Nacional

miércoles 27 oct 2021 | Actualizado a 19:22

Quiroga renuncia a su candidatura por el ‘riesgo’ de que el MAS gane en primera vuelta

Les pido disculpas a todos, seguramente pude hacer más”, señala el expresidente, que incluso llegó a decir que el lunes presentaría una encuesta en la cual se encuentra en buena posición electoral, sostuvo Quiroga.

El expresidente y candidato por Libre 21, Jorge Tuto Quiroga.

/ 11 de octubre de 2020 / 16:23

Jorge Quiroga renunció a su candidatura por la alianza Libre 21 y admitió que lo hace porque hay el riesgo de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) gane en primera vuelta en las elecciones del domingo 18 de octubre. Y dijo que ahora la responsabilidad para evitar ello recae en los postulantes que son opositores a la aspiración del aspirante del MAS, el exministro Luis Arce.

“No tengo la posibilidad de llegar a la Presidencia, y nunca me han interesado las pegas o espacios, solo tener un mejor país para todos. Gente valiosa que me acompaña, merece estar en el Parlamento, pero nunca si el costo es que el MAS pueda quedarse con la Presidencia en la primera vuelta. Es posibilidad es ínfima, pero mayor a mi chance de ser Presidente”, publicó en sus redes sociales.

Asimismo, admite que “no podré encabezar ese gobierno. Por eso declino nuestra candidatura con Tomasita Yarhui, agradezco el respaldo de Chichi Siles, Lino Willca y toda la gente que nos apoyó. Les pido disculpas a todos, seguramente pude hacer más”, señala el expresidente, que incluso llegó a decir que el lunes presentaría una encuesta en la cual se encuentra en buena posición electoral.

Uno de los que reaccionó ante la decisión fue el jefe de Soberanía y Libertad (Sol.bo), el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien dijo en Twitter: “Nadie que valore verdaderamente la democracia puede permitir el retorno del autoritarismo; por ello relievo la decisión de @tutoquiroga que más allá de coincidencias o diferencias, muestra claridad sobre lo que importa hoy y no es un grupo parlamentario, es la democracia y punto”.

(11/10/2020)

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Naciones Unidas: Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura

Señala que se debe respetar la confidencialidad y privacidad de las niñas víctimas de violaciones, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan revictimización y atenten contra sus derechos.

/ 27 de octubre de 2021 / 11:04

Mediante un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia hizo un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, “manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”. Ello tras el caso de una niña violada y embarazada en la localidad de Yapacaní, en Santa Cruz.

“Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, señala el documento que fue posteado en las redes sociales de la institución.

Y el pronunciamiento continúa: “Asimismo, ONU Bolivia reafirma que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan revictimización y atenten contra sus derechos”.

El anterior viernes, tras un acuerdo con autoridades judiciales y médicos se tenía planificado aplicar la interrupción legal del embarazo de la niña violada. Por ello fue llevada al hospital Percy Boland de la ciudad cruceña. Sin embargo, la víctima y su madre fueron visitadas en el nosocomio por personal de la Iglesia Católica, tras lo cual dieron marcha atrás en la cirugía. Más aún, esta semana la menor fue llevada a un centro de acogida de la Iglesia, que le ofreció incluso atención posparto.

El caso ha generado consternación y debate en el país. Al respecto, Naciones Unidas, en su comunicado, remarca que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son ‘formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante’. Así también, el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable”.

Aparte, la ONU, al analizar la normativa boliviana, indica que el artículo 61 de la Constitución prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Eso no es todo, enuncia al Código Niña, Niño y Adolescente, que en su artículo 148 garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Y también rige la sentencia constitucional 0206/2014 que establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.

“Naciones Unidas reafirma su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados, mucho más en niñas, a través del fortalecimiento de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad, y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades”, añade el documento. “Finalmente, ONU Bolivia reitera la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo”.

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Tras casi un día de diálogo, recta final para un acuerdo entre marchistas y el Gobierno

En la mesa está el pliego de 22 puntos de los marchistas. Según una fuente que participa en la cita, este miércoles en la madrugada hubo un buen avance y se prevé la firma de un acuerdo cerca del mediodía o a primeras horas de la tarde.

Foto: David Inca

/ 27 de octubre de 2021 / 10:28

Casi un día de diálogo y aún no sale humo blanco de la reunión entre representantes del Gobierno y familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019, que llegaron a la ciudad de La Paz tras una caminata desde Caracollo que exige justicia.

En la mesa está el pliego de 22 puntos de los marchistas. Según el representante de las víctimas, David Inca, en la madrugada hubo un buen avance y solo resta discutir dos demandas. Se prevé la firma de un acuerdo cerca del mediodía o a primeras horas de la tarde.

El diálogo se instaló el martes al mediodía, en ambientes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en El Prado. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lidera la comisión del Gobierno.

Tal como anunció el martes Inca, la cita es por tiempo y materia. El vocero Jorge Richter abrió las puertas a que un documento sea firmado junto al presidente Luis Arce.

En noviembre de 2019, bajo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, operativos militares y policiales mataron a 20 personas, con impactos de bala, en las protestas en Sacaba y Senkata, tras el derrocamiento del presidente Evo Morales.

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Activistas critican intromisión de la Iglesia y piden interrupción legal del embarazo de niña

Una menor de 11 años fue violada y embarazada por el padre de su padrastro. Su vida está en riesgo y tras haberse acordado la interrupción de su embarazo, ella y su madre cambiaron de opinión al ser visitadas por representantes de una iglesia.

/ 25 de octubre de 2021 / 17:57

La violación y el embarazo de una niña de 11 años en Yapacaní, Santa Cruz, genera consternación en el país. Activistas criticaron la intromisión de la Iglesia Católica en el tema y demandaron que se aplique la interrupción legal del embarazo (ILE) al estar en riesgo la vida de la menor que fue abusada por el padre de su padrastro.

Este fue el tema debatido este lunes en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón, conducido por la directora de este medio de prensa, Claudia Benavente, y que contó con la presencia de Ana Kudelka, de Católicas por el Derecho a Decidir; Mabel Martínez, de la Defensoría del Pueblo, y Tania Nava, oficial senior de Oxfam Bolivia.

Kudelka remarcó que se somete a la niña a un trauma, porque no tiene la madurez necesaria para asumir el papel de madre. Asimismo, observó que no se respetó la confidencialidad por parte de las entidades que tratan el caso y convocó a que se brinde toda la ayuda necesaria a la víctima.

Por su parte, Martínez denunció que el viernes se tenía programada la interrupción del embarazo de la niña, por lo cual fue trasladada al hospital cruceño Percy Boland, tras un acuerdo entre autoridades judiciales y médicos, empero, la menor y su madre fueron visitadas por personas de una iglesia que les hicieron cambiar de parecer.

Luego vino el pronunciamiento de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra en el que remarca que “Un crimen no se soluciona con otro crimen”. “En tal sentido, la Iglesia ofrece acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad” (sic).

Ante ello, Martínez criticó el rol de los administradores y galenos del nosocomio que dejaron sin protección a la menor y su madre, permitiendo que extraños ingresen a hablarles; más aún, dijo que se establecerá responsabilidades de las instituciones que intervinieron en el caso, como de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Al respecto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, mediante un boletín, “manifestó su alarma sobre la intervención de una iglesia… y los procedimientos establecidos legalmente para la atención de casos de violación a menores. Dijo que su intención de ‘apoyo temporal’ podría incurrir en acciones que están fuera de norma, como son la guarda y la adopción ilegal. Además, recordó que existe independencia entre religión y Estado”.

Mientras que Nava criticó la postura de representantes religiosos, sobre todo ante la vigencia de un Estado laico. “No podemos pensar que Bolivia cumple estándares de derechos humano con casos como este”, subrayó la abogada, quien pidió alzar la voz y convocar a entidades como el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Defensoría de la Niñez para hacer cumplir la ley con la interrupción legal del embarazo de esta menor.

Martínez señaló que se pidió una evaluación psicológica de la niña para que al final ella decida si quiere interrumpir o seguir con su embarazo. Y reiteró que se revisará el papel del hospital Percy Boland, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia e incluso el Ministerio Público sobre este caso, cuyo autor se encuentra con detención preventiva.

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Marcha de víctimas de 2019 llega a La Paz; la Policía evitó su ingreso a la plaza Murillo

Su pliego petitorio a la administración del presidente Luis Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078.

Foto: Álvaro Valero

/ 25 de octubre de 2021 / 15:43

La marcha de familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 llegó a la ciudad de La Paz, tras una semana de caminata de la localidad de Caracollo y demandando justicia por las 20 muertes en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. La Policía evitó su ingreso a la plaza Murillo y sus alrededores.

Video: Álvaro Valero

Su pliego petitorio a la administración del presidente Luis Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.

El 10 de noviembre de ese año, el presidente Evo Morales renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Movilizaciones rechazaron lo sucedido, y así, el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

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La marcha de las víctimas de Sacaba y Senkata ya se dirige de El Alto a La Paz

En la sede de gobierno entregarán un pliego petitorio de 22 puntos a la administración del presidente Luis Arce, sobre todo castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078 de 2019.

Foto: Rodwy Cazón

/ 25 de octubre de 2021 / 12:06

La marcha de familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 ya emprendió camino desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, tras una semana de su partida de la localidad de Caracollo y demandando justicia por las 20 muertes en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En la sede de gobierno entregarán un pliego petitorio de 22 puntos a la administración del presidente Luis Arce, sobre todo castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.

La marcha partió de El Alto. Video: Rodwy Cazón

El 10 de noviembre de ese año, el presidente Evo Morales renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Movilizaciones rechazaron lo sucedido, y así, el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

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