Bolivia en febrero de 2020. Entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos. Esa investigación es el sustento de nuestras conclusiones.

—El documento hace énfasis en que el Gobierno interino “abusa del sistema judicial” para llevar a cabo una persecución contra colaboradores, partidarios de Morales, y hasta al mismo expresidente. ¿Cuáles son los elementos que llevan a HRW a hacer esta afirmación?

—Analizamos a fondo casos promovidos por el Gobierno interino a través de querellas, incluyendo el proceso por terrorismo contra Morales. Encontramos enormes inconsistencias e irregularidades, como procesos basados en cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por ejemplo, la Fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de gabinete de Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que éste renunciara. La Fiscalía no tiene grabaciones o transcripciones de esas llamadas. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada, en violación de la ley boliviana. En marzo, tuvo un aborto espontáneo y perdió su bebé.

La Fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la Policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al Gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Cualquiera puede estar en desacuerdo con esas opiniones, pero querer castigarlas como delitos es una amenaza a la libertad de expresión de todos los bolivianos. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.

—Dando la vuelta al tema, ¿el informe de HRW verificó persecución política contra opositores en el gobierno de Morales?

—Sí. No hay duda de que el gobierno de Morales usó el sistema de justicia con fines políticos. Ahora él mismo es víctima del debilitamiento del sistema de justicia que él promovió durante su mandato. Morales dijo que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” y del “capitalismo”, e implementó reformas que la socavaron. Por ejemplo, la elección de los jueces de tribunales superiores y los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de nombrar y destituir a jueces; a partir de listas que confecciona la Asamblea Legislativa colocó en manos de quien controle la Asamblea el poder de llenar esas listas con personas afines a sus posiciones políticas. Y eso es precisamente lo que hizo el MAS.

En 2010, Morales refrendó una ley que dispuso que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 serían considerados “transitorios” de manera retroactiva, aunque en ese momento tuvieran cargos permanentes y fueran jueces de carrera. Hasta hoy el 80% de los jueces son “provisionales”. El Gobierno interino dice que el MAS controla a todos esos jueces por el simple hecho de que fueron nombrados durante el mandato de Morales. No tiene razón. El riesgo de que, siendo temporales, los jueces tomen decisiones para complacer al Gobierno de turno, quien quiera que sea, y permanecer en el cargo. Del mismo modo, aproximadamente el 90% de los fiscales son “provisionales” y pueden ser despedidos sin justificaciones claras, según la Fundación Construir, una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de justicia.

En nuestro informe documentamos algunos casos con indicios claros de persecución política durante el gobierno de Morales. Citaría como ejemplo el proceso conocido como “caso Terrorismo”, dirigido contra la oposición en Santa Cruz. Un vídeo filtrado en ese caso mostró el pago a un testigo clave y el propio fiscal de la causa huyó a Brasil y desde allí manifestó que las pruebas habían sido plantadas y que el gobierno de Morales lo había obligado a incriminar a personas inocentes. Otra cuestión igualmente aberrante fue la persecución política contra los expresidentes.

—Desde el Gobierno interino de Bolivia, políticos opinan lo mismo, se ha puesto en duda el papel de HRW en cuanto a que la entidad no habría mostrado, ni se hubiera pronunciado sobre las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante el mandato de Morales, o que sus pronunciamientos e informes actuales apuntan a favorecer al anterior gobierno…

—Eso no es cierto y cualquiera puede comprobarlo fácilmente. Basta entrar en nuestra página de internet sobre Bolivia: https://www.hrw.org/es/americas/bolivia. Ahí verá, por ejemplo, un informe que denuncia la destitución arbitraria de jueces durante el gobierno de Morales, un artículo que yo publiqué en The New York Times diciendo que los argumentos jurídicos para justificar el derecho a la reelección de Morales eran un disparate, y otros documentos que critican leyes aprobadas durante su mandato que violaron los derechos humanos. Además, todos los años publicamos un capítulo sobre Bolivia en nuestro Informe Mundial de Derechos Humanos en el que denunciamos atropellos ocurridos durante el mandato de Morales. El más reciente está en https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336399.

—¿Cuáles son las recomendaciones que hace HRW para que cambie esta situación de la injerencia política en el sistema judicial boliviano?

—Para reafirmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. A corto plazo es necesario un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas y las garantías de debido proceso en todos los casos relacionados con miembros del gobierno de Morales y sus partidarios. La Fiscalía debería retirar los cargos en casos donde las pruebas no respalden las acusaciones o los cargos sean desproporcionados en relación a la presunta conducta delictiva.

—¿Estos informes de HRW pueden derivar en investigaciones a un mayor nivel o en procesos internos e internacionales contra gobiernos o entidades?

—Nuestros informes ofrecen una visión imparcial y objetiva, basada en el derecho internacional, de una situación de derechos humanos que buscamos corregir. Siempre los elaboramos a partir de nuestra propia investigación en el terreno, mediante entrevistas con víctimas de abusos y autoridades, y a partir de un análisis minucioso de la evidencia. Su objetivo es presentar informaciones importantes para el debate público y recomendaciones para lograr una protección efectiva de los derechos humanos. Pero obviamente, no nos corresponde a nosotros realizar los cambios de política para lograr esa mayor protección. Son los propios bolivianos y bolivianas quienes tienen que decidir si quieren esas reformas, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

—La presidenta Áñez y colaboradores han extendido una invitación a HRW para que pueda visitar el país y así incidir en los datos de su informe y también pueda hacer un diagnóstico de lo sucedido en el mandato de Morales. ¿Está dispuesta HRW? Áñez se refirió esta semana nuevamente al tema, porque, dijo, estos informes de HRW “desconocen absolutamente la realidad de lo que pasa en Bolivia”.

—Estuvimos en Bolivia para realizar esta investigación y nos reunimos con importantes miembros de su gobierno, incluido el ministro Murillo. Desde entonces hemos realizado entrevistas a distancia y seguimos de cerca los acontecimientos en el país. Estoy seguro de que viajaremos de nuevo a Bolivia cuando las condiciones de salud lo permitan, pero no porque creamos que nuestras apreciaciones no se ajustan a la realidad. Reafirmamos las conclusiones de nuestro informe. Seguiremos trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades y derechos de los bolivianos y bolivianas, sin importar sus opiniones políticas.

Perfil

Nombre: José Miguel Vivanco

Profesión: Abogado

Cargo: Director de la División de las Américas de HRW

EXPERTO EN AMÉRICA LATINA  Trabajó como abogado de la CIDH. Fundó el Centro de Justicia y el Derecho Internacional. Fue profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Su cuenta de Twitter es @JMVivancoHRW

Comparte y opina:

El Celag revela en un libro el ‘imperialismo recargado’ de Trump en América Latina

Tiene un capítulo específico sobre Bolivia, un país, señala el documento, donde la presencia de Estados Unidos tiene larga data y se expresa, sobre todo, en la terciarización de la asistencia para el desarrollo a través de fundaciones y ONG.

/ 21 de octubre de 2020 / 14:42

Trumperialismo: La guerra permanente contra América Latina es el libro colectivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) que revela el “imperialismo recargado” del polémico presidente estadounidense en su política aplicada en la región. Un documento que tiene un capítulo específico sobre Bolivia y su relación con Estados Unidos.

El documento fue coordinado por Silvina Romano y tiene como autores a Aníbal García, Tamara Lajtman, Arantxa Tirado, Bartolomé Pasquet y Félix Caballero. Este miércoles a las 18.00 (hora boliviana) será su presentación virtual, con la participación de Romano y otros consejeros e investigadores, a través de las plataformas que tiene el Celag.

“El libro muestra el alcance y la complejidad del gobierno de Trump en sus relaciones con América Latina. Es algo mucho más serio y preocupante que sus frases provocativas, que tratarnos como ‘países de mierda’ o reafirmar la Doctrina Monroe a nivel continental. Tiene implicancias en el devenir político y económico de la región”, señala una nota de prensa enviada a La Razón Digital.  

Indica que los ejemplos más claros de esto es la participación de agencias estadounidenses en el juicio contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, “o el apoyo de agencias de gobierno, fundaciones y organismos internacionales (subordinados a EEUU) al gobierno de facto surgido de un golpe de Estado en Bolivia”, entre otros casos.

Cada capítulo muestra “las decisiones del gobierno de Trump con respecto a América Latina como parte de una trayectoria de instituciones y agencias estadounidenses que operan históricamente en América Latina. Los datos sobre economía, política y geopolítica expuestos en el libro, muestran importantes continuidades con gobiernos anteriores”.

“La diferencia del gobierno de Trump, es que retomó políticas que venían operando, pero las exacerbó, acompañándolas con un discurso típico de Guerra Fría, de polarización entre ‘buenos y malos’, reviviendo el anticomunismo… Por eso hablamos de un ‘imperialismo recargado’, porque no es necesariamente algo nuevo, sino una amplificación de políticas y decisiones que se vienen aplicando hace al menos dos décadas”, añade el boletín.

Sobre el capítulo de Bolivia, Romano, en un contacto con La Razón Digital, indicó que en el documento se explica cuál es la presencia de Estados Unidos en Bolivia, en términos del proceso histórico, es decir, cómo se expresa esto a través de instituciones o agencias del gobierno estadounidense, o del sector privado de ese país.

“Exponemos que esta presencia se ha dado en Bolivia de modo muy similar al de Guatemala, a través de la asistencia para el desarrollo y no solamente por la vía bilateral, desde organismos estadounidenses, sino a través de la terciarización de esta asistencia, mediante fundaciones y organismos no gubernamentales, con programas de asistencia para la democracia, el desarrollo de determinados sectores de la sociedad, temas culturales”.

La cientista política añadió que lo importante de esto es que, en algunos casos, estas entidades “pueden llegar a tener alguna influencia o injerencia en la vida política del país, es decir, en asuntos internos. Y se genera una fuerte tensión porque se supone que este no es el objetivo de la asistencia para el desarrollo y de ningún modo se permitiría el tema de injerencia política. Pero en los hechos, sucede, no solo en Bolivia, sino en otros países”.

Ante ello, los autores realizaron una red de relaciones entre ciertos sectores de la política y la prensa bolivianas “vinculadas a esta asistencia para el desarrollo, a organismos internacionales también, e incluso a corporaciones transnacionales y agencias del gobierno estadounidense”. Es por ello que este diagnóstico no solo abarca el mandato de Trump.  

“Tiene que ver con una articulación institucional. Nos centramos en la asistencia para el desarrollo, hay otro tipo de presencia, pero parece que esa es la más duradera, la que ha echado raíces con mayor eficiencia. Entonces hacemos un relato que no comienza con el golpe (de 2019), sino que es anterior y va dando ahí una serie de relaciones de trayectorias institucionales y personales que muestra, de algún modo, en términos sociológicos, eso es muy interesante, cómo opera esta presencia, pero no por imposición sino por el modo en que funciona una red institucional de larga data en el país”.

(21/10/2020)

Comparte y opina:

No hay vuelos en el país y AASANA advierte que los militares tomarán control de aeropuertos

El director de la entidad llama al diálogo y señala que el paro es injustificado. Además, alerta que el país puede ser sancionado en el ámbito internacional.

Pasajeros perjudicados en el aeropuerto de El Alto, por el paro de trabajadores de AASANA. Foto: APG

/ 21 de octubre de 2020 / 13:33

Los aeropuertos y los vuelos en el país están paralizados por las medidas de presión de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). Por ello, el director ejecutivo de la entidad, Jhonny Vera, los conminó a retomar sus tareas, de lo contrario las Fuerzas Armadas tomarán el control de las terminales aéreas.

Los empleados exigen el pago de dos salarios adeudados por el Gobierno, y otros beneficios, a lo cual el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, respondió esta mañana que la cancelación está en curso y que ya se hizo un depósito. Además, indicó que hay intereses políticos tras esta protesta, y acusó a los dirigentes de “intransigentes” y que “negocien con su partido, que será el próximo gobierno”.

Vera dijo que cualquier medida que se tome será en el marco de la seguridad nacional. “Vamos a hacer un plan de contingencia, vamos a tomar los aeropuertos con las Fuerzas Armadas; las torres de control serán operadas por controladores de la DGAC (Dirección de Aeronáutica Civil)», advirtió, según un reporte de la agencia ABI.

Asimismo, demandó a la dirigencia abrirse al diálogo. Eso sí, denunció que “se aprovechan porque estamos de salida”, por lo cual sumaron a su pliego el pedido de ser incluidos en la Ley General del Trabajo. “El paro es injustificado, hay entre 60 y 70 vuelos perjudicados cuando estamos intentando levantar al sector de la aviación”. Incluso, alertó que Bolivia puede ser pasible de sanciones internacionales por esta medida y por la inseguridad en sus aeropuertos.

(21/10/2020)

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Fernández quiere venir con Evo a la posesión de Arce y dice que se recuperó la democracia

“El golpe (de Estado) en Bolivia fue un hecho muy traumático para la región. Con la complicidad de la OEA construyeron una mentira para sacar a Evo del poder”, dijo el presidente de Argentina.

El expresidente Evo Morales y el mandatario argentino, Alberto Fernández. Foto: Twitter de Evo Morales

/ 21 de octubre de 2020 / 12:40

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su deseo de asistir a la posesión presidencial de Luis Arce, ganador de las elecciones en Bolivia del pasado domingo, junto al expresidente Evo Morales, refugiado en suelo argentino. Además, celebró que “la democracia haya vuelto a Bolivia”, tras el “golpe” ocurrido en noviembre del año pasado.

“Me gustaría ir a la asunción de Lucho Arce. Mi mayor deseo es acompañar a Evo en el regreso a su patria”, dijo el mandatario en una entrevista con radio El Destape. Es importante que “la democracia haya vuelto a Bolivia, porque es un instrumento muy importante para transformar las injusticias del continente”.

Fernández otorgó refugio político a Morales, luego de que éste renunciara a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión, y tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyó el discurso del fraude en los comicios de octubre de ese año.

“Estoy convencido de que Evo Morales había ganado las elecciones (de 2019), pero lo sacaron del poder y lo obligaron a exiliarse con riesgo para su vida, como a muchos bolivianos que debieron escaparse… El golpe (de Estado) en Bolivia fue un hecho muy traumático para la región. Con la complicidad de la OEA construyeron una mentira para sacar a Evo del poder, debemos celebrar que en América Latina se recupere la democracia”.

Fernández no reconoce el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que se proclamó presidenta dos días después de la dimisión de Morales. Una muestra de ello es que Argentina no cuenta con un embajador en Bolivia. Similar situación se vive con México, Cuba, Venezuela, aunque en este último caso Áñez reconoció al “embajador” nombrado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó.

Tras el anuncio de la victoria de Arce, volvió al debate el retorno de Morales al país, tal como él había anunciado, con opiniones divididas en su mismo partido, ya que tiene procesos pendientes impulsados por el Gobierno transitorio. En radio El Destape, el expresidente aclaró que “todavía no está programado mi retorno a Bolivia”.

(21/10/2020)

Comparte y opina:

Se cierra cómputo del voto en el exterior, el MAS ganó con 68,9%, a 52,2 puntos de CC

Del total de votos emitidos, o sea 170.457, los válidos fueron 162.720, los blancos 1.123 y los nulos 6.614.

/ 21 de octubre de 2020 / 11:53

El cómputo oficial de la votación en el exterior ya fue cerrado. El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, logró el 68,9% de los votos, tres veces más que el apoyo a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), que llegó a 16,76%.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por debajo están la alianza Creemos, que postuló a Luis Fernando Camacho, con 11,69%; Frente Para la Victoria (FPV), de Chi Hyun Chung, con 1,63%, y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), de Feliciano Mamani, con 0,99%.

Del total de votos emitidos, o sea 170.457, los válidos fueron 162.720, los blancos 1.123 y los nulos 6.614.

En Argentina, por ejemplo, el MAS consiguió el 88,14% de votos, seguido por CC con 6,56%. En Brasil la diferencia fue de 86,26% a 7,66%, respectivamente; en Chile, de 36,75% a 30,82%; en Estados Unidos salió victorioso Mesa, con 60,23%, mientras el MAS llegó a 16,43%.

Al 88,35% de actas computadas en el mundo, Arce logra la mayoría absoluta con 54,45%, una votación por la cual ya es el presidente electo de Bolivia; mientras que Mesa tiene 29,31%, y Camacho, 14,13%.

(21/10/2020)

Comparte y opina:

Pumari reta a sus detractores a insultarlo y agredirlo este miércoles y habla de ‘fraude latente’

El vicepresidenciable de Creemos pide que quienes lo criticaron por su candidatura concreten sus amenazas, en las puertas de la Catedral de la plaza 10 de Noviembre de Potosí.

El vicepresidenciable de Creemos, Marco Pumari, en una captura del video que colgó en su cuenta de redes sociales.

/ 21 de octubre de 2020 / 11:20

Marco Pumari, vicepresidenciable de la alianza Creemos, convocó a quienes lo atacaron por las redes sociales, a que lo insulten y agredan en vivo, este miércoles a las 12.00 en la Catedral de la plaza 10 de Noviembre de Potosí, y habló que hay un “fraude latente” en los resultados de las elecciones que le dan la victoria con mayoría absoluta al candidato Luis Arce, del MAS.

“Mañana (hoy) estaré presente a las 12.00 en las puertas de la Catedral de la plaza 10 de Noviembre, para recibir sus insultos y agresiones de manera personal. Hago esta invitación para que tengan la posibilidad de concretar las amenazas que me hicieron por haber tomado la candidatura e ir a las elecciones”, indicó el exlíder cívico en un video, en las redes sociales.

Pumari recibió una serie de críticas por no haber impulsado la unidad de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) y declinar la postulación de su binomio para evitar un triunfo de Arce en los comicios del domingo, que tiene el 54% de votación según el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la espera de la revisión de casi el 12% del total de actas del país.

“No quiero dejar en ningún momento un ejemplo de cobardía a mis hijos, que yo me vaya de Potosí o me esconda, porque el ejemplo que di hasta este momento fue siempre tener una posición firme de defender a nuestro departamento. Me mantengo con la idea de que era la decisión más correcta”, afirmó sobre su postulación junto al cruceño Luis Fernando Camacho.

Camacho y Pumari fueron protagonistas de las protestas que derivaron en la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, bajo denuncias de fraude en los comicios de octubre que lo declararon ganador. Además, bajo el paraguas de un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Morales tome esa determinación.

Pumari era el principal dirigente del comité cívico de Potosí y se preveía que ello baste para que Creemos consiga una buena votación en ese departamento. Pero, según el cómputo del TSE, al 99,2% de actas computadas en esa región, la dupla Camacho-Pumari ocupa el tercer lugar, con 2,78%, luego de Arce (57,5%) y el postulante de CC, Carlos Mesa, con 35,82%.

En el video, Pumari también marcó cierta distancia de Camacho. “Los potosinos siempre luchamos contra el centralismo y hoy teníamos una posibilidad con un departamento. Mi alianza no fue con Camacho, sino con el pueblo cruceño, departamento diverso con gente nacida también en el occidente”.

Y habló de un “fraude latente”. “Jamás se desarticuló ese aparato fraudulento del masismo y por eso el nerviosismo de Evo Morales para realizar las elecciones con las mismas reglas del juego y con una perfección única para realizar este fraude”.

(21/10/2020)

Comparte y opina: