El expresidente Evo Morales afirmó este miércoles que el presidente Luis Arce “pierde credibilidad” y que busca culpables “por su mala gestión” al mando del país.

“Las constantes contradicciones del Presidente Arce cada vez devalúan más su credibilidad ante el país (…). Hoy, como siempre, pretende desligar su responsabilidad y busca culpables por fuera en la Asamblea, en Evo, en los empresarios, los precios internacionales y hasta en la Madre Tierra, en vez de asumir su responsabilidad”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Evo Morales

Así, el además líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) se refirió a la explicación que hizo Arce el domingo sobre la escasez de dólares y combustibles en el país Entonces, dijo que el origen de eso es la falta de exploración y reposición de las reservas de gas.

“Refiere que no se cuidó la nacionalización cuando él era el Ministro responsable de la política fiscal y en 2018 el Presidente del Directorio de YPFB sin hacer notar nunca ninguna crítica ni llamado de atención”, agregó el cocalero.

En criterio de Morales, Arce “desconoce” el modelo económico de su gobierno “para justificar los pésimos resultados económicos de su gestión, a cuatro años de haber asumido la presidencia”.

En el último tiempo, Morales, considerado por el Gobierno como político de oposición, lanzó duras críticas en contra de quien fue su estratega de economía.

Luis Arce

Incluso, anunció y ratificó una “marcha para salvar Bolivia”, planteada en un ampliado nacional de la facción evista del MAS la anterior semana, celebrado en Villa Tunari, Cochabamba.

La medida comenzará el 17 de septiembre, y partirá desde el municipio de Caracollo, en Oruro. Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

Los evistas también determinaron la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca de las listas del MAS.

Uno de los principales cuestionamientos de esa facción es el supuesto intento del Gobierno para inhabilitar la candidatura de Morales para las elecciones generales de 2025. Además, según ellos, hay un plan para proscribir al MAS.

El abogado Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, informó este miércoles que el juicio oral seguido contra Jeanine Áñez y otras 17 personas dentro el caso Senkata fue suspendido hasta el lunes 16 de septiembre debido a la recusación de los miembros del Tribunal de Sentencia Cuarto y a la falta de notificación de los imputados.

“Luego de haber llamado la lista a todas las víctimas (y) a los imputados, de pronto se dio cuenta el secretario que no notificó a ninguno de los imputados. Ninguno de los imputados se hizo presente en audiencia, porque no los condujeron en el penal de San Pedro a la sala de computadoras”, informó el jurista.

Además, indicó que el secretario de sala informó que los acusadores particulares, entre ellos, los ministerios de Justicia y de Gobierno, y la Procuraduría General del Estado presentaron una recusación contra los miembros del tribunal. 

Recusación

“Por razón, el día de hoy se ha suspendido la audiencia del caso Senkata, señalándose día y hora para el 16 de septiembre a las 09.30. Habrá que ver si los miembros del tribunal se excusan y se apartan del proceso y remiten al tribunal siguiente, producto de las acciones intimidatorias que está realizando las distintas carteras de estado en contra de este tribunal”.

El domingo, el Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal de Sentencia Cuarto que paralizó el juicio oral en el caso Senkata y ordenó que en 24 horas se señale día y hora para la reactivación del juicio contra Áñez y otros los imputados.

Además, ordenó la remisión de obrados al Ministerio Público para que se investigue a los miembros de este tribunal.

La semana pasada, el juicio oral fue paralizado por 10 días para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de “errores” en las acusaciones formuladas contra los investigados. Esto, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados, por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

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Añez y otras 17 personas son acusadas por el delito de genocidio por la masacre de Senkata de 2019, como llamaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El 19 de noviembre de 2019, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana intervinieron la movilización de manifestantes que bloqueaban el ingreso y salida de combustibles en la planta de Senkata, en El Alto.

Entonces, 10 personas fallecieron por impactos de bala, en una operación amparada en el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de ese año, que eximia a los militares y policías de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Proclamación

El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta; luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.

Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.

La exmandataria cumple una pena de 10 años en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

En un ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se determinó la “vigilia permanente” de sus afiliados y “medidas escalonadas” hasta que la Asamblea Legislativa apruebe los proyectos de ley de financiamiento externo.

“De manera escalonada vamos a sumir las nuevas medidas. Serán (de) 24, 48, 72 horas, y llegar hasta la última instancia si no hay respuestas positivas al pedido de la COB, los trabajadores y el pueblo boliviano”, dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, al concluir el encuentro.

Desde el jueves, ese sector instaló una vigilia en las cercanías del edificio de la Asamblea Legislativa, exigen a diputados y senadores la aprobación de 11 proyectos de ley que están destinados a créditos.

COB

Los afiliados instalaron esa medida luego de una marcha que comenzó en el coliseo Multifuncional de la Ceja de El Alto.

“Exigimos, a los diputados y senadores, (que) cumplan con el mandato del pueblo y traten y aprueben de manera inmediata nuestros proyectos de leyes sociales y de créditos económicos para beneficio del país”, se lee en una de las resoluciones.

Pero también advirtieron que los legisladores del sector de trabajadores que no aprueben esas normas “serán censurados y expulsados del movimiento obrero sindical”.

Medidas

“Lo único que estamos pidiendo es que sesionen, no vamos a entrar (a la Asamblea) a asaltar ni a perjudicar, lo único que estamos pidiendo es que sesionen y (que) entren en tratamiento nuestros proyectos. ¿Qué miedo tienen?”, insistió Huarachi.

Entre otras determinaciones de su ampliado, la COB ratificó las denuncias en contra de organizaciones evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) que intentaron, con violencia, tomar la sede de los trabajadores la tarde del lunes. Esa acción fue calificada por Huarachi y su dirigencia como “un intento de golpe sindical”.

En el ámbito social, pidieron al Gobierno que declare emergencia nacional por los incendios y que solicite ayuda internacional para sofocar el fuego que afecta a varias regiones, principalmente, Pando, Beni y Santa Cruz.

Movimiento Sin Miedo (MSM) y Cambio 25 anuncian la firma de su alianza política para este jueves en La Paz. Ambas organizaciones políticas se preparan para las elecciones generales de 2025.

El acuerdo será suscrito entre sus líderes, el axalcalde de La Paz Juan del Granado y el rector de la de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.

La alianza será firmada a las 10.00 de este jueves en un acto en el hotel Torino.

MSM y Cambio 25 son organizaciones que aún no se encuentran registradas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El primero perdió su personería jurídica en 2014 luego de no conseguir ni siquiera el 3% de los votos en las elecciones generales de ese año. El binomio Del Granado y Adriana Gil logró apenas el 2,71% de la votación, insuficiente para la continuidad de la sigla.

Cambio 25

Al contrario, Cambio 25 es una nueva organización. Fue presentada por Cuéllar el 21 de noviembre de 2023.

Entonces, el dirigente aseguró que esa formación política no tomará en cuenta a políticos tradicionales. “Estoy plenamente seguro de que este movimiento ciudadano será la única alternativa viable para e2025, porque el Movimiento Al Socialismo (MAS) cumplió su ciclo”, arengó.

En tanto, MSM volvió a la agenda política también el año pasado, inicialmente con miras a las elecciones subnacionales siguientes.

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“Estamos otra vez cabreados. Éramos los cabreados de los 90 y estamos otra vez con ese sentimiento contra un sistema político que se está engullendo peligrosamente”, dijo Del Granado en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el 11 de junio reciente.

Izquierda

Consultado sobre si el MSM retomará las banderas de la izquierda, el exdiputado y otrora abogado de la acusación del juicio contra el dictador Luis García Meza afirmó “claro que sí”.

“Hay que recuperar la visión de la izquierda que es profundamente democrática, participativa de transformación. Este es un país a medio hacer no podemos estar en una posición de derecha”, dijo.

Del Granado fue alcalde de La Paz en dos periodos. Luego de ceder la posta a uno de sus más leales seguidores, Luis Revilla, desapareció de la arena política.

Retornó a la política con el impulso del grupo Juristas Independientes que promovió, sin éxito, un referéndum para la reforma judicial en el país.

En cambio, Cuéllar cobró notoriedad política en 2022, cuando, conjuntamente el gobernador Luis Fernando Camacho y el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, conformó el Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz.

La alianza terminó al fracasa el paro violento de 36 días que buscaba la convocatoria al Censo de Población y Vivienda en junio de 2023. El gobierno de Luis Arce mantuvo

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó la marcha programada desde el 17 de septiembre “para salvar a Bolivia”. El inicio de la movilización está previsto en Caracollo, Oruro.

“(En el ampliado) se decidió una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego (petitorio). Dijimos que, si el Gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha; si no atiende, hay marcha el día 17. Lo que me sorprende es que hay muchos sectores que se van plegando”, dijo el dirigente político en Santa Cruz.

Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

Además, ese ampliado determinó la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca de las listas del MAS.

El 3 de septiembre, en el municipio de Villa Tunari, el MAS afín a Morales realizó un ampliado en vez de un congreso, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinara no acompañar ese encuentro programado para esa fecha.

El ampliado determinó la expulsión del partido del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, pero, además, ratificó la candidatura de Morales para las elecciones generales de 2025.

También, aprobó la declaratoria de emergencia ante cualquier intento de proscripción del MAS e inhabilitación de Morales los comicios venideros. En el ámbito económico, exigió la solución a la crisis de los combustibles y dólares, y transparentar las reservas internacionales.  

Morales aclaró este miércoles que quien conduce esta marcha no es el Pacto de Unidad, sino el “Estado Mayor del Pueblo”, esto ante la falta de apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB).

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“Me acuerdo que en tiempos neoliberales, la COB se vendió a la derecha; la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia estaba con la derecha, no quería la nacionalización. Pero ahí viene organizada con muchos dirigentes, principalmente departamentales, el Estado Mayor del Pueblo que conduce la marcha”, aclaró.

Indicó que algunos sectores se suman sin su dirigencia a la marcha, como es el caso de los médicos y el magisterio. “A mí me sorprende, será una marcha histórica para salvar a Bolivia; pero también por la vida, por la democracia y recuperar nuestra revolución democrática cultural”.

Desde el Gobierno se señaló que la movilización convocada por Morales evidencia un plan de “desestabilización” con fines políticos personales.

“Lo que vamos a empezar lamentablemente a ver en nuestro país, a la cabeza del señor Evo Morales, es la puesta y ejecución en marcha del plan de desestabilización al gobierno democráticamente legal y constituido dentro del territorio nacional (sic)”, dijo Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en días pasados.

En el ampliado de Villa Tunari, Morales llamó “cuartel de la revolución” a Caracollo, desde donde comenzará la marcha. La movilización pretende llegar a La Paz el 23 de septiembre.