Nacional

viernes 30 oct 2020 | Actualizado a 12:05

Nuevo Procurador justifica a Murillo en caso compra de gases, Cabrera ve exoneración

El abogado penalista Alberto Morales juró al cargo la tarde de este lunes en la Residencia Presidencial, en un acto presidido por la presidenta Jeanine Áñez.

Morales y Cabrera

Por Paulo Cuiza

/ 21 de septiembre de 2020 / 20:00

El abogado Alberto Morales Vargas juró la tarde de este lunes como Procurador General del Estado, tras la destitución de José María Cabrera en medio de denuncias y polémica. En sus primeras declaraciones, descartó que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deba presentar un informe sobre la compra de gases, sería “absurdo”.

“Es uno de los primeros informes que recibí (sobre la compra de esos materiales), además de que puede estar vinculado a la seguridad interior del Estado, los documentos informan que la solicitud, adquisición, los procesos de contratación, la recepción y el contrato están en esfera del Ministerio de Defensa y entiendo que el ministro de Defensa (Luis Fernando López) entregó el informe requerido por la Procuraduría”, informó al programa Asuntos Centrales de la red PAT.

Cabrera advirtió en el mismo programa que las declaraciones de Morales le causan “sorpresa” y “conmoción” porque se está de entrando en un acto de impunidad.

“Lo estaría exonerando de manera inmediata al ministro Murillo, que negó una respuesta a la Procuraduría. Nosotros pedimos un informe sobre las circunstancias que lo involucran (en la compra) pero no puede contestar nada. El informe del Ministerio de Defensa es un rompecabezas con la mitad de las fichas, porque ese proceso lo inició el Ministerio de Gobierno y en el curso de su tramitación se lo traspasa el Ministerio de Defensa; ¿dónde se ha visto que se transfiere un proceso a otro?, eso no existe en el derecho administrativo boliviano”, denunció.

Uno de los motivos identificados por Cabrera para su destitución fue, precisamente, la investigación iniciada por la compra de los gases lacrimógenos y equipo antimotín con sobreprecio. Dio un informe ante una comisión legislativa sobre la falta de predisposición de Murillo para cooperar en la pesquisa.

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Según la denuncia del programa Detrás de la Verdad, la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, intermedió en la compra en noviembre de 2019 del equipamiento, una vez que el Gobierno suspendiera las gestiones directas que hacía con la proveedora Cóndor. Justamente esa intermediación encareció la compra que ascendió a Bs 39,3 millones.

Ante las denuncias de Cabrera, Murillo respondió que la exautoridad se reunió con el MAS y que contribuyó en su destitución.
Morales consideró “absurdo” que aquella “entidad que no compró debía informar” a la Procuraduría.

“Cómo van a informar de algo en lo que no han participado en este proceso de compra, eso es lo que dicen los documentos; la entidad solicitante y contratante es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa ha presentado su informe que lo estamos analizando para tener una respuesta coherente, lógica, jurídica y oportuna”, insistió.

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Aunque dijo que de ser necesario se hará las aclaraciones respectivas, “el contrato y el desembolso, los recursos no nacen del Ministerio de Gobierno, nacen del Ministerio de Defensa. Lo que estoy haciendo es revisar los informes, antecedentes, pero hasta donde he visto no hay participación en el proceso de contratación que hace al objeto de intervención de la Procuraduría”.

Cabrera fue destituido mediante un decreto presidencial la pasada semana, luego que expresó su oposición a la firma de la devolución de acciones de ENDE a ELFEC porque supondría una “privatización” que afectaría los intereses del Estado. Además, denunció que Murillo se opone a entregar informes sobre la supuesta compra irregular de equipos no letales y gases lacrimógenos.

Morales juró al cargo la tarde de este lunes en la Residencia Presidencial, en un acto presidido por la presidenta Jeanine Áñez. No da por descartado recibir un informe del Ministerio de Gobierno pero insistió en que en un proceso de compra de bienes o servicios públicos se tiene un procedimiento general que empieza con una solicitud, procede con un proceso de evaluación y contratación.

Cabrera, por su lado, tildó de “penosa” las circunstancia en que se dio el juramento de Morales. “Estamos en un proceso de recuperación de la democracia y esto constituye cinco pasos atrás. Siempre la juramentación, incluso en el Gobierno de Evo Morales, fueron públicas, empieza con muy mal pie este cargo en la Procuraduría”.

(21/09/2020)

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Arce gobernará desde la Casa Grande del Pueblo y prevén que el Palacio Quemado sea museo

El histórico edificio, con su cúpula de vitrales, sus gradas de mármol blanco francés del siglo XIX, sus elegantes balcones coloniales y sus inmensos óleos, esconde más de 165 años de historia.

El histórico hall del Palacio de Gobierno, que se convertirá en museo. Foto: La Razón-archivo

/ 30 de octubre de 2020 / 11:07

El presidente electo Luis Arce regirá los destinos del país desde la moderna presidencial Casa Grande del Pueblo, anunció el viernes el vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel.

El edificio, de 29 pisos y helipuerto, con amplia vista a las laderas y la hondonada paceñas, desde donde se observa a plenitud las cuatro cumbres de nieves perpetuas del Illimani, a cuyos faldas discurre la ciudad en aparente calma, fue despreciado por la presidenta Janine Añez, pero no por sus ministros que utilizaron sus instalaciones desde noviembre de 2019.

“El compañero Luis Arce gobernará desde la Casa Grande del Pueblo”, adelantó el dirigente político.

Michel indicó que el histórico Palacio Quemado podría convertirse en museo.

Ese proyecto ya estaba en marcha, pero  los sucesos de noviembre de 2019 lo interrumpieron.

Luis Arce recibió su acreditación del TSE el miércoles. Foto: José Lavayén

En el histórico edificio, obra del arquitecto José Núñez del Prado, que erigió uno de los símbolos del poder más importante que tiene Bolivia, palpitan casi dos siglos de historia y de cultura.

De estilos gótico, corintio y dórico, el presidencial Palacio Quemado alberga en sus muros de adobe una gran riqueza patrimonial.

La esencia de la obra de Núñez del Prado, edificada entre 1845 y 1853, ha perdurado hasta ahora a pesar de las reformas que sus inquilinos le imprimieron. Su obra principal está construida en ladrillo, piedra comanche y adobe, y en su interior resaltan la escalinata de honor y la doble arquería del patio, hoy cubierto.

Incendios, ampliaciones arbitrarias y modificaciones administrativas afectaron la riqueza patrimonial que ofrece el histórico edificio.

Sin embargo, aún se pueden apreciar la fastuosidad de los arcos que posee, los cobertizos de caballería, la gloria de la victoria plasmada en antiguos óleos, la escalera de alabastro de tipo imperial y los sucesos culminantes de una agitada historia.

Su lado oscuro es también parte de la vida cotidiana del edificio. Convertidos en depósitos, aún están intactas las carceletas para condenados a muerte conocidas como “Santa Bárbara”, “San Simón” y “El Infiernillo”.

De su oscuro pasado emanan también historias de conspiraciones, planes de represión, traiciones y la lucha incesante por el poder.

La espada con la que con tanta gloria comandó Antonio José de Sucre al ejército liberador en la batalla del 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, adorna uno de los salones.

Sucre entregó en 1826 la espada a la joven República de Bolivia. El arma, que hoy está en la biblioteca del Palacio Quemado, donde también está la galería de presidentes, fue utilizada hasta 1993 en las ceremonias de cambio de guardia de la Escolta Presidencial.

Murales, cuadros, libros, documentos antiguos completan el patrimonio del histórico edificio.

(30/10/2020)

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Áñez se declara ‘inocente’ y anuncia que enfrentará el juicio de responsabilidades en el país

La mandataria y su gabinete habían firmado el Decreto Supremo 4078, que eximía de eventuales juicios a los militares, que luego de las intervenciones en Sacaba y Senkata fue abrogado.

La presidenta Jeanine Áñez, en una intervención pública. Foto: ABI-archivo

/ 30 de octubre de 2020 / 09:05

La presidenta Jeanine Añez se declaró este viernes “inocente” de los delitos en su contra que se incluyen en un posible juicio de responsabilidades aprobado en la Asamblea Legislativa por los sucesos violentos ocurridos en noviembre de 2019.

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves un informe que recomienda un juicio de responsabilidades a la mandataria interina  y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

“Soy inocente de sus acusaciones, solo pido una investigación imparcial”, publicó la mandataria en su red social de Twitter.

En el mismo texto asegura que se defenderá de las acusaciones en el país: “Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia”.

“Aquí estoy y doy la cara”, remarcó.

La diputada de El Alto Mireya Montaño, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo, en respuesta al tuit de la Presidenta, que “hay fallecidos por armas de fuego, pero que hasta ahora no hay sospechosos ni detenidos”.

“Y las muertes tienen que ser esclarecidas, esa es una obligación del Estado», indicó la legisladora en Cadena A.

El juicio de responsabilidades, que para el diputado Amilcar Barral, de Unidad Demócrata (UD), “es un hecho consumado”, incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).

Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del Decreto 4078 y las muertes que ocurrieron en Sacaba (Cochabamba), Senkata (La Paz) y Yapacaní (Santa Cruz).

Áñez y su gabinete habían firmado el Decreto Supremo 4078, que eximía de eventuales juicios a los militares, que luego de los operativos conjuntos fue abrogado.

Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Suárez.

Además, se sugiere un similar proceso contra el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas  Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, y al comandante de las FFAA, Sergio Orellana.

También recomienda la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres, y pidió entonces al Gobierno una investigación imparcial.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez  incurrió en ”graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.

Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción  Áñez a la Presidencia  y que dejaron al menos 33 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.

(30/1’/2020)

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Quintana reaparece y dice que cayó la narrativa del fraude

Quintana dice que Arce y Morales son distintos en muchos sentidos, pero recordó que Arce fue el Ministro de Economía que ha tenido éxito en construir “un modelo alternativo de economía al capitalismo depredador” bajo el paraguas ideológico y político de Morales.

El exministro Juan Ramón Quintana durante la entrevistas con RT

Por Paulo Cuiza

/ 30 de octubre de 2020 / 01:03

El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana reapareció este jueves por la noche a casi un año de permanecer en silencio como consecuencia de su asilo en la residencia mexicana en La Paz. En una entrevista con la cadena rusa RT afirmó que con la victoria de Luis Arce en las urnas se cayó la “narrativa del fraude”.

“Existió una reacción de rechazo a los resultados por parte del Comité Cívico de Santa Cruz y su brazo paramilitar la Unión Juvenil Cruceñista, pero eso se ha logrado disipar en la medida que no han encontrado ningún dato o elemento que sostuviera su argumento nuevamente de fraude que fue surrealista porque no existe ninguna evidencia de fraude como lo ha dejado entrever el propio Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.

Quintana se encuentra asilado en la legación mexicana desde noviembre de 2019, poco después de la renuncia de Evo Morales en medio de una denuncia de fraude electoral, un motín policía, un paro cívico y la sugerencia militar de dimisión. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que desataría una cacería contra el exministro, a quien responsabilizada de persecución política.

Según la exautoridad, “la narrativa del fraude” de 2019 formaba parte del golpe de Estado y necesitó de una legitimación interna y externa, como lo esperaba el gobierno de Estados Unidos.

El exministro de la Presidencia advirtió que Luis Almagro debería renunciar a la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo porque produjo en Bolivia conmoción y facilitó el golpe, sino también porque impulsó el golpe y se constituyó en un instrumento “vergonzoso” para la política de injerencia de Estados Unidos.

“Esto contraviene los principios básicos de la OEA. Almagro cumplió el mismo papel que Jeanine Áñez, desborda el libreto impuesto por Washington y termina no solo haciendo un papel ridículo sino grotesca que lastima la confianza de los países de la sociedad en la OEA. La OEA es el ministerio de colonias de EEUU”, indicó.

Quintana advirtió que Arce y Morales son distintos en muchos sentidos, pero recordó que Arce fue el Ministro de Economía que ha tenido éxito en construir “un modelo alternativo de economía al capitalismo depredador” bajo el paraguas ideológico y político de Morales.

Para el exministro, en esta nueva etapa debiera formarse desde el Legislativo una comisión de la verdad para esclarecer los hechos de violencia de la administración transitorio.

“Cuando este régimen (de Áñez) entregue el gobierno a Luis Arce se habrá terminado el imperio de la impunidad y de la violación de los derechos humanos”, aseguró y denunció que los procesos abiertos por solo hacer declaraciones contra los que están asilados fue conducido bajo el “mando del Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro innombrable, Murillo, que se ha convertido en un testaferro potencial del departamento de Estado de Estados Unidos”.

«A pesar de estar encerrados somos más libres hoy», dijo Quintana.

Acompañó a Morales en gran parte de su administración. “En el futuro, lo veo a Evo más bien, como el gran líder, el gran visionario, el gran articulador, el gran arquitecto para sostener al gobierno, para darle fuerza para darle firmeza al gobierno y trabajar con las organizaciones sociales, preparándose para un largo ciclo de gobierno”.

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Juicio por las masacres de Sacaba, Senkata y más: Áñez y otros nombres y delitos

Los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, también deberán ser investigados en juicio ordinario por los delitos de genocidio, asesinato y desaparición forzada de personas, entre otros.

Víctor Borda, titular de la comisión legislativa, presenta el informe sobre Sacaba y Senkata: Foto: Álvaro Valero-La Razón

/ 30 de octubre de 2020 / 01:03

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el informe conclusivo de investigaciones sobre los sucesos ocurridos a partir del 21 de octubre de 2019 en Ovejuyo, Montero, Senkata, Sacaba, y Betanzos, en los que la principal señalada es la presidenta Jeanine Áñez.

Luego de una pausa en la consideración del informe dispuesta por una jueza de Trinidad, Luz Acebey Arispe, en atención a un recurso de medidas cautelares interpuesto por Rodrigo Guzmán, entonces ministro de Energías, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron el documento al comenzar la noche.

Especialmente en Sacaba (puente Huayllani), el 15 de noviembre, y Senkata, cuatro días después, el gobierno naciente de Áñez dispuso el operativo militar-policial para intentar aplacar las movilizaciones al amparo del ahora abrogado Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que otorgaba impunidad a los efectivos combinados en casos de procesos penales.

Una veintena de fallecidos resultó de ambas intervenciones. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, con base en informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que en ambas protestas las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana usaron armas de reglamento, que causaron las muertes.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, negaron que los efectivos hubieran usado armas letales. Murillo dijo que los movilizados se mataron entre sí y López afirmó que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil.

Además, el informe —según reveló a La Razón el titular de la comisión, Víctor Borda— no encontró evidencias de que en Senkata los movilizados hayan intentado atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dijo que el Ministerio de Hidrocarburos, con base en informes de Inteligencia, certificó que no hubo esos extremos.

Ahora, el Ministerio Público deberá continuar con los procesos a estas autoridades y exautoridades (Áñez, bajo juicio de responsabilidades, y otros, juicios ordinarios):

Jeanine Áñez, presidenta transitoria: por los delitos de resoluciones a la Constitución y las leyes,  incumplimiento de deberes (por la emisión del Decreto 4078, contrario a la Constitución y el bloque constitucional, genocidio, asesinato en grado de tentativa, lesión seguida de muerte y  desaparición forzada de personas, por los hechos luctuosos de Huayllani y Senkata.

Gabinete que firmó el Decreto Supremo 4078: Áñez, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y la emisión del decreto contrario a la Constitución y el bloque constitucional.

Arturo Murillo y Luis Fernando López, ministros de Gobierno y de Defensa: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos de Huayllani y Senkata.

Jaime Zurita, comandante de la Policía de Cochabamba, y Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, Huayllani y Senkata.

Iván Rojas, comandante de la Policía de La Paz, y Franco Suárez, comandante de Acción Conjunta: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por la masacre de Senkata.

Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas: asesinato, por haber autorizada la salida de militares en los hechos de Ovejuyo, zona Sur de La Paz, y Betanzos, Potosí.

Rodolfo Montero, comandante de la Policía Boliviana, y Sergio Orellana, comandante de las Fuerzas Armadas: nombrados por el régimen de Áñez respectivamente un día antes de los sucesos de Huayallani y el 10 de noviembre, antes de Huayllani y Senkata.

Además, la Asamblea Legislativa recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, “porque teniendo conocimiento de los procesos por hechos de Betanzos no dio celeridad”.

(30/10/2020)

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Doria Medina cuestiona sugerencia legislativa para juicio contra Áñez

“A toda velocidad y a deshoras, una Asamblea Legislativa que tiene un mandato extinto decidió un juicio de responsabilidades y otro juicio penal contra el gobierno saliente", escribió el empresario en Twitter.

Áñez y Doria Medina durante la campaña de Juntos.

/ 29 de octubre de 2020 / 23:21

Desde su cuenta en la red social Twitter, el excandidato a la vicepresidencia por Juntos Samuel Doria Medina cuestionó la decisión de la Asamblea Legislativa de sugerir el inicio de un juicio de responsabilidad contra la presidenta Jeanine Áñez por las muertes en Sacaba y Senkata en 2019.

“A toda velocidad y a deshoras, una Asamblea Legislativa que tiene un mandato extinto decidió un juicio de responsabilidades y otro juicio penal contra el gobierno saliente. Sin entrar en el fondo de las acusaciones, observo que no se está respetando el derecho a un justo proceso”, escribió el empresario.

Áñez es acusada por delitos como genocidio por la muerte de al menos 20 personas en los hechos de violencia en noviembre del año pasado, donde actuaron fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.

Añez y Doria Medina renunciaron a sus candidaturas el 17 de septiembre con el objetivo de evitar, son resultados, que vuelva el Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder.

(29/10/2020)

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